Martín Calderón

El (PJ) dio por concluida la designación de la jueza Juana Caballero García como integrante y presidenta del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. Se trata del tribunal a cargo del juicio contra el expresidente por presunto lavado de activos, por el Caso Odebrecht.

Caballero retornará a su corte de origen, la Corte Superior de Justicia de Huaura, donde es magistrada titular. Así lo dispone una resolución administrativa firmada por la titular del PJ, Janet Tello, y publicada en el diario “El Peruano” el pasado miércoles 12.

Caballero será reemplazada por el magistrado Wilmer Roy Quispe Umasi, quien solicitó su incorporación como juez titular de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada en virtud de su nombramiento por la (JNJ).

No obstante, la misma resolución establece que Caballero deberá intervenir “en los casos que la ley procesal lo dispone de manera imperativa, para evitar el quiebre de juicios orales o frustrar la conclusión de los requerimientos y solicitudes que se encuentran a la fecha en trámite avanzado”. Es decir, la magistrada continuará viendo el juicio contra Ollanta Humala.

El abogado Wilfredo Pedraza, representante legal del expresidente, precisó: “[...] Incluso entiendo que ya asumió su nueva función, pero seguirá viendo nuestro caso. [...] Estamos en la penúltima etapa, que tiene que ver con los alegatos finales que hacen los abogados. Probablemente un par de audiencias más y se termine esta etapa”.

Pedraza precisó que este viernes 14 continuarán las audiencias.

Mediante el juicio oral, el juzgado determinará si Ollanta Humala es responsable del delito de lavado de activos. En este caso, el Ministerio Público solicita 20 años de prisión para el expresidente, así como 26 años y seis meses para la exprimera dama Nadine Heredia y 20 años para Ilán Heredia Alarcón, entre otros implicados.

Se les atribuye haber recibido dinero de origen ilícito del Gobierno de Venezuela y de las constructoras brasileñas Odebrecht para las campañas presidenciales del 2006 y 2011, respectivamente. Humala y Heredia niegan la acusación.

El caso se remonta al 2015, con el inicio de la investigación a las finanzas del Partido Nacionalista, que por entonces era el partido de gobierno. Las indagaciones se fortalecieron con la aparición de las agendas de Nadine Heredia y las confesiones de los exdirectivos de Odebrecht sobre el aporte de US$ 3 millones para la campaña del 2011 por orden del Partido de los Trabajadores, del presidente de Brasil, Lula da Silva.

En la última etapa del juicio oral, denominada defensa material, los acusados tienen derecho a dirigirse al juzgado para expresar sus conclusiones. Pedraza informó que Humala tomará la palabra.

Luego, los jueces quedarán listos para emitir una sentencia.

Antecedente

Pedraza recordó que al inicio del juicio oral hubo un cambio de magistrado en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. Se trató de Raúl Caballero Laura, quien fue suspendido seis meses. La sanción que se le impuso fue por retardo en emitir sentencias, por casos anteriores.

“La ley procesal permite que, siendo un colegiado integrado por tres, en algún momento puede cambiarse a uno, como ocurrió en este caso. Por eso es que Caballero no se puede ir. Y no solo por esa razón, sino que la propia resolución que la retira del colegiado por haber designado a un titular, dice que ella debe continuar viendo los casos”, precisó el también ex ministro del Interior.

Si se retirasen dos magistrados del mismo colegiado, el juicio se quiebra.

El Caso Cócteles

En enero pasado, Juana Caballero votó a favor de anular el juicio oral contra Keiko Fujimori y otros 32 acusados por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y otros, por el Caso Cócteles.

La medida fue aprobada por mayoría, con dos votos a favor y uno en contra. El otro voto a favor fue del magistrado Max Vengoa Valdiglesias, mientras que el voto discordante fue de la jueza Nayko Coronado Salazar.

El tribunal ordenó que se remita la investigación al Juzgado de Investigación Preparatoria (etapa intermedia) para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Con ello, resolvieron el pedido de la defensa de Keiko y el resto de acusados, para aplicarles una resolución del Tribunal Constitucional a favor de José Chlimper.

En el Caso Cócteles, la fiscalía acusa a Fujimori de liderar una organización criminal que lavó más de US$ 17 millones ingresados en las campañas electorales del partido fujimorista en el 2011 y 2016, proveniente de Odebrecht y empresarios nacionales.

De acuerdo con la defensa de Fujimori, no se recibió dinero de Odebrecht. Y sobre los aportes de empresarios nacionales, asegura que no tuvieron origen ilícito, por ello no se configura el delito de lavado de activos.

Juicio contra Villarán

El juicio contra la exalcaldesa limeña por los presuntos aportes ilícitos a sus campañas municipales también estará en manos del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional.

El exprocurador José Ugaz sostuvo que la salida de la jueza Caballero del tribunal no tendrá ningún impacto en el proceso contra Villarán.

La acusación fiscal contra la ex alcaldesa de Lima y otros 20 procesados es por los aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a la campaña del No a la Revocatoria del 2013 y a la fallida reelección en el 2014.

Por ese caso, la Fiscalía imputa a Villarán los delitos de colusión, lavado de activos, organización criminal y otros. Solicita una condena de 29 años de prisión.

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