La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso incluir al actual presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y al titular de Justicia, Félix Chero, en la investigación por presunta organización criminal y encubrimiento personal que se sigue contra el presidente Pedro Castillo.
Según las disposiciones de la fiscalía –a las que accedió El Comercio–, Torres fue incluido a partir de las declaraciones de Karelim López sobre un presunto ofrecimiento suyo para facilitarle una salida del país a Bruno Pacheco, ex secretario general de la Presidencia que hoy es colaborador de la fiscalía en los casos que rodean al mandatario.
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A esto se suma la admisión del ministro acerca de que sí se reunió, en noviembre del 2021 –a bordo de un vehículo–, con Pacheco.
En el caso de Chero, se tomó en cuenta la declaración de un colaborador eficaz que dijo que un trabajador del INPE se acercó a Zamir Villaverde el 27 de abril, cuando estaba preso por el Caso Puente Tarata, indicándole que venía de parte del ministro Chero. Ese día, Villaverde había sido removido de su celda para conectarse a una sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Según el testimonio, el hombre le alcanzó un número de teléfono y le dijo que si llamaba, “lo iba a atender la asistente del ministro”. Edgar Vargas y Víctor Valdivia, otros dos detenidos por este caso, también declararon que ese día vieron a Villaverde hablar con un hombre que presumen que era del INPE.
De acuerdo con la tesis fiscal, este personal del INPE, José Gómez, buscó cumplir con el encargo de dar el número de Chero a Villaverde para que se comunique a este interno “el mensaje de la organización; esto es, que no revele información sobre su existencia, la que estaba enquistada en el Poder Ejecutivo”.
Para el Ministerio Público, estos hechos indican que el presidente Castillo lidera una red criminal cuyos operadores serían los ministros Torres y Chero, el exsubsecretario de Palacio de Gobierno Beder Camacho, y el exasesor Eder Vitón.
Chero respondió el mismo lunes vía Twitter: “Niego categóricamente estar relacionado con algún acto ilícito o de corrupción”. Agregó que está dispuesto a “concurrir a todos los actos y citaciones que se dispongan, a pesar de que dicha investigación carece de sustento”. Al cierre de esta nota, Torres no se había pronunciado al respecto.
No respondió
Pedro Castillo acudió este lunes por la mañana a la Fiscalía de la Nación por su citación para declarar como investigado por el Caso Petro-Perú, el Caso Anguía y el caso del presunto encubrimiento.
Según fuentes de El Comercio, Castillo guardó silencio ante la mayoría de las preguntas de la fiscalía. Así, la diligencia por los tres casos solo duró dos horas y media, aproximadamente.
De vuelta en Palacio de Gobierno, el presidente dijo que rechazó todas las imputaciones y que seguirá acudiendo a las citaciones que le hagan. Pero también indicó que “una vez que se acopien todas estas investigaciones, iremos nosotros a seguir colaborando con la justicia”.
Espinoza detalló que, en la diligencia, Castillo inicialmente “proclamó su inocencia” respecto a las tres investigaciones. Pero luego, ante las preguntas, “negó los cargos, pero al mismo tiempo dijo: ‘Cuando la fiscalía reúna toda la información, acopie todos los elementos de convicción, voy a volver a venir y poder dar las explicaciones cabales y completas’”.
“En lugar de estar dando declaraciones parciales, hay que darlas de manera integral”, añadió. Terminar todos los actos de la investigación preliminar, como plantea Castillo, podría tomar hasta 36 meses al tratarse de casos de presunto crimen organizado.
El abogado adelantó que esta será la estrategia para todas las investigaciones del presidente.
Y cuando se le preguntó si esto significaba que Castillo se había acogido al derecho a guardar silencio, Espinoza se refirió a esta estrategia como “reservarse una declaración para declarar posteriormente”.
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