Procuraduría pide que Ollanta Humala y Nadine Heredia paguen S/20 millones de reparación civil: “Ocasionaron un perjuicio al Estado”

Las solicitudes fueron parte de los alegatos de cierre de ambas partes, presentados este martes ante los jueces del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional. Como tal, forman parte del tramo final de este juicio, cuya sentencia se conocería a fines de febrero, según proyectó el tribunal durante la misma sesión.

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En la audiencia previa, realizada el lunes, la fiscalía también presentó sus alegatos finales. Allí ratificaron su pretensión de que Ollanta Humala sea condenado a 20 años de prisión y Nadine Heredia, a 26 años y medio. Todo ello fue como parte de la responsabilidad penal de ambos acusados, a quienes se les atribuye haber recibido dinero de origen ilícito del Gobierno de Venezuela (2006) y de Odebrecht (2011).

Las condenas requeridas contra la ex pareja presidencial y los otros acusados por este caso corresponden a sanciones de tipo penal. Cerrada esa parte, fue el turno de que la Procuraduría Contra el Lavado de Activos presente sus pretensiones en torno a la responsabilidad civil. Concretamente, su pedido para que los acusados, de ser hallados culpables, paguen entre todos un monto de reparación civil.

Corina Trujillo, abogada de la procuraduría, inició su alegato en la audiencia del lunes y lo culminó en la de este martes. Durante su exposición, en línea con lo afirmado previamente por la fiscalía, sostuvo que las pruebas actuadas a lo largo de los tres años que ha durado este juicio permitieron corroborar que Ollanta Humala, Nadine Heredia y el resto de acusados fueron culpables del delito de lavado de activos, con el agravante de organización criminal.

“Eran personas adultas, con capacidad de hacerse responsables de los daños que han causado. Actuaron con conocimiento y voluntad al cometer los actos ilícitos”, afirmó la abogada. “Prueba de ello es que se ha acreditado que actuaron con división de roles, como integrantes de una organización criminal formada para lavar dinero y, con ello, menoscabar la imagen de nuestro país”.

Como consecuencia, “el actuar desplegado por cada uno de los acusados ocasionó un perjuicio económico al Estado peruano, al orden económico y a la institucionalidad”. “Por tanto, al haberse probado en este juicio que los acusados han incurrido en responsabilidad civil, se solicita el monto de S/ 20 millones”.

La procuradora explicó que ese monto es fruto de la suma de dos cifras. La primera es por el monto presuntamente lavado en las campañas, que sería de S/ 14′388.978,99. “Estamos sumando el desbalance patrimonial más el origen de dinero desconocido”, acotó.

El resto se refiere al “cuantioso” perjuicio a la imagen y al funcionamiento del Estado que habrían generado estos actos. “Por ello, de manera subjetiva y para enviar un mensaje a la sociedad de desincentivar esta conducta en los ciudadanos, tomamos como daño a la moral, a la imagen, a la persona, a la institucionalidad el importe de S/ 5′611.021,01″, estimó.

“Sumados ambos, nos dan los S/ 20 millones que deberán pagar los acusados, en forma solidaria, como monto de reparación civil”, concluyó. “El monto solicitado está adecuado conforme a ley, no solo por el actuar delictivo que cometieron los acusados y la responsabilidad civil que estos tienen, sino también para dejar un mensaje profundo e histórico a nuestra sociedad”.

En el cierre de sus alegatos, la abogada también confirmó su pretensión de que se anule la transferencia de un departamento ubicado en la avenida Armendáriz, en el distrito limeño de Miraflores, hecha por Ollanta Humala a favor de su hija mayor, Illariy Humala, en diciembre del 2016. Por entonces, el expresidente y su esposa ya eran investigados por este caso.

De acuerdo con la procuraduría, la “única intención” de esa transferencia, hecha como un adelanto de herencia, fue “disminuir su patrimonio y hacerlo insuficiente para pagar una posible reparación civil”. Según la acusación fiscal, este departamento fue el lugar donde el exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, entregó dinero en efectivo a Nadine Heredia para la campaña nacionalista del 2011.

Concluida la participación de la fiscalía y la procuraduría, fue el turno de las defensas para hacer sus alegatos finales. La primera fue la del expresidente Ollanta Humala, a cargo del abogado y exministro Wilfredo Pedraza.

Durante su exposición, el abogado pidió la absolución de Ollanta Humala respecto a los dos cargos de lavado de activos (campaña del 2006 y del 2011), indicando que las pruebas presentadas por la fiscalía durante el juicio no fueron suficientes para establecer la culpabilidad de su defendido: “Por el contrario: la actuación probatoria ofrecida por el Ministerio Público y actuada en este juicio oral, resulta insuficiente, tanto para la campaña del 2006 como del 2011″.

“El Ministerio Público actuó medios probatorios que, en ocasiones, con manifiesta errada interpretación de lo que estaba presentando, tienen contenido irrelevante, medias verdades, información falsa introducida por personajes con prontuario policial y judicial, y que tienen una notoria animadversión hacia mi patrocinado (...) (Esto) supone una notoria insuficiencia probatoria, que no permite remontar el principio de inocencia al que tiene derecho mi patrocinado”.

En cuando los presuntos aportes del Gobierno de Venezuela a la campaña del 2006, aseguró que “no existe prueba actuada en juicio que permita corroborar la hipótesis de que el señor Hugo Chávez habría sustraído dinero del tesoro público venezolano y que ese dinero haya sido entregado a Ollanta Humala para financiar su campaña del 2006”.

También hizo énfasis en que “no existe el delito previo, no hubo un delito fuente” respecto a los presuntos aportes venezolanos en esa campaña. El delito previo, sostuvo el abogado, “queda en una especulación, en un discurso”.

La fiscalía sostiene que esos aportes se dieron en dos formas: transferencia de la empresa venezolana Kaysamak al entorno de los Humala-Heredia y entregas de dinero en efectivo que ingresaron al país mediante valijas diplomáticas.

La defensa admite que Kaysamak hizo esos depósitos, pero los atribuye a una aporte personal del empresario venezolano Julio Makarem. Afirmó que esto fue solicitado por Ollanta Humala tras conocerlo “en uno de sus tantos viajes “a Venezuela, con el objetivo de apoyar la fundación de su partido.

“Las transferencias de Kaysamak no tienen fuente ilícita, no es una operación ilícita, no se remitieron recursos de origen desconocido. Eran recursos de quien era titular de ese dinero. Para su remisión se utilizó el sistema bancario. Eran recursos privados que se donaban a otro privado”. aseguró. También sostuvo que las versiones que vinculan a esa empresa con el régimen chavista son “especulaciones”.

En cuanto al supuesto dinero en valijas, afirmó que en el juicio no se logró confirmar esa versión. “Los testigos han dicho lo mismo: nunca tuvieron certeza de que hubiera valijas diplomáticas con dinero venezolano para la campaña de mi patrocinado”, afirmó.

En cuanto a los testigos que sí refirieron haber recogido ese dinero o haberlos visto directamente, calificó esas versiones de “absolutamente inconsistentes” y las atribuyó a personas con “animadversión, enemistad y venganza” contra Ollanta Humala

Entre esos testigos están Martín Belaunde Lossio, exasesor humalista convertido en colaborador eficaz, y los excongresistas Gustavo Dacio Espinoza y Álvaro Gutiérrez. Sobre el primero, afirmó que “es un testigo que no tiene credibilidad y miente sin ningún rubor”.

El abogado fue particularmente crítico del testimonio de Belaunde Lossio, señalando que tiene una sentencia por el Caso La Centralita y un proceso por el Caso Antalsis; y que considera al expresidente responsable por su extradición al Perú desde Bolivia en el 2015.

“Resulta manifiesto su ánimo de venganza contra mi patrocinado (...) Miente cuando dice que recogió dinero en dos ocasiones de la sra. Virly Torres (exfuncionaria de la embajada venezolana). Miente cuando dice que recogió dinero de Jorge Barata para la campaña 2006″, afirmó. “La versión de Martín Belaunde Lossio carece absolutamente de veracidad”.

“No existen elementos probatorios que permitan afirmar que hubo ingresos de Venezuela a la campaña del señor Humala (…) Si no ingresó dinero de Venezuela, no hay tampoco actos de conversión que se habrían derivado de ese origen. En ese extremo, la defensa solicita la absolución del señor Ollanta Humala Taso", concluyó.

En cuanto a la campaña del 2011, la fiscalía acusa a Ollanta Humala de haber recibido 3 millones de Odebrecht para su campaña, por orden del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil. Una parte de ese dinero habría sido pagada al publicista Valdemir Garreta en Brasil, y el resto habría sido entregado personalmente por Jorge Barata a Nadine Heredia en el referido departamento en Miraflores.

En respuesta, Wilfredo Pedraza aseguró que no hubo en el juicio suficientes pruebas “respecto a la supuesta entrega de aportes para la campaña del 2011 del señor Jorge Barata a la señora Nadine Heredia”. “Es manifiesta la ausencia de elementos de corroboración y manifiesta la ausencia de una operación estructurada que sustente el circuito a través del cual habría llegado ese dinero”.

El abogado atacó principalmente al testimonio de Jorge Barata. Este testigo no declaró en el juicio, como consecuencia de un recurso promovido por la defensa de Ollanta Humala en Brasil para que se prohíba a todos los exejecutivos de la empresa Odebrecht dar sus testimonios. Sin embargo, la fiscalía sí leyó sus declaraciones previas.

El abogado afirmó que el propio Jorge Barata admitió que no llevó un registro de las supuestas entregas. Además, sostuvo que “no hay testigos que corroboren” que le dio dinero personalmente a Nadine Heredia.

“El Ministerio Público no ha acreditado cómo llegaba ese dinero al país, no ha confirmado si realmente ese dinero llegaba (…) No existe una ruta del dinero que haga verosímil la llegada de ese recurso. La versión del señor Barata es solitaria: nadie ratifica que él entregó dinero a Valdemir Garreta en Brasil y nadie respalda la entrega de dinero a la señora Heredia en Lima", afirmó.

La defensa también consideró que ninguno de los otros exdirectivos de Odebrecht, cuyas declaraciones también se leyeron en el juicio, sirvieron para corroborar la versión de Jorge Barata o para corroborar que esas entregas realmente se hayan ejecutado.

Por ejemplo, sostuvo que a Marcelo Odebrecht, el ex CEO de la constructora, quien habría ordenado el aporte a pedido del PT, “no le consta que este se haya efectuado”. “Podemos decir enfáticamente que el testimonio de Marcelo Odebrecht no confirma la tesis de entrega a la sra. Nadine Heredia, ni la entrega de dinero al nacionalismo para la campaña del 2011″, manifestó.

“La imputación formulada por Jorge Barata, recogida por el Ministerio Público, resulta insuficiente en términos probatorios. Respecto a la campaña 2011, sobre un supuesto aporte de US$ 3 millones entregado en efectivo en Brasil y en Lima, la única persona que refiere ese hecho es Jorge Barata. Ningún funcionario de Odebrecht valida ni la entrega en Brasil ni en Lima a la señora Heredia. No existe ningún documento“, aseguró.

Por ello, también requirió la absolución del expresidente por esos hechos, alegando una “notoria insuficiencia probatoria”. “El señor Ollanta Humala no recibió dinero maculado, Odebrecht no entregó dinero maculado al nacionalismo ni a personajes de su entorno. En consecuencia, no existieron saldos de esa campaña que habrían sido materia de conversión en la lógica de lavado de activos”, aseveró.

Pese a negar la recepción de ese dinero el abogado también afirmó que, “siguiendo la lógica de la acusación fiscal”, Ollanta Humala y Nadine Heredia “no estaban en condiciones de presumir, razonablemente, que Odebrecht manejaba recursos de origen ilegal”. “En el 2011, nadie en nuestro país estaba en condiciones de saber o presumir que Odebrecht manejaba dinero maculado, de suponer que manejaba una ‘Caja 2′“, dijo.

Las casi cuatro horas de exposición no fueron suficientes para que el abogado de Ollanta Humala culmine con su alegato de cierre. Por ello, el juzgado dispuso que su presentación termine en la próxima audiencia, del lunes 27 de enero, para lo que se le dará aproximadamente media hora.

Luego será el turno de la defensa de Nadine Heredia, a cargo de Julio Espinoza, para dar sus alegatos de cierre. El abogado indicó al juzgado que se tomaría, como mínimo, el mismo tiempo que su colega Wilfredo Pedraza. Es decir, al menos cuatro horas.

La jueza Nayko Coronado, directora de debates del juicio, anunció luego las próximas fechas del juicio y el orden en que el resto de defensas darán sus alegatos de cierre. El 29 de enero lo harían los abogados de Ilán Heredia y la empresa Todo Graph; el 4 de febrero, los de Maribel Vela Arévalo, Eladio Mego y Rocío Calderón; el 11 de febrero, los de Antonia Alarcón, Carlos Arenas y Julio Torres; y el 14 de febrero, del Partido Nacionalista.

Luego de ello, según indicó la magistrada, habría una audiencia más para que exponga la defensa de Illariy Heredia, que se opone a anular la transferencia del departamento, “para luego ya estar definiendo el caso en las siguientes semanas“. Es decir, la sentencia se conocería a fines de febrero o, a más tardar, a inicios de marzo.