Pablo Sánchez, fiscal de la Nación interino: ¿quién asumirá en su lugar y qué movidas se esperan en el Ministerio Público?

Los próximos días serán de cambios y decisiones claves en el Ministerio Público. El fiscal supremo Pablo Sánchez asumió este jueves como fiscal de la Nación interino ante la suspensión de Patricia Benavides, ordenada por la Junta de Nacional de Justicia y notificada al resto de integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. Sin embargo, tiene previsto ceder el encargo el próximo lunes al fiscal supremo Juan Carlos Villena.

La sanción impuesta a Patricia Benavides busca proteger el procedimientos disciplinario que se le inició tras ser señalada como presunta líder de una red criminal en la institución. Durará seis meses o hasta que el proceso culmine con su absolución o su destitución del cargo. Todo ello hace imposible que siga ejerciendo como fiscal suprema y, en consecuencia, como fiscal de la Nación.

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En un escenario en el que el fiscal de la Nación esté impedido de seguir ejerciendo el cargo, la ley establece que este pasa a ser ocupado de forma interina por el fiscal supremo titular de mayor antigüedad en el cargo. En este caso, le corresponde a Pablo Sánchez, quien fue nombrado en ese puesto en el 2005.

Fue así que, tras ser notificado de la suspensión y ante lo que prevé la ley, Pablo Sánchez acudió este jueves por la mañana al despacho de la Fiscalía de la Nación. Lo hizo para asumir como interino y para la entrega de cargo del que Patricia Benavides fue removida. Para esto, tuvo que convocarla. A pesar de que su abogado había dicho que la entrega recién se haría el unes, El Comercio conoció que la suspendida fiscal sí acudió.

Una de las primeras acciones de Pablo Sánchez fue disponer las medidas de seguridad necesarias respecto a todo lo que pueda ser evidencia en la investigación que involucra a Patricia Benavides. Esta no incluye directamente a la fiscal, sino a sus asesores, pero será tarea del próximo fiscal de la Nación evaluar si le abre una investigación preliminar directamente a ella y a los congresista que pudieran estar involucrados.

Pablo Sánchez no ocupará ese cargo por mucho tiempo. Fuentes de El Comercio indicaron que declinará como fiscal de la Nación interino este lunes en favor de Juan Carlos Villena quien, además de él, es el único fiscal supremo titular habilitado, en una reunión de Junta de Fiscales Supremos que ha convocado para ese día. La declinación se hubiese hecho oficial este mismo jueves, pero por ser feriado, recién podrá hacerse ese día.

En teoría, la Junta de Fiscales Supremos tiene cinco plazas para titulares, más un fiscal supremo que se envía como representante del Ministerio Público ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, a la fecha solo hay dos plazas de fiscales supremos titulares habilitados: Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena.

Las otras dos, Patricia Benavides y Zoraida Ávalos, no pueden ejercer. La primera está suspendida por la JNJ y la segunda, inhabilitada por el Congreso. Una quinta fiscal suprema, Delia Espinoza, fue enviada durante la gestión de Benavides al Jurado Nacional de Elecciones. Ella ha pedido insistentemente reincorporarse ante la Junta de Fiscales Supremos, solicitud que hasta ahora no ha sido atendida.

Los motivos de Pablo Sánchez para declinar el cargo son principalmente institucionales. Ya ocupó el mismo entre 2015 y 2018, y nuevamente por unos meses en la primera mitad del 2022. En ambas ocasiones, todo partió de un interinato, pero le tocó asumir decisiones importantes y enfrentar momentos críticos para la institución. En esa línea, de acuerdo con fuentes de este Diario, el fiscal considera que la jefatura el Ministerio Público requiere una renovación.

Pablo Sánchez, reconocido dentro y fuera del Ministerio Público como un destacado penalista, asumió como fiscal de la Nación interino en enero del 2015. Esto luego de que el Consejo Nacional de la Magistratura (antecesor de la actual JNJ) suspendió en diciembre del 2014 al entonces fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Aquella vez, también se le encargó el puesto por ser el fiscal supremo más antiguo.

Para julio del 2015, la Junta de Fiscales Supremos lo eligió formalmente como fiscal de la Nación para el período 2015-2018. En ese plazo, entre otras acciones, lideró la institución en medio de casos como el de Martín Belaunde Lossio, La Centralita, Rodolfo Orellana, las agendas de Nadine Heredia, y, finalmente, el Caso Odebrecht y los inicios del Caso Cuellos Blancos del Puerto.

Durante esa primera gestión, además, nombró al fiscal superior Rafael Vela como coordinador de las fiscalías contra el lavado de activos y creó el equipo especial Lava Jato, inicialmente bajo la dirección de Hamilton Castro. También enfrentó un intento de la bancada de Fuerza Popular de destituirlo mediante una denuncia constitucional, en medio de los inicios de la investigación a Keiko Fujimori por el ‘Caso Cócteles’, que hoy está en etapa de juicio.

En marzo del 2022, Pablo Sánchez volvió a asumir de forma interina tras el final de la gestión de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación (2019-2022). El escándalo del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ los había dejado solo a ellos dos como fiscales supremos y no había otra opción. Su interinato duró hasta que la JNJ nombró a Patricia Benavides y Juan Carlos Villena como fiscales supremos y, posteriormente, la primera fue elegida como nueva fiscal de la Nación.

Por esos meses, Pablo Sánchez impulsó la primera investigación preliminar contra el entonces presidente Pedro Castillo, por el caso Puente Tarata. Ello implicó un cambio de la postura tradicional del Ministerio Público respecto a que no se podía indagar a un mandatario en funciones, la cual fue continuada por Patricia Benavides. Adicionalmente, dio continuidad a los equipos especiales del Caso Lava Jato y el Caso Cuellos Blancos.

Una vez que Pablo Sánchez decline formalmente en el encargo, este pasará a Juan Carlos Villena, fiscal supremo desde junio del 2022. Nacido en Juliaca (Puno) hace 56 años, es abogado por la Universidad Católica de Santa María (Arequipa) desde 1992 y registra una carrera de casi 30 años en el Ministerio Público. Tiene una maestría por esa misma universidad, un doctorado por la Universidad San Martín de Porres (Lima); y ha sido consejero y vicepresidente de la Academia de la Magistratura.

Fue fiscal de prevención del delito en Arequipa y Huancavelica (1995-2003); fiscal superior mixto (2004-2009), fiscal superior en lo civil y familiar (2009-2011) y fiscal superior penal (2013-2022), todo ello en Ica. En esa región también fue jefe de la Oficina de Control Interno (2011-2013) y presidente de la Junta de Fiscales Superiores (2015-2016). Ya como supremo, se le encargó la Fiscalía Suprema de Familia.

Fuentes ligadas al Ministerio Público comentan que se trata de un fiscal supremo que -al menos en su primer año y medio en el cargo- se mantuvo al margen de las habituales pugnas internas en la institución. El pasado lunes 27 de diciembre, tras conocerse la operación ‘Valkiria V’ y la investigación que involucra a Patricia Benavides, él y Pablo Sánchez le exigieron su renuncia al cargo de fiscal de la Nación.

Una de las primeras decisiones que deberá tomar Juan Carlos Villena es la de si inicia una investigación preliminar contra Patricia Benavides y los congresistas que pudieran estar involucrados en el caso. Solo él podría hacerlo por tratarse de altos funcionarios aforados o con antejuicio (inmunidad). Ello se basará en los informes que pueda remitirle el equipo especial contra la corrupción en el poder (Eficcop), a cargo de esa indagación.

Luego, tendrá que evaluar la posible incorporación de Delia Espinoza a la Junta de Fiscales Supremos. Para ello, tendría que enviar a un fiscal supremo provisional al JNE. También podría volver a encargar la coordinación del Eficcop a la fiscal Marita Barreto, cesada de forma polémica por Patricia Benavides tras conocerse la investigación que la involucra. Barreto presentó una apelación a su cese ante la Junta de Fiscales Supremos que hasta ahora no ha tenido respuesta.

Como fiscal de la Nación, también podrá revisar las designaciones de los fiscales coordinadores de las fiscalías especializadas (Denuncias Constitucionales, Crimen Organizado, Anticorrupción, Lavado de Activos, Narcotráfico, Derechos Humanos, terrorismo, etc.) y de los equipos especiales: Lava Jato, Cuellos Blancos y muertes en protestas. A través del Área de Denuncias Constitucionales, en particular deberá tomar decisiones en torno a investigaciones preliminares a altos funcionarios en marcha, como las de Pedro Castillo, Dina Boluarte y decenas de congresistas, desde ‘Niños’ hasta ‘Mochasueldos’.

Patricia Benavides puso o encargó a fiscales de su confianza en esos puestos, como Marco Huamán en Denuncias Constitucionales y Marena Mendoza, nombrada en Derechos Humanos y en el equipo especial por las muertes en protestas pese a no tener experiencia en ese campo. Luego, en medio de la crisis, Mendoza se mantuvo cercana a ella y le fue encargada la jefatura del equipo especial Lava Jato tras la suspensión de Rafael Vela.

A propósito del equipo especial Lava Jato, Villena también podrá abordar la situación de ese grupo. Sus integrantes han rechazado la designación de Marena Mendoza y han pedido se asigne a otro encargado de la coordinación. Esto mientras el Poder Judicial resuelve el pedido de Rafael Vela para anular su suspensión dictada por la Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público.

Por último, Villena también podrá revisar las designaciones de Patricia Benavides en puestos de confianza claves, como las distintas gerencias del Ministerio Público y los asesores principales. Fue allí donde, según la investigación del Eficcop, se instaló la presunta red integrada por los asesores Jaime Villanueva (hoy colaborador eficaz), Miguel Girao y Abel Hurtado.