Fiscal de la Nación reactiva otra investigación a Pedro Castillo

Organización criminal, tráfico de influencias agravado, colusión, encubrimiento personal y plagio son los presuntos delitos por los que el presidente Pedro Castillo deberá responder ante la fiscalía, donde ya hay cinco pesquisas en su contra en solo un año de mandato.

Este viernes, la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, decidió dejar sin efecto la disposición de la extitular del Ministerio Público Zoraida Ávalos, quien en enero suspendió la investigación contra el mandatario por el Caso Petro-Perú.

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Así, Benavides resolvió iniciar actos de investigación preliminar al mandatario por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias.

El caso que ha reactivado la fiscal Benavides se vincula a la licitación para la compra de biodiésel desde el Estado a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., de Samir Abudayeh, por US$74 millones.

El ex gerente de Petro-Perú, Hugo Chávez, la empresaria Karelim López y Abudayeh, entre otros, son investigados por el equipo de la fiscal Marita Barreto.

De ese modo, son cuatro las investigaciones a Castillo ante el despacho de Benavides, máxima autoridad del Ministerio Público. Además, el mandatario tiene un caso abierto en una fiscalía provincial de Trujillo por el presunto plagio de su tesis, con lo que suma una quinta investigación en curso.

En solo dos semanas, la fiscal de la Nación reactivó también la investigación suspendida contra Castillo por los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y abrió un nuevo caso en su contra por la remoción del exministro del Interior Mariano González.

Esto, después de que González oficializó la conformación de un equipo especial de la Policía Nacional que debía apoyar en la captura de personas del entorno del presidente que se encuentran prófugas de la justicia.

De esta manera, Benavides siguió la línea del exfiscal de la Nación Pablo Sánchez, quien abrió la primera investigación sin suspensión contra el jefe del Estado por los presuntos actos de corrupción que se suscitaron en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en la licitación del puente Tarata.

Castillo es el primer mandatario en funciones en ser investigado por la fiscalía. Sus intentos por anular las pesquisas por hechos cometidos durante su función presidencial fueron rechazados por la Fiscalía de la Nación.

Incluso, un juez supremo estableció que como jefe del Estado en ejercicio, el Ministerio Público está habilitado para emprender acciones preliminares en su contra.

En el caso de Castillo, la fiscal de la Nación sostiene como hipótesis que sería el líder de una presunta organización criminal que habría actuado desde el Gobierno.

Entre los principales coinvestigados de la presunta red criminal están su sobrino Fray Vásquez, el exministro Juan Silva y el ex secretario presidencial Bruno Pacheco. Los tres están prófugos.

Castillo aún espera el resultado de su apelación ante la Corte Suprema. A través de su abogado Benji Espinoza, ha insistido en anular la investigación que se le sigue por el Caso Puente Tarata.

El abogado penalista Andy Carrión consideró que la acumulación de casos contra el presidente Castillo podría solidificar jurídicamente la hipótesis de la existencia de una organización criminal, delito más grave. No descartó que la Fiscalía de la Nación pueda pedir alguna medida cautelar, como la suspensión de Castillo del ejercicio del cargo.

“No descartaría que la fiscalía, en atención a que desde el poder se estén cometiendo delitos, incluso que hay una organización criminal, solicite ante el Poder Judicial la suspensión, pero habría que ver al amparo de qué normativa se podría extender el alcance del artículo 117 de la Constitución”, explicó Carrión.

El abogado recordó que los fiscales Pablo Sánchez y Patricia Benavides ya han reconfigurado la interpretación de la investigación en funciones contra un presidente de la República, por lo que quedaría en manos del Poder Judicial un pronunciamiento sobre una eventual medida cautelar.

“Ya comprometería al Poder Judicial, donde el juez supremo Juan Checkley admitió que se investigue a un presidente en funciones. Allí veríamos si es que el Poder Judicial en este caso también admitiría una interpretación extensiva de suspensión. En rigor, es una medida cautelar para [evitar] preventivamente que en el ejercicio de una función se siga cometiendo el delito”, comentó Carrión.