Aprueban acusación constitucional contra Pedro Castillo por tres delitos: ¿qué es lo que sigue en su proceso?

El Congreso aprobó este viernes la acusación constitucional contra Pedro Castillo por la presunta comisión de tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Con ello, el expresidente será procesado judicialmente por estos ilícitos, tal como lo había solicitado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La acusación fue realizada por la Comisión Permanente del Congreso, a partir de la denuncia constitucional que presentó el Ministerio Público en octubre. Esta se presentó tras cerrar las investigaciones preliminares de los casos conocidos como Petro-Perú, Ministerio de Transportes (Puente Tarata) y Ministerio de Vivienda (obras de saneamiento en Anguía y otras provincias), y también incluyó a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.

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Por tratarse de altos funcionarios y presuntos hechos cometidos durante sus funciones, la fiscalía requería que el Congreso levante sus antejuicios –privilegio conocido también conocido popularmente como inmunidad– para poder investigarlos más allá de la fase preliminar.

Luego de haber sido aprobada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y en la Comisión Permanente, la acusación fue sustentada en el pleno por los congresistas Lady Camones (APP) y Diego Bazán (Avanza País).

Lady Camones, titular de la SAC, aseguró que a lo largo de este trámite se respetó el debido proceso y el derecho a la defensa. En tanto, Diego Bazán detalló las imputaciones, según las cuales Castillo fue el presunto líder de una organización criminal dentro de su gobierno, con Alvarado y Silva como altos mandos. Esto según lo planteado por la fiscalía.

Pedro Castillo no se presentó ante el pleno, pero sí lo hizo su defensor legal, Eduardo Pachas. El abogado se conectó desde el penal de Barbadillo, donde el exmandatario cumple prisión preventiva por la investigación en torno a su golpe de Estado.

Eduardo Pachas alegó que Pedro Castillo tenía derecho a que su defensa se realizara de forma presencial ante los congresistas y solicitó que se hicieran los trámites respectivos. Esto fue rechazado por Lady Camones, quien calificó la solicitud como una maniobra dilatoria y obstruccionista.

La congresista indicó que Pedro Castillo y su defensa fueron citados el lunes, pero esperaron a última hora para hacer ese pedido. Además, recordó que ya se habían ausentado a cuatro citaciones: dos veces en la SAC y otras dos veces en la Comisión Permanente.

Eduardo Pachas insistió en que no podía hacer una defensa adecuada, pero luego pasó a hacer sus alegatos: negó la tesis fiscal y dijo que en la acusación no se probaron los hechos atribuidos a Pedro Castillo. Sostuvo también que si su defendido designó a ministros como parte de una supuesta organización criminal, el Congreso sería parte de ella por haberle dado el voto de confianza a los gabinetes que integraron esos ministros.

En el debate posterior, bancadas como Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, APP y Acción Popular se manifestaron a favor de que Castillo siga siendo investigado. Desde Perú Libre, Bloque Magisterial y Perú Bicentenario cuestionaron que la denuncia haya sido presentada cuando Castillo aún era mandatario y se habló de una supuesta persecución y una venganza en su contra.

Finalmente, la acusación constitucional contra Castillo se aprobó con 57 votos a favor, 22 en contra y tres abstenciones. Luego, la acusación contra Juan Silva por organización criminal y colusión se aprobó con 87 votos a favor; y la de Geiner Alvarado por organización criminal, con 80 votos a favor y una abstención.

Tras esto, las acusaciones se remitirán a la Fiscalía de la Nación, que podrá formalizar la investigación preparatoria contra Pedro Castillo, Juan Silva y Geiner Alvarado por los delitos aprobados por el Congreso para cada uno. La formalización será presentada luego ante Juan Carlos Checkley, juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema, quien ya conoció los casos del expresidente en su etapa preliminar.

En el Perú, el proceso penal inicia cuando la fiscalía formaliza investigación preparatoria. Para una persona común, que no tiene antejuicio, la fiscalía puede formalizar investigación de forma autónoma. Sin embargo, en el caso del expresidente y otros funcionarios con antejuicio, es necesario presentar una denuncia constitucional ante el Congreso y que este emita una resolución acusatoria. Recién allí, la fiscalía puede formalizar y abrirles proceso.

“Lo que ha pasado este viernes es que el Congreso ha aprobado la resolución acusatoria en contra de Castillo”, dijo a El Comercio la penalista Fernanda Bobadilla, del Estudio Linares. “A partir de ahora, la Fiscal de la Nación tiene el plazo de cinco días para emitir la disposición formalizando la investigación preparatoria [...] El proceso es similar al proceso común, diferenciándose por los cargos que tienen quienes deben dirigir el proceso penal y quienes aseguren el cumplimiento de las garantías a favor del imputado, que en este caso es el expresidente.

Así, tampoco será un juez ni un fiscal común quien participe en el proceso: serán la Fiscalía de la Nación y jueces de la Corte Suprema. “El juez supremo de la Investigación Preparatoria debe dictar un auto aprobando la formalización de la investigación preparatoria, debiendo respetar en este, al igual que la Disposición de la Fiscal, los hechos atribuidos a Castillo en la resolución del Congreso, al igual que los delitos imputado”, indica Bobadilla.

“El juez supremo citará al fiscal supremo, que será el encargado de la investigación, notificándole el auto, debiendo este fiscal supremo dirigir a partir de este momento el desarrollo de los actos de investigación. Asimismo, si desea solicitar alguna medida de coerción o cautelar podrá dirigir su pedido al juez supremo”, agregó. Así, con la formalización de la investigación, se iniciará formalmente el proceso penal contra los tres por estos presuntos ilícitos.

En la etapa de investigación preparatoria, agrega la abogada, la fiscalía puede “solicitar cualquier medida cautelar, incluyendo la prisión preventiva, siempre que se cumplan los requisitos que dicha medida tiene (sospecha fuerte y peligro procesal)”.

En esa línea, fuentes de El Comercio indicaron que la fiscalía evalúa, una vez formalizada la investigación, pedir una segunda orden de prisión preventiva contra Pedro Castillo.

Al respecto, el penalista Carlos Caro indicó a El Comercio que “la fiscalía ahora tiene la capacidad de poder, tras la acusación constitucional del Congreso, formalizar investigación preparatoria. Y como en toda preparatoria, puede pedir la prisión preventiva”.

“Si bien Pedro Castillo tiene una prisión preventiva por el tema del golpe de Estado, por rebelión y conspiración, a eso se le puede sumar una segunda prisión preventiva. Estamos hablando acá de un hecho grave [...] Considerando que Pedro Castillo podría ser asilado en un país como México, el riesgo de fuga está presente y podría darse lugar a una petición de prisión preventiva”, dijo.

Por otro lado, el abogado criticó los intentos de la defensa de Pedro Castillo de demorar la votación de la acusación. “Sus argumentos son absolutamente dilatorias. En el paso de una investigación preliminar a preparatoria, que es el punto de inflexión donde el Congreso debe intervenir, no se requiere toda la ruta del dinero probada ni la presencialidad de Castillo”, dijo.

“De lo que se trata es de evaluar si hay suficientes indicios para el paso a una investigación preparatoria. Es lo que en teoría constitucional se llama ‘si hay lugar a formación de causa; y en el lenguaje de la Corte Suprema sería la sospecha reveladora. Para eso no hace falta completar la ruta del dinero, tener una teoría del caso acabado. No estamos en etapa de acusación penal ni de sentencia”, agregó.

Al tratarse de un caso de presunto crimen organizado, la investigación preparatoria contra Pedro Castillo y sus exministros puede durar como máximo 36 meses a partir de la formalización. En ese lapso, o antes, la fiscalía debe cerrar su investigación y emitir una decisión: presentar una acusación o un sobreseimiento (archivo). En ambos caso, será el juez Juan Carlos Checkley quien decidirá si acepta o no la decisión fiscal.

En caso se llegue a presentar una acusación penal, le correspondería al propio juez Checkley verificar que esta cumple todos los requisitos de forma y fondo para llegar a juicio. Esa etapa se llama control de acusación o etapa intermedia, la misma en la que está -por ejemplo- la acusación contra Keiko Fujimori.

Si la acusación supera esa fase, llegará a juicio oral en la Corte Suprema, donde finalmente se decidiría si Pedro Castillo, Juan Silva y Geiner Alvarado son culpables o inocentes de estas acusaciones.