Pedro Castillo y sus aliados redoblan ofensiva legal contra el Congreso y la fiscalía

El presidente Pedro Castillo y personas de su entorno han retomado la ofensiva para hacer frente al Ministerio Público y el Congreso luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara una denuncia constitucional contra el mandatario ante el Poder Legislativo.

En el caso concreto del presidente, este interpuso una demanda de amparo contra el Parlamento. El documento, al que accedió El Comercio, lleva su firma y la del abogado Ananías Narro.

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Su objetivo es la anulación de lo actuado por la Comisión de Fiscalización respecto a la investigación que lo incluye como supuesto líder de una red criminal, una denuncia constitucional por presunta traición a la patria y una eventual nueva moción de vacancia, a pesar de que esta aún no existe formalmente. Castillo también pidió que se ordene al Congreso “se abstenga de ejercer control político de manera arbitraria”.

Pero este Diario conoció que el juzgado ante el cual se presentó el amparo se declaró incompetente para ver el caso y lo derivó a una sala constitucional.

Los demandados son José Williams, Héctor Ventura y Lady Camones, titulares del Congreso, la Comisión de Fiscalización y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, respectivamente; además del procurador del Parlamento, Manuel Peña.

Narro declaró a este Diario que fue “convocado” por el presidente para trabajar en el amparo fechado el 11 de octubre, día en que ambos se reunieron en Palacio de Gobierno. A su criterio, el Parlamento abusa “desmesuradamente de sus facultades” y “no tiene facultades para vacar al presidente, en tanto ha sido elegido por un mandato popular”.

El abogado, que es tío del exministro de Justicia Ángel Ydelfonso y tiene antecedentes por apropiación ilícita, aseguró que venían trabajando en el recurso desde antes de que Benavides denunciara a Castillo. Sin embargo, no descartó plantear una medida similar contra ella. “Está excediéndose en sus funciones”, dijo.

Nuevas denuncias

Betssy Chávez, congresista de Perú Democrático y ministra de Cultura, ha planteado ya tres recursos en contra de la fiscal de la Nación.

El primero fue presentado el miércoles y se trata de una denuncia constitucional. La acusa de haber infringido la Carta Magna y de ser parte de un supuesto “plan sistemático para desestabilizar al Gobierno”.

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Con argumentos similares, Chávez dirigió el jueves pasado un oficio a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para comunicar una “infracción grave” de parte de Benavides y pedir su destitución del cargo.

Finalmente, Chávez y sus colegas de Perú Democrático, entre ellos Guillermo Bermejo, presentaron otra denuncia constitucional contra Benavides, esta vez por la presunta comisión del delito de prevaricato.

El último lunes, Bermejo ya había presentado una primera denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación. Le imputa delitos como organización criminal y la infracción de tres artículos de la Constitución.

Por su parte, los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio −asesores de Bermejo y visitantes de Castillo en Palacio de Gobierno− presentaron una nueva denuncia penal contra Benavides. También pidieron que se la indague por prevaricato.

En los días previos, ambos ya habían pedido que se le investigue a nivel fiscal por delitos como organización criminal; y en la JNJ por supuestas faltas “graves y muy grave” a la carrera fiscal.

Sin sustento

Especialistas consultados por El Comercio coincidieron en que esta seguidilla de recursos no tiene mayor sustento y responde a una estrategia política.

“La mejor respuesta es que [el presidente] aclare a la ciudadanía los hechos de corrupción que le atribuye la fiscal de la Nación, más que estar planteando estas otras acciones [...] Son manotazos de ahogado”, opinó Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional.

Iván Meini, abogado penalista y exprocurador anticorrupción, consideró que estamos ante “una contraofensiva para intentar distraer la atención sobre los contundentes indicios que acompañan a la denuncia presentada por la fiscal de la Nación”.

“Si tuvieran algún tipo de sustento jurídico, la lectura sería distinta”, indicó.

En tanto, el abogado constitucionalista Erick Urbina consideró que las medidas son “respuestas políticas ante una denuncia constitucional seria y bien fundamentada”, y que “pueden incluso ser tomadas como obstrucción a la justicia”. “Si es que están denunciando a quien los está investigando, en el fondo están buscando entorpecer el normal desarrollo de la investigación”, expresó.