Fray Vásquez y Juan Silva siguen evadiendo la justicia: ¿cuánto tiempo llevan prófugos los personajes ligados a Pedro Castillo?

Autoridades de los Estados Unidos detuvieron el último viernes a Alejandro Sánchez Sánchez, uno de los presuntos integrantes de la presunta red liderada por Pedro Castillo que había logrado evadir a la justicia peruana desde octubre pasado. La Cancillería ha informado que viene haciendo gestiones para que el exdueño de la casa de Sarratea pueda ser expulsado y traído al Perú, donde enfrenta una prisión preventiva por delitos de corrupción y organización criminal.

Sin embargo, todavía hay otros dos presuntos integrantes del presunto esquema encabezado por el expresidente que están requeridos por la justicia peruana y cuyo paradero es desconocido: su sobrino Fray Vásquez Castilllo y su exministro de Transportes y de Comunicaciones Juan Silva. Ambos están involucrados en el caso denominado ‘Puente Tarata’, por el que Pedro Castillo hoy cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

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El exmandatario fue detenido el 7 de diciembre pasado cuando se dirigía rumbo a la embajada de México en el Perú tras dar un fallido golpe de estado. Actualmente, cumple una prisión preventiva por el presunto delito de rebelión y otra por cargos de corrupción y organización criminal. A diferencia de él, Fray Vásquez y Juan Silva nunca pudieron ser ubicados ni detenidos por la Policía y van rumbo a cumplir un año y medio evadiendo la justicia.

Hasta la publicación original de este informe (11 de septiembre del 2023), Fray Vásquez Castillo suma 532 días como prófugo de la justicia, equivalentes a 1 año, 5 meses y 9 días. Su orden de captura original se remonta al 28 de marzo de 2022, día en que ejecutó un operativo para detener preliminarmente a un grupo de investigados por el ‘Puente Tarata’. Actualmente, se ofrecen S/ 80 mil en el sistema de recompensas por información para dar con su paradero.

En abril de ese mismo año, a pedido de la fiscalía, el Poder Judicial le impuso una orden de prisión preventiva por 36 meses. La medida fue confirmada en segunda instancia al mes siguiente, pero con el plazo reducido a 24 meses. Se le atribuye ser parte de la presunta red criminal liderada por su tío como un “mando medio”: habría aprovechado su cercanía con altos funcionarios del Estado para lograr que “terceros interesados” se adjudiquen la licitación del Puente Tarata.

La clandestinidad no impidió que el investigado litigue ante el Poder Judicial peruano. La defensa de Fray Vásquez pudo oponerse y apelar, sin éxito, su orden de prisión preventiva y él mismo se conectó a la audiencia virtual desde una locación desconocida. Mejor suerte tuvo su primo Gian Marco Castillo, quien pasó algunas semanas prófugo por el mismo caso, pero a quien se le revocó la orden de prisión en segunda instancia; mientras que su coinvestigado Bruno Pacheco, exsecretario del Despacho Presidencial, estuvo prófugo desde el 28 de marzo hasta julio, cuando se entregó a la policía.

El abogado de Fray Vásquez, Iván Ramírez, dijo a El Comercio que están próximos a presentar un hábeas córpus “demandando a los cuatro jueces (al de primera instancia y a los tres de la segunda instancia) porque se han cometido varias irregularidades”. Su argumento es que se ordenó y se confirmó la prisión preventiva de su defendido sin suficiente evidencia y se le incluyó en el caso solo por ser sobrino de Pedro Castillo y “amigo de Zamir Villaverde”.

En mayo del 2022, todavía durante el gobierno de Pedro Castrillo, la PNP informó que solicitó a la Interpol la emisión de una “notificación roja” contra Fray Vásquez para dar con su captura a nivel internacional y que el ente la publicó. Sin embargo, Ramírez aseguró que no tiene “notificación alguna que ordene su captura a nivel internacional mediante Interpol”.

Pese a ello, el abogado afirma que Fray Vásquez “está en el Perú” y descarta que vaya a entregarse a las autoridades. “De ninguna forma”, aseveró. “Así tuviera una orden internacional, Fray está en el Perú. Yo, como abogado, conozco como su paradero y me veo personalmente con él en algunos momentos [...] Quién sabe qué pueda pasar mañana. No hay garantías”.

En tanto, la orden de detención contra Juan Silva fue dictada el 4 de junio por el juez supremo Juan Carlos Checkley, pero nunca pudo ser ejecutada por la policía. Han pasado 464 días, equivalentes a 1 año, 3 meses, y 7 días, sin que se tenga certeza del paradero del extitular del MTC. Por información para dar con su captura se ofrecen S/ 50 mil.

Por entonces, la Policía no pudo capturar a Juan Silva a pesar de que la fiscalía había solicitado que se le haga seguimiento a su ubicación mediante acciones de inteligencia. El hecho llevó a que el entonces ministro del Interior, Dimitri Senmache, sea censurado en julio de ese año.

En medio de la polémica, Senmache indicó que su sector promovió por esos días que la Interpol emita una orden “para que 194 países puedan tener presente que esta persona está siendo buscada a nivel mundial”. En tanto, en un allanamiento a un posible escondite suyo en el distrito limeño de Carabayllo se llegó a encontrar su pasaporte, pero no al investigado.

Luego del golpe de Estado y la detención de Pedro Castillo, el Congreso aprobó una acusación constitucional contra él y Juan Silva por el caso Puente Tarata. Tras esto, la fiscalía solicitó prisión preventiva para ambos. La medida fue dictada por el juez Checkley el 9 de marzo pasado. Allí también se dispuso notificar la decisión a la Interpol para dar con su captura a nivel internacional. La orden fue confirma por una sala de la Corte Suprema.

En el caso de Juan Silva, la fiscalía sostiene que “habría integrado el mando operativo de la organización criminal”, la que también habría estado conformada por Fray Vásquez Castillo y el empresario Zamir Villaverde García, entre otros. Todo dentro de un supuesto esquema de copamiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Una vez captados los funcionarios y empresarios por Villaverde García, éste los presentaba a Vásquez Castillo y a Castillo Gómez para su aprobación, quienes, a su vez, ponían la propuesta en conocimiento de su tío, el expresidente Castillo Terrones, para su respaldo. Luego, dicha propuesta pasaba al ahora exministro Silva Villegas, cuyo rol habría consistido en respaldar y nombrar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al personal de confianza que Villaverde García captaba”, se lee en la resolución de su prisión preventiva.

En los primeros meses de su clandestinidad, el entonces abogado del exministro afirmó que este se iba a entregar a las autoridades y que solo estaba a la espera de que la fiscalía termine una pericia vinculada a la investigación. Su abogado posterior, el que lo defendió ante el pedido de prisión preventiva, hoy descarta una entrega porque considera que la orden del Poder Judicial no tiene sustento.

“Al señor Juan Silva le han hecho [órdenes] de captura nacionales, internacionales, todo; pero el señor Juan Silva va a salir en libertad próximamente”, dijo el abogado Jorge Castro a El Comercio. Según él, ya recopiló toda la información vinculadas al caso necesaria para enfrentar la imputación de la fiscalía y está a próximo a presentar un pedido de cese de prisión preventiva ante el Poder judicial.

“Una persona que se siente inocente y que es denunciante, porque él es el denunciante [de presuntas irregularidades en la licitación del Puente Tarata], ¿por qué tiene que tener prisión preventiva”, afirmó. También calificó de “mentiroso” a los colaboradores eficaces ligado a este caso y cuestionó el procedimiento con el que el Congreso aprobó la acusación constitucional en su contra.

Por otro lado, dijo que no podía responder respecto a si el exministro está en el Perú o en el extranjero. “Yo le voy a hacer el cese de la prisión preventiva, que es lo que me corresponde. Yo no hablo con el señor, nunca he hablado con él. A mí me ha contratado la familia”, aseguró.

El exministro del Interior Rubén Vargas comentó a El Comercio que para entender las dificultades que ha tenido la Policía para dar con estos prófugos, se debe tener en cuenta que sus pases a la clandestinidad ocurrieron durante la gestión de Pedro Castillo, en la que hubo “complicidades”.

“Falló todo el sistema porque fue sometido a una organización criminal, porque fue coaptado por la cabeza de esa organización criminal, que lamentablemente, era el jefe supremo de la Policía. Estos personajes y otros fugaron porque gozaban de la protección de elementos corruptos de la Policía y de genuflexos ministros”, dijo.

Mariano González, quien sucedió a Dimitri Senmache en el sector Interior y fue abruptamente removido por Pedro Castillo luego de autorizar la creación de un equipo policial para capturar a estos prófugos, tiene un análisis similiar: “Castillo tenía infiltrados en los aparatos del Estado”.

Vargas considera poco probable que ambos permanezcan en el Perú. Solo lo hubieran hecho si hubiesen seguido “gozando de esa protección que les daba el gobierno de Pedro Castillo, pero la situación ha cambiado”. “Con la protección, la ayuda y las facilidades que les dieron en su momento, sin duda que fugaron del país”, estimó.

Por otro lado, advirtió que a nivel internacional se puede percibir que el sistema “demasiado blando” respecto a prófugos vinculados a delitos de corrupción. Como ejemplo citó el caso del exjuez César Hinostroza, quien dejó de ser buscado por la Interpol. O del propio Alejandro Sánchez, quien -según fuentes de este Diario- no tenía una notificación roja al momento de su detención por intentar cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos.

“Todavía vemos manos blandas u omisiones que facilitan las cosas a la corrupción política. A nivel internacional. César Hinostroza se está burlando de todos los peruanos, no está diciendo que goza de inmunidad e impunidad”, consideró. Por todo ello, indicó que los esfuerzos de las autoridades peruanas para dar con el paradero de todos estos prófugos deben ir dirigidos a dar con su captura en el extranjero a través de la Interpol.

Mariano Gonzáles opinó que actualmente, “las acciones que se pueda hacer desde el Ejecutivo son mínimas, básicamente de coordinación”. “Ya es una tarea más bien de los órganos de administración de justicia impulsar la búsqueda”.