Inicia el juicio de Pedro Castillo por el golpe de estado: las claves de la acusación, cuándo llegaría la sentencia y el riesgo que aún pesa sobre el proceso

Un nuevo expresidente peruano se sienta desde esta semana en el banquillo de los acusados. Las circunstancias del caso que lo lleva ante la justicia, sin embargo, no tienen precedentes.

Si anteriores exmandatarios han ido a juicio por delitos como homicidio, corrupción y lavado de activos, Pedro Castillo responderá por un ataque a la democracia: su fallido golpe de estado, con el que intentó intervenir por la fuerza el sistema judicial, cerrar el Congreso y gobernar por decreto. Se enfrenta a un pedido de 34 años de cárcel por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

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La Sala Penal Especial de la Corte Suprema realiza este martes desde las 09:00 a.m. la audiencia de instalación del juicio oral contra Pedro Castillo y tres exministros de su gobierno por los hechos del 7 de diciembre del 2022. La sesión se realizará en la sala de audiencias en el complejo policial de la Dinoes, contigua al penal de Barbadillo, donde el expresidente cumple una orden de prisión preventiva que expira en diciembre próximo.

El tribunal a cargo estará conformado por los jueces Ángel Neyra Flores (presidente de la sala), Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez. Según se desprende del auto de citación a juicio, esta última será la directora de debates del juicio, con lo que llevará la conducción de las audiencias y, eventualmente, elaborará el proyecto de la sentencia.

La audiencia será de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y se tiene previsto, como mínimo, que se defina la instalación del juicio. Si esto procede y si resta tiempo, se podrían iniciar con los alegatos de apertura. Allí, la fiscalía presentará por primera vez ante los jueces los hechos de la acusación, resumirá las pruebas que serán presentadas y se planteará el pedido de prisión contra Pedro Castillo y los otros seis procesados.

La acusación está a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que dirige el fiscal Alcides Chinchay. No obstante, según pudo conocer este Diario, todo apunta a que la representación del Ministerio Público en las audiencias estará a cargo de la fiscal Galinka Meza, integrante de ese despacho fiscal, quien ha participado en la mayoría de las sesiones del caso en las etapas previas del proceso.

También participarán representantes de la Procuraduría General del Estado, que pide S/ 65 millones como reparación civil por este caso; así como los abogados de los siete acusados. En el caso de Pedro Castillo, se prevé que su defensa esté a cargo del abogado Luis Walter Medrano.

Junto al exmandatario son acusados tres exintegrantes de su gabinete: Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros (PCM); Aníbal Torres, ex PCM y asesor de Chávez al momento de los hechos; y Willy Huerta, exministro del Interior. También figuran tres policías: el general Manuel Lozada, el comandante Jesús Venero y el teniente Eder Infanzón.

Roberto Sánchez, actual congresista y exministro de Comercio Exterior y Turismo, también estaba incluido en la acusación. No obstante, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió acceder a su pedido para sacarlo del caso y archivar todo lo referido a él. Se prevé que la Sala Penal Especial ejecute esta decisión antes de instalar el juzgamiento.

Los acusados están obligados a acudir al juicio. De lo contrario, serían declarados reos contumaces y se ordenarían sus capturas. En el caso de Pedro Castillo, será trasladado del penal de Barbadillo a la sala de audiencias, como sucedió con Alejandro Toledo, el otro expresidente internado allí, en las últimas audiencias de su juicio en octubre pasado.

En cuanto a Betssy Chávez, quien que cumple prisión preventiva en el Penal de Chorrillos, será trasladada a la sala de audiencias en la Dinoes cuando su presencia sea requerida o se podrá conectar virtualmente. La semana pasada, la exministra pidió ser internada en Barbadillo para poder asistir a todas las audiencias de manera presencial, pero su pedido fue rechazado.

El origen del caso es el mensaje dado por Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022. Ocurrió poco antes del mediodía y a horas de que el Congreso debata una moción de vacancia en su contra por los presuntos actos de corrupción que lo rodearon durante la mayor parte de su gobierno.

En su proclama golpista, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, la intervención de todas las instituciones del sistema de justicia y el inicio de un gobierno por decreto. Con las manos temblorosas y con la banda presidencial en el pecho, el entonces presidente anunció al país su intención de mandar en el país a sus anchas, sin contrapeso alguno, con el apoyo de la Policía (PNP), las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y las rondas campesinas.

La investigación fiscal posterior determinó que, luego del mensaje, ordenó la detención de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides; así como que se impida el ingreso de legisladores al Congreso y se dé protección a la casa de sus padres y a la de sus hoy coacusados Aníbal Torres y Betssy Chávez. Esta última, según declaró luego una testigo, incluso indicó que iba a plasmar los anuncios del mensaje del presidente en un decreto de urgencia.

El golpe de Pedro Castillo fue un fracaso. Los miembros de su gabinete renunciaron uno a uno, los organismos autónomos rechazaron de forma unánime la intentona golpista. La PNP y FF.AA. hicieron lo mismo, al punto que su propia escolta terminó deteniéndolo en flagrancia cuando se dirigía a la Embajada de México, junto a su familia y a Aníbal Torres. Luego, a pedido de la fiscalía, el Poder Judicial le impuso prisión preventiva.

Concluida la investigación, la fiscalía lo acusó por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Al resto de procesados solo se acusa solo por el primer delito, por el que se pide una condena de 25 años; a excepción de Aníbal Torres, para quien requieren 15 años debido a que es mayor de 80 años.

Desde su detención, mediante la casi treintena de abogados que lo han representado, Pedro Castillo ha rechazado haber cometido el delito de rebelión. Alega que él, entonces presidente y jefe supremo de la FF.AA. y la PNP, solo leyó un discurso sin efectos legales. Incluso dice que el verdadero golpe de estado se lo dieron a él.

Lo cantinflesco del golpe, sin embargo, no parece quitarle relevancia ni gravedad penal a los hechos. Por el contrario, para el Ministerio Público, el expresidente y sus coprocesados “acordaron disolver el Congreso e instaurar un estado de excepción en el Perú, sin que se configuren los presupuestos establecidos en la Constitución”.

“Aprovechando la condición del mandatario como jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, utilizó tal poder para ordenar a dichas fuerzas del país, a través de su mensaje a la nación, el alzamiento en armas para suprimir el régimen constitucional; así como, de otros organismos autónomos, como consecuencia de la reorganización del sistema nacional de justicia decretado”, acusa la fiscalía.

A Aníbal Torres y Betssy Chávez también se les señala como los autores del discurso golpista junto al propio Pedro Castillo. A Willy Huerta se le sindica por presuntamente haber sido intermediario para que el entonces presidente dé órdenes a algunos oficiales de la PNP; mientras que los policías acusados son sindicados de haber obedecido la proclama golpista y haber impedido, momentáneamente, que algunos congresistas entren al Palacio Legislativo.

El abogado penalista Andy Carrión dijo a El Comercio que el juicio de Pedro Castillo sentará un precedente “importantísimo” en la historia peruana, ya que “estamos frente al primer caso de un expresidente que sería condenado por rebelión, al menos en nuestra historia reciente”.

“Es un delito de rebelión tentado en el que todos los peruanos fuimos testigos por el mensaje de la nación; por la participación, según sostiene la fiscalía, de Betssy Chávez, Aníbal Torres y otros que coadyuvaron”, indicó. “También marcaría la historia por ser uno de los intentos de golpe de Estado más tontos que se ha dado”, añadió.

Para la abogada penalista Fernanda Bobadilla, se trata de un caso “bastante significativo” por estar ligado a un intento de “usar a las FFAA y la Policía para atentar contra la democracia”. El mismo sistema de justicia que intentó intervenir ahora lo juzgará mediante un debido proceso, en el que tuvo a derecho a la defensa, manifestado en casi una treintena de abogados.

Ambos especialistas consideraron que lo más probable es que el caso termine en una sentencia condenatoria contara Pedro Castillo.

“A lo largo del proceso, hubo gente que opinó que con el mensaje no se llegó a concretar ninguna acción peligrosa para la democracia. Pero si uno ve los actos de indagación de la fiscalía, se tiene que no solo están imputado el presidente, sino miembros de la PNP acusados de intervenir e impedir el acceso de congresistas al Legislativo, lo que evidenciaría que el mensaje sí tuvo peligrosidad para concretar el delito”, dijo Bobadilla.

“Él hizo todo lo posible, todo lo que estaba a su alcance, haciendo uso y aprovechando su función, para atentar contra la democracia y llevar a cabo este delito. No es lo mismo que ese mensaje lo dé un presidente a que lo dé un ciudadano de a pie”, remarcó.

No obstante, consideró que la condena no será por los 34 años solicitados por la fiscalía por los tres delitos, sino solo por el de rebelión, por el que se piden 25 años de condena para los otros acusados. En la misma línea, para Andy Carrión, la condena sería por el delito de rebelión “en grado de tentativa”.

“Se intentó dar un golpe de estado, que en el Código Penal se llama rebelión. Las evidencias, incluyendo testimonios y las coordinaciones que se dieron antes, durante y después, apuntarían a que sí fue un intento planificado, a diferencia de lo que sostienen las defensas. Habría participado no solo Pedro Castillo, sino también exministros y algunos miembros de la PNP”, opinó.

El requerimiento fiscal fue presentado en enero del 2024. A lo largo de ese año, un juzgado de la Corte Suprema hizo el control de acusación, hasta emitir el auto de enjuiciamiento, la orden para que el caso avance a juicio oral. En enero de este año, la Sala Penal Especial emitió otra resolución para convocar a la audiencia de instalación de este martes.

Si bien los 33 millones de peruanos fueron testigos del mensaje, el Ministerio Público considera que cuatro decenas de testigos bastarán para probar cómo se tramó el golpe y cómo se intentó ejecutarlo.

En el auto de citación a juicio -al que accedió El Comercio- consta que se citarán a 40 testigos de la fiscalía y a otros 15 ofrecidos por las defensas, para un total de 55 testigos a declarar durante el juicio. Entre estos destacan quienes eran ministros y altos mandos de las FF.AA. y la PNP al momento de los hechos, los periodistas que fueron enviados a Palacio de Gobierno para la transmisión del mensaje, funcionarios de Presidencia y de la PCM, y algunos congresistas.

En la lista de testigos detalladas en ambas resoluciones judiciales, los primeros son los exministros Gustavo Bobbio (Defensa), Alejandro Salas (Trabajo) y Heidy Juárez (Mujer). Es probable que ellos sean, en las próximas semanas, los primeros en declarar. Luego vendrían los ex altos mandos policiales y militares.

La defensa de Pedro Castillo no ofreció ningún testigo propio para el juicio durante el control de acusación. Sí lo hicieron las de Aníbal Torres y Betssy Chávez, quienes llamarán a testificar a extrabajadores de sus despachos ministeriales. No obstante, el abogado del expresidente sí podría contrainterrogar a los testigos de la fiscalía y de las otras defensas.

Por otro lado, entras las pruebas documentales está quizás la evidencia más potente y simple del caso: el acta del video del mensaje golpista, así como de los videos de seguridad de Palacio de Gobierno y de las calles aledañas. También están el acta de detención de Pedro Castillo, los distintos pronunciamientos institucionales en rechazo al golpe, entre otros.

En total, la fiscalía presentará 66 documentales para sustentar su acusación, mientras que las defensas de los acusados presentarán 16 para rebatirla; para un total de 82 pruebas de este tipo.

Aquí la defensa de Pedro Castillo sí presentó una prueba documental, consistente en cuatro reportes periodísticos de ciudadanos pidiendo el cierre del Congreso, lo que “conllevó al entonces presidente de la República, Castillo Terrones, a leer el mensaje”, según se indica en el auto de citación a juicio.

Esa es la única prueba propia propuesta por la defensa del principal acusado. Sin embargo, aún tiene la posibilidad de que proponer prueba nueva, bajo ciertas condiciones, una vez instalado el juicio. En ese supuesto, la defensa del expresidente también tendrá que decidir si este accede a declarar y a ser interrogado por la fiscalía y las defensas.

Por el número de acusados y pruebas, los penalistas consultados por este Diario consideraron que el juicio podría durar un máximo de ocho meses si se mantiene la frecuencia de tres audiencias por semana. Es decir, habría una sentencia antes de diciembre, mes en que se cumplen tres años del golpe y en que vence la prisión preventiva del expresidente por este caso.

Bobadilla consideró que el juicio “no debería durar más de siete u ocho meses”. “Esto en principio, porque pueden pasar muchas cosas que lo pueden dilatar. El juicio contra Alejandro Toledo duró un año, teniendo más pruebas documentales, más testigos y siendo más complejo”.

Añadió que “el hecho que haya dos acusados bajo prisión preventiva (Pedro Castillo y Betssy Chávez) va a significar que se ponga más celeridad. El juicio tiene que ser rápido para que no sigan en prisión sin tener una sentencia condenatoria”.

Carrión destacó la importancia de que el tribunal haya dispuesto trabajar a un ritmo de tres audiencias por semana. “Si se avanza a ese ritmo, podría durar de seis a ocho meses, no creo que más. Salvo que luego decidan programar una sola audiencia por semana, allí podría durar de un año a más”, dijo.

Pero todo ello será en las audiencias posteriores, mucho más adelante en el juicio. Para la audiencia de este martes la principal polémica será otra: si el juicio se instala o no. Se prevé que al menos una de las defensas se oponga a ello.

Como informó El Comercio en informes previos, la defensa del exministro Willy Huerta recurrió a una reciente ley del Congreso para apelar el auto de enjuiciamiento de este caso (la orden judicial para que el caso vaya a juicio) y evitar someterse al juzgamiento. A la fecha, esa apelación aún no es evaluada en audiencia ni mucho menos es resuelta.

En otros casos que estaba yan con orden de ir a juicio, como el de la exalcaldesa Susana Villarán, la apelación del auto de enjuiciamiento derivó en que el caso quede ‘congelado’ hasta que ese recurso sea resuelto. Pero en este caso, la Sala Penal Especial Permanente decidió convocar a la audiencia de instalación de todas formas.

En un diálogo previo con este Diario, la defensa de Willy Huerta adelantó que, ante la falta de resolución a su apelación, este martes plantearán a la sala que el juicio no se instale. La propia fiscalía, durante una audiencia por este caso, advirtió que esta era una posibilidad mientras la apelación al auto siga sin tener una respuesta definitiva.

La defensa de Pedro Castillo, de momento, se guarda sus cartas. Su abogado para este caso, Luis Walter Medrano, dijo a El Comercio que “por ahora” no planean presentarse un recurso similar para que el juicio no se instale. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de sumarse a la solicitud de Willy Huerta con ese propósito.

“Por ahora, no tenemos ningún argumento (para pedir que no se instale el juicio). Por ahora, está en pie el juicio, pero no sabemos qué pasará mañana o pasado mañana”, dijo el abogado, quien buscará la absolución de su defendido.

Consultado por la apelación pendiente contra el auto de enjuiciamiento, replicó que aún no conversaba con Pedro Castillo respecto a si se iban a sumar a la solicitud de su exministro para que no inicie el juzgamiento. “Estamos todavía para ver, estamos ultimando algunos detalles”, indicó.

Tampoco precisó si el expresidente accederá a declarar y ser interrogado durante el juicio.

La defensa de Aníbal Torres, a cargo del exjuez supremo Duberlí Rodríguez, indicó que ellos no se opondrán a la instalación del juicio. Pese a ello, el exmagistrado dijo que es probable que otras defensas se opongan a la instalación de debido a la presencia de la juez Norma Carbajal como integrante del tribunal.

El cuestionamiento iría porque ella previamente integró la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, tribunal que ya conoció este caso al resolver distintas apelaciones, entre ellas las de la prisión preventiva dictada contra Pedro Castillo y Betssy Chávez.

Ese mismo aspecto fue abordado en la propia resolución de citación a juicio, donde se detalla una veintena de apelaciones dentro de este mismo proceso resueltos por la Sala Penal Permanente con la jueza Carbajal como integrante.

No obstante, la misma sala decidió que ello no afectaba la imparcialidad de la jueza, ya que ninguno de esas resoluciones tuvo que ver con el tema de fondo que se verá en el juicio: la culpabilidad o inocencia de los acusados. Por tanto, si el tribunal ya tiene un criterio respecto a ese cuestionamiento, es poco probable que lo cambie o lo tome como un motivo para no instarla el juzgamiento.

Como las apelaciones contra el auto de enjuiciamiento son una invención del actual Congreso, no hay antecedentes ni consenso sobre lo que pasará. Todo es interpretable. Penalistas consultados por El Comercio, entre ellos Andy Carrión, consideraron que sí hay una posibilidad real de que la sala opte por no instalar el juicio mientras la apelación pendiente contra el auto de enjuiciamiento sea resuelta.

“Imagínate que avance el juicio y luego la sala de apelaciones resuelve anular, corregir o revocar una parte del auto de enjuiciamiento. Ello llevaría que el juicio se tenga que iniciar de nuevo. Por eficacia del proceso, el tribunal de juzgamiento debería esperar a que se resuelva la apelación, que tampoco debería demorar mucho, puede ser uno o dos meses más”, dijo Carrión.

Sin embargo, la penalista Fernanda Bobadilla opinó que la apelación pendiente no debería ser un impedimento para que el juicio se instale: “Una apelación solo suspende el proceso cuando es sobre sentencia o sobre resoluciones que ponen fin a una instancia. Contra un auto de enjuiciamiento, la apelación no tendría un efecto suspensivo. La apelación se da, pero eso no quiere decir que por eso el juicio se suspende. Lo considero poco probable”, dijo.