Cinco acuerdos ilícitos con Odebrecht y un perjuicio al Estado de más de US$ 200 millones: los detalles de la nueva acusación fiscal contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

De forma más amplia, la fiscal imputa a Ollanta Humala y Nadine Heredia haber cometido esos actos de corrupción como parte del funcionamiento de una organización criminal “enquistada” dentro del gobierno nacionalista (2011-2016).

El objetivo de esa presunta red habría sido favorecer los intereses de empresas constructoras, entre ellas Odebrecht, luego de que esta financió su campaña del 2011 para llegar a la Presidencia.

LEE TAMBIÉN | Tomás Gálvez cada vez más cerca de retornar al Ministerio Público: PJ rechaza suspenderlo en sus funciones

Bajo esta tesis, el Ministerio Público pide 35 años de prisión para Ollanta Humala y Nadine Heredia por los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.

Actualmente, sobre la pareja ya pesa una sentencia por lavado de dinero, precisamente por los aportes de Odebrecht a su campaña del 2011. Por esta, el expresidente cumple su condena de 15 años en el penal de Barbadillo, mientras que su esposa está en Brasil como asilada del gobierno de Luiz Inácio Lula de Silva.

El requerimiento es un amplio documento de casi mil páginas, de las cuales unas 250 están dedicadas a describir y apuntar presuntas irregularidades ligadas al proyecto del Gasoducto Sur Peruano.

La compleja investigación fiscal se remonta al 2017 y sus avances llevaron a que Nadine Heredia esté bajo arresto domiciliario, por orden del Poder Judicial, entre septiembre del 2020 y marzo del 2022.

El caso aborda desde la firma del contrato con Kuntur Transportadora de Gas para el proyecto Gasoducto Andino del Sur en 2008; cómo luego Odebrecht adquirió la mayor parte de Kuntur; la llegada de Ollanta Humala y Nadine Heredia a Palacio de Gobierno en el 2011; la gestación del proyecto Gasoducto Sur Peruano, ganado en el 2014 por la constructora brasileña como parte de un nuevo consorcio; y la renuncia de Kuntur (convertida en subsidiaria de Odebrecht) a la referida concesión del Gasoducto Andino del Sur.

Si bien ya había un vínculo entre ambas empresas desde el 2008, en el documento se describe cómo Odebrecht adquirió en abril del 2011 -cuando ya se daba el presunto financiamiento electoral a Ollanta Humala- la mayor parte de las acciones de Kuntur Transportadora de Gas. Por entonces, añaden, Odebrecht también acordó con su socia peruana, Graña y Montero, para que esta entre al proyecto.

Para ello, la acusación señala que la empresa brasileña necesitaba que el gobierno no ejecute la carta fianza de US$ 66.7 millones (a modo de garantía con el Estado), a raíz de que los plazos de la obra estaban avanzando y aún no iniciaban la construcción del proyecto.

En paralelo, la fiscalía señala que luego de ganar las elecciones con el financiamiento brasileño, Ollanta Humala y Nadine Heredia tuvieron un encuentro en Brasil con el entonces CEO de la constructora, Marcelo Obebrecht.

En ese encuentro, añaden, ellos le agradecieron el aporte a su campaña de US$ 3 millones y él le manifestó que para su empresa el proyecto del gasoducto era “prioritario”.

Ya dentro del gobierno nacionalista, la fiscalía acusa a Ollanta Humala y Nadine Heredia de haber “concertado” en torno al proyecto del gasoducto con el jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, durante una serie de reuniones sostenidas entre el último trimestre del 2011 y agosto del 2012.

Fruto de esos encuentros, la fiscalía identifica hasta cinco “acuerdos ilícitos” destinados a favorecer los intereses de la constructora:

-Dar por terminado el proyecto ‘Gasoducto Andino del Sur’ luego de que Odebrecht se asegure la conquista del subsiguiente proyecto ‘Gasoducto Sur Peruano’

-Que no se ejecute la citada “carta fianza” por US$ 66.7 millones, la cual aseguraba el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Kuntur Transportadora de Gas dentro del abortado proyecto Gasoducto Andino del Sur.

-Gestar el proyecto ‘Gasoducto Sur Peruano’ y convocarlo bajo el esquema de asociación pública privada (APP) para “darle continuidad” al proyecto Gasoducto Sur Peruano

-Favorecer fraudulentamente al consorcio integrado por Odebrecht durante la licitación del proyecto Gasoducto Sur Peruano

-Transferir el estudio de impacto ambiental y otros estudios del proyecto Gasoducto Andino del Sur al proyecto Gasoducto Sur Peruano.

Finalmente, el contrato del proyecto Gasoducto Sur Peruano se firmó en julio del 2014, adjudicado al consorcio integrado por Odebrecht y la española Enagás, al cual luego se sumaría Graña y Montero. El consorcio ganó el concurso con una oferta de US$ 7,328’654,511.

Poco después, en noviembre del 2014, el gobierno de Ollanta Humala aceptó la renuncia de Kuntur al proyecto Gasoducto Andino del Sur.

En tanto, el contrato del Gasoducto Sur Peruano se dejó sin efecto en enero del 2017, ya en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y en medio del estallido del Caso Lava Jato en Perú.

Para el Ministerio Público, Ollanta Humala “intervino en la ejecución del proyecto Gasoducto Andino del Sur, así como en la gestación, licitación, adjudicación y ejecución del proyecto Gasoducto Sur Peruano”.

Ello se hizo “defraudando al Estado peruano” y “con la finalidad de favorecer los intereses privados de la empresa Odebrecht”.

Como parte del sustento de su actuación, se cita la firma de hasta seis decretos supremos entre 2013 y 2014, ligados a ambos proyectos gasíferos.

La fiscalía también concluye que todas acciones generaron un perjuicio económico al Estado peruano por más de US$ 200 millones: US$ 66 millones por la no ejecución de la carta fianza, aproximadamente US$ 136 millones por la “afectación al principio de competencia” y a que no se tenga una propuesta económica menor a la que llevó a ganar a Odebrecht; y S/ 46,800 por las dietas de los miembros del Comité Proseguridad Energética no reembolsadas por Odebrecht.

La misma imputación se hace por el delito de colusión agravada en contra de Nadine Heredia, con la diferencia de que ella es señalada como cómplice y su esposo como autor del ilícito.

A la ex primera dama se le atribuye, adicionalmente, haber participado en hechos como la conformación del Comité Proseguridad Energética, reuniones con los miembros de ese comité y del Consejo Directivo de Proinversión, reuniones con ejecutivos de Graña y Montero y con Jorge Barata. Todo ello “evidencia que Nadine Heredia Alarcón coadyuvó en el acuerdo colusorio”.

Por el mismo delito son acusados un grupo de exministros y exmiembros del Consejo Directivo de Proinversión: Luis Miguel Castilla (Economía), Jorge Merino Tafur (Energía y Minas), Carlos Paredes (Transportes y Comunicaciones) y Eleodoro Mayorga (Energía y Minas). También se imputa el mismo delito a Jorge Barata, otras 10 personas naturales y una persona jurídica.

El presunto favorecimiento de lo que la fiscalía llama “pareja presidencial” a Odebrecht se inscribe dentro del presunto accionar de una organización criminal.

El Ministerio Público sostiene que se trata de una red “enquistada” dentro del gobierno de Ollanta Humala, con el mandatario y su esposa como líderes y con el objetivo de “favorecer a empresas constructoras brasileñas para que se hicieran con obras”.

“Se postula que los acusados Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón lideraron la organización criminal”, se lee en la acusación.

“La pareja presidencial, haciendo un perverso uso del poder, instrumentalizó el propio aparato estatal (…), desplegaron una serie de actos delictivos en el marco de proceso de contratación, toda vez que, en total contravención del correcto funcionamiento de la administración públcia, se coludieron con terceros para direccionar la buena pro de proyectos”, remarca.

La fiscalía ubica a los ministros ya mencionados, además del exministro René Cornejo, en el segundo nivel de esa presunta red, mientras que en el tercer nival ubican “miembros operativos de la estructura criminal”.

Esta habría operado desde el inicio del gobierno humalista hasta el 2015, tiempo en el que actuaron “copando diferentes cargos”, “direccionaron obras públicas y distribuyeron contratos estatales en favor de particulares”.

El requerimiento sostiene que Ollanta Humala ganó la “confianza” de directivos de la empresa OAS durante su campaña y, tal como se ya se estableció con una sentencia judicial, también recibió financiamiento de Odebrecht por disposición del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva.

En tanto, se remarca que Nadine Heredia también gozaba de la “confianza” de los representantes de OAS y, nuevamente en línea con su sentencia por lavado de dinero, recibió personalmente hasta US$ 2 millones de los aportes de Odebrecht a la campaña nacionalista del 2011.

Los presuntos actos de favorecimiento se verían reflejados no solo en lo referido al Gasoducto Sur, sino en otros casos donde se investigan proyectos donde participaron las empresas brasileñas en la gestión de Ollanta Humala. Allí están el Caso Club de la Construcción (donde el expresidente enfrenta una acusación donde se piden 13 años de prisión en su contra), el Caso Trasvase Olmos y el Caso Centro de Convenciones.

“Los líderes de la organización criminal (…) identificaron, tomaron conocimiento o gestaron una serie de obras o proyectos en los que tendría intervención o estarían (a) cargo de ministerios claves, en los cuales, entre otros, los terceros interesados/involucrado fueron empresas vinculadas a los conglomerados empresariales de origen brasileño: OAS y Odebrecht, las cuales financiaron la campaña presidencial de Ollanta Humala”, concluye la fiscal.

Entre los roles específicos del exmandatario, con la “asesoría de su cónyuge”, habría estado “designar, remover y mantener en puestos claves y momentos estratégicos a personas de confianza”, las cuales “ejecutaron actos propios de su función a fin de brindar cumplimiento a la línea pragmática de la organización”.

También se le atribuye haber tenido “injerencia directa o indirecta en proceso de contrataciones del Estado (…) a fin de favorecer a terceros, entre ellos empresas brasileñas”.

La acusación contra Ollanta Humala, Nadine Heredia y el resto de procesados cuenta también con una larga lista de testigos y pruebas documentales con las que la fiscalía buscará probar en un futuro juicio la culpabilidad de todos ellos. Antes, un tribunal deberá hacer un control de la acusación para evaluar si esta cumple los requisitos para avanzar a juzgamiento o si debe ser archivado. Así, el destino del caso hoy ya está en manos del Poder Judicial.

En comunicación con El Comercio, el abogado del expresidente y de la ex primera dama en este caso, Edison Huamán Chacón, calificó esta acusación y el caso Gasoducto Sur Peruano como una muestra de “la persecución política” contra sus defendidos

“El caso se sustenta en las declaraciones de los primos José y Hernando Graña que no han podido probar la existencia de un pacto colusorio de mis patrocinados con Jorge Barata. Es más, Jorge Barata desmintió categóricamente a José Graña. Sin embargo, el Equipo Especial quiere justificar el alto presupuesto invertido, generando esta serie de casos sin sustento”, afirmó.

El abogado dijo que la tesis fiscal se basa “en un supuesto pacto colusorio entre mis patrocinados y el señor Jorge Barata para que la empresa Odebrecht gané la licitación del proyecto Gasoducto”, pero que “el Ministerio Público, después de siete años de investigación, no ha probado la existencia de ese pacto colusorio”.

“La imputación del Ministerio Público se basa en el testimonio de José Graña, quien dijo que Jorge Barata le comentó que había conversado con mi patrocinada y que ella supuestamente le había dicho que iba apoyar a la empresa Odebrecht. Sin embargo, el 14 de junio de 2023, Jorge Barata, cuando declaró en Sao Paulo señaló que él nunca le había dicho tal hecho a José Graña. En concreto, Barata desmintió lo dicho por José Graña”, dijo.

Agregó que en esa misma declaración en Sao Paulo, Jorge Barata dijo que “nunca solicitaron a ningún funcionario público ganar la licitación de Gasoducto, nunca hicieron pagos a funcionarios públicos y se ganó la licitación respetando el ordenamiento jurídico peruano”.

Chacón también sostuvo que “por esa declaración le retiraron a José y Hernando Graña (exdirectivos de Graña y Motnero) el requerimiento de prisión preventiva por el Caso Metro de Lima”; pero que que en mayo del 2024, cuando le preguntaron si en algún momento Jorge Barata le dijo que Ollanta Humala o Nadine Heredia ayudarían a ganar la licitación de Gasoducto, José Graña respondió al juez del Caso Gasoductor Sur que “Barata nunca le mencionó que le ayudarían a ganar la licitación”.

“Existen otros hechos que evidencian la postura de la defensa: 1) El Gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski resolvió el contrato de concesión a la empresa Odebrecht por falta de respaldo financiero y no por actos de corrupción. 2) La justicia constitucional señaló que Sempra, consorcio que perdió la licitación de Gasoducto, fue descalificado conforme a derecho. 3) El año pasado, el Poder Judicial absolvió a Claudia Hokama y Ramírez Cadenillas de la imputación de colusión por la licitación de Gasoducto”, añadió.

Otro de los abogados de la pareja presidencial, Juan Carlos Portugal, sostuvo que la acusación no tiene sustento y aseguró que los exdirectivos de Odebrecht han negado pagos a funcionarios por este proyecto. Luego de la presentación del requerimiento, el juzgado del caso deberá notificar a las defensa en las próximas semanas.

“Es mucho título, es un requerimiento, sinceramente, distractorio. No obedece a lo que, en efecto, se ha traducido a nivel de los actos de investigación del Ministerio Público (...) Nos sorprendemos no solo por la pena, sino porque la acusación es un engaña muchachos, un distractorio irresponsable por parte del Ministerio Público.”, dijo Portugal a Canal N.