La Fiscalía de la Nación abrió una nueva investigación al presidente Pedro Castillo. En este caso, por la sorpresiva remoción esta semana del ministro del Interior, Mariano González, después de que este oficializó la conformación de un equipo especial de la Policía Nacional para prestar apoyo a la fiscalía en el encargo de –entre otras tareas– ubicar y capturar a personas del entorno del mandatario que se encuentran prófugas de la justicia.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso que se inicien las diligencias contra el jefe del Estado por el presunto delito de encubrimiento personal. El Comercio supo que estas serán por un período de 60 días.
En la disposición, Benavides ordenó programar la toma de la declaración del primer ministro Aníbal Torres y el coronel de la PNP Harvey Colchado. También determinó que Castillo sea interrogado por este caso, aunque hasta el cierre de este informe no se había precisado la fecha.
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La decisión de la Fiscalía de la Nación se da un día después de haber tomado la declaración del exministro González, quien –tal como informó este Diario– ratificó ante el despacho de Benavides que Castillo lo cuestionó por haber autorizado la formación del equipo especial de la PNP requerido por la fiscalía.
Según los primeros indicios, con la remoción de González, el mandatario habría tratado de restar las actuaciones fiscales y policiales con la finalidad de que no se puedan ejecutar las órdenes judiciales de captura que pesan sobre su sobrino Fray Vásquez, el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y el ex secretario presidencial Bruno Pacheco.
Documentos obtenidos por este Diario muestran que la fiscal coordinadora del equipo especial contra la corrupción, Marita Barreto, solicitó a González conformar un grupo policial, cuyas divisiones debían ser lideradas por el coronel PNP Harvey Colchado, coronel PNP Walter Lozano, coronel PNP Franco Moreno y el coronel PNP Luis Silva.
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Tras recibir la solicitud, González oficializó la conformación del equipo especial el 18 de julio, a través de una resolución ministerial.
Al día siguiente, según denunció el extitular del Mininter, el jefe del Estado lo llamó para cuestionar la decisión. Minutos después de esa conversación, agregó el exministro, se enteró a través de las redes sociales de que Castillo lo había sido cesado en el cargo.
Con esta decisión, el mandatario suma su cuarta investigación fiscal en curso. Tres fueron abiertas por la Fiscalía de la Nación y la cuarta está a cargo de una fiscalía de Trujillo (ver nota en esta página).
El presidente Castillo evitó responder sobre este nuevo caso en su contra, asegurando que “cada uno es responsable de sus acciones”.
“Me voy a limitar a responder eso. Creo que hay autoridades que hacen su trabajo y, por mi parte, estamos haciendo lo nuestro”, dijo.
Su abogado, Benji Espinoza, aseguró que la nueva investigación contra su patrocinado nace “sobre la base de una afectación al debido proceso, al derecho de defensa y al principio de legalidad”.
Asimismo, Espinoza informó que interpuso un recurso de nulidad absoluta contra esta pesquisa, pues –a su juicio– la fiscalía habría realizado actos de investigación al tomar la declaración del exministro Mariano González sin haber convocado a la defensa del mandatario.
El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado aseveró que la decisión de la fiscalía es “una respuesta institucional oportuna y eficaz”, frente a un posible esquema de impunidad generado por un aparato de poder enquistado dentro del Estado con la finalidad de impedir que investigados por graves delitos sean puestos a disposición de la justicia.
Maldonado consideró posible que si la fiscalía obtiene resultados sólidos en este caso, construya normativamente una acción procesal, que –sumada a las normas derivadas de la ONU para la lucha contra la corrupción– la lleve a pedir al Congreso la suspensión en sus funciones del presidente Castillo.
“Puede pedir la suspensión en el ejercicio del cargo del presidente mientras dure la investigación ante los graves hechos, que evite que el delito continúe perpetrándose, porque el presunto autor es el presidente de la República”, dijo.
Para ello, agregó el experto, el Ministerio Público debe tener en cuenta el contexto y analizar diversos hechos que se han generado y que “empezaron con las evasiones a declarar la verdad sobre lo de Sarratea, la destitución arbitraria del procurador de la República Daniel Soria, la propuesta para que no se revelen los casos que se procesan en la justicia”, entre otros.
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