Esa es la conclusión -al menos en primera instancia- por la que los jueces del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, en una sentencia histórica y sin precedentes, declararon culpables del delito de lavado de activos agravado al expresidente Ollanta Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia.

Por ello, el juzgado impuso a ambos 15 años de prisión como condena, sanción que el expresidente deberá cumplir hasta el 28 de julio del 2039. En cuanto a su esposa, su pena se contará desde que sea capturada por la Policía, situación que se prevé que parece -de momento- imposible ante la decisión de Nadine Heredia de huir de la justicia peruana gracias al asilo político que le concedió el gobierno de Brasil tras su sentencia.

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El fallo da la primera respuesta del Poder Judicial a un caso de aportes clandestinos de las campañas electorales en el Perú, concretamente a las de Ollanta Humala en el 2006 y 2011.

Al final de la audiencia de lectura del adelanto de fallo, el expresidente fue detenido y se dictó una orden de captura con el mismo propósito para su esposa. En tanto, Nadine Heredia llegó a la embajada de Brasil para solicitar asilo al gobierno de Lula de Silva, cuyo partido -según la acusación que la llevó a ser condenada- fue el mismo que dispuso que Odebrecht aporte a su campaña del 2011.

Durante la última década, desde que esa investigación se inició en el 2015, la fiscalía postuló que este financiamiento desde el extranjero y su posterior introducción al sistema financiero peruano mediante aportes simulados y contratos ficticios constituyó el delito de lavado de dinero. Las defensas del expresidente y su esposa se centraron siempre en dos frentes: los aportes fueron negados y también se rechazó que ello califique como ese delito.

La imputación abrió un largo debate jurídico, con opiniones a favor y en contra a nivel de la prensa, sectores políticos y académicos. La polémica tomó incluso mayor relevancia cuando se extendió a casos similares de financiamiento de campaña, como el de Keiko Fujimori y el Caso Cocteles. Sin embargo, el Poder Judicial no se había pronunciado sobre un caso concreto mediante una sentencia. Hasta ahora.

Este martes, luego de tres años de juicio, la respuesta del juzgado fue una contundente victoria para la postura de la fiscalía: los tres jueces coincidieron en que los aportes de Odebrecht para la campaña del 2011 configuraron actos de lavado de dinero. También se concluyó por mayoría (dos jueces contra uno) que también lo fueron los aportes del gobierno de Hugo Chávez. La suma de ambas decisiones resultó en la condena de 15 años para la pareja y la decisión de que esta se ejecute de inmediato, al margen de si luego se confirma o no en segunda instancia.

La audiencia de la lectura de adelanto de sentencia estaba programada para las 9 a.m. Ollanta Humala y su abogado, Wilfredo Pedraza, así como las defensas legales del resto de acusados del caso, llegaron minutos antes. El expresidente ingresó a la sede judicial ante los gritos de un pequeño grupo de simpatizantes y sin responder a la prensa. En tanto, Nadine Heredia no asistió y solo se conectó de forma virtual. Su pedido de asilo a Brasil se conocería recién horas después de anunciarse su sentencia.

Al lugar también llegaron los fiscales del Equipo Especial Lava Jato: Germán Juárez y Trilce Cruz, el fiscal provincial y la fiscal adjunta que representaron al Ministerio Público durante todo el juicio; Rafael Vela, el fiscal superior del caso y el coordinador del grupo; y José Domingo Pérez, recientemente suspendido, pero quien estuvo al frente del Caso Cocteles, de composición y hechos similares al caso del Partido Nacionalista. Luego del juicio, ante la prensa, los otros fiscales le manifestaron su respaldo. También acudió la abogada Corina Trujillo, de la Procuraduría contra el Lavado de Activos.

La sesión judicial demoró una hora más de lo anunciado en iniciar, lo que hacía prever que había discordia entre los jueces del colegiado sobre la decisión. Sin embargo, las discrepancias terminaron siendo menores de las que, en la previa, anticipaban las partes. “Parece que no se ponen de acuerdo”, comentó brevemente a El Comercio Julio Espinoza, abogado de Nadine Heredia, cuando se le vio salir de la sede judicial en ese lapso.

La audiencia finalmente comenzó a las 9:55 a.m. Al inicio de la lectura, la jueza Nayko Coronado, como directora de debates del juicio y ponente de la sentencia, remarcó que a lo largo de todo el juicio se recibieron las declaraciones de 220 testigos y 10 peritos, y se evaluaron aproximadamente 1.198 documentos como pruebas.

El juzgado consideró como claves las declaraciones de más de 100 testigos que figuran como aportantes de las campañas del Partido Nacionalista del 2006 y 2011, pero que en el juicio negaron aportar haber dado dinero alguno o negaron haber dado la cifra que la agrupación liderada por Ollanta Humala consignó ante la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

“Han sido contundentes. Muchos de ellos han dicho ‘no tengo ni para comer y voy a dar S/ 10 mil’”, remarcó la jueza.

“57 testigos señalaron de manera enfática no haber realizado el aporte atribuido a través de la ONPE (…) Nos llama la atención que casi el 25% de los testigos que vinieron a juicio aseveró de manera contundente, pese a los intentos de las defensas por evidenciar aparentes contradicciones, que no (aportaron). Hacen un total de S/ 1′574,057.10”, dijo sobre la campaña del 2006.

“El panorama se agrava en cuanto a montos respecto a la campaña del 2011. Lo que más llama la atención es que el otro 25% del total de testigos, 55 personas que han venido a juicio, han referido no haber aportado el monto atribuido a través de la ONPE, lo informado por el Partido Nacionalista a las autoridades sobre cuál es el fundamente de sus ingresos. Las cuantías son mayúsculas”, agregó. “Solo sumando lo que han negado, permite sumar S/ 4,329,370 y US$ 36 mil no reconocidos”.

Para el juzgado, ese vacío abre la pregunta sobre de dónde salió realmente consignado. Ello los llevó a analizar la imputación de la fiscalía: que se trató de dinero de origen ilícito, el cual pudo ser presumido o conocido por los acusados.

El juzgado explicó que la prueba analizada llevó a concluir que, en lo referido a la campaña del 2006, hubo coordinaciones entre los acusados Ollanta Humala, Nadine Heredia, Ilán Heredia, Rocío Calderón, Antonia Alarcón y Eladio Mego relativos a contratos y movimientos bancarios con un objetivo: “dar legitimidad a dinero que, se ha verificado a través de los aportes campaña del 2006, (con) cerca de S/ 1.5 millón, es de aportes falsos” (…) Se considera que hay toda una dinámica con un objetivo: dar legitimidad a un dinero proveniente de una ilicitud”. La responsabilidad del propio Ollanta Humala se desprende de su liderazgo de la campaña y del partido con el que buscaba ese año la presidencia.

Entre los hechos analizados para llegar a esa conclusión, el juzgado consideró probado que hubo una serie de contratos ficticios firmados entre distintas empresas con Nadine Heredia. Una de ellas es, por ejemplo, la empresa Apoyo Total: dinero que sobró de esa campaña fue entregado por orden de la propia ex primera dama a esta empresa para que luego esta le pague de forma bancarizada por servicios ficticios. Ello llevó a pagos por un total de US$ 55 mil pagados entre el 2008 y 2009.

“Se ha descrito un mecanismo: el dinero sale del ámbito de disposición de la señora Heredia, va hacia Arequipa, hacia Apoyo Total. Esta coordina con su personal para que ese dinero sea depositado a cuentas de la empresa e ingrese su contabilidad, de tal manera que, a los días, se hace el pago de los presuntos servicios a Nadine Heredia. Es un camino que va y viene, que nace, según los testimonios, de un acuerdo que se solicita al señor Ollanta Humala, quien no lo ha negado”.

También se consideraron probados mecanismos similares con otros contratos a nombre de Nadine Heredia, como las de asesorías vinculadas a la palma aceitera (US$ 51,840), Daily Journal (US$ 4 mil), Operadora Canal de Noticias (US$ 4 mil), Centros Capilares (US$ 10,500), Dronaver (S/ 24 mil) y Todo Graph. En algunos de esos contratos habría tenido el apoyo de su hermano Ilán Heredia, quien actuó como tesorero de la primera campaña y fue condenado a 12 años de prisión por este mismo caso.

Otro aspecto es el de la empresa venezolana Kaysamak, que hizo depósitos desde un banco estadounidense a las cuentas de la madre de Nadine Heredia, Antonia Alarcón (US$ 67 mil), y de su amiga Rocío Calderón (US$ 18 mil). Luego, ese dinero fue retirado y depositado a la cuenta de Nadine Heredia en un banco local. Por estos hechos, Alarcón y Calderón fueron sentenciadas a cinco años de prisión suspendida.

Otro hecho determinante es que la empresa tenía un proceso judicial en Venezuela por no pagar deudas y que, pese a ello, hizo esos depósitos que llegaron hasta la acusada. “Esto está probado, evidencia que una empresa venezolana remite dinero. Llama la atención la forma, cómo estos dineros ingresan y llegan a la cuenta de la señora Heredia”, remarcó la magistrada.

En cuanto a la empresa Todo Graph, se concluyó que esta también fue usada para actos de lavado con contratos ficticios. No obstante, la responsabilidad de dos de los acusados por esos hechos, el excongresista nacionalista Santiago Gastañaduí y Maribel Arévalo Vela, no pudo ser acreditada, por lo que ambos fueron absueltos.

En contraste, el acusado Eladio Mego sí fue hallado responsable de haber hecho un préstamo de US$ 20 mil a Nadine Heredia con dinero que, según determinó el juzgado, le fue dado poco antes en la casa de los padres de ella misma. “Esto eleva la tesis de que fue un dinero ingresado a su cuenta y que al día siguiente lo transfiere, era prácticamente un dinero entrega de la disposición de Nadine Heredia. No hay constancia de que hubo una devolución (del préstamo). La actividad probatoria da a entender, en línea de todo lo demás, el afán de ingresar dinero de presunción ilícita en los mecanismos financieros regulares”. A él se le impusieron cinco años de prisión suspendida.

En otro momento, el juzgado consideró que las agendas de Nadine Heredia fueron una prueba lícita, al no probarse que fueron robadas y por los testimonios de que no solo ella escribió en esos cuadernos, sino también otras personas, como su exasesora Cynthia Montes o la excongresista Verónika Mendoza. “Por este lado, frente al derecho a la intimidad de los documentos privados, prima el interés público”, dijo la jueza.

La discrepancia entre los jueces fue respecto a si se puede considerar probado que el dinero fue enviado desde Venezuela y si tuvo una fuente ilícita. La postura que se impuso por mayoría fue la de las juezas Nayko Coronado y Juana Caballero, mientras que el juez Max Vengoa votó en discordia.

Las magistradas consideraron que al existir ese S/ 1.5 millón consignado por la campaña nacionalista del 2006 con origen desconocido, se debe mirar hacia cuál es su origen. En esa línea, se valoraron los testimonios de cinco testigos, entre ellos el exasesor humalista y colaborador eficaz Martín Belaunde Lossio, que dijeron haber visto maletines o mochilas con fajos de dólares, de los que “hay una mirada o una atribución hacia el país de Venezuela”.

“Todas estas personas coinciden en soportes materiales en los que veían fajos de dólares y todos aluden a que personajes como Nadine Heredia, Ollanta Humala y el propio Martín Belalunde Lossio yendo a la embajada de Venezuela o al domicilio del embajador de Venezuela, donde obtendrían estos dineros. No hay mayor contradicción en esas versiones”, destacó la jueza.

“Desde nuestra perspectiva probatoria, hay una procedencia ilícita de estos dineros. El tipo penal no señala la conversión: en este caso, dineros que se convierten en aportes formalizados, falsos, que trataron de tener legitimidad a través de mecanismos como contratos, y que provienen de una situación de ilicitud”, agregó. La magistrada indicó que la norma señala los hechos criminales o delitos como fuentes del lavado de dinero, esta también alude a “hechos por descubrir y hay una atribución directa de la fiscalía a que “el contexto criminal vendría desde Venezuela”.

Para el tribunal, esos testimonios sobre el origen venezolano de ese dinero, la participación de la empresa venezolana Kaysamak e incluso las opiniones públicas que daba por esa época Hugo Chávez sobre las elecciones del 2006 permiten acreditar el origen postulado por el Ministerio Público.

“Si este dinero venía de situaciones lícitas, tendría que ser formalizado. Lo subrepticio, lo que se intenta lavar, lo que hemos descrito (en esta parte de la sentencia), son hechos típicos y característicos del lavado de activos, que forjan, desde nuestra perspectiva, una procedencia ilícita del país de Venezuela. No se ha dado qué tipo de delito, qué personas, qué contexto. Eso no es una exigencia para ello”.

En cambio, el juez Max Vengoa consideró que el origen ilícito del dinero no había sido establecido de forma suficiente.

Respecto a la campaña del 2011, el juzgado destacó que si bien la justicia brasileña impidió que exdirectivos de Odebrecht como Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Fernando Migliaccio y Luiz Antonio Mameri se presenten en el juicio, las declaraciones que dieron durante la etapa de investigación sí se leyeron y se escucharon durante las audiencias.

A partir de estas, el juzgado consideró probado que “en efecto, hubo una transferencia de dinero, desde Brasil a Perú, de cerca de 3 millones de dólares, lo que sería para ellos 4 millones 800 mil reales brasileños”. Los exdirectivos refirieron que Marcelo Odebrecht, el CEO de la constructora, ordenó el aporte a Jorge Barata, el jefe de la empresa en Perú.

Jorge Barata, a su vez, relató que entregó la mayor parte del dinero personalmente a Nadine Heredia, dentro de maletas, luego de que ella le pidió que sea así.

De esas declaraciones también se estableció que la constructora tenía una ‘Caja 2’, donde se manejaba dinero de origen ilícito proveniente de actos de corrupción y que fue de donde salió el dinero para los aportes. También se consideraron las referencias en las base de datos de la empresa a las siglas ‘OH’ y a ‘Campaña Nac 3’, en alusión al expresidente.

“Por todos estos aspectos, podemos señalar que en la campaña 2011, en estos ingresos de dinero por parte de una empresa como Odebrecht, había un contexto de delito, sobre temas de corrupción. Si bien las defensas informaron que hubo una sentencia (de un exdirectivo de Odebrecht) que fue anulada por un tema de justicia electoral, eso no deja de lado la ilicitud”, dijo la jueza.

En este aspecto, el juzgado indicó que la participación de Ollanta Humala y Nadine Heredia es incluso “más evidente”. También se consideró el rol de Ilán Heredia como tesorero “de facto” de la campaña y de Mario Torres Aliaga, el tesorero formal, quien fue condenado a ocho años de prisión por estos hechos. No obstante, se absolvió de la acusación por estos hechos a los acusados Antonia Alarcón y Carlos Arenas Gómez Sánchez.

El juzgado también rechazó la pretensión de la procuraduría de anular la transferencia de un departamento que hizo Ollanta Humala a favor de su hija mayor. No obstante, sí impuso a todos los condenados una reparación civil de S/ 10 millones. Tampoco se accedió al pedido fiscal para disolver al Partido Nacionalista, al que en su lugar se impuso una multa de 100 UIT. Sí se ordenó la disolución y liquidación de la empresa Todo Graph.

Sobre el final, el juzgado consideró que el delito de lavado de activos se cometió con el agravante de organización criminal. Para ello, se consideró las similitudes entre los protagonistas, los hechos ocurridos y un mismo “modus operandi” respecto a las campañas del 2006 y del 2011.

“Ingresa el elemento personal, el elemento temporal. El modus operandi se aprecia en la similitud: aportes, contenido de falsedad, movimientos financieros y una particularidad resaltante: la procedencia extranjera en ambos casos, Venezuela y Brasil. Los lavados de activos en actos concretos, precisos, probados de una manera enfática; montos de dinero bastante llamativos en el 2006 y 2011, el elemento estructural, el elemento funcional: todo ello configura el agravante. Se ha cometido el delito de lavado de activos agravado”.

Con todo ello, el juzgado emitió su fallo: 15 años de prisión para Ollanta Humala (por mayoría) y Nadine Heredia (por unanimidad) como coautores del delito; 12 años para Ilán Heredia como coautor; 8 años para Mario Torres Aliaga como coautor; y 5 años para Antonia Alarcón, Rocío Calderón y Eladio Mego como cómplices primarios.

La pena para la pareja, para Ilán Heredia y para Mario Torres Aliaga es de ejecución inmediata. Para los otros tres condenados, si bien la pena es de cinco años de prisión, se dispuso que esta sea “suspendida en su ejecución por cuatro años, sujeto a reglas de conducta”. Es decir, no irán a prisión, a menos que incumplan esas reglas.

Culminada la lectura, la policía judicial detuvo de inmediato a Ollanta Humala y Mario Torres Aliaga, quienes estaban en la sala. En tanto, se ordenó la emisión de órdenes de captura para los hermanos Nadine Heredia e Ilán Heredia.

Por la mañana, desde su entorno habían dicho que la ex primera dama estaba en una clínica. Luego de la audiencia, ante una consulta de El Comercio sobre la ubicación de su defendida, el abogado de Nadine Heredia respondió con un tuit en el que decía que era inconstitucional que se ordene ejecutar la pena solo con el adelanto de fallo y sin haberse confirmado la condena en segunda instancia.

Horas después, la Cancillería peruana informó que Nadine Heredia había acudido por la mañana a la Embajada de Brasil en Lima y había solicitado asilo político. Por la noche, informaron que Brasilia había accedido a conceder el asilo y que el gobierno peruano iba a dar el respectivo salvonducto.

A su salida de la sede judicial, el abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza rechazó la sentencia del juzgado y la decisión de que este se ejecuta de forma inmediata, lo que calificó de “arbitrario”. “La regla es que las condenas tan altas deban de cumplirse solo cuando se confirmen en segunda instancia. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice exactamente eso”.

Por la tarde, el INPE confirmó luego que irá al penal de Barbadillo, donde están recluidos los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Su traslado se realizó por la noche, cuando ingresó por la puerta del complejo policial de Dinoes alrededor de las 8 p.m.

En tanto, el fiscal Germán Juárez dijo luego de la audiencia que el Ministerio Público tuvo una “responsabilidad histórica de acreditar un lavado de activos contra un expresidente”. “Ha quedado demostrado que el Ministerio Público, el Equipo Especial, ha hecho un trabajo objetivo y técnico, que no ha habido en ningún momento una persecución política. Es por eso que nos atacan: por estas investigaciones en que hemos tenido la valentía de enfrentar al poder político y empresarial (…) Esta sentencia condenatoria demuestra que aún hay justicia en el país”.

El fiscal Rafael Vela remarcó que es la segunda sentencia obtenida por el Equipo Especial contra un expresidente, luego de la de Alejandro Toledo, y que el mensaje de estas es que “la justicia debe ser para todos por igual, a pesar de las dificultades, las campañas de descrédito”. “Por eso nos atacan: por hacer nuestro trabajo, porque no nos hemos puesto de costado, nos hemos enfrentado a estos poderes”.

Ante una consulta de El Comercio, Juárez remarcó que esta sentencia ha establecido a nivel judicial que la ‘Caja 2’ de Odebrecht manejaba dinero ilícito, lo cual “es fundamental para otros casos que se vienen, como el Caso Cocteles, donde una principal acusada, Keiko Fujimori, también habría recibido de la empresa a través de la División de Operaciones Estructuradas (Caja 2)”. “Por más que la justicia brasileña quiera dejar sin efecto esos procesos (del Caso Lava Jato), acá en el Perú es distinto”, agregó.

La fiscalía había pedido originalmente penas de 20 años para Ollanta Humala y de 26 años y 6 meses para Nadine Heredia. Consultado respecto a si apelarán la sentencia para que las penas sean más altas, Germán Juárez dijo a este Diario que lo están evaluando. Todas las apelaciones, sean del Ministerio Público o de las defensas, recién podrán hacerse luego de la lectura completa de la sentencia, que será el 29 de abril.