“En beneficio personal”: Pedro Castillo es acusado de usar aeronaves militares para al menos cinco vuelos con familiares

Durante su gestión como presidente y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Pedro Castillo usó de forma ilícita cinco aeronaves militares para realizar al menos cinco viajes con sus familiares. Esa es la conclusión de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación al exmandatario por el delito de peculado, por las cuales se han presentado dos denuncias constitucionales ante el Congreso.

La más reciente de estas denuncias está vinculada a tres de estos vuelos familiares con recursos públicos y fue remitida el último miércoles por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, al Parlamento. Su antecesor como titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, hizo lo propio en agosto del año pasado con su investigación respecto a otros dos vuelos similares.

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El destino de ambos casos ahora está en manos del Congreso, que debe acceder a levantar el antejuicio (inmunidad) de Pedro Castillo como expresidente. Ese paso, que el actual Legislativo suele demorar bastante tiempo en cumplir, es necesario para que la fiscalía pueda luego formalizar su investigación, acusar penalmente al exmandatario y finalmente llevarlo a juicio ante la Corte Suprema por estos presuntos actos de corrupción.

LOS VIAJES DE CASTILLO DENUNCIADOS POR FISCALIA

El Comercio accedió a la denuncia constitucional presentada esta semana. La carpeta fiscal cuyas conclusiones se reflejan en ese documento fue iniciada por Delia Espinoza en enero de este año, cuando Pedro Castillo ya no era presidente, tras ser derivada de una investigación previa. Los hechos indagados sí ocurrieron durante su mandato, entre mayo y junio del 2022.

Según la investigación, el primero de esos vuelos se hizo un fin de semana: el sábado 7 de mayo del 2022. Para ello se le atribuye el expresidente haber hechos uso la aeronave Cessna Citation XLS, de placa EP-861, la cual partió a las 3:00 p.m. de Lima con destino a Chiclayo. De acuerdo con portales especializados, ese modelo es considerado como un jet privado, con espacio para unos siete pasajeros.

Dentro del Ejército, se le considera como un transporte aéreo para altos funcionarios. Hay registros de su uso, por ejemplo, para el traslado de altos mandos militares. “Es un avión de transporte menor, no es de carga, es para traslado de personalidades, evacuaciones aeromédicas, de distancias cortas. No es un avión estratégico, pero sí es usado para traslado de determinadas autoridades o cierta personas”, comenta Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas militares, a El Comercio.

El manifiesto de vuelo entregado por la Aviación del Ejército al Ministerio Público da cuenta que los pasajeros de ese vuelo fueron Pedro Castillo, su hijo Arnold y dos miembros de su seguridad: Orlando Tello Guevara y Nilo Aladino Irigoin. Adicionalmente, se verificó que ese fin de semana, el presidente no realizó ninguna actividad oficial. El segundo vuelo en cuestión es el de la vuelta de Chiclayo a Lima, en el mismo avión, fue el lunes 9 de mayo del 2022 a las 8:00 a.m. Ambos duraron una hora cada uno.

Adicionalmente, los registros de visitas del Despacho Presidencial no consignan ninguna reunión de Pedro Castillo en el periodo del viaje que de le atribuye. Su última actividad previa, al mediodía de aquel 7 de mayo del 2022, fue una reunión con Manuel Arturo Céspedes Correa, ex subgerente de la policía municipal en la provincia de Cajamarca.

“En el tramo señalado, el exmandatario José Pedro Castillo Terrones viajó en una aeronave en compañía de su familiar, con lo cual se desprende un uso indebido de los bienes del Estado (…) No se encuentra registrado como actividad oficial o de alguna otra naturaleza. Se desconoce las actividades que realizó el expresidente en dicho lugar”. concluye el Ministerio Público en su denuncia. Por ello se le imputa peculado de uso, un delito de corrupción.

Gómez de la Torre consideró, a partir de lo denunciado por la fiscalía, que no justifica el uso del avión para solo dos pasajeros y sin una actividad oficial de por medio. “Hay un uso de combustible que podría usarse para una evacuación aeromédica, el traslado de personas con problemas. Es un uso indebido que tiene que seguir investigándose”.

Una publicación del diario Perú 21 de agosto del 2022 da cuenta que ese sábado 7 de mayo, un helicóptero del Ejército habría sido usado por Pedro Castillo para viajar a la localidad chota de Puña, pero no pudo aterrizar. Puña es la localidad donde vivían los padres de Pedro Castillo y donde este residía antes de ser presidente. Al día siguiente sí se concretó el viaje y en esa misma jornada, el helicóptero retornó a la capital de la provincia de Lambayeque. Sin embargo, esos hechos no son recogido en la denuncia fiscal.

En tanto, el dominical Cuarto Poder informó por entonces sobre la construcción de un helipuerto informal que habría mandado a construir el exmandatario cerca de los terrenos sus padres, en Puña.

El siguiente vuelo cuestionado por la fiscalía es del 24 de junio del 2022. Esta vez no se usó un avión del Ejército, sino un helicóptero, para un viaje que involucró a cinco familiares ajenos a la función presidencial. Hizo la ruta Chiclayo-Llama, un distrito de Chota (Cajamarca). Fue con un helicóptero del Ejército modelo MI 171 ShP, de placa a EP-680. El desplazamiento duró dos horas.

De acuerdo con información del Ministerio de Defensa, este modelo es un “helicóptero multiuso” de origen ruso, “con dispositivos de pilotaje y navegación especiales, apropiados para efectuar con seguridad, vuelos a cualquier hora del día y bajo diferentes condiciones climáticas”.

Cuando el gobierno de Ollanta Humala los adquirió en el 2014, se destacó que, lejos de viajes familiares, serviría para la “lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la minería ilegal”. Además, “cuenta con una capacidad para el traslado de hasta doce heridos de manera simultánea, pueden albergar doce camillas, cumplir funciones de ambulancias aéreas y llevar a cabo labores de rescate en alta montaña”, según el Mindef.

“Estos helicópteros han dado buenos resultados operativos. Son muy fiables, sobre todo, para ser empleados en la sierra, en zonas de altura”, indicó Gómez de la Torre. “Su función es la de defensa o desarrollo nacional, o traslado de autoridades cuando hay emergencias o temas sanitarios; pero no para el uso indebido de familiares. Eso trastoca la función de las Fuerzas Armadas”, añadió.

Según el manifiesto de embarque, firmado por un oficial con la anotación de “apoyo presidencial”, la lista de quince pasajeros incluyó al presidente y a sus familiares Arnold Castillo (hijo), Yenifer Paredes (cuñada), Yoni Vásquez Castillo (sobrino), Cristian Ríos Castillo (sobrino) y Kevin Castillo (sobrino). El resto fueron miembros de la comitiva presidencial, entre agentes de seguridad, policías y funcionarios de Palacio de Gobierno.

La fiscalía encontró que ese día sí se registraron actividades en la agenda presidencial: un “encuentro con la población” y la inauguración de instalaciones de un hospital. Sin embargo, “se aprecia que en su comitiva también viajaron sus familiares (…) pese a que no se encontraban registrados en la relación de la comitiva oficial”. Por ese uso de un helicóptero militar también se le imputa del delito de peculado de uso.

También concluyen que el vuelo “se habría usado en beneficio personal”, ya que el exmandatario “se habría dirigido en un avión y helicóptero del Ejército del Perú en compañía de sus familiares, tanto a la ciudad de Chiclayo como al distrito de Llama, provincia de Chota, sin que haya tenido alguna actividad oficial registrada”

“Creo que ahí se incurrió en un uso indebido. (El expresidente) debió ser mucho más prudente al usar esos recursos. No solo es la tripulación, sino también es el combustible, utilizando aeronaves que pueden ser empleadas para otro tipo de misiones”, comentó Gómez de la Torre. “Esto debe seguir investigándose, pero todo apunto a que es uno uso indebido”.

La denuncia también da cuenta que el mismo helicóptero hizo la ruta Chiclayo-Puña dos días después, el 26 de junio. Sin embargo, las conclusiones de la denuncia solo se centran en el vuelo del 24 de junio.

El Ministerio Público también estima que estos tres vuelos también generaron un perjuicio al estado por el uso de combustible. Sin embargo, advierten que el monto del perjuicio se deberá determinar más adelante mediante una pericia, como parte de una eventual investigación preparatoria si el Congreso aprueba la denuncia constitucional.

La denuncia constitucional previa contra Pedro Castillo por uso de aviones también involucra a familiares del presidente, así como a un avión y un helicóptero militares. Según esta, el 9 de octubre del 2021, Pedro Castillo se trasladó con destino a Jaén (Cajamarca) con un avión de la FAP modelo C-27J Spartan, de placa FAP-329.

Según el manifiesto de pasajeros, el viaje incluyó a otras 17 personas, entre ellas su esposa Lilia Paredes, sus hijos, su cuñada, sobrinos y cuatro hermanos. En este último grupo esta su hermana Irma Castillo, quien cumplía cuarenta años al día siguiente. El caso fue dado a conocer inicialmente por el dominical “Panorama”, luego de lo cual se gatillaron las indagaciones fiscales.

Luego -continúa la denuncia- se usaron dos helicópteros del Ejército, uno de modelo MI171 SHP y placa EP-690 y otro de modelo МI-17 con matrícula N° EP-66212, para ir desde el distrito chotano de Tacabamba hacia Puña, la localidad natal de Pedro Castillo.

Como en el otro caso, el Ministerio Público también advierte que ambos viajes se hicieron sin que haya una actividad oficial de por medio.

“Se ha utilizado el avión de la Fuerza Aérea del Perú (…) con la finalidad de trasladar a familiares directos del ex presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, desde el Callao [Grupo Aéreo N° 8] hacia Jaén-Cajamarca, así como también los helicópteros Ejército del Perú (…) para trasladar al denunciado, su familia y terceras personas; para participar en la celebración de cumpleaños de su hermana [Irma Castillo Terrones] el 10 de octubre de 2021”, advierte la denuncia.

“Se ha determinado que el denunciado en su condición de [ex]presidente de la República ha dispuesto de transporte aéreo de las fuerzas armadas del Perú para atender asuntos personales y/o familiares, ajenos a la función presidencial”, agrega. En ese caso, el Ministerio Público estima que los viajes ocasionaron un perjuicio al Estado de S/ 56,110.78.

Entre la evidencia que incluyó la fiscalía en su denuncia está el testimonio de Jorge Tarrillo Gálvez, exescolta de Pedro Castillo, quien refirió que fue parte del viaje como parte de su trabajo. Según dijo, el presidente fue recibido “por varias personas” al llegar a Puña y luego se dirigió a la casa de sus padres.

Para Andrés Gómez de la Torre, este también es un caso de “uso indebido de infraestructura adquirida para funciones de defensa, desarrollo o desastres naturales, no para el capricho de un presidente”. El especialista recordó que, el año pasado, el jefe de la Fuerza Aérea Argentina fue removido de su cargo por un escándalo similar de uso de aviones oficiales para usos personales.

Esta primera denuncia constitucional contra Pedro Castillo por peculado es una de los casos fiscales contra el expresidente que se han estancado en el Congreso, tal como advirtió El Comercio en un reciente informe. Recién cinco meses después, en enero pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) recién la admitió a trámite.

Con ello, el caso se derivó a la Comisión Permanente para confirmar la admisión y que se otorgue a la subcomisión el plazo para investigar. Sin embargo, en su sesión del 2 de abril, la Comisión Permanente no aprobó la propuesta para dar 15 días hábiles a la SAC para la indagación. No hubo debate o justificación previa. Solo hubo seis votos a favor frente a 15 en contra.

La vicepresidenta de la Comisión Permanente, Patricia Juárez, dijo luego de la votación que “el tema queda pendiente a efectos de que la mesa pueda proponer otro plazo y luego ser votado en otra oportunidad”. Más de un mes después, aún no hay nueva fecha y el caso permanece estancado en la sede parlamentaria.

En paralelo, el congresista Edward Málaga promueve una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por el uso de aeronaves militares para viajes familiares, pero como una infracción a la Carta Magna, lo que llevaría a una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Su denuncia fue admitida a trámite en la SAC el último viernes.

En diálogo con El Comercio, la defensa legal de Pedro Castillo admitió que el expresidente llevó a sus familiares en sus vuelos, pero negó que ello sea un delito. Más bien, alegó que fue “una ayuda humanitaria” dentro de traslados fueron parte de desplazamientos vinculados a la función del exmandatario.

John Tafur Puerta, abogado de Pedro Castillo en esta carpeta, cuestionó que la fiscalía esté “tratando de adecuar la conducta del presidente a un peculado de uso por haber traído a sus familiares en un helicóptero”. Luego, intentó de justificar el traslado de los familiares: “Él puede llevar primos, sobrinos, hermanos, amigos, pero dentro de una ruta de agenda de trabajo, no por una cuestión particular (…)

“Fue tomarlo como una cuestión de ayuda, de facilitar quizás, como familiar, llevarle. En este caso, viajó a Chiclayo, viajó a Cajamarca, a Llama, pero fue (parte) de una agenda de presidencial de trabajo. Aprovechó en llevar a sus familiares en algunas ocasiones, pero no en la forma en que él podría haber dispuesto tomar un helicóptero o un avión caprichosamente para llevar un familiar. Fue parte de un trabajo”, aseguró. “La ruta presidencial se desarrolló, pero el presidente, producto de su ayuda humanitaria y familiar, llevó a sus familiares a su lugar de destino”.

Cuestionado por el hecho de no se registró ninguna actividad en las fechas del viaje a Chiclayo, el abogado sostuvo que sí hubo, aunque no se formalizaron en la agenda presidencial por haberse realizado de forma “imprevista”. “No se ha formalizado con agendas presidenciales, simplemente ha tomado las decisiones y se fue. Eso es lo que no entiende quizás la población o la fiscalía se deja llevar por una formalidad”.

“Tampoco podemos cuestionar o condenar a un presidente por haber podido participar con su hijo en una actividad propia de su función, o quizás facilitar a su hijo, llevarlo a Chiclayo para que este pueda ir cerca, (porque) está creo a cinco horas a Cajamarca. No es un acto propiamente que ha utilizado el avión presidencial exclusivamente para para su hijo. No es así. Lo están viendo de otra manera”.

Ante la pregunta de qué actividad entonces se hizo en Chiclayo entre el 7 y 9 de mayo del 2022, el abogado respondió: “Creo que tuvo la visita a un distrito de Chiclayo. También en Jaén, en un distrito, también realizó una actividad con esos dos alcaldes. Esa fue la ruta: Chiclayo, Jaén y Cajamarca”. Sin embargo, no hay registros de esas actividades ni en la agenda presidencial ni imágenes en el archivo de Palacio de Gobierno.

El abogado también confirmó que el expresidente optó por guardar silencio como parte de esta investigación fiscal y que evalúa hacer los mismo durante el trámite que siga el caso en el Congreso. Además, sostuvo que la denuncia forma parte de un “cargamontón” contra el expresidente.

Pese a lo alegado por la defensa de Pedro Castillo, el abogado penalista Andy Carrión consideró que en estos casos sí se habría cometido el delito de peculado, en particular por la falta de una agenda oficial de actividades que justifiquen los vuelos.

“Si [el vuelo] es ajeno a la función, evidentemente sí, porque la finalidad sería privada (...) La movilización tendría que ser para fines del Estado, no para fines privados, particulares”, comentó.

Carrión indicó que sería distinto si se tratase del auto presidencial, conocido como ‘Cofre’, cuya función sí es trasladar al jefe de Estado, incluso para visitas o actividades personales. En cambio, los aviones o helicópteros militares no tienen como funciones específicas ser el transporte personal del mandatario.

“Tú podrías visitar a tu familia ‘de paso’, por usar un término coloquial, mientras se cumple alguna función del Estado. Pero si no hay una función para ello, es complicado. Más si el vehículo no está destinado para movilizar al presidente, si no que solo se usa en ocasiones”, añadió.

Finalmente, el penalista consideró que no se justifica el uso de estas aeronaves bajo el supuesto de visitar a familiares que viven fuera de Lima. “El presidente podía visitar a su familia en Chota, pero si se utilizan esta aeronaves y no cumplen una función de Estado, se pone en duda ese uso (...) Se puede usar un avión comercial”.