DTEl juez de investigación preparatoria Saúl Peña Farfán impuso 18 meses de impedimento de salida del país contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Esto por una investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, negociación incompatible y otros.
El juez de investigación preparatoria Saúl Peña Farfán impuso 18 meses de impedimento de salida del país contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Esto por una investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, negociación incompatible y otros.
La resolución será notificada a la División de la Policía Judicial y a la Superintendencia Nacional de Migraciones. El plazo se computará desde este jueves hasta el 28 de febrero de 2026.
La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios investiga a Benavides por presuntamente liderar una organización criminal. Además, por supuestas acciones ilícitas para remover al fiscal superior Rafael Vela y al fiscal provincial José Domingo Pérez.
La exfiscal de la Nación también es investigada por presuntas coordinaciones con congresistas para inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y elegir al defensor del Pueblo. Por último, por presuntos acuerdos ilícitos con el congresista José María Balcázar (Perú Libre).
La fiscalía había solicitado 36 meses de impedimento de salida del país contra Benavides. Según su hipótesis, la exfiscal de la Nación habría direccionado y coordinado tareas destinadas a cometer actos de corrupción de funcionarios y otros delitos para beneficio propio y de su entorno.
Testimonios claves
El juez Peña consideró que se cumplen los presupuestos para ordenar el impedimento de salida del país. Estos son tres: la existencia de indicios de criminalidad, que la posible pena de prisión por los delitos investigados sea mayor de tres años y que el impedimento de salida del país sea indispensable para la averiguación de la verdad, evaluado en base a un test de proporcionalidad.
Para el magistrado, “hay datos más allá de una sospecha simple, para investigar lo que sería una organización criminal”.
Peña destacó, entre otros, el testimonio de Jaime Villanueva, quien fue asesor y colaborador de confianza de Benavides.
Villanueva se ha referido a supuestas coordinaciones del entorno de Benavides para archivar investigaciones contra diversos congresistas a cambio de que estos voten por la inhabilitación de Zoraida Ávalos.
El juez también destacó la declaración de un testigo protegido. Este señaló que Benavides se encontraba interesada en conocer y controlar el Equipo Especial de Fiscales a cargo del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, por su relación con investigados en ese caso.
“Los datos conocidos resultan suficientes para justificar el impedimento de salida del país requerido por el Ministerio Público”, señaló Peña.
Las posibles penas
El delito de organización criminal agravado está previsto en el artículo 317° del Código Penal. La sanción en su tipo básico es de entre ocho y 15 años de cárcel. En tanto, en su modalidad agravada, asciende a entre 15 y 20 años de prisión. Esto supera el mínimo de tres años requerido para la imposición de impedimento de salida del país.
Además, para el delito de cohecho activo específico se establece una pena no menor de cinco ni mayor de ocho años de cárcel; y para tráfico de influencias, entre cuatro y seis años.
La exfiscal de la Nación también es investigada por presuntos cohecho activo genérico, cohecho pasivo específico, cohecho pasivo propio, negociación incompatible y patrocinio ilegal.
“Se advierte que la mayoría de los delitos imputados superan ampliamente el umbral requerido para la procedencia del impedimento de salida del país”, concluyó el juez.
Caso complejo
El magistrado señaló que, además de la pluralidad de cargos, en el caso están comprometidos altos funcionarios del Estado, como congresistas, funcionarios del Ministerio Público y magistrados.
Destacó que la investigación aborda un caso que puso en crisis institucional al Ministerio Público, al Congreso y a la Junta Nacional de Justicia.
“Se trata de un caso complejo, emblemático para el interés del país, por lo que las investigaciones deben llegar a la verdad. Para ello, las diligencias no deben tener mayores dificultades. [...] a los efectos del esclarecimiento de los cargos y la implicancia de los mismos, resulta idónea limitar la salida del país de la investigada”, señaló.
Para el juez, la medida de impedimento de salida del país resulta adecuada al no ser una medida tan lesiva como lo sería la prisión de la libertad efectiva.
De acuerdo al requerimiento fiscal, Benavides tendría facilidades para abandonar el país, ya que cuenta con familiares en Chile. No obstante, el magistrado señaló que el solo hecho de tener familiares en el extranjero no resulta suficiente para acreditar un riesgo de fuga.
El juez también concluyó que Benavides tiene arraigo laboral, ya que ejerce la docencia universitaria; y arraigo familiar, pues tiene dos hijas que aún dependen de ella.
“Sin perjuicio de ello, ya existe pronunciamientos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República [...] Al tratarse de seis hechos con cargos delictivos graves, penas probables elevadas, existencia de elementos de convicción suficientes (de acuerdo al estadio procesal) y en aras de salvaguardar la investigación fiscal, garantizar el cumplimiento efectivo de una sentencia de ser el caso y asegurar los fines del proceso, la presente medida debe ser otorgada”, señaló.
El juez añadió que no encuentra otra medida de menor intensidad que pueda ser idónea en el caso de Benavides.
Concluyó que la medida resulta proporcional. Esto porque Benavides podrá desarrollar sus actividades laborales, personales y sociales con normalidad en el Perú; y a la vez, se asegura su presencia durante el proceso.
Cuestiona la resolución
El abogado y excongresista Jorge del Castillo, defensor legal de Benavides, informó que apelará la resolución, que consideró “fuera de lugar” y sin “justificación”.
“Me parece un abuso, no hay ninguna justificación para que esto suceda. Es parte de un ensañamiento. [...] Veo que [la resolución] tiene 134 páginas, lo que me lleva a pesar que esto ya lo tenían preparado. [...] Nadie redacta una resolución de 134 páginas en el corto tiempo que han tenido. Eso es una cuestión de forma”, dijo.
Del Castillo añadió que “Benavides tiene completo arraigo domiciliario, completo arraigo laboral, una familia constituida en Lima e hijos menores. [...] Pero intuíamos que esto iba a pasar”.
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