La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió dos investigaciones preliminares al presidente Pedro Castillo. La primera es por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y colusión, a raíz de los casos Petro-Perú y Puente Tarata. La otra es por patrocinio ilegal y tráfico de influencias, debido a una supuesta interferencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Así, Castillo se convierte en el segundo mandatario en funciones contra quien la fiscalía dispone investigaciones preliminares. El primero fue Martín Vizcarra en el 2020 por el Caso Richard Swing, también por decisión de Ávalos.
La fiscal de la Nación señaló que “existen suficientes elementos indiciarios” sobre la presunta participación de Castillo en hechos que podrían calificar como delitos de colusión, tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Sin embargo, dispuso que se suspenda el inicio de los actos de investigación hasta que culmine el mandato de Castillo en el 2026, basándose en el artículo 117 de la Constitución sobre la inmunidad presidencial.
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El Ministerio Público detalló que esa decisión se tomó “en razón de su inmunidad absoluta, que trasciende el ámbito procesal penal”. Pero recientemente el procurador general del Estado, Daniel Soria, había solicitado que de abrirse una investigación, no se suspendieran las diligencias.
Fuentes de la procuraduría informaron a El Comercio que ya fueron notificados de la decisión de la fiscal de la Nación.
Ávalos dispuso acumular las carpetas fiscales de los casos Puente Tarata y Petro-Perú porque ambas investigaciones tratan sobre procesos de contratación pública y tienen como protagonista a la lobbista y empresaria Karelim López, quien sería cercana a Castillo y a Bruno Pacheco, ex secretario general del despacho presidencial.
La decisión de abrir investigación preliminar por estos casos se tomó casi tres semanas después de la denuncia que presentó la Procuraduría General del Estado contra el mandatario, y dos días antes de que Ávalos ingrese a su período de vacaciones.
Según la acusación del procurador Soria, Castillo habría intercedido a fin de que el consorcio Puente Tarata III –asesorado por Karelim López– ganara la buena pro de una obra valorizada en S/232,5 millones, en la región San Martín.
Lo mismo habría ocurrido en el caso de la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO), beneficiada con un contrato de US$ 74 millones por la venta de biodiésel B100 luego de una presunta reunión en Palacio de Gobierno entre Castillo, López, el representante de HPO, Samir Abudayeh; y el gerente de Petro-Perú, Hugo Chávez Arévalo.
En tanto, en el caso de las presuntas injerencias en ascensos militares, Ávalos señaló que “se ha podido conocer a nivel de sospecha simple” presuntos actos de tráfico de influencias atribuibles al mandatario.
La disposición fiscal, a la que accedió El Comercio, revela parte de la declaración testimonial que dio Castillo a la fiscalía en Palacio, en diciembre pasado. En esta, el mandatario negó haber solicitado que el comandante EP Víctor Torres Quispe ascienda al grado de coronel.
Según la respuesta que Castillo dio a la fiscalía, solo estaba consultando si el citado comandante participaba en el proceso de ascenso. Sin embargo, el ex comandante general del Ejército José Vizcarra Álvarez ha dado una versión distinta.
Ayer, cuando la prensa informó sobre el inicio de las investigaciones, el presidente Castillo se encontraba en Palacio de Justicia, donde participó en la ceremonia de inicio del año judicial, pero no se refirió a este tema.
El Comercio trató de recoger la versión del abogado Eduardo Pachas, defensor legal del mandatario, pero no hubo respuesta.
El exprocurador Antonio Maldonado consideró importante que se busque que los altos dignatarios rindan cuentas a la justicia; sin embargo, consideró que la investigación no debería esperar el término del mandato presidencial.
“No me parece que haya un escenario que le impida de manera categórica avanzar más de lo que ella [Zoraida Ávalos] se ha autolimitado. Esto no desmerece la acción de la fiscal de la Nación, que hay que reconocer como importante y valiosa, sobre todo si la comparamos con la de sus predecesores, que ni siquiera se preocuparon en abrir investigación contra nadie”, dijo.
Maldonado añadió que “es significativo, pero un tanto simbólico” que se abra investigación preliminar, pero al mismo tiempo se suspendan los actos de indagación.
Para el penalista Andy Carrión hubo una innecesaria demora en la decisión de abrir investigación contra Castillo. Además, coincidió en que la fiscalía podría realizar actos de investigación desde ahora.
El penalista precisó que si Castillo obstruyera las investigaciones alegando su condición de presidente, las consecuencias podrían verse cuando termine su mandato.
“¿Qué pasa si el presidente obstruye la investigación? Ahora mismo la fiscalía no podría solicitar una detención preliminar, pero sí puede ir acumulando estos actos para, terminado el mandato, solicitar alguna medida cautelar”, dijo.
Castillo afirmó el martes que su gobierno respeta y “seguirá respetando escrupulosamente” la autonomía de los órganos de administración de justicia.
En la ceremonia de inicio del año judicial 2022, el jefe del Estado exhortó a los jueces a “no sucumbir ante presiones y chantajes”. También recordó que el Poder Judicial ha enfrentado serios problemas de legitimidad por actos de corrupción que involucraron a malos magistrados, en referencia al Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Castillo consideró que el Ejecutivo pudo hacer mejor las cosas en el 2021. “Algunos dicen que no somos autocríticos. Soy el primero en señalar que si hay cosas por corregir, ya lo estamos haciendo”, expresó.
En tanto, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, llamó al diálogo para superar la crisis.
Días atrás el presidente Pedro Castillo solicitó que se levante su secreto de las comunicaciones, una medida que no se puede adoptar en la fase de investigación preliminar.
En esa fase se puede solicitar información, realizar constataciones en el lugar de los hechos (como Palacio), tomar declaraciones, entre otras acciones, precisaron penalistas consultados por este Diario.
“La fiscalía [también] podría hacer suyo el pedido del procurador del Estado respecto de la lista de asistentes a la casa de Breña”, dijo el abogado Antonio Maldonado.
La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, consideró que no es “ninguna justificación objetiva” exigir su cambio porque supuestamente “no se lleva bien” con el presidente de la República, Pedro Castillo. (Video: RPP TV) 
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