Mauricio Fernandini pide excluir evidencia hallada en su vivienda: ¿cuál es el estado de su proceso?

A través de su defensa legal, el procesado presentó un recurso de tutela de derechos ante el juez Raúl Justiniano, el mismo que le impuso 30 meses de prisión preventiva por este caso el pasado 3 de agosto. Su pedido fue evaluado en una audiencia realizada este miércoles y sustentado por su abogado, Gino Dagnino.

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El Comercio reportó semanas atrás que el 13 de julio, en una diligencia de deslacrado de lo incautado en el allanamiento al departamento de Mauricio Fernandini, se dio cuenta del hallazgo de copias de nueve actas de declaraciones brindadas por Salatiel Marrufo a la fiscalía como parte de su proceso de colaboración eficaz. Estas son parte del proceso especial de colaboración, mas no de la carpeta central del caso a la que Mauricio Fernandini sí tiene acceso como investigado.

“Ningún sujeto procesal debería tener acceso [a esas declaraciones reservadas], salvo el propio aspirante. Tal circunstancia reviste un importante desvalor en la conducta procesal del imputado Jorge Mauricio Fernandini Arbulú pues, de continuar en libertad, existe el riesgo [de] que pueda seguir emitiendo acciones para seguir agenciándose de información de carácter reservada”, sostuvo la fiscalía en su pedido de prisión preventiva contra el periodista.

La del 13 de julio fue la segunda de dos diligencias de deslacrado realizadas luego de la detención preliminar de Mauricio Fernandini y antes de que se decida pedir prisión preventiva en su contra. En ese momento, el hallazgo provocó un reclamo del abogado del investigado, quien alegó que al no haber sido advertida su presencia en la primera diligencia, se “habría contaminado la cadena de custodia”. Es decir, la evidencia se habría manipulado de forma indebida o incorrecta.

Este mismo reclamo fue el argumento central para pedir al juez que anule ese hallazgo y se le retire de la carpeta fiscal, donde se le considera como evidencia para atribuirle a su defendido actos de obstrucción a la justicia.

“Se ha señalado, en una de las diligencias realizadas por el Ministerio Público, que se habrían encontrado en los documentos incautados en el domicilio de mi cliente unas actas de la declaración de un colaborador eficaz, las cuales no son parte del expediente, sino que se encontrarían en una carpeta reservada. Y señala el Ministerio Público que eses es un hecho irregular y preocupante”, sostuvo el abogado de Mauricio Fernandini.

Ante esto, indicó que acudían ante el juez porque “lo irregular y preocupante es que hayan aparecido estas actas en una audiencia, también irregular, que se estaría realizando el 13 de julio”.

El abogado argumentó que el mismo día del allanamiento, uno de los fiscales hizo una “descripción detallada de cada documento que encontró”, en la que solo consignó que había 167 folios o páginas de “documentación variada”. Estas fueron lacradas y puestas en custodia del Ministerio Público.

Añadió que dos días después, en la primera diligencia de deslacrado, se consignó en acta que solo tres de esas páginas eran “de interés para el representante Ministerio Público”: una sobre un pasaje y dos sobre la compra de un teléfono; y que también había 164 páginas de “diferentes documentos relacionados a la presente investigación”. Con ello, quiso argumentar que ese día no se advirtió la presencia de las declaraciones del colaborador eficaz antes de que todo se volviese a lacrar. Todo ello ocurrió en la sede de la Policía donde estaba detenido el Fernandini.

“¿Alguna observación respecto a los documentos incautados antes del nuevo lacrado? Ninguna. Y nuevamente se lacran los documentos”, afirmó. La queja del abogado viene luego de que la fiscalía, el 11 de julio, dispuso realizar la segunda diligencia de deslacrado para el 13 de ese mes, respecto a “la copia de una fotografía” y a las 164 páginas de “documentos relacionados a la presente investigación”. Esta nueva diligencia se realizaría en la sede del Ministerio Público.

No obstante, de acuerdo con el abogado, la fiscalía consignó en el acta de esa nueva diligencia que se revisaron otros documentos y que, recién allí, advirtieron que en los referidos “documentos relacionados” estaban las copias de las declaraciones del colaborador eficaz de clave 13-2022. Esa clave le corresponde al exasesor Salatiel Marrufo, quien ha renunciado a la reserva de su identidad.

El abogado agregó que por la forma en que está redacta el acta, la suma del número de páginas esas copias consignadas por la fiscalía ´puede entenderse como 166 o 130, mientras que las páginas de documentos consignadas previamente eran 164.

“No estoy cuestionando la cadena de custodia, sino la fiabilidad de esta prueba, que ha sido contaminada. Si en el acta de 7 de julio no se da cuenta de estas supuestas declaraciones reservadas y en el análisis del acta del 9 de julio tampoco, ¿cómo puede pretenderse, en una declaración donde no participa la policía ni mi defendido, hacer creer que ya no hay 164 folios, sino 166; o ya no 64 folios, sino únicamente 130?”, cuestionó.

“De cualquiera de las dos formas, se evidencia una contaminación y una afectación a la fiabilidad de esta prueba. Y por ello recurro ante su despacho a fin de que se conceda esta tutela de derecho y se aparte esta prueba de la carpeta fiscal […] Toda el acta [del 13 de julio] es nula”, solicitó al juez.

En su réplica, la fiscalía señaló que no es cierto que solo tres páginas de los documentos incautados hayan sido considerados de interés para la investigación. También explicó que el deslacrado del 13 de julio se hizo justamente para eso, parar tener el detalle sobre qué trataban los documentos incautados e inicialmente catalogados como “relacionados a la investigación” y que no se pudieron detallar en la diligencia del 9 de julio.

“Con motivo de detallar y precisar sobre qué versan estas documentales se convocó a la audiencia de deslacrado del 13 de julio, contando en todo momento con la defensa del señor Jorge Mauricio Fernandini. No entendemos a qué se refiere la defensa cuando señala que habrían aparecido estas declaraciones del colaborador eficaz, sin señalar de qué manera presuntamente este despacho habría contaminado lo contenido en las muestras […] Son simples presunciones”, dijo el fiscal Guillermo Vicente Loli, del equipo especial contra la corrupción en el poder.

“Cuando abrimos una muestra tenemos que detallar todo lo que se encuentra en la misma, no vamos únicamente a precisar que encontramos 167 folios […] Mal haría este despacho en no consignar la totalidad de documentaciones encontradas”, agregó. Por otro lado, indicó que la fiscal que estuvo en la diligencia del 9 de julio sí señaló en un informe que en lo hallado estaba la declaración de un colaborador eficaz, que incluso tenían frases resaltadas y anotaciones a mano, pero que al ser documentos reservados se les consignó como “relacionados a la investigación”.

El fiscal también rechazó que el abogado acuse al Ministerio Público de filtrar documentos relacionados a la investigación. “Es una aseveración temeraria […] En su momento, este despacho va a tomar las acciones pertinentes para que el señor abogado pueda acreditar lo que acaba de aseverar en esta audiencia”, dijo.

Luego de escuchar a ambas partes, el juez Raúl Justiniano anunció que emitirá su decisión respecto al pedido de la defensa de Mauricio Fernandini en los próximos días. En tanto, el periodista sigue investigado y bajo una prisión preventiva que sigue sin confirmarse por una segunda instancia.

Actualmente, el periodista continúa internado en el penal Miguel Castro Castro, donde cumple desde inicios de agosto la orden de 30 meses de prisión preventiva que le impuso el mismo magistrado. Ante, estuvo desde el 7 de julio bajo orden de detención preliminar, todo mientras se le investiga por los delitos de colusión y lavado de activos.

La investigación dirigida por el fiscal Freddy Niño señala a Mauricio Fernandini como el intermediario entre Sada Goray y funcionarios del gobierno de Pedro Castillo, a quienes la también encarcelada empresaria admitió haber pagado dinero. Esto fue, de acuerdo con la investigación, que ella coloque a funcionarios favorables a sus intereses sen el sector Vivienda.

La investigación preparatoria inició en julio y tiene un plazo de 36 meses, con lo que podría durar hasta julio del 2026. La orden de prisión contra Mauricio Fernadini y Sada Goray durará hasta enero del 2026, siempre que sea confirmada en segunda instancia o no se revoque más adelante.

Precisamente, el mismo 3 de agosto, día en que se dictó esta medida, tanto la fiscalía como los abogados de los investigados anunciaron que iban a apelar la orden. La fiscalía busca que el plazo sea de 36 meses, mientras que los abogados apuntan a que una sala superior revoque la decisión del juez Raúl Justiniano y sus defendidos sean investigados en libertad.

Sin embargo, casi un mes después de la decisión, el caso aún no es elevado a la segunda instancia. En teoría, el plazo para presentar una apelación es de tres días luego de que la decisión se notifica. El abogado penalista Andy Carrión explicó a El Comercio, sin embargo, que estos tres días se cuentan desde que esa notificación se da por escrito y no de forma oral, como ocurrió el 3 de agosto.

Ese es el motivo de la demora. Al final de la audiencia, el abogado le pidió al juez Raúl Justiniano hasta en dos ocasiones que “no se olvide de la resolución de prisión preventiva para ejercer mi derecho de apelación”. “Lo están transcribiendo, doctor, no se preocupe. Yo también estoy insistiendo en ese tema”, le respondió el magistrado.

Andy Carrión comentó que es poco común que un juez demore tanto tiempo, casi un mes, en notificar una resolución de este tipo por escrito. Mas aún, destacó, cuando se trata de un documento y una decisión relacionada a la libertad de un grupo de procesados.

“No es normal. Estando presos, siempre el trámite es privilegiado sobre cualquier tipo de causa. Es absoluta responsabilidad del juzgado”, opinó.