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En solo tres semanas, los implicados en la presunta red criminal que la ahora ex fiscal de la Nación Patricia Benavides habría encabezado al interior del Ministerio Público pasaron de tres a diez, entre ellos un exministro aprista, un fiscal supremo adjunto y el jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) de la referida institución.
Esto de acuerdo a un organigrama elaborado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que ya ha abierto investigación por el presunto delito de organización criminal a siete de estas personas [ver nota vinculada].
¿Pero quiénes son los nuevos sindicados como operadores de Benavides? ¿Y cuál era el otro gran objetivo de esta cúpula más allá de sus tratativas en el Congreso para la elección del defensor del Pueblo, la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)? A continuación, las respuestas.
A Jaime Villanueva, sometido a colaboración eficaz, Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza- quienes fueron asesores de la suspendida fiscal suprema- se suman los nombres de Hernán Garrido Lecca, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el segundo gobierno aprista (2006-2011), del abogado José Luis Hauyón Dall’Orto, y de Rudy Aguedo Del Castillo, asesor de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.
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Garrido Lecca, Hauyón y Aguedo Del Castillo habrían sido piezas clave para que la presunta red criminal concrete la suspensión en la ANC-MP del fiscal superior Rafael Vela y luego su destitución como coordinador del equipo especial Lava Jato en noviembre último.
Precisamente, el también exministro de Salud es investigado por esta oficina por presunto lavado de activos y asociación ilícita para delinquir por los aportes que la firma brasileña Odebrecht habría realizado a la campaña del fallecido expresidente Alan García en el 2006.
Por su parte, Hauyón es abogado del Sodalicio en una investigación por lavado de activos.
Villanueva, como parte de su colaboración eficaz, narró que detrás del jefe de la ANC, Juan Fernández Jerí, están los “intereses” de Garrido Lecca y Hauyón, porque este fue nombrado en su cargo por la JNJ “con la ayuda de ellos y les debía ese favor”. Agregó que la suspensión de Vela buscaba debilitar “la capacidad persecutoria” de sus dos equipos en las pesquisas en las que el exministro y el letrado tenían interés.
El 24 de noviembre último, Fernández cedió a las presiones de la cúpula de la fiscal de la Nación y emitió la ratificación de la sanción al fiscal superior.
De esta manera, según la tesis fiscal, la organización criminal alcanzó uno de sus objetivos: “copar” los equipos especiales de fiscales y los subsistemas de fiscalías especializadas “a través de la conclusión de designación o suspensión de funciones de fiscales superiores, adjuntos supremos y/o coordinadores nacionales”.
La salida de Vela y otros fiscales habría sido orquestada por Benavides “por no ser afines a sus planes delictivos o por resultar incómodos a los mismos”, añadió el Eficcop en su pesquisa.
También porque apuntaba a “beneficiar” con “archivos o sobreseimientos” a causas penales donde tenía intereses.
Barreto, el otro objetivo
El mismo día que alistó la resolución de destitución del fiscal superior del equipo especial Lava Jato, la entonces fiscal de la Nación- de acuerdo a la investigación- buscó motivos para remover a la fiscal Barreto del Eficcop. Y para ello, recurrió a sus “ojos y oídos” en ese grupo: el fiscal adjunto provisional Guillermo Silva Loli.
Silva Loli, quien este miércoles fue retirado del Eficcop, fue llamado a esta cita, donde el fiscal adjunto supremo Marco Huamán le preguntó sobre el desempeño de Barreto, “evidenciándose que estaban buscando razones para advertir algún mal desempeño” de esta “”y esto sirva de sustento” para “removerla”.
Como parte de su colaboración eficaz, Villanueva ha referido que en la designación de Silva Loli tuvieron protagonismo Huamán, el fiscal provincial del área de enriquecimiento ilícito Ricardo Dulanto Ysla y la esposa de este último, la abogada Claudia Ruiz Mesías. Ella lo habría recomendando al ser amigos desde la universidad.
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Ruiz Mesías está comprendida en la investigación del Eficcop por el presunto delito de organización criminal, mientras que Huamán y Dulanto Ysla han sido incluidos en el organigrama de la red.
El domingo 26 de noviembre, horas antes de la detención preliminar de Villanueva, Dulanto llamó a Silva Loli para preguntarle lo siguiente: “¿Sabes si el Eficcop va a golpear? ¿Le van a caer a un asesor de la fiscal de la Nación?”.
Con ello, dio a entender que en la cúpula del Ministerio Público tenían conocimiento sobre la operación para detener a Villanueva.
Silva Loli respondió que se había percatado que el fiscal Freddy Niño Torres “venía realizando diligencias fuera de la oficia”.
“Entonces, es el equipo 3 [del Eficcop] el que ha estado saliendo, ah, ok”, replicó Dulanto Isla antes de cortar la comunicación.
Finalmente, la noche del lunes 27 de noviembre, la entonces fiscal de la Nación destituyó a Barreto del Eficcop. No obstante, una semana y media después, ella retornaría al cargo. Esto luego de la JNJ suspendiera a Benavides y el fiscal supremo Pablo Sánchez, quien asumió la Fiscalía de la Nación interinamente y por pocos días, la restituyera.
Precisamente, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, dejó este miércoles sin efecto la designación de Silva Loli como fiscal adjunto provincial provisional y su destaque al Eficcop.
Según la resolución N°3552-2023-MP-FN-publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano- el 15 de diciembre último el abogado ya había presentado su renuncia.
La protección a su hermana
Antes de los retiros de Vela y de Barreto, Benavides puso en la mira- de acuerdo a la investigación del Eficcop- a Bersabeth Revilla, quien fue retirada a fines de julio de 2022 de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Este despacho investigaba a la jueza superior Enma Benavides, hermana de la entonces fiscal de la Nación.
La jueza Benavides es acusada de liberar a procesados por narcotráfico a cambio de sobornos.
Ante los cuestionamientos que generó la salida de Revilla, que también dejó el equipo especial de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la titular del Ministerio Público le encargó a Girao que “elabore un informe de baja productividad” de las investigaciones que había dejado la fiscal suprema adjunta.
Y a inicios de agosto, nombró al fiscal Uriel Terán, con quien “habría coordinado”, según la tesis del Eficcop, la presentación de “requerimiento de sobreseimiento” a favor de su hermana. Hecho que se cumplió. La fecha pactada para concretar esta acción fue en febrero último en el contexto de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. ¿La razón? Para que no tenga “mucha repercusión”.
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En su hipótesis de trabajo, el Eficcop remarca que la presunta red criminal de Benavides “ha instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio particular”.
También advirtieron que la fiscal de la Nación- por medio de Villanueva, Girao y Hurtado, estos dos últimos otros de sus asesores-ha influido “ilícitamente” en decisiones de los congresistas para “sostenerse en el cargo público” y para “contar” con “un defensor del Pueblo a la talla de la organización criminal”.
Y subraya que tras “el avance de las investigaciones” se ha logrado identificar “a más integrantes” de la organización criminal, que habrían incurrido también en el presunto delito de tráfico de influencias, así como en actos de encubrimiento personal y real.
El equipo especial de Barreto detalla, además, que la red no solo comprende la participación de los investigados mencionadas líneas arriba, sino de “personas con prerrogativas constitucionales” que deberán ser investigadas en el “fuero correspondiente”, en clara referencia a Benavides y a un grupo de congresistas. El informe sobre estos ya ha sido remitido al nuevo fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Él tiene la última palabra sobre los llamados “aforados”.
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Garrido Lecca responde a su retorno
A su retorno al país, el exministro Hernán Garrido Lecca dijo que no conoce a Villanueva ni a los otros asesores de Benavides implicados en la presunta red criminal.
“Nunca lo he conocido [a Villanueva], nunca lo he visto ni a él ni a los otros allanados ni a los que trabajan con él”, manifestó al noticiero “Buenos días, Perú”, de Panamericana TV.
También negó que él haya tenido influencia en la JNJ para el nombramiento de Benavides como fiscal suprema y de Fernández Jerí en la ANC-MP.
“Tendría que haber hipnotizado a los siete miembros de la junta para que la nombren fiscal suprema”, ironizó el ex dirigente aprista.
También señaló que el país “sabe cuál es la organización criminal que intenta tomar el poder”.
Más tarde, en RPP Noticias, Garrido Lecca dijo que él no le ha brindado asesoría a Benavides y sostuvo que, aunque la conoce, no la ha visto luego de que asumió el cargo de fiscal de la Nación.
“No recuerdo [la última vez que nos reunimos], puede haber sido hace algunos años, era fiscal, pero no fiscal de la Nación, nunca he ido a su despacho, no conozco dónde vive, no he tenido contacto formal por parte de ella”, manifestó.
El también exministro de Salud dijo que está evaluando presentar acciones legales y que en los próximos días su abogado, Humberto Abanto, anunciará cuáles son. “El allanamiento [de mi casa] es ilegal, el juez ha sido sorprendido, vamos a seguir viendo todas las acciones legales, vamos a jugar en todas las canchas”, acotó.
Juan Peña, abogado de Benavides, dijo que no hará comentarios sobre la tesis de la fiscalía porque no ha recibido ninguna notificación. “Mientras no tenga una investigación abierta, no sabría qué elemento de cargo o de descargo pueda ofrecer”, señaló a El Comercio.
Clínica rechaza coordinación
Por medio de un comunicado, la clínica San Pablo rechazó que uno de sus ejecutivos haya coordinado con la ex fiscal de la Nación Benavides el ingreso de Villanueva a su emergencia.
En el documento, indicaron que el ex asesor del Ministerio Público llegó al centro de salud el 27 de noviembre bordeando la medianoche “indicando un cuadro de dolor agudo en la zona lumbar”, por lo que fue atendido por el equipo de emergencia “cumpliendo con los protocolos médicos establecidos”.
La empresa remarca que Villanueva fue dado de alta el mismo 27 de noviembre a las 9:11 de la mañana, “luego de realizar los exámenes requeridos y ser reevaluado por la especialidad de neurocirugía”. De esta manera, se constató “su evolución favorable”.
Más información
Al día siguiente de su nombramiento como fiscal de la Nación, Benavides puso a Huamán al frente de la Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. Esta área maneja las pesquisas en contra de las altas autoridades del Estado, entre ellos el presidente de la República, ministros, jueces supremos, fiscales supremos y otros. Es decir, los que tienen la prerrogativa constitucional del antejuicio.
Según declaró el fiscal Vela ante el Eficcop, el último 3 de diciembre, el abogado Hauyón tenía interés en que la investigación que el equipo especial Lava Jato seguía en contra de la periodista Paola Ugaz, que estaba relacionada a una causa contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán. La periodista tenía “una relación de conflictos judiciales” con el Sodalicio.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, dijo que no puede descartar que él haya sido el que presentó al abogado Hauyón y Benavides a inicios de la década de los 2000, cuando él trabajaba en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
“Yo no descartó, no recuerdo, estamos hablando de la época del 2000, o 2001, en esa época estaba en el CNM y mi círculo académico era de relaciones con instituciones, con docentes y fiscales. No recuerdo ese episodio, pero es muy probable que se hay dado”, manifestó en el programa “Nunca es tarde”, de RPP TV.
Arana precisó que desde hace 15 años no ha visto ni a la fiscal de la Nación ni a Hauyón.
Los investigados por la presunta red criminal de Patricia Benavides en el Ministerio Público
De acuerdo al Eficcop, como “la voz autorizada” de Benavides negoció con congresistas que estaban siendo investigados para orientar su intención de voto y en “contraprestación” reciban archivos de sus pesquisas en la Fiscalía de la Nación.
Coordinador y operador.
No solo ayudó a captar congresistas, sino también elaboró un informe de productividad que fue utilizado para retirar a la fiscal suprema adjunta Bersabeth Revilla. Ella investigaba a Emma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación acusada de liberar a procesados por narcotráfico a cambio de sobornos.
También elaboró una ayuda memoria de la pesquisa a Emma Benavides, a fin de que sea utilizado por el abogado Eduardo Roy Gates en los medios de comunicación. Este último había asumido la defensa legal de la jueza.
Coordinador y operador
Realizó un sondeo entre un sector de congresistas para conocer lo que pensaban de la fiscal de la Nación. Tras ello, identificó a los que tenían investigaciones en curso y luego negocio sus votos por archivos.
Coordinador e integrante
Según el Eficcop, el exministro- en coordinación con Benavides y el abogado José Luis Hauyón- gestionó “ilícitamente” con el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, José Fernández Jerí, la suspensión del fiscal superior Rafael Vela. El equipo especial Lava Jato que este dirigía investiga al aprista por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
También habría intercedido en la JNJ para la designación de Benavides como fiscal suprema y de Fernández Jerí como jefe de la ANC-MP.
Integrante.
Hauyon es abogado del Sodalicio en una investigación por lavado de activos. De acuerdo a la tesis fiscal, intervino “ilícitamente” ante Fernández Jerí para lograr una sanción administrativa a Vela.
También habría intercedido en la JNJ para la designación de Benavides como fiscal suprema y de Fernández Jerí como jefe de la ANC-MP.
Integrante.
Según la tesis fiscal, coordinó directamente con Villanueva y Girao el traslado de mensajes entre la fiscal Benavides y el jefe de la ANC-MP “para suspender” a Vela. Esto con el ofrecimiento de que producida dicha acción, el fiscal superior “inmediatamente sería destituido” del cargo de coordinador del equipo especial Lava Jato.
Operador.
La esposa de fiscal adjunto provincial Ricardo Dulanto Ysla habría contribuido a la designación de Guillermo Silva Loli como fiscal adjunto provincial provisional en el Eficcop por intermedio de su esposo y del fiscal adjunto supremo Marco Huamán. A cambio, Silva sería “los ojos y oídos” de la red en el equipo especial.
Integrante.
Los otros implicados en la presunta red criminal de Patricia Benavides en el Ministerio Público
De acuerdo al Eficcop, Fernández Jerí cedió a presiones de Garrido Lecca y Hauyón para suspender a Vela. Villanueva ha declarado que el exministro y el abogado tuvieron influencia en la JNJ para su designación en la ANC-MP.
Ha sido incluido en el organigrama que maneja el equipo especial de la Policía respecto a la red criminal de Benavides.
Durante una reunión de la cúpula del Ministerio Público, Huamán le preguntó a Silva Loli, quien “sería “los ojos y oídos” de Benavides en el Eficcop, sobre el desempeño de la fiscal superior Marita Barreto, con el objetivo de buscar “sustento” para una remoción de esta.
Huamán figura en el organigrama de la presunta organización criminal de la ex fiscal de la Nación.
Horas antes de la detención preliminar de Villanueva, Dulanto Ysla llamó a Silva Loli para preguntarle lo siguiente: “¿Sabes si el Eficcop va a golpear? ¿Le van a caer a un asesor de la fiscal de la Nación?”.
El fiscal provincial ha sido incluido en el organigrama que maneja el equipo especial de la Policía respecto a la red criminal de Benavides.
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