
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que no entregará el acceso a su cuenta de ICloud —servicio de almacenamiento de información de Apple—, tal como se le había solicitado desde el Ministerio Público. Argumentó que el pedido es ilegal, según jurisprudencia, por lo que anunció que elevará una queja ante la Junta Nacional de Justicia en contra de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
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En una conferencia de prensa en Arequipa, Santiváñez aseguró que existen dos tipos de pedidos que puede formular la fiscalía: los legales, que están sustentados en el Código Procesal Penal; y aquellos que calificó de “ilegales”, los cuales “están incluso sancionados por la propia jurisprudencia como información que no puede solicitarse”.
“Con el ICloud una persona accede a todo, a cuentas bancarias, fotografías, antecedentes, documentos, a toda tu información, a toda la información de tu vida. Entonces si la fiscal quiere enterarse de mi vida, mejor que me cite y me pregunte. Pero bajo ningún concepto a través de ningún usuario ni contraseña de ICloud”, dijo.
Más aún —agregó— cuando existe una sentencia del Tribunal Constitucional y una casación de la Corte Suprema que indican que “estos pedidos son ilegales”. Insistió en que no aceptará “bajo ningún concepto” la vulneración de “ninguno” de sus derechos. Y que, a través de sus abogados, ya respondió a la fiscalía en ese sentido.
“Y, más bien, en las próximas horas —lo que sí anuncio— es que voy a quejar a la fiscal de la Nación [Espinoza] ante la Junta Nacional de Justicia”, apuntó Santiváñez.
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El titular del Mininter replicó así a una providencia fiscal emitida el último martes 14 de enero, en el marco de la investigación preliminar que se sigue en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad.
Este expediente tiene que ver con un audio atribuido a Santiváñez, difundido en junio pasado, donde presuntamente pediría al capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, que interceda con el fin de ‘controlar’ a un periodista que criticaba su designación. El ministro ha rechazado que sea su voz.
Sin embargo, la solicitud para que entregue dentro de las 48 horas su cuenta de ICloud, con su respectiva contraseña y su chip telefónico, se dio luego que se confirmara que el celular modelo Iphone que entregó —a través de su abogado— en diciembre, había sido en realidad restablecido y no contenía “ninguna información”. Fue durante una diligencia de deslacrado y extracción de información el último viernes 10 de enero que se determinó ello.
Postura ante negativa
El abogado de Izquierdo, José Carlos Mejía, incidió en que la fiscalía no busca acceder a toda la vida privada de Santiváñez, como lo señaló, sino únicamente el extremo de la comunicación que cursó —vía WhatsApp— con el capitán de la PNP a efectos de corroborar información. Calificó de “una burla a la autoridad” que haya entregado un celular reseteado.

“El Ministerio Público no le ha pedido su celular para ver si está nuevo, usado, si es bonito o feo su IPhone. Le pidió porque solamente quería acceder a la comunicación con el capitán Izquierdo los días que ha asumido como ministro del Interior. Nada más. Y si el investigado Santiváñez no quiere hacerlo, perfecto. Pero que no dilate el tiempo, que no confunda a la autoridad”, mencionó a este Diario.
Mejía indicó que, efectivamente, existe jurisprudencia respecto al derecho a la no autoincriminación de un investigado. Sin embargo, remarcó: “Lo que sí le doy la razón, a todo investigado le asiste el derecho a no auto incriminarse. Y, para mí, desde mi punto de vista jurídico, con mucho respeto y objetividad, eso lo utilizan las personas que sí tienen responsabilidad penal”.
La defensa del capitán Izquierdo también explicó que, en esta carpeta fiscal, a Santiváñez se la ha citado hasta cuatro veces y que siempre ha pedido una reprogramación argumentando su agenda como ministro. Dijo que hasta ahora no se ha podido recoger su declaración. “Hasta la presidenta ha ido a declarar a la fiscalía de la Nación. O sea, ¿el señor ministro del Interior está más ocupado que la presidenta?”, cuestionó.
La Comandancia General de la Policía Nacional resolvió reasignar al capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, de la unidad que ocupaba en Lima y lo envió a Moquegua, a la División de la Policía Comunitaria.
La resolución se basa en un informe emitido en la víspera -15 de enero- emitido por la División de Movimiento de Recursos Humanos que propuso la reasignación de cargos por “necesidad de servicio”.
Con ello se fundamenta cuatro reasignaciones de capitanes de armas, entre ellos Izquierdo, quien deja la Dirección Nacional de Orden y Seguridad.

Causa y efecto
En abogado penalista Andy Carrión explicó que, ante la negativa de entregar una información de manera voluntaria, la Fiscalía de la Nación podría solicitar otras medidas próximamente, como un allanamiento con fines de incautación. La medida podría, incluso, abarcar otros equipos tecnológicos y no solo su celular, para luego examinar su contenido.
“Creo que aquí la fiscalía no ha actuado como debió. Si no ha entregado su celular o el chip con la información y las claves y entregó cualquier celular, ya debe estar preparado para un allanamiento. Entonces la fiscalía creo, antes de solicitar que entregue en 48 horas, debió inmediatamente solicitar a un juez que se pueda allanar e incautar”, comentó Carrión a este Diario.
También mencionó que podría, eventualmente, abrirse una nueva pesquisa por obstrucción a la justicia. Esto si la fiscalía llega a considerar que, al entregar un celular sin la información requerida, reestablecido de fábrica, se está obstruyendo la consecución de la prueba. Mencionó el caso de la fiscal Elizabeth Peralta.
“Una cosa es que tú no digas nada, que no entregues equipos, y otra cosa distinta es que obstruyas la consecución de la prueba. (...) En el caso del ministro del Interior, creo que se hubiera limitado a no entregar el celular, pero lo que está haciendo más bien, contrariamente, es entregar un celular sin la información que se le ha requerido y, con eso, obstruyendo la consecución de la prueba”, opinó.
El abogado penalista Daniel Jurado señaló que la negativa a entregar voluntariamente un celular, cuando es requerido por la fiscalía, per se no podría configurar una obstaculización a la justicia. Esto debido a que constituye parte del derecho a la intimidad.
“Pero eso no impide que el Ministerio Público pueda solicitar al Poder Judicial una medida limitativa de derechos. Por ejemplo, un levantamiento del secreto de comunicaciones, una actuación pericial, a fin de que, incluso, en contra de la voluntad del investigado se pueda acceder a los datos que están protegidos por su derecho a la intimidad”, afirmó Jurado, en diálogo con El Comercio.
En ese orden de idas, explicó que el fiscal podría requerir una autorización judicial para efectuar allanamientos con fines de incautación y, al tener ya en su poder algún dispositivo en el cual se contendría la información, requerir autorización también para que con un perito se acceda a la misma. Remarcó que se pondera el fin de la investigación, que es conocer la verdad.
“Ante la necesidad de investigar y que la persona que dispone de esta información, que es el investigado, no me da la información, el fiscal tiene múltiples herramientas para — siempre con autorización judicial—, poder proceder, incluso, en contra de la voluntad del investigado”, comentó Jurado.
“Lo que el fiscal puede hacer es valorar esta conducta desde su estrategia de investigación y, probablemente, podría solicitar por ahí algún allanamiento con fines de incautación para buscar otras fuentes, como una laptop, una computadora, un disco duro. También podría, en caso de obtener la incautación, solicitar el acceso con autorización judicial para con apoyo de un perito obtener información”, agregó.
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