En la segunda audiencia por el juicio oral por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo y el resto de los acusados rechazaron los cargos en su contra. El proceso continuará este viernes a partir de las 9 a.m.
Antes de que concluya la sesión, Castillo Terrones intentó retirarse de la sala de audiencias del penal de Barbadillo.
Incluso, el exmandatario calificó de “fiscales de Azángaro” a sus acusadores y les dijo a los abogados de la procuraduría que “se pongan a trabajar”.
El presidente de la sala, el juez supremo José Neyra, exhortó a Castillo a moderar su lenguaje.
“Tiene que moderar su vocabulario, si no, no vamos a permitir que haga uso de la palabra”, refirió el magistrado.
El juicio contra Pedro Castillo y sus exministros por su golpe de Estado se reanuda este jueves desde las 9:00 a.m. en la sala de audiencias de la Corte Suprema en el complejo policial de la Dinoes.
En esta sesión, se espera que la defensa legal del expresidente dé sus alegatos iniciales en respuesta a la acusación de la fiscalía.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo José Neyra, instaló el juicio oral el martes 3 de marzo. Ese día dieron sus alegatos de apertura la fiscalía, la Procuraduría General del Estado y la defensa legal del acusado Aníbal Torres, ex presidente del Consejo de Ministros y asesor de la PCM al momento del golpe, el 7 de diciembre del 2022.
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La audiencia del martes se suspendió cuando el abogado de Betssy Chávez, presidente del Consejo de Ministros, iba a dar sus propios alegatos. Por lo tanto, se espera que esa defensa tome la palabra al inicio de la sesión de este jueves y luego siga la de Pedro Castillo. Finalmente, harán lo propio los representantes legales de los policías Manuel Lozada y Jesús Venero.
La audiencia está programada entre las 9:00 a.m. y 1:00 p.m. Si resta tiempo luego de terminar de escuchar los alegatos de todas las defensas restantes, la sala pasaría a preguntar a cada uno de los acusados si aceptan o rechazan los cargos de la fiscalía. También se les cuestionará si acceden declarar como acusados en esta fase o al final del juicio.
Pedido
La fiscalía solicita 34 años de prisión para Pedro Castillo, a quien acusa de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Al resto de acusa solo por rebelión, delito por el que se requiere una pena de 25 años, a excepción de Aníbal Torres, para quien se piden 15 años.
Todos son acusados de haber aprovechado la condición del entonces presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía para ordenarles a alzarse en armas contra el régimen constitucional, cerrando el Congreso e interviniendo el sistema de justicia. Ello con el objetivo de establecer un gobierno por decreto.
