La Corte Suprema rechazó en segunda instancia un nuevo intento de la defensa legal de Pedro Castillo para anular los 36 meses de prisión preventiva que está cumpliendo por el proceso que se le sigue por el golpe de Estado que protagonizó en el 2022.
La sala penal presidida por el juez supremo César San Martín declaró infundada la apelación planteada en noviembre del 2024 contra la resolución en primera instancia en la que se rechazó su pedido de revisión de oficio de su prisión preventiva.
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En este caso, Pedro Castillo afronta un pedido de 34 años de prisión por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
Cabe precisar que este proceso es distinto al reciente pedido que ha hecho la defensa de Castillo Terrones con la intención que se revoque su prisión preventiva y se ordene, en reemplazo, vigilancia electrónica que le permita salir del penal de Barbadillo.
En este caso, los abogados del expresidente reiteraron que había motivación insuficiente para mantener preso a Pedro Castillo alegando nuevos elementos que disminuyen la gravedad de los elementos probatorios y la alegación que no quiso pedir asilo a la Embajada de México.
La sala suprema rechazó estos argumentos porque, en primer lugar, advirtió que declaraciones a medios de comunicación, fotos y videos no podían ser considerados como nuevos elementos probatorios por tratarse “no de hechos, sino opiniones” que no disminuyen la sospecha grave.
Adicionalmente, que la carta emitida por la embajada mexicana donde se rechaza que Pedro Castillo no haya solicitado asilo no puede reemplazar las declaraciones que hizo en aquel entonces Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó que sí se había solicitado en su momento brindarle asilo político al expresidente, tal y como terminó ocurriendo con la esposa de este último, quien permanece en México desde diciembre del 2022.
