Jorge Barata será acusado en al menos tres casos: los escenarios tras revocarse su colaboración

Pese a ello, no parece posible que el exjefe de la constructora brasileña en Perú -testigos clave de la trama Lava Jato en el país- sea extraditado desde el Brasil, aunque sí podría enfrentar una orden de captura internacional. Y si se corrobora que ya no tiene bienes en el Perú, se podría pedir la anulación de las transferencias que haya hecho desde que estalló el caso Odebrecht en el Perú.

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La acusación no sería inmediata. Las normas procesales peruanas establecen que para que la fiscalía proceda, la revocatoria del beneficio debe estar firme. Es decir, haber sido confirmado en segunda instancia. La defensa de Jorge Barata anunció que apelará la decisión. Si esto es desestimado, el Ministerio Público podrá proceder a solicitar una condena contra el exejecutivo de Odebrecht.

El Comercio consultó al abogado de Jorge Barata, César Nakazaki, respecto a esta implicancia de la revocatoria de la colaboración y si sus declaraciones siguen siendo válidas paras las investigaciones de Lava Jato. Sin embargo, no respondió hasta el cierre de esta nota.

El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, y Silvana Carrión, procuradora ad hoc del caso Lava Jato, indicaron a El Comercio que la acusación es lo que corresponde tras la revocatoria de la colaboración. Además, afirmaron que las declaraciones que dio para las distintas investigaciones del caso Odebrecht siguen siendo válidas para esos procesos.

“Él ya ha sido declarado culpable penalmente, es un condenado, responsable penalmente por estos proyectos que forma parte del acuerdo. Lo que corresponde es que los fiscales lo acusen y que se vayan a un juicio solamente para la determinación de la pena”, dijo a El Comercio la procuradora Silvana Carrión.

Vela afirmó que “lo que corresponde es que se le imponga una pena de acuerdo con su grado de participación en los hechos, ya sin el premio”. Y enfatizó que no se volverá a debatir si Barata es culpable, sino condena que recibiría.

“No es una acusación sobre todo el hecho, es una acusación que tiene que ver con la dosificación de la pena. Ya el juez ha corroborado la comisión del delito y la participación del colaborador dentro de los hechos delictivos”, detalló a este Diario.

Eso sí: ver a Jorge Barata declarar como testigo en futuros juicios en la justicia nacional es muy poco probable. Sí se podrían leer las actas de sus testimonios previos, aunque penalistas consideran que el impacto sería menor que escucharlo declarar en persona o virtualmente ante jueces peruanos. Vela, sin embargo, dijo confiar en que las acusaciones del caso Lava Jato son sólidas y no dependen solo de la declaración en juicio de este testigo.

Los casos por los que la fiscalía deberá acusar al ejecutivo brasileño son los tres en los que, a través del acuerdo con Odebrecht, admitió su culpa. En la sentencia de colaboración eficaz del 2019, el Poder Judicial lo declaró culpable como cómplice del delito de colusión agravada por la obra de la Vía Evitamiento Cusco y como cómplice del delito de colusión en los casos Interoceánica Sur y Metro de Lima.

El caso de la Interoceánica Sur se refiere a las presuntas coimas a Alejandro Toledo; el del Metro de Lima, los presuntos sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes durante el segundo gobierno de Alan García; y el de la Vía Evitamiento Cusco, el de los presuntos pagos al exgobernador cusqueño Jorge Acurio.

Sin embargo, como parte de su beneficio como delator, a Jorge Barata se le aplicó el beneficio de ‘exención de la pena’. Es decir, fue declarado culpable, pero no recibió una condena. A cambio, el colaborador debía cumplir una serie de obligaciones, como la de presentarse a declarar ante la justicia peruana cada vez que se le requiera. Al no cumplirlo, el mismo juzgado resolvió ahora revocarle ese beneficio.

“Remítase los actuados pertinentes al fiscal provincial penal competente para que formule acusación fiscal y pida la pena que corresponda, según la forma y circunstancias de la comisión del delito y el grado de responsabilidad que le corresponde al procesado Jorge Henrique Simoes Barata”, dice la resolución de la jueza Margarita Salcedo, a la que accedió El Comercio.

En ese juicio, como lo describe la procuradora Carrión, no se discutiría si es culpable o no, sino que se pasaría directamente a definir qué condena se le impone. Según el código penal, las penas por colusión agravada pueden llegar hasta los 15 años de pena privativa de la libertad; mientras que la colusión simple se puede sancionar hasta con seis años.

En diálogo con El Comercio, el abogado penalista Francisco Álvarez coincidió en que Jorge Barata será acusado por los casos en que se le había dado el beneficio de librarlo de una pena. “Una vez que el juez procede a la revocación del acuerdo de colaboración eficaz, el Ministerio Público tiene que proceder conforme a ley”.

Adicionalmente, la fiscalía podría incluir a Jorge Barata como investigado, o abrirle investigaciones nuevas, por los casos no incluidos en el acuerdo de colaboración eficaz. Entre estos está el caso del Gasoducto Sur, actualmente en etapa de investigación preparatoria y el más importante de la trama Lava Jato en que aún no se presenta una acusación fiscal.

No se conoce que Jorge Barata actualmente tenga bienes en el Perú. Por ello, la procuraduría no podría hacerle incautaciones para asegurar futuras reparaciones civil, adicionales a la que ya pagó por el acuerdo de colaboración. Sin embargo, Carrión comentó que en ese caso, existe la posibilidad de solicitar al Poder Judicial que anule las transferencias de bienes que haya hecho en el pasado.

Pese a ello, una eventual condena contra Jorge Barata no asegura verlo detenido en el Perú. Si bien existe un tratado de extradición entre ambos países, Brasil no extradita a sus connacionales. “Lo que sí puede suceder es que, a partir de la incorporación del señor Barata en los casos penales de Perú, surjan órdenes de captura internacional que no le permitirían salir del país”, dijo Silvana Carrión.

“Sí hay previsiones de la legislación brasileña, que tienen que ver con el tratamiento que tienen con sus connacionales”, comentó Rafael Vela. “Habría que ver qué interpretación le van a dar a su situación. Lo que sí es una posible consecuencia es que sea incorporado en otras investigaciones [en Perú]. Ahí se pueden generar medidas coercitivas y sucedería, si Brasil decide proteger a su connacional, que no vaya a poder salir de su país. Y él viaja con frecuencia.”.

“Desde que surgió el caso Lava Jato en Perú conocíamos que la extradición con Brasil era un camino más difícil [...] Entendemos que el señor Barata en algunos casos ha podido salir de Brasil. Si surge esta orden de captura internacional, ya no lo va a poder hacer. O si sale, se expone a que lo detengan”.

Álvarez coincidió en que “Brasil no suele extraditar a la gente nacional, pero el tema es que si esta persona sale de su país, el manto de protección se acaba”. “Uno dirá que se queda tranquilo, pero si quiere ir de vacaciones a Europa o a otro país, sale una alerta roja, lo detienen y lo extraditan”, comentó.

Fuentes ligadas al caso indicaron que cuando estalló Lava Jato en el Perú a fines del 2016, la fiscalía que estuvo en ese momento a cargo del caso pudo pedir un impedimento de salida del país para Jorge Barata. Desde que está en Brasil, hace ya siete años, su extradición es prácticamente imposible. “En el año 2017, antes de que exista el acuerdo, tampoco se le hubiera podido extraditar”, comentaron.

Si a Jorge Barata se le dieron beneficios fue por la importancia de sus declaraciones para las investigaciones fiscales y los procesos judiciales de Lava Jato. Y así fue: sus testimonios sirvieron para casos que hoy están en etapa de juicio (Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Metro de Lima, Caso Cócteles, entre otros); otros que están en control de acusación como el de Susana Villarán; y algunos que siguen en investigación.

Así, luego de lo que sucederá con su propia situación penal, la pregunta abierta es qué ocurrirá con sus distintas declaraciones brindadas al Ministerio Público. A nivel del Poder Judicial, solo llegó a declarar en el juicio por el caso Metro de Lima, donde confirmó pagos de sobornos en ese proyecto y ratificó que Odebrecht dio dinero a las campañas de Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Susana Villarán, Alan García, Susana Villarán y Alejandro Toledo.

La procuradora Silvana Carrión dijo a El Comercio que las declaraciones “no perderían su validez”, ya que lo que el Poder Judicial revocó fue solo el beneficio de Jorge Barata de librarse de la pena, no la sentencia de colaboración eficaz en sí. “Las declaraciones que forman parte del acuerdo, de los cuatro proyectos, mantienen su vigencia porque fueron prueba introducida de manera legítima en ese proceso especial, que concluyó en sentencia”.

¿Quién es Jorge Barata?

El perfil del exmandamás de Odebrecht en Perú

Jorge Barata es un ingeniero brasileño que llegó al Perú en 1997 para trabajar en la sucursal local de Odebrecht. En el 2001, asumió la jefatura de la empresa en el país. Entre el 2012 y 2016, asumió la jefatura de Odebrecht Latinvest, empresa de inversiones de Odebrecht con sede en Lima. Luego regresó a Brasil, en medio del estallido del caso Lava Jato.

Luego de una larga negociación, Odebrecht, Barata y otros tres exdirectivos firmaron un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía peruana en febrero del 2019. En junio del 2019, el Poder Judicial aprobó el acuerdo. En Brasil, el colaborador fue interrogado en múltiples ocasiones por fiscales peruanos y abogados de los investigados.

Por su alto cargo dentro de Odebrecht en Perú, las declaraciones de Jorge Barata han sido claves para que la fiscalía investigue y acuse por casos de corrupción y presunto lavado de activos de la trama Lava Jato. También dio al Ministerio Público las identidades detrás los 'codinomes' o apodos de las personas que fueron registradas en los servidores de la empresa como receptores de pagos y aportes.

En cuanto a las declaraciones que dio Jorge Barata en casos que no son parte del acuerdo, el fiscal Rafael Vela afirmó que también seguirán siendo válidas y “lo único que puede afectar es su no presencia en juicio“.

“Todas sus declaraciones fueron llevadas a cabo mediante el sistema de cooperación internacional, con plena garantía de las personas investigadas. Ejercieron su derecho a la defensa y contradicción. Participaron los abogados nacionales y de Brasil. Fueron declaraciones llevadas a cabo en las carpetas abiertas de investigación”.

Otras fuentes ligadas al caso comentaron que la validez judicial de las declaraciones de Barata en otros casos, que no forman parte del acuerdo, dependerán de si se dieron de forma reservada o si se hicieron de forma abierta y con presencia de las defensas de los investigados. Sin embargo, también advirtieron que lo más probable es que sea el mismo Poder Judicial quien termine definiendo este tema.

Julio Espinoza, abogado penalista y parte de las defensas en el Caso Partido Nacionalista y Caso Cocteles, piensa distinto. En diálogo con este Diario, consideró que las declaraciones de Jorge Barata quedarían sin valor tanto en los casos que forma parte del acuerdo como en otros casos en los que declaró a cambio de inmunidad. Esto si el Poder Juidicial confirma la revocatoria del beneficio.

“Los colaboradores declaran para su propio caso, donde están imputados, pero también para otros, donde no están investigados. Declaran en calidad de colaboradores, brindan información. En esos otros casos, en mi opinión, también se tiene que anular su declaración. Fueron declaraciones dadas en el contexto de su colaboración, con la finalidad de ser tenidas en cuenta para el beneficio que se le dio”.

En el caso del Partido Nacionalista, donde surgió el problema con la colaboración de Jorge Barata y se prescindió de él como testigo, aún no se llega a la etapa de la lectura de las actas de sus declaraciones previas. Espinoza comentó que esa fase y la discusión respecto a si las declaraciones del exejecutivo siguen siendo válidas se dará en septiembre, durante ese juicio.

Sobre este mismo punto, el penalista Francisco Álvarez opinó que las declaraciones dadas por Barata no podrán ser usadas en los casos que fueron parte del acuerdo de colaboración. “Todo lo que él ofreció no puede ser usado en contra. Intuyo que la fiscalía buscará diferenciar entre el testimonio que dio cuando su colaboración estuvo en proceso y en el que dio cuando pasó a ser testigo”.

“Si él ha declarado como testigo en casos de corrupción donde él no era colaborador, sus declaraciones se mantienen”, añadió. Álvarez también remarcó que “los casos de Lava Jato se han construido mucho sobre la base de las delaciones de Jorge Barata. Al suprimirlas, sí generaría un efecto dañino en las investigaciones”.

“[La revocatoria] era lo que correspondía. El acuerdo es claro en que tiene que concurrir a declarar [...] Ya tenemos una incidencia donde un colaborador eficaz que no ha querido venir. Hay un temor, creo que fundado, de lo que podría pasar con Odebrecht y sus colaboraciones en lo posterior. Él no era un directivo de mando medio, era del más alto rango”, dijo Álvarez.

En tanto, Rafael Vela consideró que si bien las declaraciones de Jorge Barata fueron importantes para iniciar y avanzar con las investigaciones del caso Odebrecht, las acusaciones no se formularon “en base a un testimonio único”. “La fiscalía ha construido acusaciones sólidas que no dependen de un solo colaborador eficaz. [El de Barata] es un testimonio importante, que se va a leer en juicio, porque no se ha perdido, pero [la acusación] se construye sobre la base concurrente de múltiple evidencia”.

Sobre la eventualidad de que vuelva a declarar en un juicio ante la justicia peruana, Silvana Carrión comentó que “procesalmente, existe la posibilidad de convocarlo a través de la cooperación internacional como testigo y pueda declarar”.

“Ya dependerá del señor Barata, sin la condición de colaborador, si acude a las citaciones. Si eso no sucede, si no vuelve a declarar y ya hay declaraciones previas, las actas que contienen esa información pueden ser leídas para que los jueces puedan evaluarlas y valorarlas [como pruebas]. Probablemente no tiene el mismo impacto en la convicción que pueden generar en los magistrados, pero sí existe esa posibilidad. Es otra forma de ingresar estos medios de prueba”.

Ya en uno de los juicios del caso Lava Jato (Alpha Consult) Jorge Barata tampoco se presentó como testigo. Su abogado brasileño comentó allí que la colaboración había sido revocado y “no tienen garantía” para presentarse a declarar. Su nombre también figura en la lista de testigos de los juicios de Alejandro Toledo y Keiko Fujimori, donde la posibilidad de su presentación es improbable.

No obstante, el fiscal Vela remarcó que el Ministerio Público tenía que proceder con la revocatoria del acuerdo ante el incumplimiento de parte de Jorge Barata. “No solo porque los pactos homologados por el Poder Judicial se tienen que cumplir, sino por el mensaje que manda [...] Es un mensaje importante para los colaboradores: si no cumplen sus acuerdos, se les revocan los beneficios”.

El acuerdo de colaboración eficaz entre el Perú y Odebrecht incluyó a cuatro de sus exdirectivos. Uno de ellos era Jorge Barata, máximo representante de la empresa en el Perú entre 2001 y 2016. En sus testimonios ante la fiscalía, el ejecutivo relató pagos a funcionarios peruanos, como el expresidente Alejandro Toledo, y aportes a campañas presidenciales, como las de Ollanta Humala y Keiko Fujimori.

Los testimonios de Jorge Barata también sirvieron paras las investigaciones fiscales de casos como el de la exalcaldesa Susana Villarán, el Gasoducto Sur o el Club de la Construcción.

A través del acuerdo de colaboración, la empresa y sus exdirectivos admitieron actos de corrupción en cuatro megaproyectos: la Carretera Interoceánica Sur, el Metro de Lima, la Vía Evitamiento Cusco y la Costa Verde Callao. De estos, Jorge Barata admitió culpa, fue condenado por el delito de colusión (corrupción) y pagó una reparación civil por los tres primeros.

Como parte del acuerdo aprobado por el Poder Judicial peruano, a Jorge Barata no se le impuso pena (beneficio como conocido como ‘exención de la pena’) y asumió obligaciones como la de presentarse a declarar cada vez que sea citado.

Esto se cumplió hasta el año pasado. Los problemas surgieron cuando tenía que declarar por el juicio contra Ollanta Humala para ratificar, como dijo durante la etapa de investigación, que la constructora aportó 3 millones a su campaña por orden del Partido de los Trabajadores de Brasil.

El juzgado a cargo del caso citó hasta en cinco ocasiones a Jorge Barata para que declare. En la última, incluso se le ordenó venir a Lima para hacerlo de forma presencial. Sin embargo, el colaborador no se presentó, alegando órdenes de la justicia de Brasil que le impedían declarar por estos caso ante la justicia peruana.

Ese último incumplimiento llevó a que se prescinda de su declaración y a que el equipo especial Lava Jato opte por leer su declaraciones previas como prueba en el juicio. Si no se podría escucharlo en persona, al menos se podría leer ante los jueces lo que dijo previamente. El impacto dentro de un juicio -coinciden los penalistas- no es el mismo, pero es una opción válida.

Por otro lado, el fiscal a cargo del acuerdo, José Domingo Pérez, solicitó al Poder Judicial revocarle el beneficio que lo libró de recibir penas por haber incumplido con su obligación. La solicitud, tal como informó El Comercio por entonces, se presentó en octubre del 2023 ante el mismo juzgado que había aprobado el acuerdo de colaboración eficaz en el 2019.

Tras una serie de incidentes que demoraron la evaluación del pedido, la jueza Margarita Salcedo finalmente realizó en abril pasado una audiencia para ver el tema.

La fiscalía ratificó allí su solicitud, mientras que la defensa de Jorge Barata alegó que la justicia de Brasil le había impedido dar su declaración en ese país. En cuanto a la citación para declarar presencialmente en el Perú, indicaron que su defensa le recomendó no presentarse porque no se le notificó a través de la oficina de cooperación internacional.

Sin embargo, la jueza desestimó esos argumentos y resolvió que Jorge Barata había faltado a su obligación como colaborador. “No puede alegarse que el emplazamiento a este debe segur el procedimiento establecido a nivel de Cooperación Judicial Internacional, en tanto que dicho ciudadano estableció al momento de acogerse al proceso de Colaboración Eficaz un domicilio en el país”, dijo la jueza.

La magistrada también consideró que “la obligación de declarar del ciudadano extranjero, no provenía de la discrecionalidad de este”, sino de “un imperativo legal derivado de un acuerdo de colaboración eficaz, sujeto a revocatoria, del cual tenía pleno conocimiento y era consciente tanto el ciudadano extranjero como su defensa técnica”

“Existe una flagrante violación del deber de colaborar con la justicia peruana [...] La falta de concurrencia del citado testigo no ha contribuido a los fines perseguidos en el proceso penal, por ende debe estimarse la revocatoria formulada por el representante del Ministerio Público”.