Pedro Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo. (Justicia TV)
Pedro Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo. (Justicia TV)
Redacción EC

seguirá cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo, luego que el Poder Judicial rechazara su intento de salir en libertad con una comparecencia con restricciones bajo una vigilancia electrónica para afrontar el juicio por el del 2022.

La resolución del juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, declaró infundada la solicitud de la defensa de Castillo y dispuso que se mantenga vigente la medida de prisión preventiva que fue prolongada por 18 meses más por la Corte Suprema.

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Entre los principales argumentos que esgrimió el magistrado en su resolución, está que las leyes prevén la medida de supervisión electrónica contra reos en cárcel para eliminar la sobrepoblación en penales hacinados, y para casos de delitos con menos de ocho años de prisión como condena.

Al respecto, Checkley evaluó que el delito de rebelión que se le imputa al exmandatario tiene penas de entre 10 y 20 años de prisión.

“En ese sentido, no cabe la vigilancia electrónica en el presente caso; más aún cuando el argumento de la defensa es que en el centro penitenciario donde su patrocinado cumple la prisión preventiva (conocido como Barbadillo) es uno en el cual no existe hacinamiento”, precisa.

Asimismo, descartó los otros argumentos incluyendo un planteamiento de supuestos nuevos medios probatorios como la falta de toma de declaraciones de personal de Palacio de Gobierno que niega que haya habido una intención de perpetrar un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022.

Según el juez, estas críticas por no recabar testimonios debieron ser procesadas en la etapa intermedia del juicio que ya concluyó, para que el Ministerio Público haya podido canalizarlas de manera regular.

Finalmente, descartó que las nuevas versiones de estos supuestos testigos presentados por los abogados de Pedro Castillo tengan contundencia suficiente para anular los medios probatorios que sí son parte de la carpeta por el golpe de Estado.

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