Investigaciones fiscales contra Pedro Castillo se estancan en el Congreso: ¿qué casos requieren la aprobación del Parlamento para avanzar?

El expresidente Pedro Castillo sumó el último viernes una nueva denuncia constitucional de la fiscalía por presuntos delitos cometidos durante su gobierno. Esta vez, el caso es por presuntos pagos que habrían recibido él y sus familiares por parte de su exministro Geiner Alvarado para que mantenerlo en su cargo.

El documento fiscal, que busca que el Congreso levante su inmunidad para poder seguir investigándolo y eventualmente llevarlo a juicio por esos hechos, fue ingresada ante la Mesa de Partes del Poder Legislativo. De allí será derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), encargada de darle trámite a este tipo de denuncias.

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Es en esa subcomisión, que preside la bancada de Alianza Para el Progreso, donde casos similares de presuntas ilicitudes cometidas por Pedro Castillo durante su gobierno se han estacado. Cuatro denuncias constitucionales previas llevan entre ocho meses y más de un año y medio sin resolverse, lo que impide al Ministerio Público procesar al expresidente y avanzar hacia una futura sentencia.

LOS CASOS FISCALES DE PEDRO CASTILLO EN EL CONGRESO

Con la denuncia por los presuntos sobornos, ya serán cinco las denuncias constitucionales en trámite en la SAC contra Pedro Castillo por la presunta comisión de un delito. De todas ellas, la más antigua es la del Caso Ascensos, presentada en agosto del 2023. Un año y casi nueves meses después, la subcomisión aún no emite su decisión al respecto.

Solo con una denuncia constitucional aprobada a nivel del pleno del Congreso, cada uno de estos casos podrá retornar a la fiscalía para que esta inicie una investigación preparatoria. Al final de esta, el Ministerio Público puede presentar una acusación penal y llevar a juicio a los involucrados. Pero sin el trámite previo por el Congreso, esto es imposible.

El Congreso sí aprobó dos denuncias constitucionales contra Pedro Castillo para levantar su inmunidad: por el caso del golpe de estado (diciembre 2022) y por el Caso Puente Tarata/Petro-Perú/Anguía (febrero 2023). Esta última, pese a ser un caso complejo, se resolvió en cuestión de meses, lo que contrasta con las demoras actuales. Sus aprobaciones permitieron a la fiscalía obtener órdenes de prisión preventiva para el exmandatario y, en el caso del golpe de estado, llevarlo a un juicio actualmente en desarrollo.

El Comercio contactó a la congresista María Acuña, actual presidenta de la SAC, para consultar sobre el trámite de estos casos de Pedro Castillo y por el motivo de las demoras. Si bien se comprometió a dar una respuesta, no lo hizo hasta el cierre de esta nota.

El Caso Ascensos fue, a inicios de noviembre del 2021, el primer gran escándalo de presunta corrupción que sacudió al gobierno de Pedro Castillo. Surgió luego de que exaltos mandos militares denunciaron presiones desde Palacio de Gobierno para favorecer a ciertos oficiales con ascensos en las FF.AA. El escándalo llevó a la renuncia del ministro de Defensa, Walter Ayala, hoy abogado del expresidente.

Inicialmente, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió iniciar una investigación al presidente Pedro Castillo por esos hechos, para luego suspenderla debido a la imposibilidad de indagar a un presidente en funciones. Ese criterio luego le costó ser inhabilitada por el Congreso, pero fue el mismo que después tomó el mismo Legislativo para archivar la denuncia constitucional de Dina Boluarte por el Caso Rólex.

Meses después, el posterior fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió cambiar de criterio y apostó por sí investigar al presidente en funciones. El criterio fue continuado por su sucesora, Patricia Benavides, quien decidió reabrir la indagación a Pedro Castillo y Walter Ayala por los ascensos.

Las indagaciones posteriores apuntaron hacia un supuesto esquema de cobro de dinero por ascensos y también se extendieron a ascensos en la Policía Nacional del Perú.

Finalmente, el 11 de agosto del 2023, cuando Pedro Castillo ya no era presidente, Patricia Benavides presentó su denuncia constitucional contra el expresidente y el exministro por estos hechos. Allí les atribuyó los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho (soborno), como parte de una presunta organización criminal.

Recién en enero del 2024, la SAC, entonces presidida por Lady Camones (APP), admitió a trámite la denuncia constitucional. En marzo de ese mismo año, la Comisión Permanente dio 15 días hábiles a la subcomisión para investigar los hechos denunciados. Desde entonces, no hay más noticia sobre su desarrollo. El expediente público de la denuncia tiene como actualización más reciente un escrito en que designa abogado, da sus descargos y pide la nulidad del proceso.

La siguiente denuncia llegó el 27 de junio del 2024. La fiscalía de la Nación, ya bajo la gestión de Juan Carlos Villena, la presentó contra Pedro Castillo y contra su exministro de Energía y Minas Eduardo González Toro por el presunto nombramiento irregular de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú-Petro.

La designación, hecha en enero del 2022 por el entonces mandatario, fue controversial por la falta de experiencia del excongresista en el sector energético. Luego de investigar preliminarmente los hechos, la fiscalía concluyó que el nombramiento de Daniel Salaverry se hizo pese a que “no cumplía los requisitos legales para el cargo”.

En consecuencia, se denunció ante el Congreso a Pedro Castillo y Eduardo González Toro por dos delitos: negociación incompatible (aprovechamiento indebido del cargo) y nombramiento ilegal.

Recién en marzo pasado, nueve meses después, la SAC aprobó un informe de calificación y admitió a trámite la denuncia. Luego, su sesión del pasado 2 de abril, la Comisión Permanente aprobó otorgar a la subcomisión dar 15 días hábiles para la indagación. Aun así, esos plazos, como evidencia el caso anterior, no suelen ser cumplidos.

El 22 de agosto del 2024, Juan Carlos Villena presentó otra denuncia constitucional contra Pedro Castillo. Esta vez fue por peculado de uso, otro tipo de delito de corrupción, nuevamente por hechos ocurridos durante su gestión presidencial.

Ese caso se relaciona al presunto uso indebido de un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el 9 de octubre del 2021, para trasladarse desde el Grupo Aérea N° 8, en el Callao, hasta el aeropuerto de Jaén, en Cajamarca. Desde allí, se habrían utilizado dos helicópteros del Ejército para ir hasta Puña, en el distrito chotano de Tacabamba, localidad natal de Pedro Castillo.

De acuerdo con el Ministerio Público, esos viajes “se efectuaron con fines estrictamente familiares”: el 10 de octubre, día posterior al viaje, era el cumpleaños de Irma Castillo, hermana del entonces presidente y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Para ello, según la denuncia, Pedro Castillo se trasladó con diez familiares “ajenos a la función presidencial”.

Cinco meses después, la SAC -ya bajo la presidencia de María Acuña (APP)- recién admitió a trámite esa denuncia a mediados de enero. Con ello, el caso se derivó a la Comisión Permanente para confirmar la admisión y que se otorgue a la subcomisión el plazo para investigar.

Sin embargo, en esa misma sesión del pasado 2 de abril, la Comisión Permanente no aprobó la propuesta para dar 15 días hábiles para la indagación. No hubo debate o justificación previa. Solo hubo seis votos a favor frente a 15 en contra.

La vicepresidenta de la Comisión Permanente, Patricia Juárez, dijo luego de la votación que “el tema queda pendiente a efectos de que la mesa pueda proponer otro plazo y luego ser votado en otra oportunidad”. Casi un mes después, aún no hay nueva fecha y el caso permanece estancado.

El mismo 22 de agosto, Juan Carlos Villena presentó una denuncia más contra Pedro Castillo. Fue por otro presunto nombramiento irregular durante su gobierno: el del fiscal Juan Carrasco como ministro del Interior. El caso también alcanza al congresista Guido Bellido, quien también firmó la designación como presidente del Consejo de Ministros.

La denuncia alega que Pedro Castillo y Guido Bellido firmaron la resolución para nombrar a Juan Carrasco como ministro a pesar de que este tenía un “impedimento legal y constitucional por ostentar aún la condición de fiscal provincial titular”.

A la fecha, no hay novedades sobre el avance de ese caso a nivel de la SAC. No obstante, el Congreso ya aprobó una denuncia constitucional previa solo contra Juan Carrasco por esos mismos hechos.

Ello permitió a la fiscalía seguir investigando y eventualmente acusar al exministro: tal como informó El Comercio enero de este año, se piden 4 años de prisión en su contra por los delitos de aceptación ilegal de cargo y falsedad genérica.

El control judicial de la acusación inició el 21 de abril pasado. Ese día, la defensa de Juan Carrasco, a cargo del exministro castillista Félix Chero, pidió que su proceso se suspenda hasta que pueda ser acumulado con citada la investigación a Pedro Castillo y Guido Bellido por estos mismo hechos.

Según conoció El Comercio, el juez supremo a cargo del control de acusación rechazó ese pedido y dispuso que el control de acusación contra Juan Carrasco continúe para determinar si va a juicio por esta acusación. En tanto, la denuncia constitucional contra Pedro Castillo por estos mismos hechos sigue sin avanzar en un Congreso que parece poco interesado en volver a levantar la inmunidad del expresidente.

El abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en temas parlamentarios, consideró que el Congreso comete un “encubrimiento” a favor de Pedro Castillo con su demora para tramitar esta denuncias. “Esto demuestra que él aún tiene muchos seguidores dentro y fuera del Parlamento. Por eso es esta demora”.

Rospigliosi recordó que al no tener una sentencia condenatoria ni una inhabilitación por infringir la Constitución con su golpe de Estado, Pedro Castillo podría postular al Congreso en las elecciones del 2026. “Que no nos sorprenda. Sería una burla a la democracia que quien atentó contra ella con un golpe de estado termine siendo senador o diputado. Sería gravísimo”, dijo.

Más allá de Castillo, el abogado consideró que el antejuicio debería ser elimninado en una futura reforma constitucional, con lo que la fiscalía ya no requeriría pedir esta autorización al Congreso para procesar a altos funcionarios: “El antejuicio termina siendo un motivo de impunidad para las autoridades. Y esta demora [en los casos de Pedro Castillo] es una muestra de ello. Es una figura anacrónica”.

Para ello, recordó demoras en casos de congresistas como Luciana León o en las múltiples denuncias contra legisladores actualmente en funciones.

El penalista Andy Carrión comentó que estas demoras afectan también el futuro de las investigaciones, si las denuncias constitucionales llegan a ser aprobadas.

“Impide que se pueda recabar evidencia consolidatoria. La fiscalía no puede investigar [mientras no se apruebe la denuncia], por más que mañana aparezca evidencia o se requieran diligencias urgentes. No pueden actuarse”, explicó.

En esa línea, advirtió que “cuando pasa el tiempo, mucha evidencia se pierde”. De hecho, cuando Pedro Castillo estaba en el poder, ese fue uno de los argumentos, durante la discusión en torno a la investigación preliminar en torno a él, por los que la fiscalía decidió investigar”.

Por otro lado, comentó que con Pedro Castillo fuera de Palacio de Gobierno, el Congreso parece no tener interés en darle prioridad a los casos de la fiscalía que lo involucran, como sí lo hizo cuando este aún estaba como mandatario.

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