Se presentó sin abogado y negándose a ser juzgado: los entretelones del inicio del juicio por el golpe de Estado de Pedro Castillo

Este martes, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró “válidamente instalado” el juzgamiento contra Pedro Castillo y sus exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta, acusados de rebelión por los hechos del 7 de diciembre del 2022. Ese día, el entonces mandatario usó un mensaje a la nación para anunciar un golpe de Estado y proclamar el cierre del Congreso, la intervención del sistema de justicia y el inicio de un régimen de gobierno por decreto.

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El juzgamiento también incluye a un general y a un comandante de la Policía Nacional de Perú (PNP). Un séptimo acusado, un teniente policial, no se presentó a la audiencia y fue declarado reo contumaz, con lo que todo lo referido a él fue reservado hasta que se apersone al juzgamiento.

La audiencia estaba programada para las 9:00 a.m. en la sala de la Corte Suprema ubicada en el complejo policial de la Diroes, contigua al penal de Barbadillo. Pedro Castillo cumple allí prisión preventiva por este caso luego del fracaso de su intentona golpista. Sin embargo, la sesión recién pudo comenzar a las 9:40 a.m.

El presidente de la sala, el juez supremo José Antonio Neyra, atribuyó el retraso a la demora de los abogados y los acusados para ingresar a la sala judicial, situación que pidió que no se repita en las próximas audiencias, previstas para este jueves y viernes.

Luego de resolver un incidente en el que Pedro Castillo se presentó sin su principal abogado de este caso, indicando que no se quería someter al juicio; y después de declarar la contumacia del acusado Eder Infanzón, la sala instaló el juicio y dio paso a los alegatos iniciales del Ministerio Público.

Durante estos, la fiscal adjunta suprema Galinka Meza destacó la trascendencia histórica del caso, en el que se lleva ante la justicia a un ciudadano que fue elegido democráticamente como presidente, pero que luego quebró “el orden constitucional y democrático de nuestra sociedad”.

A las 9:00 a.m., la prensa nacional e internacional ya estaba instalada en la sala de audiencias. Dos hermanos de Pedro Castillo también llegarían hasta el lugar. Afuera, los gritos de la treintena de simpatizantes castillistas que llegaron a esa hora hasta la entrada de la Diroes se ahogaban en largo camino desde ese punto hasta la sede judicial, que todos los asistentes a la diligencia recorren trasladados en vehículos del Poder Judicial.

Puntuales, los tres jueces supremos que integran la sala, José Neyra (presidente), Iván Guerrero y Norma Carbajal, se instalaron en su tribunal. Los acusados y sus defensas, sin embargo, brillaban por su ausencia.

En los minutos siguientes, fueron ingresando junto a sus defensas los acusados: el general PNP Manuel Lozada, el comandante PNP Jesús Venero, el exministro del Interior Willy Huerta y la ex primera ministra Betssy Chávez, trasladada para la audiencia desde el penal de Mujeres de Chorrillos. También llegó su exasesor y antecesor como jefe del gabinete, Aníbal Torres.

A su ingreso, cuando una reportera le preguntó si confiaba en la justicia, el exministro respondió: “He venido a visitar al presidente de la República”. “¿Cuál presidente?”, le replicaron.

Torres volteó a ver quién le había respondido, pero al rato siguió su camino rumbo al banquillo de los acusados. En Barbadillo, además de Pedro Castillo, está recluido el exmandatario Alejandro Toledo, quien hace cinco meses fue condenado a 20 años de prisión por corrupción en esta misma sala de audiencias.

Hacia las 9:40 a.m., el principal acusado finalmente ingresó a la sala. Pedro Castillo vestía una camisa clara de mangas largas y un pantalón oscuro. En el bolsillo del frente de su camisa, llevaba un lapicero de color rojo.

De inmediato, el juez Neyra dio inicio a la audiencia, lamentó el retraso y cedió la palabra a Norma Carbajal, quien -como adelantó este Diario- actuará como directora de debates del juicio. A su turno, la magistrada dio la palabra a los acusados y a sus defensores para que se acrediten ante a la sala. Todo transcurrió con regularidad hasta que fue el turno de Pedro Castillo.

“Hice llegar a esta sala un escrito…No, no tengo (abogado defensor)”, dijo cuando le consultó por su defensa legal. El expresidente que ha tenido casi una treintena de abogados desde su fallido golpe de estado llegó a la fecha más importante, el día del inicio del juicio, sin un representante legal.

Para detallar lo que había ocurrido, Pedro Castillo buscó remitirse a un texto que había presentado antes de la audiencia y que difundió a través de cuenta de X. Sin embargo, la jueza le explicó que su recurso debía explicarse de forma oral.

En ese documento, el expresidente retiraba como su abogado a Luis Walter Medrano, quien llevaba casi un año como su principal defensor en este proceso. Nombró en su lugar a su exministro de Trabajo Iber Maraví, pero solo para que firme su escrito, ya que líneas después también lo retiró a él y anunció que se “rehusaba” a participar en el juicio. En el mismo escrito, Castillo se atribuyó la responsabilidad de lo “dicho y hecho” en su discurso, en un intento de exculpar al resto de acusados.

“No tiene razón venir con un abogado a esta audiencia, toda vez que no me puedo someter a un juicio oral donde todo parece estar confinado”, manifestó ya en la audiencia. “Señores magistrados: en condición de presidente de la República, secuestrado en el penal de Barbadillo…”, añadió, antes de ser interrumpido por la directora de debates para que se centre en el tema de su defensa. El acusado luego calificó el juicio de una “pantomima” y que tampoco aceptaba a un abogado de la Defensa Pública.

La sala pasó a deliberar y resolvió asignarle a Pedro Castillo un defensor público. La jueza detalló que si bien se había presentado el escrito para retirar de la defensa a Medrano, no hizo lo mismo con los otros tres abogados que tenía en este caso y que tampoco se presentaron en la audiencia. Luego, se remarcó que tenía el derecho a la defensa y a que se le asigne a un abogado público. También se indicó que la audiencia era inaplazable.

“Existen casos en que el Estado tiene la obligación de asignar un defensor de oficio, con lo cual queda garantizado el derecho a la defensa, al ser este un derecho irrenunciable. Tanto más cuando el acusado no brinda razones jurídicas aceptables para negarse al patrocinio de su libre elección o de oficio”, afirmó.

En consecuencia, el abogado público Edgar Callahualpa Quispe fue encargado con su defensa. El letrado, quien ya estaba presente a la sala, pasó a sentarse al lado del exmandatario

Pedro Castillo, quien escuchó el anuncio con un gesto estoico, volvió a tomar la palabra para indicar que su anterior defensa había intentado recusar (apartar del juicio) a la jueza Carbajal. Consideraban que ya había “adelantado opinión” al haber resuelto incidentes en segunda instancia en este mismo proceso, como parte de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

“Jamás he cometido el delito de rebelión y mis coacusados (…) nada tienen que ver en este proceso. Nunca han tenido participación aquel 7 de diciembre del 2022. Lo único que hice fue trasladar el deseo del pueblo a través de un discurso público, un discurso político”, volvió a alegar, como tantas otras veces dentro de este mismo caso.

La sala tuvo que interrumpirlo para explicarle que la recusación ya había sido rechazada y que su defensa la podrá hacer dentro de la etapa del juicio que corresponda y que incluso puede negarse a declarar.

“Ningún imputado en el Perú puede hacer lo que desee, todos estamos sujetos a reglas (…) Este es un juicio penal, no estamos haciendo un juicio político. Merecemos respeto, la justicia merece respeto”, dijo el juez Neyra. “Le hemos dado un espacio para que pueda hacer su intervención, pero las intervenciones acá no pueden ser políticas”; agregó, ante la insistencia de Pedro Castillo en repetir su discurso.

Cerrado ese incidente, se declaró al acusado Eder Infanzón, teniente de la PNP, como “reo contumaz” al haber sido notificado y no haberse conectado a la audiencia. Según dijo su abogado, él está en Suiza.

Con todo ello, la sala declaró “válidamente instalado” el juicio oral. En este caso, la existencia de un recurso de apelación pendiente contra el auto de enjuiciamiento por este caso no fue impedimento para que el juzgamiento siga adelante. Por el contrario, se dio el pase a los alegatos iniciales de la fiscalía.

En ese interín, Pedro Castillo comenzó a conversar por largo rato con su flamante abogado, a quien poco antes había rechazado. Incluso se les vio compartir algunas sonrisas.

En su alegato inicial, la fiscal Galinka Meza sostuvo que estamos ante un “juicio que no tiene precedentes en nuestra historia ni en los anales judiciales: el juicio seguido al ciudadano José Pedro Castillo Terrones, quien ha quebrantado el orden constitucional y democrático de nuestra sociedad”.

Esto a pesar de “haber sido elegido como presidente de la República y haber ejercido el más alto cargo funcionarial”. “Aquel día, 7 de diciembre del 2022, quebrantó el orden constitucional. Y para realizar este acto, tuvo la participación de las siguientes personas”, reiteró antes de comenzar a nombrar al resto de acusados

Así, la fiscal atribuyó a Betssy Chávez, su entonces presidenta del Consejo de Ministros, y a Aníbal Torres, entonces asesor de la PCM y exjefe del gabinete ministerial, la “planificación y ejecución” del delito; mientras que a Willy Huerta, por entonces ministro del Interior”, le imputó “netamente la ejecución”. Lo mismo para el general PNP Manuel Lozada, exjefe de la Región Policial Lima, el comandante PNP Jesús Venero, como jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales (USE), y el teniente PNP Eder Infanzón, como oficial operativo USE.

“Señores jueces, en los próximos días tendrán la oportunidad de conocer cómo el señor Castillo Terrones y las personas que participaron con él en los hechos, planificaron y ejecutaron estos actos de quebrantamiento de nuestro orden constitucional”, afirmó la representante del Ministerio Público.

Para la fiscalía, los hechos atribuidos a los acusados abordan los hechos previos al mensaje golpista desde el 6 de diciembre, como la intención del expresidente de cambiar al jefe del Ejército y la reunión de esa noche en Palacio de Gobierno, entre Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres, en la que se elaboró el mensaje golpista. Esto se probará, indicaron, con distintos testigos.

“Como consecuencia de la distribución de los roles, el acusado Aníbal Torres Vásquez redactó el mensaje a la Nación que debía ser leído por el acusado Pedro Castillo Terrones al día siguiente, el 7 de diciembre del 2022″, afirmó la fiscal. Esto se acreditará con un perito que analizó el archivo encontrado en una computadora del Despacho Presidencial con el título ‘mensaje’, tal como informó El Comercio en un informe previo.

Además, Meza sostuvo que se usarán las cámaras de Palacio de Gobierno y más testimonios para probar que, en una nueva reunión entre los tres acusados en la mañana del 7 de diciembre, se estableció que Betssy Chávez convocó a los periodistas de TV Perú y los recibió personalmente para la transmisión del mensaje. También que pidió a los miembros de su gabinete acudir a Palacio de Gobierno.

Por otro lado, la fiscalía señalo que Pedro Castillo, a través de Willy Huerta, intentó permitir el ingreso de sus simpatizantes a los alrededores de Palacio de Gobierno. Luego de la emisión del mensaje, el expresidente es acusado de ordenar la detención de la fiscal de la Nación, impedir el ingreso de personas al Palacio Legislativo y darle protección a la casa de sus padres, de Chávez y de Torres.

En tanto, se atribuye a Betssy Chávez el plan de elaborar un decreto supremo para plasmar lo dispuesto en el golpe.

La acusación también abordará los hechos posteriores al golpe: su fracaso ante el rechazo de las instituciones del estado y los intentos de Pedro Castillo, Aníbal Torres y Betssy Chávez de dirigirse a la embajada de México, así como la detención en flagrancia del expresidente.

Con todo ello, la fiscalía requirió 34 años de prisión para Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública; 25 años por rebelión para Betssy Chávez, Willy Huerta, Manuel Lozada y Jesús Venero; y 15 años para Aníbal Torres. A su turno, en su alegato inicial, la Procuraduría General del Estado presentó su requerimiento del pago de S/ 65 millones como reparación civil por este caso, entre todos los acusados.

La defensa de Aníbal Torres, a cargo del ex juez supremo Duberlí Rodríguez, también hizo sus alegatos de apertura. En su discurso, la defensa cuestionó que su defendido haya podido tener influencia sobre el presidente desde su rol como jefe del gabinete de asesores de la PCM, y rechazó que se haya cometido el delito de rebelión porque los acusados no se alzaron armas.

“¿Con leer un mensaje se materializa el alzamiento en armas? Para esta defensa, no (…) Se demostrará con absoluta claridad y transparencia que mi patrocinado no tiene ninguna participación en el delito de rebelión que se le atribuye”, dijo Rodríguez.

Luego de casi tres horas, la sala suspendió la audiencia a las 12:30 p.m. El juicio se retomará el próximo jueves 6 de marzo desde las 9:00 a.m. Se espera que hagan sus alegatos iniciales la defensa de Betssy Chávez, Pedro Castillo y el resto de acusados.

El expresidente podrá seguir siendo representado por el defensor público, pero también podrá nombrar a un nuevo abogado particular para que comience a presentar, esta vez sí en la etapa adecuada, sus argumentos de defensa ante la acusación.

La salida de la audiencia fue accidentada. Afuera de la Diroes, los simpatizantes de Pedro Castillo, que portaban banderas de los partidos en formación ‘Todo con el Pueblo’ (ligado al entorno de Pedro Castillo e Iber Maraví) y ‘APU’ (ligado a Aníbal Torres), protagonizaron distintas grescas. Un grupo agredió al propio a Aníbal Torres, acusándolo de “topo”. Otros incidentes fueron protagonizados por el abogado Wilfredo Robles, otro de la larga lista de abogados del expresidente.