Pedro Castillo insiste en pedido para anular su proceso por rebelión y su prisión preventiva

El vacado expresidente Pedro Castillo insiste en su pedido para que el Poder Judicial anule su proceso por rebelión en torno al golpe de Estado del 7 de diciembre. Y con ello, en su pedido para que se anule la orden de 18 meses de prisión preventiva que cumple desde mediados de ese mes.

La defensa del exmandatario apeló la resolución con la que el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundado, a fines de enero, el recurso presentado con este propósito. Se trataba de una cuestión previa, cuyo principal argumento era que el Congreso y la Fiscalía de la Nación no respetaron su derecho al antejuicio para iniciarle el proceso y pedir su prisión preventiva.

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El recurso de apelación fue presentado por escrito ante el magistrado, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, quien revisó que cumpla los requisitos formales. Tras verificarlo, dispuso en una resolución -a la que tuvo acceso El Comercio- conceder el recurso y elevarlo a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Este Diario pudo conocer que la apelación ingresó el último viernes a los registros de la Sala Penal Permanente, que es presidida por el juez supremo César San Martín. Lo que pendiente es que ese tribunal programe una audiencia de apelación para evaluar el recurso y emitir una resolución definitiva frente al mismo.

Pedro Castillo está detenido desde el 7 de diciembre, luego de que dio el golpe de Estado. Su detención inicial se dio en flagrancia por ese delito, cuando se dirigía hacia la embajada de México.

Dicha detención en flagrancia fue validada en la Corte Suprema: tanto por el juez Checkley como por la sala que presidente César San Martín.

Luego, el 14 de diciembre, la Fiscalía de la Nación solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo. La solicitud fue amparada tanto por el juez Juan Carlos Checkley en primera instancia como por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en segunda y última instancia. Ambos instancias consideraron que sí se respeto el debido proceso al levantarse el antejuicio del expresidente.