El Poder Judicial dictó este domingo 8 de junio impedimento de salida del país por 18 meses contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), a raíz de un intento de viaje a Estados Unidos detectado por las autoridades la noche del sábado. La medida fue adoptada a pedido del Ministerio Público, que advirtió un riesgo inminente de fuga.
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De este modo, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional declaró fundado en parte la solicitud del Ministerio Público, que había pedido 36 meses.
El requerimiento fue presentado por el fiscal provincial Carlos Puma Quispe, de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, luego de que Kuczynski intentara abordar un vuelo con destino a Miami.
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El exmandatario fue detenido por una alerta migratoria activa, lo que impidió su salida del país. Inicialmente, la audiencia para evaluar el pedido fiscal estaba programada para el lunes 10 de junio.
Sin embargo, ante el riesgo de que la alerta fuera levantada, la jueza Margarita Salcedo Guevara, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, reprogramó la sesión para el mediodía del domingo. Finalmente, dispuso la medida por un año.
La Fiscalía informó que tanto el fiscal Puma como la fiscal adjunta Leidi Gálvez Sánchez constataron el intento de viaje en el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez y levantaron un acta de los hechos.
En diálogo con El Comercio, el abogado de Kuczynski, Julio Midolo Chirinos, sostuvo que el viaje tenía como objetivo someterse a un chequeo médico del corazón y que su patrocinado no contaba con restricciones legales vigentes. “Esto es una ilegalidad, porque el Poder Judicial ya le levantó todas las restricciones”, afirmó.
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PPK es investigado por presunto lavado de activos, asociación ilícita, falsa declaración y fraude procesal en el marco del caso de los aportes irregulares a su partido, Peruanos por el Kambio, durante la campaña electoral del 2016.
Según la tesis del Ministerio Público, Kuczynski habría liderado una organización criminal que recibió fondos no declarados, entre ellos US$ 100 mil de la empresa CASA, integrante del denominado “Club de la Construcción”. Dicho monto no fue registrado ni informado a la ONPE.
A fines de mayo, la jueza Salcedo había accedido a levantar la comparecencia con restricciones que pesaba sobre el expresidente y le impuso una comparecencia simple, lo que inicialmente permitió su libre desplazamiento. Sin embargo, tras el reciente intento de viaje, se considera que existe un nuevo peligro procesal.
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