Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Como parte de su acusación contra el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia por el Caso Gasoducto Sur, el equipo especial Lava Jato de la fiscalía presentó un total de 126 testigos y cerca de 700 documentos como pruebas. Con todo esto, el Ministerio Público apunta a probar la culpabilidad de la pareja por los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.
La larga lista de pruebas forma parte del requerimiento acusatorio presentado esta semana ante el Poder Judicial por la fiscal Geovana Mori. Se trata de un documento de casi mil páginas al que El Comercio tuvo acceso y que es el fruto de una investigación que se remonta al 2017, por la que Nadine Heredia cumplió arresto domiciliario -como reemplazo de una prisión preventiva- entre 2020 y 2022.
Como detalló este Diario en un informe previo, el Ministerio Público acusa a Ollanta Humala y Nadine Heredia de haber realizado una serie de acuerdos ilícitos con Odebrecht, a través de su jefe en Perú, Jorge Barata, durante el gobierno humalista (2011-2016). El objetivo habría sido favorecer a la constructora brasileña con el proyecto Gasoducto Sur Peruano, generando un perjuicio de más de US$ 200 millones al Estado peruano.
El Ministerio Público también postula que esos actos de concertación ilícita (colusión) fueron parte del accionar de una presunta organización criminal “enquistada” en el gobierno de Ollanta Humala, liderada por el expresidente y su esposa. Esa red habría tenido como objetivo favorecer a empresas brasileñas, entre ellas Odebrecht, la cual financió ilícitamente su campaña del 2011 para llegar a Palacio de Gobierno, según una sentencia ya dictada por el Poder Judicial en otro proceso judicial.
La defensa del exmandatario y de la ex primera dama rechaza la acusación y sostiene que la fiscalía nunca pudo probar que haya un “pacto colusorio” a favor de Odebrecht. “Es uno de los casos que demuestra la persecución política contra mis patrocinados Ollanta Humala y Nadine Heredia”, dijo a El Comercio Edison Huamán, abogado de la pareja.
Desde colaboradores eficaces hasta exministros
La acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia y otros seis exministros del gobierno nacionalista tiene dos partes: la de asociación ilícita y la de colusión. La fiscalía postula una pena conjunta de 35 años de prisión para el expresidente y la ex primera dama por ambos delitos.
Todos los testigos nombrados a continuación solo serán convocados si el caso llega a juicio. Ninguno de ellos está investigado, imputado o acusado en este proceso judicial.
En el delito de asociación ilícita, la fiscalía ofreció para un futuro juicio a 17 testigos y un total de 87 pruebas documentales. En esa primera lista de testigos destacan exdirectivos de Odebrecht, como el ex CEO Marcelo Odebrecht; de la constructora brasileña OAS, como Leo Pinheiro y Valfredo de Assis; y de la peruana Graña y Montero, como Hernando Graña Acuña, actual colaborador eficaz.
También figura César Villanueva, acusado dentro del Caso Lava Jato en otro proceso judicial, como expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Ollanta Humala; la exfuncionaria de Palacio de Gobierno Randa Mussalam; y tres colaboradores eficaces cuyas identidades se mantiene en reserva. Solo se les menciona por sus códigos: 101-2019, 03-2019 y 175-2020.
Sobre este último, la fiscalía remarca que declarará sobre “la injerencia de la acusada Nadine Heredia Alarcón en actos de corrupción en el maro de proyectos, favoreciendo a terceros, durante el gobierno de su cónyuge”. La defensa de la ex primera dama rechaza su involucramiento en actos ilícitos.
En tanto, sobre el colaborador de clave 03-2019, el Ministerio Público indica que dará su testimonio sobre “el direccionamiento desde Palacio de Gobierno” en cuando a la conformación del Comiité de Proseguridad Energética durante la gestación del proyecto Gasoducto Sur Peruano, que luego sería ganado por Odebrecht.
El extremo de la acusación por el delito de colusión agravada es el más extenso y complejo. Ello se refleja en el número de pruebas ofrecidas para probar ese delito: son 607 documentales y 109 testigos nuevos (otros 13 se repiten con los ya ofrecidos por el delito de asociación ilícita). Con ello, el total de pruebas por ambos delitos es de 126 testigos y 694 documentales.
En esta segunda lista de testigos también figuran exejecutivos de Odebrecht, OAS y Graña y Montero, además de exministros y exfuncionarios de Palacio de Gobierno.
Destacan el exvicepresidente y excongresista Omar Chehade; los expresidentes del Consejo de Ministros Salomón Lerner, Óscar Valdés y Juan Jiménez; los exministros de Energía y Minas Juan Valdivia y Carlos Herrera Descalzi; el exministro de Economía Alonso Segura; el exministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal; el exministro de Agricultura Juan Manuel Benites; el exministro de Comercio Exterior José Luis Silva Martinot; y el expresidente del directorio de Petro-Perú Humberto Campodónico.
También figuran los excongresistas nacionalistas Víctor Isla, Teófilo Gamarra, Freddy Otárola, Álvaro Gutiérrez, Jaime Delgado y Martín Rivas; Hania Pérez de Cuéllar, exministra del actual gobierno, en su condición de exasesora en Palacio de Gobierno durante la gestión humalista; y amigas de la exprimera dama como Rocío Calderón y María Elena Llanos.
Adicionalmente, la fiscalía ofrece a procesados en otras carpetas de la trama Lava Jato, como el exgobernador cusqueño Jorge Acurio Tito, acusado de recibir coimas de Odebrecht; o el empresario Gerardo Sepúlveda, acusado de lavado de activos junto al expresidente Pedro Pablo Kuczynski; y otro colaborador eficaz con identidad en reserva y de código 02-2019.
La acusación por el caso Gasoducto Sur tiene un tercer extremo por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, esa parte del requerimiento no alcanza a Ollanta Humala, Nadine Heredia ni otro funcionario de su gestión. Por ese ilícito, en el que figuran acusados tres empresarios, la fiscalía presentó 10 testigos y 41 pruebas documentales.
"El caso Gasoducto Sur Peruano es uno de los casos que demuestra la persecución política contra mis patrocinados Ollanta Humala y Nadine Heredia. El caso se sustenta en las declaraciones de los primos José y Hernando Graña que no han podido probar la existencia de un pacto colusorio de mis patrocinados con Jorge Barata. Es más, Jorge Barata desmintió categóricamente a José Graña. Sin embargo, el Equipo Especial quiere justificar el alto presupuesto invertido, generando esta serie de casos sin sustento.
La tesis fiscal radica en un supuesto pacto colusorio entre mis patrocinados y el señor Jorge Barata para que la empresa Odebrecht gané la licitación del proyecto Gasoducto. El Ministerio Público, después de 7 años de investigación, no ha probado la existencia de ese pacto colusorio. La imputación se basa en el testimonio de José Graña, quien dijo que Jorge Barata le comentó que había conversado con mi patrocinada y que ella supuestamente le había dicho que iba apoyar a la empresa Odebrecht.
Sin embargo, el 14 de junio de 2023, cuando declaró en Sao Paulo, Jorge Barata señaló que él nunca le había dicho tal hecho a José Graña. En concreto, desmintió lo dicho por José Graña. Hay que recordar que por esa declaración le retiraron a José y Hernando Graña el requerimiento de prisión preventiva por el Caso Metro de Lima. El 24 de mayo de 2024, ante el juez del Caso Gasoducto, cuando le preguntaron si en algún momento Jorge Barata le dijo a él que Ollanta Humala o Nadine Heredia ayudarían a ganar la licitación de Gasoducto, José Graña declaró que Barata nunca le mencionó que le ayudarían a ganar la licitación.
En esa misma declaración, la del 14 de junio de 2023 en Sao Paulo, Jorge Barata dijo lo siguiente: 1) Nunca solicitaron a ningún funcionario público ganar la licitación de Gasoducto, 2) Nunca hicieron pagos a funcionarios públicos y 3) Se ganó la licitación respetando el ordenamiento jurídico peruano. Asimismo, Marcelo Odebrecht, cuando declaró en Sao Paulo en el 2022, señaló que la empresa ganó la licitación respetando el ordenamiento jurídico peruano. Desde el año 2017, la empresa Odebrecht viene señalando que no cometieron delito alguno en la licitación de Gasoducto.
Sin perjuicio de ello, debemos recordar que existen otros hechos que evidencian la postura de la defensa: 1) El Gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski resolvió el contrato de concesión a la empresa Odebrecht por falta de respaldo financiero y no por actos de corrupción. 2) La justicia constitucional señaló que Sempra, consorcio que perdió la licitación de Gasoducto, fue descalificado conforme a derecho. 3) El año pasado, el Poder Judicial absolvió a Claudia Hokama y Ramírez Cadenillas de la imputación de colusión por la licitación de Gasoducto".
¿Qué viene ahora?
El requerimiento fue presentado por la fiscal Geovana Mori ante el despacho del juez Leodán Cristóbal, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. En los próximos días, el magistrado debe notificar a las defensas de los 23 acusados (22 personas naturales y 1 persona jurídica).
A partir de ello, los abogados podrán responder a la acusación con observaciones de forma, con recursos para que el caso se archive por falta de pruebas o porque los hechos no constituyen un delito, y con sus propias listas de testigos y pruebas en el supuesto de que el caso llegue a juicio oral. Todo ello se debatíra luego en las audiencias de control de acusación que convoque el juez.
Dentro del control de acusación, el juez Cristóbal deberá controlar que la acusación cumpla todos los requisitos de forma y fondo para determinar si hay mérito para que el caso llegue a juicio. También deberá resolver todas observaciones y recursos que presenten las defensas.
Finalmente, el magistrado revisara cada una de los testigos y las pruebas por la fiscalía y las otras partes para determinar si serán útiles para el futuro juicio oral. Todo ese proceso, con base en experiencias previas de casos similares, puede tardar entro uno y dos años.
Ollanta Humala y Nadine Heredia tienen desde abril pasado una condena a 15 años de prisión por lavado de activos por la primera acusación que presentó contra ellos, en el 2019 el Equipo Especial Lava Jato. La segunda acusación contra el expresidente se formuló en febrero pasado y es por el Caso Club de la Construcción, donde se piden 13 años de condena para Ollanta Humala por supuestas coimas que habría recibido durante su gobierno.
La del Gasoducto Sur Peruano se presenta así como la tercera acusación por el Caso Lava Jato del exmandatario y la segunda de su esposa. Se trata de una acusación de menor complejidad que la del caso Club de la Construcción, por lo que también sería la próxima que lleva a juicio a la pareja, en caso supere el control judicial.
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