La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó este viernes 8 de noviembre la sentencia de 22 años y 5 meses de prisión efectiva contra el excongresista Michael Urtecho por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.
Durante la lectura del fallo, el juez Iván Sequeiros detalló que ha quedado acreditado el delito de enriquecimiento ilícito, por cuanto una pericia demostró un desbalance patrimonial en sus cuentas bancarias.
Asimismo, remarcó que tanto el excongresista como su esposa, Claudia González, se aprovecharon indebidamente de su situación y que esta última ejerció de “operadora” de las actividades ilícitas.
No obstante, el magistrado indicó como atenuantes para no incrementar la pena el delicado estado de salud de Michael Urtecho y la situación de la menor hija de los dos sentenciados.
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De este modo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundadas las apelaciones presentadas por las defensas del exparlamentario y de su esposa. También confirmó el monto de la reparación civil que ambos deberán pagar al Estado.
Así, Urtecho y su esposa deberán pagar en forma solidaria S/2 millones 407 mil 990 como reparación civil por el delito de enriquecimiento ilícito, así como otros S/630 mil 666.6 por el delito de concusión.
Como se recuerda, el exparlamentario había sido condenado en primera instancia por el recorte de sueldo a trabajadores y enriquecimiento ilícito, al igual que su esposa, Claudia González.
En agosto del 2023, la Corte Suprema sentenció a 22 años y 5 meses de prisión a Michael Urtecho, así como una inhabilitación por 3 años y 8 meses para ejercer cargos públicos.
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Según el fallo, quedó corroborado que ambos obligaron a su trabajadora, Gladys Flores, y haber inducido a otros funcionarios de su despacho a “entregarle indebidamente parte de sus remuneraciones y/o sus liquidaciones como condición para contratarlos, promoverlos y renovarles sus contratos”.
Según la acusación de la Fiscalía de la Nación, el exlegislador retuvo ilegalmente S/ 430.666,06 del sueldo de sus trabajadores, y se le atribuyó lavado de activos por un total de S/ 2′182.601.68.
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Por peculado, se le acusó de apropiarse de S/ 339.962,54 que iban a ser destinados como donaciones para un centro médico para personas con discapacidad; y por apropiación ilícita, por haber retenido US$14.939 que iban a ir a damnificados por el terremoto de Pisco del 2007.
En tanto, Claudia González, esposa del excongresista, también fue hallada culpable. A ella se le impusieron 28 años de prisión por los delitos de concusión, apropiación ilícita, lavado de activos y peculado.
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