Pedro Castillo pierde los papeles y citan a los 40 testigos de la fiscalía: lo que dejó el segundo día del juicio por el golpe de Estado

En el segundo día del juicio por el golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo perdió los papeles y recurrió a insultar a los fiscales que lo acusan por rebelión y piden para él 34 años de condena. En respuesta, la sala que lo juzga le llamó la atención, le recordó que está sometido a un proceso judicial con reglas y que se pueden aplicar “medidas coercitivas” a los acusados, antes de darle el pase a su abogado para que dé sus alegatos iniciales.

La audiencia realizada este jueves, en la sala de la Corte Suprema en el complejo policial de la Diroes, dedicó la mayor parte de sus cuatro horas a los alegatos de apertura de las defensas de los acusados. La última en participar fue la defensa del expresidente, a cargo del abogado público Edgar Callahualpa Quispe

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Cuando la directora de debates del juicio, la jueza Norma Carbajal, le dio la palabra al abogado, fue Pedro Castillo quien se acercó al micrófono para decir que “no necesito los servicios de la defensa pública”. “El único delito que cometí es defender a este pueblo. Sin ser abogado, me he dado cuenta de que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal”, dijo antes de que la magistrada le recuerde que tendrá su oportunidad de declarar y dar sus propios alegatos.

ASÍ FUE LA AUDIENCIA

Sin embargo, Pedro Castillo volvió a interrumpir a su defensor para cuestionar a la jueza y anunciar que no quería “estar presente, no deseo participar más de este juicio. Con su permiso, ¿puedo retirarme?”. “No, señor Castillo”, le respondió el presidente de la sala, el juez José Neyra.

“Las personas comprendidas en un proceso tienen deberes que cumplir. También tienen muchos derechos y garantías, como acogerse a la no incriminación y ejercer su defensa, pero en términos jurídicos (...) Las personas sometidas a un proceso pueden contar con un abogado”, le dijo.

El magistrado luego le reiteró que cuando una persona bajo prisión preventiva se niega a participar en un juicio, “la ley establece medidas de coerción para conducir a las personas para que vengan acá y digan lo que estimen”.

“Acá se le dan las garantías. Hay un defensor público. Usted ha tenido varios abogados. Usted no quiere continuar con ellos y ese ya es un asunto propio, pero no puede haber un juicio sin abogado defensor”, añadió. “En su caso, usted está en un establecimiento penitenciario (...) Acá se está discutiendo jurídicamente, usted ha escuchado a los abogados de los acusados, así como la señora fiscal dio su punto de vista”.

Evidentemente frustrado ante su fallido intento de abandonar la audiencia, Pedro Castillo calificó de “fiscales con una tesis de Azángaro” a los representantes del Ministerio Público que lo acusan. Esto provocó el reclamo de la fiscal adjunta suprema Galinka Meza.

“La procuraduría, jóvenes robustos pidiendo millones de plata. Que vayan a trabajar”, añadió el expresidente en relación a la defensa del Estado, que requiere por este caso S/ 65 millones como reparación civil.

“Señor Castillo, tiene que moderar su vocabulario, porque si no, no vamos a permitir que haga el uso de la palabra. Tenga la bondad, señor Castillo”, le dijo el presidente del juzgado. El expresidente insistió en que “nunca cogí un arma” y el magistrado le respondió que “todo eso tiene que traducirlo a través de su señor abogado”.

El acusado insistió en que “estoy acá contra mi voluntad”.

“Usted está acá por el imperio de la Constitución y la ley, señor Castillo”, le replicó el juez. “Le guardo respeto, tenga la bondad de hacerlo igual con nosotros. Tenemos que cumplir una obligación. Usted lo sabe, ha tenido N cantidad de abogados”.

Finalmente, el expresidente insistió en intentar exculpar a sus coacusados y en que la defensa pública lo representaba “en contra de mi voluntad”. “¿Puedo retirarme, entonces?”, volvió a preguntar. “No, señor Castillo. Si se retira vamos a tener que disponer que lo conduzcan, no puede haber juicio sin que usted esté, está sujeto a una medida de coerción”, agregó.

El expresidente dijo que, en todo caso, quería ir a otra sala “para coordinar unos temas”. “¿Con quién va a coordinar si su abogado está acá presente. Usted no quiere tener un abogado particular´”, le dijo el juez. “Dejo constancia que se está haciendo contra mi voluntad. No descarto que mi abogado de la defensa pública haya grabado algunas que cosas que le he dicho”, fue lo último que dijo Castillo al cierre del incidente.

Luego de esto, el defensor público del expresidente cumplió con hacer su alegato de apertura, en el que dijo que no se podrá probar que hubo coordinaciones previas para el mensaje golpista o que hubo órdenes para detener a la fiscal de la Nación e impedir el ingreso de los legisladores al Congreso.

Sostuvo que no se podrá establecer que hubo delito de rebelión porque no se levantó en armas: “Este será el talón de Aquiles de la acusación fiscal. No existirá modo alguno que se pueda probar que Pedro Castillo se haya alzado en armas o haya establecido un estado de excepción, porque no existe ese documento de acuerdo con los ministros para declararlo”.

“¿Un discurso político es idóneo para levantarse en armas? ¿Con este discurso político se quebró el orden constitucional?”, cuestionó. “Solicitaremos la absolución del presidente Pedro Castillo, demostrando su inocencia y que no ha cometido ningún delito. También solicitaremos declarar infundada la pretensión civil que persigue la procuraduría”, afirmó.

Previamente, también dieron sus alegatos iniciales las defensas de la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, del exministro del Interior Willy Huerta, y de los policías Manuel Lozada y Jesús Venero. Todos ellos son acusados por rebelión y se enfrentan a una posible condena de 25 años de prisión.

La defensa de Betssy Chávez, a cargo del exministro castillista Luis Barranzuela, coincidió en que no se puede establecer el delito de rebelión sin un alzamiento en armas y aseguró que no hay pruebas que vinculen a su defendida con un pacto golpista o con la elaboración del mensaje que leyó Pedro Castillo.

“La acusación fiscal adolece de serias deficiencias probatorias y contradicciones. No podrá desvirtuar la presunción de inocencia”, afirmó el aboigado. “Sostenemos enfáticamente que Betssy Chávez no ha cometido el delito de rebelión, que no hubo alzamiento en armas (...) Confiamos en que la única solución conforme a derecho será la absolución”, dijo.

En tanto, la defensa de Willy Huerta no cuestionó si los hechos pueden considerarse como delito de rebelión, sino que se centró en alegar que no hay pruebas que vinculen al exministro del Interior con un pacto golpista o con órdenes para ejecutarlo. Las defensas del general PNP Manuel Lozada y el comandante PNP Jesús Venero fueron en la misma línea, al negar que hayan dado órdenes para impedir el ingreso de congresistas al Palacio Legislativo.

Concluidos los alegatos de las defensas, la sala preguntó a cada uno de los acusados si aceptaban o rechazaban los cargo expuestos por la fiscalía. Todos respondieron que no.

“Lo rechazo rotundamente, como rechazo este juicio, que está parcializado”, dijo Pedro Castillo. “No los acepto porque son absolutamente falsos, como lo probaré”, manifestó Aníbal Torres. “Rechazo absolutamente los cargos falsos del Ministerio Público”, proclamó Betssy Chávez.

La fiscalía los acusa de haber aprovechado la condición de Pedro Castillo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía para ordenarles, a través del mensaje golpista del 7 de diciembre, alzarse en armas contra el régimen constitucional, con la intervención del sistema de justicia, el cierre inconstitucional del Congreso y el establecimiento de un gobierno por decreto.

Ante la negativa de los acusados, la sala avanzó hacia la etapa de evaluación de pruebas. Aunque primero, consultó a todas las partes si iban ofrecer prueba nueva, adicional a la ya aceptada para el juicio. Solo los abogados de Aníbal Torres (una testigo), Willy Huerta (un documento) y Betssy Chávez (tres testigos) hicieron sus propuestas, que serán resueltas por la sala en la próxima audiencia, del martes 11 de marzo.

La sala luego dispuso avanzar con la citación para los primeros testigos que declararán en el juicio, en la audiencia del próximo martes. También dispusieron cancelar la audiencia que estaba prevista para este viernes 7, ya que se requería más tiempo para citar a los declarantes.

Para el lunes, a propuesta de la fiscalía, se citó a los primeros seis testigos, en este orden: Manuel Gómez de la Torre, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Walter Córdova Alemán, ex comandante general del Ejército; Lina Sánchez Kamada, exsecretaria del Ministerio de Defensa; Andrés Salas Jaén, exviceministro del Ministerio de Defensa; Gustavo Bobbio, exministro de Defensa; y Alberto Alcalá Luna, excomandante general de la Marina de Guerra.

A pedido de la sala, la fiscalía también detalló quiénes serán citados para las seis audiencias siguientes, del 13, 14, 18, 20, 21 y 25 de marzo. Se prevé que en estas terminarán de ser interrogados todos los testigos del Ministerio Púbico, lo que significaría un importante avance dentro del juicio. Por delante solo quedarían los testigos de las defensas, que son muchos menos, y las pruebas documentales.

Los testigos serán citados en este orden: