El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente una demanda presentada a favor del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por su hermana Irma Castillo contra su vacancia aprobada por el Congreso y las dos prisiones preventivas dictadas por el Poder Judicial por los delitos de rebelión y organización criminal.
En su resolución, el tribunal señaló que la actuación del Congreso en el proceso de vacancia contra Castillo Terrones ya fue evaluado en un expediente anterior, en el cual se indicó que “tales cuestionamientos no resultan atentatorios a los derechos fundamentales” del exmandatario.
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“Así las cosas, esta Sala del Tribunal Constitucional entiende que, independientemente de que en los términos en que la demanda ha sido promovida ambos cuestionamientos no afectan, de modo directo, el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad individual, también resultan improcedentes, por las consideraciones antes esbozadas”, subrayó.
Sobre las dos prisiones preventivas, el TC señaló que la demandante se limita a plantear, de manera genérica, cuestionamientos a lo decidido por la judicatura penal ordinaria y no hace mención a algún vicio o déficit de motivación.
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Recalcó que si se cumplieron o no los presupuestos para las prisiones preventivas, es una discusión que no tiene naturaleza ‘iusfundamental’ y que si dicha decisión es correcta o no, esa es una discusión que no puede ser trasladada a la sede constitucional.
“Consecuentemente, esta Sala del Tribunal Constitucional entiende que este extremo de la demanda también resulta improcedente, en aplicación de la causal de improcedencia prevista en el numeral 1 del artículo 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional, porque lo argumentado no encuentra sustento constitucional directo en el contenido constitucionalmente protegido de ningún derecho fundamental”, acotó.
Cabe indicar que Pedro Castillo afronta un juicio oral por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022 y cumple dos mandatos de prisión preventiva en el penal Barbadillo de Ate.
Por el delito de rebelión, al exmandatario se le dictaron 18 meses de prisión preventiva. Una medida similar, de 36 meses, se le aprobó en la investigación que afronta por organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión.
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