‘Mochasueldos’: ¿Por qué se investiga al congresista Raúl Doroteo, cuyas oficinas y vivienda fueron allanadas?

Personal de la Fiscalía de la Nación y de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) volvieron a ejecutar un allanamiento por el caso del congresista Raúl Doroteo (Acción Popular), investigado por presuntos recortes de sueldos a trabajadores parlamentarios a su cargo.

Fiscales y policías acudieron este jueves el despacho del legislador, en el edificio Fernando Belaúnde Terry del Congreso, así como la oficina de la Comisión COVID-19, de la que es presidente, en la sede del Parlamento ubicada en la segunda cuadra de la avenida Abancay. El objetivo fue incautar y recolectar información que ayude a las pesquisas del Ministerio Público.

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La diligencia también se realizó en la vivienda de Raúl Doroteo, en el distrito limeño de Santiago de Surco. Todo se relaciona con la investigación por el presunto delito de concusión seguida contra el legislador de Acción Popular, a partir de la denuncia hecha por una extrabajadora de su despacho.

El allanamiento, ejecutado con autorización del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, se había iniciado el pasado lunes 15 de abril. Sin embargo, al día siguiente, la fiscalía requirió al mismo juzgado una precisión de los inmuebles que iban a ser objeto de la diligencia.

En esa nueva resolución, a la que accedió este Diario, el juzgado precisó la dirección de las oficinas parlamentarias ligadas a Raúl Doroteo y de su vivienda en Lima, ubicada en una residencial de la avenida El Cortijo, en el distrito de Surco. Con el documento, la fiscalía y la policía retornaron este jueves al Congreso y a la vivienda para reanudar el allanamiento, que se ejecutó de forma regular, de acuerdo con fuentes de El Comercio.

Ambas resoluciones de allanamiento se justifican por los mismos hechos bajo investigación: el presunto recorte de sueldos denunciado por María Fernanda Morales Gutiérrez, extécnica de su despacho. Los recortes, según la hipótesis preliminar del Ministerio Público, también se habrían extendido a otros trabajadores a cargo de Raúl Doroteo.

La fiscalía atribuye al congresista ser el autor del delito de concusión, ya que “habría abusado de su cargo como congresista” para obligar a Morales Gutiérrez a “que le entregue sumas de dinero proveniente de sus propios ingresos, ascendentes al 50% de sus ingresos por concepto de remuneraciones y el 50% de sus ingresos por bonificaciones”.

Las entregas de dinero, de acuerdo con la línea de indagación del Ministerio Público, se habrían hecho a través de Mario Ricardo Reyes Ortiz, asesor II de la Comisión COVID-19 y señalado como supuesto cómplice del parlamentario. En total, la extrabajadora habría entregado más de S/ 36 mil

También se imputa a Raúl Doroteo, nuevamente por intermedio de Reyes Ortiz, que “habría obligado” al personal de su despacho y de la Comisión COVID-19 a “entregar el 10% de sus ingresos por concepto de remuneraciones, de bonificaciones, así como también la suma de s/. 500 por concepto de la tarjeta de alimentos”. Dicha tarjeta de consumo fue entregada por el Congreso el año pasado por Navidad.

Tanto Raúl Doroteo como su asesor rechazan la imputación fiscal, que se basa en la denuncia hecha por María Fernanda Morales Gutiérrez.

El caso se inició con un chat publicado en el programa ‘Beto a Saber’ entre el legislador y su extrabajadora, en la que esta le pedía reducir el porcentaje de su sueldo recortado de 50% a 25%, mientras que Doroteo no responde. También se difundió un audio donde se le oye decir a un trabajador que “solucione esto” porque “no colabora en nada, Morales no me ha dado nada”.

Luego, en el mismo programa, Morales Gutiérrez afirmó que su exjefe le exigía la mitad de “todo lo que recibía” y que ella aceptó por miedo a perder su trabajo. También afirmó que le pidió S/ 1.000 por la mencionada tarjeta navideña, pero que ella solo dio S/ 500, y señaló a Reyes Ortiz como intermediario de las entregas.

La denuncia motivó que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, inicie una investigación preliminar contra el congresista. Como parte de esa carpeta, el Ministerio Público recogió información sobre el personal a cargo del congresista y los número telefónicos a su cargo, y también citó a declarar a Morales Gutiérrez.

Tal como reportó El Comercio en un informe previo, en su declaración del pasado 4 de abril, Morales Gutiérrez ratificó su denuncia ante la fiscalía: acusó a Raúl Doroteo de haberle pedido el 50% de “la mitad de todos los depósitos que le efectuaba el Congreso”, incluyendo sueldo, bonos y otros ingresos; así como S/ 1.000 por su tarjeta navideña.

Detalló que todo comenzó con su primera remuneración y bono en septiembre del 2023 y continuó hasta febrero de este año. Según dijo, al inicio se negó, lo que la llevó a conversar con Raúl Doroteo sobre el tema el 29 de septiembre.

“Me sorprende que no hayas sabido, porque acá todos tienen conocimiento de ello, todos tienen que entregar todos los meses”, fue la respuesta del legislador, según lo declarado por Morales Gutiérrez.

También declaró que todo el personal del despacho de Raúl Doroteo y de la Comisión COVID-19 “entrega el 10% de su remuneración y bonos, a través del servidor Mario Ricardo Reyes Ortiz, quien es su personal de mayor confianza”.

A los trabajadores del despacho se le pidió entregar S/ 500 por la tarjeta, lo que generó el rechazo de todos ellos. “Al señarle dicha situación al servidor Reyes Ortiz, este expresó: ‘sí, pero ustedes ya saben cómo es, se debe hacer lo que el jefe manda’”, dijo la testigo, de acuerdo con la resolución judicial.

Adicionalmente, contó que ante su negativa de darle dinero por la tarjeta de Navidad, Raúl Doroteo y su esposa acudieron a su vivienda en Pisco el pasado 2 de enero para que haga el pago: “Me dijo ‘Morales, qué fue’ y me hizo un ademán con la mano como pidiéndome dinero, ello delante mi mamá y su esposa Elena, por lo que yo le dije que no estaba conforme y me dijo “todos tienen que dar, en todo caso, entrégame S/500″.

“En dicho momento también le indiqué que no me parecía justo que esté entregando parte de mi sueldo, yo le pedí no entregar nada, pero él dijo que eso era imposible, por lo que, le pedí que me reduzca al 25% y él me dijo que no, que ya había un acuerdo, y luego me señalo: ‘avísame si no puedes, porque yo puedo contratar a otra persona’, por lo que me dio miedo seguir insistiendo, pensé que me podía despedir del trabajo, por lo que ya no le dije nada, y él se retiró de mi casa”.

Añadió que una media hora después, llamó al congresista, pero le contestó su esposa, diciéndole que estaba en una reunión, por lo que le escribió al WhatsApp para insistirle en la reducción al 25%. “El dinero ya no me alcanzaba, pero no me respondió”, afirmó.

La mujer estaba embarazada y declaró que lo ocurrido ese día le provocó una complicación, por lo que la llevaron al hospital y ella le envió una captura de la conversación con el congresista a su pareja. Al día siguiente, regresó a Lima para volver al despacho parlamentario.

El documento judicial también detalla que la extrabajadora mostró su estado de cuenta para que se observen “diversos retiros en fechas de pago por parte del Congreso de la República o inmediatamente días después de estos”. Ello coincide con lo dicho respecto a la entrega del 50% de sus ingresos.

De esta forma, como parte de su imputación, la fiscalía sostiene que la extrabajadora retiró de sus cuentas S/ 2.867 el 30 de septiembre para entregarle al congresista, a través de su asesor; que el 18 de octubre, entregó S/3.400; el 17 de noviembre, entregó S/8.700 (remuneración más bono); el 15 de diciembre, entregó S/3.700, y luego dio los S/500 por la tarjeta.

En enero, nuevamente según la imputación fiscal, entregó S/15.000, a pesar de que el asesor del congresista le exigió S/18.000 y le advirtió que este “se va a enojar”. Finalmente, el documento señala que Morales solo sacó S/2.500 para entregar en febrero, esta vez mediante una compañera de sus despacho. Ese fue el último mes en que trabajó para Raúl Doroteo.

Con ello, las presuntas entregas de la trabajadora al congresista entre septiembre del 2023 y febrero del 2024 suman S/36.667.

Ante la nueva diligencia de allanamiento, Raúl Doroteo volvió a negar la acusación en su contra y atribuyó todo a un supuesto “complot” en su contra y a un “show mediático”. “Es parte de su trabajo y el show que se quiera generar, que no van a encontrar nada”, declaró a RPP.

“[La extrabajadora] genera este complot, motivado por alguien. Ella arma este teatro y me manda ese WhatsApp”, respondió en referencia al chat en que Morales le pide reducir el recorte de su sueldo de 50% a 25%. “Inmediatamente entendí que este era un complot. Jamás le respondí ni caí en el juego”.

Cuestionado por el audio donde dice que Morales “no le ha dado nada”, el cual se le reprodujo durante la entrevista, aseguró que fue en respuesta al WhatsApp. “Es mi indignación. Dije ‘esta muchacha está buscando algo’. Esta señorita entra a trabajar en septiembre con una mentira "

Según dijo, la “mentira” fue que a los cuatro o cinco meses de entrar al despacho, dijo que estaba embarazada. “En agosto se atiende dos, tres veces en EsSalud, en ginecología, y está su tratamiento. Ahí está el médico, me ha pasado el reporte”, declaró. Por otro lado, reconoció que sí fue hasta la casa de Morales Gutiérrez en Pisco, pero que fue porque ella no estaba yendo a trabajar.

“El Congreso le dio todos los beneficios para que siga ganando, sin trabajar, S/ 8 mil. Le dio la licencia de maternidad. Terminada su licencia, presentó tres descansos médicos y el Congreso se los dio. Y después de los descansos, ha faltado cuatro veces consecutivas. ¿Qué dice la ley? Ante faltas injustificadas, tiene que ser despedida. Simple, se le retira la confianza. Allí no ha habido despido, es retiro de confianza”.

También alegó que ella “está motivada” por un entorno de su propio partido, Acción Popular, aliado con “un grupo de congresistas”. No obstante, se negó a dar nombres porque recién “le están trayendo” las pruebas.

En declaraciones previas brindadas a El Comercio desde el despacho del legislador, en respuesta a la acusación de Morales Gutiérrez, afirmaron que “todo lo que indica la señora en su momento se va a esclarecer, porque no hay pruebas fehacientes ni contundentes sobre lo que indica la denuncia”.

De acuerdo con el legislador, su trabajadora dio a luz el pasado 11 de marzo y fue separada “por faltar a su trabajo por cuatro días consecutivos, sin ninguna autorización o permiso” luego de que venció su licencia por maternidad”. “Este proceder no obedece a una represalia por la denuncia que su ex trabajadora realizó”, aseguraron.

Adicionalmente, informaron que Mario Reyes Ortiz presentó un querella por difamación agravada contra Morales Gutiérrez. Según su denuncia, la acusación que él recibía el dinero es “totalmente falsa”. El asesor también afirma que “no conoce ni tuvo trato alguno con Morales” y que es “imposible que haya ocurrido la supuesta entrega de dinero”.