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Al menos son seis las investigaciones que afronta el expresidente Martín Vizcarra, una de ellas (por el club de la construcción y dos obras en Moquegua) ya se encuentra en etapa de juicio oral, mientras que otras dos ya tienen denuncia constitucional en el Congreso: la contratación de Richard ‘Swing’ en el sector Cultura y la compra de pruebas rápidas en el marco de la pandemia de Covid-19.
El Ministerio Público- de acuerdo con la denuncia constitucional que presentó el último martes ante el Parlamento- tiene 131 elementos de convicción en contra de Vizcarra Cornejo y de los exministros Víctor Zamora (Salud) y María Antonieta Alva (Economía y Finanzas), entre ellos documentos, correos y testimonios.
La Fiscalía de la Nación imputa a los tres altos exfuncionarios el delito de colusión agravada por presuntamente haber sido parte de un pacto para favorecer a las empresas Nipro Medical Corporation y Multimedical Supplies SAC en la adquisición directa de pruebas serológicas para la detección del coronavirus. Esta acción habría ocasionado un perjuicio económico al Estado de S/22’036,274.
En la denuncia constitucional- de 141 páginas, a la que El Comercio tuvo acceso-la fiscal de la Nación, Delia Espinoza dividió en seis ítems los elementos de convicción: el Consejo de Ministros del 18 de marzo (21 pruebas), la reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas del mismo día (24), el Decreto de Urgencia N.°028-2020 (14), la contratación directa (60), la presunta adhesión de Zamora (10) y el perjuicio económico y social (2).
Tensiones en el consejo
Entre los elementos de convicción figuran dos resoluciones del Ministerio de Salud (Minsa) dadas durante la administración de Elizabeth Hinostroza: N°039- 2020/MINSA, del 31 de enero de 2020, y N°084- 2020/MINSA, del 7 de marzo de ese mismo año. En ambos mecanismos se estableció que el diagnóstico de los casos de Covid-19 sería a través del uso de pruebas moleculares.
No obstante, ese criterio cambió semanas después de la llegada del coronavirus al país.
En su declaración ante el Ministerio Público, en setiembre de 2022, la ex titular del Minsa ofreció detalles de la sesión del Consejo de Ministros del 18 de marzo, cuando se decidió la emisión del Decreto de Urgencia N.°028-2020, que viabilizó la adquisición de pruebas serológicas. Ella señaló a Alva de “atacar la prueba molecular”.
“La ministra María Antonieta Alva, siendo economista, empieza a atacar la prueba molecular, manifestando de manera reiterativa su preocupación, porque en el Perú no se estaban realizando pruebas masivas a toda la población. Incluso, llegó a sorprender con un pseudo modelo coreano, hablando de la prueba rápida”, manifestó Hinostroza.
También señaló que la ex titular del MEF llevó a un asesor de apellido Cordero para que presente “el pseudo modelo de testeo masivo, contrario a la ciencia y a los lineamientos establecidos por la OMS”.
Hinostroza relató que ella invitó al director del Centro de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas de su despacho, Manuel Yza Alarico, para que presente “científicamente el comportamiento y curvas” del Covid-19 en el Perú, cuando en ese momento solo se habían registrado 77 positivos. “Esto con el propósito de demostrar el adecuado uso de la prueba molecular y la falta de justificación científica de un modelo de testeo masivo [con pruebas rápidas]”, añadió.
Sin embargo, según su declaración, el entonces presidente Vizcarra respaldó la propuesta de Alva y le dijo que la titular del MEF la ayudaría con las compras.
La exministra de Salud, además, dijo que ella no participó en toda la reunión con los proveedores, realizada en el MEF el 18 de marzo de 2020. Agregó que ingresó al final a solicitud de Mirian Morales, entonces asesora de Vizcarra. “[Lo hicieron] para utilizar mi imagen y aparecer al lado de ellos. Intuyo para hacer creer a los asistentes que yo estaba en la misma línea [a favor de las pruebas serológicas]. Fue una emboscada de Morales”, expresó.
En octubre de 2024, en una declaración ampliatoria, Hinostroza subrayó que “el sustento” del DU N°028-2020 “fue la exposición de la ministra de la economía y Finanzas”.
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El cambio de criterio
La Fiscalía de la Nación, en la denuncia constitucional presentada ante el Congreso, también incluye la declaración testimonial de cuatro ex altos funcionarios del sector Salud, que coinciden en que hubo un cambio de criterio en el gobierno de Vizcarra sobre el tipo de prueba a utilizar al inicio de la pandemia de coronavirus: de molecular a rápida.
Por ejemplo, Omar Trujillo Villarroel, ex jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), remarcó que “en un principio la política” del Minsa “era la utilización de la prueba PCR, ya que era la estándar”. No obstante, el 19 de marzo de 2020, desde el Centro de Control de Enfermedades le enviaron un oficio, a través del cual, se abre el escenario para la compra de pruebas rápidas y moleculares.
“Se pedían 4,1 millones de pruebas rápidas y 1,3 millón de pruebas moleculares, aproximadamente. Posteriormente, me remiten un correo con el mismo oficio, en el que se cambia a 1.2 millón pruebas rápidas y 300 mil pruebas moleculares”, manifestó.
Trujillo Villarroel, además, dijo que durante su administración no se emitió ningún documento sobre la utilización de pruebas rápidas.
“Lo que sucede es el tema de los escenarios epidemiológicos instaban el desarrollo de las pruebas masivas, pero el estándar era las pruebas moleculares”, explicó.
También informó que le envió un correo al nuevo ministro de Salud Zamora, quien asumió el 20 de marzo, señalando que se debía validar adecuadamente la utilización de las pruebas serológicas.
“No obstante, el que decidió la utilización, la manera, cuántos, fue la nueva administración”, acotó.
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Javier Galdós Carvajal, ex secretario general del Minsa, señaló que la OMS recomendó, por sus canales oficiales, el uso de pruebas moleculares. Además, sostuvo que la exministra Hinostroza “siempre estuvo en contra del uso de las pruebas rápidas para diagnóstico, porque estas no estaban” autorizadas por la referida entidad de salud internacional.
Ante el Ministerio Público, Galdós subrayó que durante la gestión de Hinostroza en el Minsa “nunca se discutió” sobre la compra de pruebas serológicas.
El ex director general del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa Manuel Loayza Alarico confirmó que participó en las reuniones que se dieron el 18 de marzo de 2020 en Palacio de Gobierno, a donde acudió a exponer la situación del coronavirus. “Después que terminé [de hablar], el presidente Vizcarra dijo que se iban a comprar las pruebas rápidas y ordenó a la ministra de Economía y Finanzas que se viabilizara ello”, complementó.
Por su parte, Nancy Zerpa Tawara, ex viceministra de Salud Pública también sostuvo que la OMS recomendó usar pruebas moleculares y recordó que existía “controversia de opiniones” sobre la utilización de pruebas rápidas. Y reconoció que los documentos que trabajaron las direcciones generales sobre este tipo de examen “estuvieron hechos en base a la poca evidencia que teníamos en ese entonces”.
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La reunión en el MEF
El Ministerio Público también recogió los testimonios de los representantes de las empresas que participaron en la reunión convocada en el MEF, donde se definió la compra de pruebas rápidas a favor de Nipro Medical Corporation y Multimedical Supplies SAC. Una de estos fue el de Roberto Taboada Gorbitz, gerente general de Productos Roche.
Taboada Gorbitz contó que la entonces ministra de Economía y Finanzas dirigió la cita y que les preguntó sobre la disponibilidad en el país de pruebas de diagnóstico para el Covid-19 y qué tipos existían en el mercado. “
“Ante ello, en el caso de Roche, conteste que somos una de las primeras compañías que desarrolló las pruebas moleculares que detectan el ADN (el patógeno) del Covid-19, al identificar ello, es una prueba que confirma la existencia de la infección de la persona en ese momento, refiriéndole que esas eran las pruebas que Roche tenía disponibles, pero no en el Perú”, manifestó.
Ante la Fiscalía de la Nación, Taboada Gorbitz indicó que las dos empresas que terminaron ganando la licitación informaron que “podían tener acceso a pruebas serológicas o rápidas, mediante las cuales se identifican los anticuerpos que el cuerpo produce para defenderse de la presencia del patógeno, en este caso de Covid-19″.
El empresario refirió que, tras la exposición de cada proveedor, la entonces ministra Alva tomó la palabra y explicó las conclusiones a las que se habían arribado, “explicando la gravedad de la pandemia, e indicando que la posibilidad de adquisición de pruebas moleculares era limitada y existía mayor posibilidad de adquirir pruebas rápidas”.
El director médico de Laboratorios ROE, Juan Gómez de la Torre, dijo que se sorprendió al ver a tanta gente en la reunión y que cuando preguntó el porqué, le respondieron que “muchos de ellos eran proveedores de pruebas rápidas”.
“Ahí me entero de la existencia de las pruebas rápidas [...] Luego el expresidente de la República habla de las pruebas que el Estado tenía que adquirir y después alguien del gobierno empieza a preguntar a cada uno cuál era su capacidad de venta, de comercialización de estas pruebas de diagnóstico en general”, expresó.
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La Fiscalía de la Nación, en su denuncia constitucional ante el Congreso, concluye que la conducta del expresidente Vizcarra “habría lesionado el bien jurídico, que es el correcto funcionamiento de la administración pública” y que este cometió “una infracción”, porque su deber como funcionario era “obrar con pulcritud” y darle “eficiencia” a los recursos del Estado en la adquisición de bienes.
“Todo esto fue transgredido”, remarcó el Ministerio Público, por Vizcarra Cornejo, porque desde su posición de jefe de Estado “concertó ilegalmente con las empresas Multimedical Supplies y Nipro Medical Corporation”. El documento sindica a la exministra Alva de haber sido “la encargada” de viabilizar desde su sector la operación de compras rápidas, a pesar de que, desde el Ministerio de Salud, con Hinostroza, la orientación fue el uso de pruebas moleculares.
Sobre el ex titular de Salud Víctor Zamora, la tesis fiscal apunta a que él debió mantener la política del sector, en el sentido, de usar y comprar pruebas moleculares. No obstante, se habría adherido al pacto colusorio al emitir resoluciones “a favor” de la utilización de pruebas rápidas por el Estado peruano.
“Yo tomé la decisión de usarlas, no de comprarlas”
Alejandro Salas- exministro de Cultura y de Trabajo en el gobierno castillista y portavoz político de Vizcarra- negó que el expresidente haya decidido suceder a Hinostroza con Zamora en el Minsa para facilitar la compra de pruebas rápidas, como aduce la Fiscalía de la Nación. Agregó que este cambio obedeció a una evaluación de cumplimiento de metas en la fase inicial de la pandemia de Covid-19.
“Él vio que la ministra no ayudaba a dar resoluciones políticas y es por eso, la cambia”, manifestó en comunicación con El Comercio.
El abogado, además, intentó justificar la presencia de Vizcarra Cornejo en una reunión con proveedores del Estado, en el MEF, al señalar que el país atravesaba “por un momento sui generis”.
“Lo que hizo el expresidente fue ponerse al frente de la situación, si algunas empresas iban a exponer soluciones, o mecanismos para el control [de la pandemia] a través de pruebas, cómo el presidente no podía interesarse en escucharlas”, finalizó.
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El exministro de Salud Víctor Zamora dijo que es “una mentira” que la única prueba autorizada por el sector, durante la gestión de Hinostroza, fuera la molecular. Y refirió que su antecesora destinó US$10 mil para la compra de dos tipos de prueba: PCR y rápida.
“Cuando la señora Hinostroza deja el cargo, deja en proceso la compra de 1.4 millón de pruebas rápidas. No había mercado para pruebas moleculares [en ese momento]. ¿Qué había en el almacén? Solos 6 mil pruebas moleculares. La prueba rápida es de segundo orden, pero no es que no sirva para nada”, manifestó en declaraciones a El Comercio.
Zamora refirió que su antecesora en el cargo debió compras pruebas moleculares en enero de 2020, pero no lo hizo, y tampoco dejó laboratorios ni personal para procesar estas.
“Yo tomé la decisión de usarlas [las pruebas rápidas], no de comprarlas. Cuando en junio de 2020, se descubre la reunión en el MEF, yo lo denuncié. ¿Cómo es que el que denuncia termina siendo denunciando? [...] El Congreso me acusó, por este caso, de omisión, ya me investigaron en el Parlamento por este caso”, finalizó.
A su turno, el exprocurador César Azabache- abogado de la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva- indicó que la ex titular de Salud Hinostroza “miente” y refirió que ella firmó un documento donde solicitó que el Estado se provea de pruebas rápidas. Esto al ser consultado sobre si su clienta fue la que propuso la adquisición de estas pruebas serológicas.
“En los planes originales del sector Salud se hacía el requerimiento de pruebas moleculares y una variante de pruebas serológicas. Nunca, jamás, la señora Hinostroza firmó un documento pidiendo pruebas moleculares y no rápidas, eso no existe. No hay un plan del Minsa donde se pidan pruebas moleculares y no serológicas”, subrayó en diálogo con este Diario.
Azabache indicó que, durante la primera etapa de la pandemia, la OMS, a través de diferentes informes, señaló que las pruebas rápidas servían para una lectura demográfica. Es decir, para ver el rango global del coronavirus en una comunidad, mientras que la PCR para un diagnóstico clínico individual.
El letrado dijo que Alva participó en la reunión con los proveedores, porque “no era usual estar en cuarentena” y “tampoco era usual que la ministra de Salud no supiera cuántas pruebas necesitaba comprar y dónde podía adquirirlas”. “Esa reunión era urgente, porque el Minsa no tenía requerimientos específicos para hacerse de pruebas ni moleculares ni serológicas”, remarcó.
El exprocurador, además, indicó que, en ese momento, marzo de 2020, no había oferta de pruebas moleculares que llegarán en el corto plazo al país.
“Si alguien te dice que debieron comprar moleculares, que diga dónde”, acotó.
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