El martes 15 de abril, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional anunció su decisión de sentenciar -en primera instancia- a Ollanta Humala y Nadine Heredia a 15 años de prisión tras hallarlos culpables del delito de lavado de activos agravado. Según la acusación fiscal, que fue considera probada por el juzgado, la pareja recibió, para sus campañas presidenciales del 2006 y 2011, aportes de origen ilícito del Gobierno de Venezuela y de la empresa brasileña Odebrecht, esto último por disposición del Partido de los Trabajadores de Brasil, del presidente Lula da Silva.

La sentencia, la culminación de un juicio que duró tres años, se leerá de forma completa este 29 de abril. Lo anunciado el 15 de abril fue el adelanto de fallo. No obstante, ese mismo día se dispuso que la pena se ejecute: Ollanta Humala, quien fue a la audiencia, fue detenido en ese momento y luego internado en el penal de Barbadillo; mientras que para Nadine Heredia se dictó una orden de captura, ya que se ausentó de asistir presencialmente a la sesión alegando que se estaba recuperando de una operación.

Según informó la Cancillería peruana, Nadine Heredia ingresó junto a su hijo menor a la Embajada de Brasil en Lima a las 11:15 a.m. de ese martes 15 de abril y solicitó asilo político. A esa hora, si bien se seguía con la audiencia de lectura del adelanto de fallo, ya se podía anticipar que esta sería de condena. De hecho, a esa hora el juzgado anunciaba que se consideraba probado el aspecto de la acusación referido al dinero brasileño.

Horas después, el embajador brasileño fue al despacho del canciller peruano para informar sobre la presencia de Nadine Heredia en su sede diplomática y que habían accedido a darle el asilo, por lo que requerían que se le dé un salvoconducto para que abandone territorio peruano. De acuerdo con la defensa en Perú de la ex primera dama, ellos no conocían de esa intención y se trató de una decisión familiar.

El abogado de Nadine Heredia en Brasil, Marco Aurelio de Carvalho, aseguró en una entrevista a Radio Exitosa que sus defensores brasileños hablaron entre ellos sobre la posibilidad del asilo el día previo al anuncio de la sentencia; pero que recién se lo recomendaron directamente a ella el mismo 15 de abril y que ella había ido a la embajada para evitar el riesgo de captura.

Nadine Heredia permaneció en la embajada de Brasil hasta la madrugada del miércoles 16, cuando el salvoconducto permitió que se dirija al Grupo Aéreo número 8. Allí tomó un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) que la llevó -con una escela previa en la ciudad de Cuiabá- hasta Brasilia, la capital federal de Brasil. Luego de hacer unos trámites referidos a su situación migratoria como “refugiada”, tomó por la tarde un vuelo comercial a Sao Paulo, ciudad donde se quedó para residir.

Según la prensa brasileña, el avión que trasladó a la ex primera dama fue un Embraer ERJ-135LR (Legacy 600) con matrícula FAB2560, “perteneciente al Grupo Especial de Transporte (GTE), responsable del transporte de altos funcionarios del gobierno federal”. Por el costo de volar ese tipo de avión y las horas que tomó la ida y vuelta de la aeronave, el costo total del traslado se estima en unos 56 mil dólares o 320 mil real brasileños, equivalentes a uno 206 mil soles.

El uso del avión militar fue cuestionado por la oposición y por la prensa brasileña. Al respecto, el canciller brasileño, Mauro Vieira, ha dicho que se optó por ello porque no había vuelos comerciales y por ser la forma más segura y rápida de trasladar a la asilada y que contó con la conformidad del gobierno peruano. El Congreso brasileño ha dispuesto que el Tribunal de Cuentas de la Unión (órgano de control que asiste al Legislativo de ese país) haga una auditoría sobre el uso de la aeronave.

En las mismas entrevistas, el canciller brasileño ha citado las “razones humanitarias” como el principal motivo para otorgar el asilo a Nadine Heredia. En declaraciones a CNN Brasil, remarcó que la ex primera dama tenía problemas de salud, había sido sometida recientemente a una operación a la columuna y tenía un hijo menor de edad que podía quedar desatendido ante su encarcelamiento y el de su padre, el expresidente Ollanta Humala.

Consultado sobre si también evaluó o se consideró que había una persecución política contra Heredia, el canciller dijo que respondió la decisión no se basó en “examinar cuestiones relativas al sistema judicial peruano, si hubo pruebas o no”, sino que solo se consideró la solicitud hecha por la sentenciada. “Hubo un pedido. El estado (Brasil) transmite el deseo de recibir a la persona y el gobierno (de Perú) de la autorización. No hay necesidad de ese tipo de evaluación (sobre si había una persecución)”.

Por su parte, el abogado de Nadine Heredia en Brasil, quien es cercano a Lula da Silva y a su partido, sí ha dicho que el asilo se justifica porque su sentencia se dictó sin pruebas y porque el caso Lava Jato en Perú tiene -según él- las mismas regularidades que el Caso Lava Jato en Brasil, donde varias de las condenas han sido anuladas en el Tribunal Supremo, cuyos miembros son propuestos por el gobierno.

El canciller peruano, Elmer Schialer, ha dicho que el Perú otorgó el salvoconducto porque la convención internacional sobre el asilo político obliga a hacerlo, al margen de si está de acuerdo o no con el asilo otorgado por el otro país. Al respecto, hay juristas que le dan la razón, pero también hay otros que sostienen que el gobierno de Dina Boluarte sí podía rechazarlo, lo que hubiese llevado a que Nadine Heredia permanezca en la embajada brasileña en Lima.

“El gobierno peruano no estaba obligado a entregarle al salvo conducto, porque quien faltó al propio tratado fue el gobierno de Brasil”, opina James Rodríguez, abogado especializado en temas de extradición. “El tratado indica claramente que Brasil no puede darle asilo político a una procesada, más aún cuando ya había escuchado su sentencia y se refugia en la embajada para huir de la justicia. Al darle salvoconducto, desde mi punto de vista, el gobierno peruano corrobora la posición de Brasil, al certificar que supuestamente Nadine Heredia era una perseguida política, cuando no es así”.

Para el penalista Carlos Caro, sin embargo, el Perú no tenía otra opción que dar el salvoconducto. “Es un tema del derecho pena internacional. Brasil tiene una decisión que Perú tiene que respetar. Al otorgarle el asilo, ellos la consideran perseguida política, aunque sea mentira”, indicó. “En términos de legalidad internacional, la calificación que hace el país que da el asilo (Brasil) es una calificación unilateral, no la puedes cuestionar desde la legalidad peruana. Bajo esa lógica, lo único que le quedaba al estado peruano era darle salvoconducto porque es lo que dice el tratado”.

El fiscal Germán Juárez, integrante del Equipo Especial Lava Jato y responsable de la acusación por la que Nadine Heredia fue condenada, también ha dicho que el Perú no tenía otra opción que darle el salvoconducto. No obstante, consideró que el gobierno peruano debió protestar o emitir un pronunciamiento en rechazo del asilo y para dejar en claro a sus pares brasileños que la ex primera dama no es una perseguida política.

El abogado brasileño de Nadine Heredia dijo la semana pasada que en un primer momento, el gobierno brasileño de hizo cargo de los gastos de su estadía, pero que luego ella iba a buscar un trabajo y residir en Sao Paulo como una ciudadana más.

El fin de semana, en una entrevista con CNN, el canciller brasileño aseguró que el asilo diplomático solo prevé el transporte a Brasil, la recepción, la atención para que regularizar la situación migratoria del refugiado. "De ahí en adelante, ella estará en Brasil con sus medios propios”, aseguró el diplomático

El asilo causó un revuelo político y críticas hacia el gobierno de Lula da Silva desde medios de comunicación y desde la oposición parlamentaria. Brasil vive un contexto de polarización política, tiene a su presidente con un bajo nivel de popularidad y está en un año preelectoral. En esa coyuntura, desde la prensa se cuestionó la legalidad y las motivaciones de Lula da Silva, quien en el pasado fue condenado por el Caso Lava Jato en Brasil, para acoger a una sentenciada por el Caso Lava Jato en Perú.

Desde el Congreso brasileño, diputados y senadores de oposición manifestaron públicamente su rechazo y lo tradujeron en más de una veintena de iniciativas que cuestionan la decisión. Por ahora, ya se han aprobado mociones de repudio, que el TCU haga auditorías al vuelo que trajo a Nadine Heredia y que el canciller se presente ante una comisión de ambas cámaras para dar explicaciones. Además, legisladores han pedido que la fiscalía también investigue las circunstancias del asilo.

Para el abogado James Rodríguez, al margen de las iniciativas que promueva la oposición de Lula da Silva, no será posible revertir el asilo otorgado a Nadine Heredia. Según explicó, el gobierno brasileño ya le dio a Nadine Heredia “una condición de refugiada política y para cambiarle esa condición tendría que haber voluntad política”.

“No se puede revertir (el asilo) en base a lo que está sucediendo en el Congreso de Brasil, judicialmente tampoco, desde mi punto de vista. Se trata de una decisión política, ya le han dado la calidad de refugiada. Lamentablemente, Brasil se ha convertido en un país de refugio de personas perseguidas por la justicia ordinaria”, comentó. “Es facultad del Ejecutivo (brasileño) dar el refugio político a una persona. Pero lo cuestionable es que el presidente Lula también ha estado preso también por el tema de Lava Jato. Esto no hace más que acreditar la estrecha relación entre Ollanta Humala y Nadine Heredia”.

Carlos Caro comentó que “en teoría, toda decisión del gobierno es revisable”, pero que es muy poco robable que la justicia o el propio gobierno de Lula da Silva revoquen el indulto. “Tendría que haber una demanda de alguien en Brasil, puede ser la Procuraduría, para decir que este asilo es ilegal y se debe dejar sin efecto. Sin embargo, todos los que puedan demandar todos son del gobierno: la Procuraduría brasileña, que es como nuestra fiscalía, también la nombra el gobierno, no es un órgano autónomo, sino que es un órgano nombrado por el gobierno”, dijo,

“Por eso, dudo que los fiscales hagan algo, porque son parte del gobierno, están nombrados por el gobierno. Lo podría hacer algún legislador, un senador de de oposición, pero eso tendría que pasar necesariamente por la intervención de la de la Fiscalía y se tendría que definir en el Tribunal Supremo (cuyos jueces también son nombrados por el Ejecutivo), con lo cual llegaríamos a un punto parecido”.

El canciller peruano Elmer Schialer, al defender la decisión de darle el salvoconducto a Nadine Heredia aseguró que, en todo caso, el Poder Judicial podría requerir a Brasil la extradición de la sentenciada. Sin embargo, todas las fuentes consultadas coinciden en que es inviable que esto prospere, al menos mientras Lula da Silva o su partido sigan gobernando Brasil.

Las extradiciones deben pasar por la aprobación política y judicial de los dos países involucrados. Para que esta ocurre, la fiscalía peruana tendría que hacer el pedido y este tendría que ser elevado hasta la Corte Suprema. Si se aprueba a ese nivel, el requerimiento se traslada al Poder Ejecutivo para que este también le dé el visto bueno y lo remita al gobierno brasileño.

En Brasil, el pedido tendría que ser primero analizado por la Corte Suprema, que ha anulado e invalidado múltiples procesos y sentenciadas ligadas a la trama Lava Jato; y luego por el mismo gobierno de Lula da Silva, el cual tendría que tener la voluntad de retroceder en su decisión de dar el asilo para que esto prospere.

“Aunque jurídicamente no hay impedimento, viendo los precedentes que ha dictado el Tribunal Supremo Federal de Brasil, existe el riesgo de que la extradición no prospere y que se le dé una interpretación de otra naturaleza. Y si en caso la Corte Suprema de Brasil acepta la extradición, ya todo esto ingresa a manos de Lula.  Se tendría que dejar sin efecto toda la decisión política que ya ha tomado el gobierno de Brasil al conceder este asilo para. Es un tema complicado, el tema cuesta arriba, dificultoso”, opinó el penalista Carlos Caro.

El abogado James Rodríguez añade que “el propio tratado de extradición entre Perú y Brasil indica de que Brasil no entrega a las personas a las que ha dado asilo o refugio político, como le defina u lo conceptúa el propio estado de Brasil. No las devuelve, no las entrega. Por eso considero que el canciller (Elmer Schialer) le ha faltado la verdad al país, manifestando de que el Perú puede extraditar a la señora Heredia, cosa que va a ser muy difícil”.

El panorama podría cambiar si un candidato opositor a Lula da Silva gana las elecciones el próximo año y decide revocar el asilo político de Nadine Heredia. Pero incluso en ese supuesto, según Carlos Caro, la ex primera dama no sería entregada al Perú, sino que podría optar por irse desde Brasil a otro país.

James Rodríguez añadió que “si cambian si cambian de presidente a uno que no sea aliado o que no tenga la misma perspectiva de Lula, podría ser (que prospere una extradición), pero no olvidemos que (extraditar a un asilado) está prohibido por el propio tratado. Entonces, podría haber más posibilidades, pero, en la práctica, veo inviable que Brasil devuelva”.

El propio fiscal Germán Juárez ha comentado que es posible requerir la extradición de la ex primera dama, pero que "mientras esté este gobierno de Lula da Silva, que está creando impunidad de actos de corrupción en Brasil y ahora lo quiere hacer en Perú, no va a proceder, porque él va a seguir apoyando a estos sentenciados". "Por lo tanto, creo que sería más viable cuando el Gobierno de Lula da Silva deje el poder y lógicamente ella tendrá que buscar asilo en otro país", dijo a RPP.

Por ahora, Nadine Heredia tiene asegurada su permanencia en Brasil, al menos mientras dure el gobierno de Lula da Silva (diciembre del 2026). En tanto, Ollanta Humala permanece internado en el penal de Barbadilla. El abogado del expresidente presentó un habeas corpus para que este sea liberado al menos hasta que se lea su sentencia completa, pero la sala que recibió el recurso no lo resolverá antes de esa fecha.

Luego de que el juzgado lea la sentencia completa contra ambos este 29 de abril, sus defensas en Perú podrán apelar para que una sala superior revoque sus condenas. Ello podría tomar varios meses, si no un año, en resolverse. Más allá de eso, si la sentencia se ratifica, las defensas podría recurrir a la Corte Suprema mediante un recurso de casación y, finalmente, al Tribunal Constitucional.

Es decir, aún hay bastante judicial por delante, el cual será recorrido con Ollanta Humala como reo de Barbadillo y con Nadine Heredia como asilada en Sao Paulo, la ciudad más poblada y la capital económica de Brasil.