Pedro Castillo: Fiscalía presentará 40 testigos y más de 90 pruebas documentales en juicio por el golpe de Estado

El auto de enjuiciamiento contiene la lista de todos los elementos que se evaluarán el futuro juicio: desde los datos de los acusados, los delitos que se les imputan, el resumen de la acusación fiscal y la lista de elementos de prueba que servirán para que los jueces dicten su futura sentencia. Según revisó El Comercio, en la resolución se detalla que la fiscalía buscará probar su acusación con la declaración de un total de 40 testigos y dos peritos, así como la presentación de 91 pruebas documentales.

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Por los hechos del 7 de diciembre, Pedro Castillo fue detenido en flagrancia cuando se dirigía a la embajada de México. Luego, se le impuso prisión preventiva, medida que durará hasta diciembre del 2025. En enero pasado, la fiscalía cerró su investigación de este caso y presentó su acusación contra el exmandatario por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. El juez supremo Juan Carlos Checkley realizó el control de acusación entre mayo y octubre, antes de emitir esta semana el auto de enjuiciamiento.

Entre los otros acusados destacan los expresidentes del Consejo de Ministros Betssy Chávez, jefa del gabinete ministerial al momento de los hechos, y Aníbal Torres, quien era su principal asesor. También los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo), y tres oficiales de la Policía: el general Manuel Lozada, el comandante Jesús Venero y el teniente Eder Infanzón. A todos ellos se le acusa de rebelión y se enfrentan a pedidos de 25 años de prisión, salvo Torres, para quien solo se solicitan 15 años por su edad (81 años).

El Comercio envió una consulta al Poder Judicial respecto a para cuándo se prevé el inicio del juicio, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. En tanto, fuentes judiciales calcularon que la fecha sería entre enero y febrero del 2025.

La acusación contra Pedro Castillo y sus presuntos cómplices abarca los hechos previos, durante y después del fallido golpe del 7 de diciembre. En la previa, se considera el contexto de una pedido de vacancia en el Congreso contra el entonces mandatario, la aparición de testigos o colaboradores que lo implicaban en actos de corrupción y reuniones entre el jefe de Estado y sus entonces ministros en la jornada previa a su discurso. Según la acusación, Pedro Castillo, Aníbal Torres y Betssy Chávez colaboraron para escribir el mensaje golpista. Ellos lo niegan.

Ya en lo referido al día del fallido golpe, la acusación aborda las reuniones entre los procesados en Palacio de Gobierno, los intentos para cambiar al jefe del Ejército y que seguidores castillistas lleguen hasta Palacio de Gobierno, las coordinaciones para que el discurso se transmita en señal nacional, y la lectura del texto con el que el entonces jefe de Estado buscó la disolución inconstitucional del Congreso y la intervención del sistema de justicia, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Finalmente, las circunstancias posteriores describen las órdenes del presidente para plasmar su golpe, las renuncias sucesivas de los ministros tras el mensaje, los pronunciamiento de la PNP y las FF.AA., y los intentos de Pedro Castillo y Aníbal Torres y Betssy Chávez de ir hacia la embajada de México. Allí también se apunta al papel de los policías acusados: según la fiscalía, habrían impedido el ingreso de legisladores y trabajadores al Congreso, en línea con el discurso golpista del presidente. Los oficiales niegan la acusación.

Por todo ello, se acusa a Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta y Roberto Sánchez de haber acordado “disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú” sin que se cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución para ello. Dentro del proceso, todos los procesados han rechazado la acusación y se prevé que harán lo mismo en el juicio.

“Aprovechando la condición del mandatario como Jefe Supremo de las FF.AA. y de la PNP, [Pedro Castillo] utilizó tal poder para ordenar a dichas fuerzas del país, a través de su mensaje a la nación, el alzamiento en armas para suprimir el régimen constitucional; así como, de otros organismos autónomos, como consecuencia de la reorganización del Sistema Nacional de Justicia decretado”, sostiene la fiscalía. Esto al margen de que la intentona golpista no haya tenido éxito.

También se atribuye a Pedro Castillo haber contado “con los aportes” de Manuel Lozada, entonces Jefe de la Región Policial de Lima; Jesús Venero, entonces Jefe Operativo de la Unidad de Servicios Especial (USE-PNP) en el perímetro del Congreso; y de Eder Infanzón, exoficial de la USE–PNP. Los acusan de haber concretado “el impedimento de ingreso de congresistas, trabajadores y civiles a la sede del parlamento luego del mensaje a la nación del exmandatario”.

Tal como informó El Comercio, durante el control de acusación el juez Juan Carlos Checkley admitió a un total de 40 testigos ofrecidos por la fiscalía. Todos ellos figuran en la lista del auto de enjuiciamiento, por lo que serán citados para que rindan sus testimonio a lo largo del futuro juicio.

Del total de testigos, 24 darán testimonios sobre Pedro Castillo, el principal acusado. De ellos, algunos también declararán sobre los otros procesados, pero habrá otros dos más solo respecto a Aníbal Torres, otros once solo sobre Betssy Chávez, uno más solo para el caso de Roberto Sánchez y dos adicional para Willy Huerta y los tres oficiales de la PNP.

Entre estos testigos están los exministros Alejandro Salas, Emilio Bobbio y Heidy Juárez, quienes declararán sobre la convocatoria que se hizo a los miembros del gabinete para que vayan a Palacio de Gobierno antes del golpe, sobre lo que se dijo allí y sobre quiénes estuvieron presentes. También serán citados los periodistas de TV Perú que fueron llevados al Despacho Presidencial para la transmisión del mensaje golpista, así como directivos del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) y funcionarios de Palacio de Gobierno y de la PCM.

Otros testigos están vinculados a la Policía Nacional del Perú para dar cuenta sobre las órdenes dadas ese día por el presidente. También se citará al que era el alto mando de las Fuerzas Armadas al momento de los hechos y a funcionarios del Ministerio de Defensa. Además, declararán dos peritos del Ministerio Público.

Finalmente, hay un grupo de testigos que declarará sobre el supuesto impedimento temporal para ingresar al Congreso. Por ello declararán los legisladores Vivian Olivos (Fuerza Popular), Diego Bazán (Renovación Popular), Martha Moyano (Fuerza Popular), Hamlet Echeverría (Cambio Democrático-Voces del Pueblo) y Adriana Tudela (Avanza País)

Estos 40 testimonios ofrecidos por la fiscalía se complementarán con un total de 92 pruebas documentales. Nuevamente, la mayor parte de estas pruebas están relacionadas con Pedro Castillo: 25 por el delito de rebelión, siete por el delito de abuso de autoridad y 16 por el delito de grave perturbación de la tranquilidad públicas. En total, son 48 las pruebas documentales ligadas al exjefe de Estado.

Las otras documentales son once para Betssy Chávez, diez para Aníbal Torres, seis para Roberto Sánchez, siete para Manuel Lozada, dos para Jesús Venero y uno para Eder Infanzón.

Los documentos que serán evaluados como pruebas son de distinta naturaleza. Destacan la visualización de los videos del mensaje golpista y de los momentos previos, así como las imágenes de las cámaras de Palacio de Gobierno y distintos videos de hechos ocurridos en las calles de Lima el 7 de diciembre.

También figuran los pronunciamientos de las distintas instituciones del estado frente a la intentona golpista, documentos y notas policiales sobre ese día, registros de ingresos a Palacio de Gobierno, entre otros.

Como en todo juicio, las defensas de los acusados también pudieron presentar sus propios testigos y pruebas documentales para contrarrestar la acusación fiscal. En total, entre lo planteado por todos los acusados, se admitieron 19 testigos, 4 peritos y 20 documentales. Esto al margen de que también podrán contrainterrogar y cuestionar a los testigos y las pruebas, respectivamente, de la fiscalía.

Pese a ser el principal acusado, Pedro Castillo no llegó a presentar testigos a su favor. Solo logró que se admita la declaración de un perito de parte y cuatro recortes periodísticos como pruebas documentales. Según se indica en el auto de enjuiciamiento, se trata de reportes “en los que se aprecia a pobladores solicitando el cierre del Congreso lo que conllevó al entonces presidente a leer el mensaje de la nación”.

Los acusados que sí presentaron testigos y que lograron que estos sean admitidos para el juicio son Aníbal Torres (2), Betssy Chávez (2), Roberto Sánchez (3), Manuel Lozada (3), Jesús Venero (6) y Éder Infanzón (3). Adicionalmente, se admitieron pruebas documentales de Aníbal Torres (4), Manuel Lozada (6), Jesús Venero (4) y Eder Infanzón (2).

¿Quiénes integran la Sala Penal Especial de la Corte Suprema?

Juzgado tiene experiencia en casos de altos funcionarios

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema será la encargada de llevar adelante el juicio contra Pedro Castillo y sus coacusados por el golpe de estado. El tribunal está actualmente conformado por su presidente, José Neyra Flores (foto), y por los magistrados Walter Cotrina Miñano y Oscar Alarcón Montoya. Se trata de una sala con experiencia en juicio conta altos funcionarios.

En los últimos años, fue esta sala la que condenó a políticos como los excongresista Kenji Fujimori (Caso Mamanivideos), Michael Urtecho (Caso Mochasueldos) y Fredy Díaz (violación sexual de una trabajadora). Actualmente, llevan adelante juicios contra el exlegislador Daniel Salaverry, el ex primer ministro César Villanueva y el exgobernador chalaco Dante Mandriotti.

La composición de la sala, sin embargo, podría variar el próximo año, antes de que inicie el juicio. En enero del 2025, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial definirá la conformación para ese año de las salas que integran la Corte Suprema, entre ellas la Sala Penal Especial. Allí es posible que ratifiquen a los actuales miembros o que cambien a algunos de ellos por otros magistrados supremos.

Jorge Salas Arenas, saliente presidente del Jurado Nacional de Elecciones próximo a retornar a la Corte Suprema, fue presidente de la Sala Penal Especial antes de ser elegido como titular del máximo ente electoral en el 2019.