La Fiscalía de la Nación y la Procuraduría General del Estado coincidieron en que la denuncia constitucional presentada contra el presidente Pedro Castillo es un proceso que deberá ser resuelto en el Congreso de la República.
Por ello, durante la audiencia de tutela de derechos realizada ayer ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, los representantes de ambas instituciones solicitaron que se rechace el pedido del mandatario para anular la denuncia constitucional.
La tutela fue sustentada por Benji Espinoza, abogado de Castillo, quien solicitó anular esa denuncia, puesto que, a través de ella, se estaba pidiendo al Parlamento acusar constitucionalmente al jefe del Estado y, por tanto, se había desacatado una orden judicial.
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Espinoza aseveró que en junio de este año el juez Checkley ya había establecido en una resolución que la fiscalía no podía formalizar una investigación preparatoria a Castillo y que el Congreso no podía acusarlo por delitos ajenos al artículo 117 de la Constitución.
Así también, requirió al magistrado supremo que rechace el pedido de la fiscalía para que el Congreso aplique la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el Caso Castillo.
Sin embargo, el fiscal supremo adjunto Marco Huamán aclaró que la denuncia constitucional es un “acto postulatorio” que realizaron al Congreso como parte de sus atribuciones. Esto, agregó, dentro de una etapa previa a un proceso que se iniciará en el Parlamento.
“Siendo así, la postulación de esta denuncia constitucional constituye un acto procesal plenamente válido y guarda estricta correspondencia con la atribución constitucional del Ministerio Público”, dijo.
Por tanto, concluyó, no existe razón que posibilite la nulidad de la denuncia constitucional.
A su turno, la procuradora Lilia del Río Farro remarcó que la denuncia constitucional –a la fecha– ni siquiera ha superado el control de admisibilidad en el Congreso; y por tanto no existe acto lesivo en contra de Castillo.
Además, dijo que el análisis del procesamiento o no de la denuncia bajo estándares nacionales e internacionales corresponderá al Congreso. “No es un acto que va a realizar el Ministerio Público; el Congreso deberá evaluar si corresponde o no su aplicación”, dijo.
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Por ello, enfatizó que si se ampara la tutela, habría una vulneración a las facultades no solo del Ministerio Público, sino del Congreso.
Advirtió también que los actos realizados por el Parlamento no se pueden cuestionar vía una tutela.
Respecto a este caso, el constitucionalista Luciano López señaló a El Comercio que la tutela de derechos presentada por el presidente Pedro Castillo y su defensa no era la vía para cuestionar la denuncia constitucional.
Explico que, si bien el juez supremo Juan Carlos Checkley indicó que la fiscalía no podía formalizar investigación preparatoria, no puede anular la denuncia porque dicho acto sí es competencia del Ministerio Público.
Agregó que el procesamiento de esa denuncia ya es “competencia exclusiva y excluyente del Congreso”, según lo ha señalado el Tribunal Constitucional (TC) en el numeral 46 de la reciente resolución de admisibilidad expedida en la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial.
En ese sentido, comentó que el juez Checkley tendría que rechazar el pedido de Castillo porque no es competente para pronunciarse sobre ello. “Al juez Checkley no le compete decidir si la denuncia fiscal es válida o no porque se ajuste o no al artículo 117 de la Constitución”, enfatizó.
El jueves pasado, otro de los abogados del presidente Castillo, Eduardo Pachas, solicitó ante el Tribunal Constitucional un pedido para anular la investigación del Caso Petro-Perú, alegando que se vulneraron los derechos del mandatario durante una intervención a Palacio de Gobierno en diciembre del 2021.
Pachas dijo que todo lo que se halló en la intervención que realizó la fiscal Norah Córdova ahora forma parte de la reciente denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación ante el Congreso.
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