La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó cinco recursos de apelación que presentó el expresidente Pedro Castillo por los procesos que se le sigue por los presuntos delitos de rebelión, colusión y organización criminal.
Los recursos fueron evaluados esta semana por la sala que preside el magistrado César San Martín, en audiencias realizadas entre el lunes y el martes pasado.
Por unanimidad, la sala declaró infundadas las apelaciones con las que el exmandatario pretendía que se revise el plazo de su prisión preventiva y la excepción de improcedencia de acción por el delito de rebelión. Esto por el golpe de Estado que dio en diciembre del 2022.
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También rechazó una tutela de derechos. Sobre este recurso, la defensa legal de Castillo argumentó una presunta ambigüedad e imprecisiones en la acusación fiscal por rebelión.
Castillo participó en las audiencias de manera virtual. En estas, volvió a negar que haya liderado organizaciones criminales durante su gestión (2021-2022), pese a los indicios en su contra. Además, aseguró que respalda el levantamiento de su secreto bancario y de comunicaciones.
En tanto, el abogado Rubén Mayta Salluca, uno de los defensores legales del exmandatario, señaló que el golpe de Estado solo fue “una proclama” sin la orden de utilizar armamento bélico.
La fiscalía cuestionó que la defensa de Castillo buscase reponer las cosas al estado anterior a la violación de los derechos fundamentales que provocó el golpe de Estado. Durante las audiencias desvirtuó los argumentos del expresidente.
Castillo cumple dos prisiones preventivas en el penal de Barbadillo. La primera es de 18 meses por el caso del golpe de Estado y la segunda es de 36 meses por organización criminal y otros delitos.
Por el golpe de Estado, la fiscalía ha pedido 25 años de prisión para Castillo, la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, el ex ministro del Interior Interior Willy Huerta y el ex titular de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez, actual congresista de la República.
En tanto, para Aníbal Torres, entonces asesor de la PCM y exprimer ministro, el Ministerio Público solicita una condena de 15 años de prisión.
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La sala también aprobó el desistimiento de la apelación de la Fiscalía Suprema contra la resolución que aceptó la tutela de derechos del exministro Geiner Alvarado, quien denunció la violación de sus derechos al ser detenido sin mandato judicial escrito en marzo del 2023.
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