Vladimir Cerrón pretende anular inhabilitación que le impide contratar con el Estado tras casi un año prófugo

El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien este viernes cumple once meses prófugo de la justicia, busca —vía un recurso de casación en la Corte Suprema— anular una inhabilitación judicial que aún mantiene vigente y que le impide, además de postular nuevamente al cargo de gobernador de Junín, el contratar con el Estado, a propósito de la sentencia en su contra por el Caso La Oroya.

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La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema escuchó en audiencia las alegaciones de Luis Mayhua Quispe, abogado del fundador de Perú Libre. Mayhua pidió a la sala que revoque una resolución judicial previa de la Corte Superior de Justicia de Junín y se acoja su pedido para que se levante la inhabilitación de Cerrón, al haberse ya extinguido.

También se pidió que, ante la controversia legal inusitada a lo largo del caso, el máximo órgano jurisdiccional de la nación interprete y defina desde cuándo se debe iniciar el cómputo del plazo de una inhabilitación. ¿Se debe contar desde que queda firme la sentencia, incluso con casaciones pendientes, o desde que se comunica a la autoridad competente?

La sala dará a conocer su decisión el próximo lunes 30 de setiembre (8:20 a.m.).

El 5 de agosto de 2019, el Quinto Juzgado Anticorrupción de Huancayo halló responsable de corrupción a Vladimir Cerrón y a otros funcionarios cercanos, siendo sentenciado por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo a cuatro años y ocho meses de prisión.

Según la acusación, Cerrón concilió ilegalmente y entregó valorizaciones indebidas a un consorcio durante su primera gestión al frente del Gobierno Regional de Junín (2011-2014) en obras de saneamiento en la ciudad de La Oroya.

Adicionalmente, el juzgado impuso una pena de inhabilitación por un año, prohibiendo que vuelva ocupar el cargo de gobernador de Junín por ese lapso, “e incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público”; es decir, tener contratos con el Estado.

Ya desde aquella época, Cerrón daba vicios de rehuirle a la justicia. Pasó a la clandestinidad, entregándose días después —el 21 de agosto de 2019—, siendo recluido de manera inmediata a un penal de Huancayo.

No obstante, una sala superior varió casi dos meses después, el 18 de octubre de ese año, la condena inicial y dispuso únicamente prisión suspendida y por cuatro años. Sin embargo, la pena de inhabilitación contra el exgobernador fue confirmada en la segunda instancia, por el mismo plazo.

Al año siguiente, el fundador de Perú Libre pidió de inmediato el levantamiento de la pena de inhabilitación. Pero el Quinto Juzgado Anticorrupción rechazó —en febrero de 2021— su pretensión al advertir que esta, en realidad, nunca se había inscrito. Ello recién ocurrió en marzo de 2021, justamente tras la orden del juzgado.

Esta decisión fue apelada por la defensa de Cerrón, al considerar que el cómputo debe realizarse desde octubre de 2019; sin embargo, también fue rechazado hasta en tres oportunidades en la vía judicial, pues había otra casación —solicitada por la fiscalía— pendiente en la Corte Suprema y el tema no se había resuelto, entre otros argumentos. Así llegó el caso a esta sede suprema.

Sin embargo, el tema de fondo también corrió a nivel constitucional; incluso en agosto de 2023, un juez suspendió la efectividad de la pena impuesta, aunque en marzo de este año la misma fue restituida al considerar que las sentencias, de primera y segunda instancia, aplicadas contra Cerrón Rojas habían sido debidamente motivadas y sustentadas.

La defensa del prófugo Cerrón remarcó, durante la audiencia de este miércoles, que “existe una ilogicidad completa” respecto a las decisiones adoptadas por el juez de primera instancia, el juzgado de investigación preparatoria y la sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín respecto a los pedidos para el levantamiento de su inhabilitación.

El abogado apuntó que, a su juicio, se debe hacer un “correctivo interpretativo” y que sea el juez de investigación preparatoria, a cargo de la ejecución de la sentencia, quien debe también ejecutar la inhabilitación. Y que no se debería esperar los recursos de casación.

“Es decir, [caso contrario] alguien estaría inhabilitado hasta esperar una casación y el inicio del cómputo sería después de que la Corte Suprema resuelva la casación, pero en ese tiempo estaba inhabilitado”, indicó Mayhua en su alocución.

El abogado no respondió a consultas de este Diario. La inhabilitación ordenada en marzo de 2021 contra Cerrón aún permanece como vigente en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC), según pudo confirmar El Comercio.

El penalista Andy Carrión explicó que la naturaleza de la inhabilitación, que es una finalidad accesoria de la pena en sí misma, es que, al haber un funcionario cometido un delito durante el ejercicio de un cargo, esta aplica “no solamente para aleccionar al funcionario, sino para evitar que este funcionario continúe cometiendo algún tipo de delito”.

La inhabilitación —mencionó— te puede impedir no solamente ejercer algún cargo de elección popular, sino también el contratar con el Estado. Sin embargo, apuntó que, en el caso de Cerrón, incluso si se llegase a levantar esta medida, “no está en discusión el tema de la postulación a un cargo de elección”.

“Porque ahí existen candados incluso constitucionales. El que está condenado, menos aún por un delito de corrupción, no puede postular a un cargo público ni de elección popular”, remarcó Carrión.

No obstante, explicó que “si es que se le levanta la inhabilitación y se indica que ya ha culminado, lo que sí puede es ejercer algún cargo público”; es decir, podría ser contratado. Aunque lo ve muy improbable por su condición de prófugo y sus otros líos con la justicia.

Por su parte, el abogado penalista Vladimir Padilla incidió en que la inhabilitación de un año impuesta en el 2019 contra Cerrón es desproporcionada y que se debió dar de forma equitativa por el tipo de delito.

Además, respecto a las distintas interpretaciones surgidas sobre la inhabilitación en el caso, remarcó que la Corte Suprema deberá dilucidar en esa sede, aunque si es que existe otra inhabilitación vigente continuaría impedido.

Justamente, fuentes de El Comercio ven “muy probable” que Cerrón sea rehabilitado y que, en ese sentido, se pronunciaría la Corte Suprema debido a los plazos, aunque únicamente en este caso.

Sin embargo, remarcaron que aún tiene otra orden de inhabilitación por el ‘Caso Aeródromo Wanka’, la cual ya figura en el sistema y tiene una duración de más de tres años. Es por este último caso que el fundador Perú Libre pasó a la clandestinidad el 6 de octubre de 2023, y por el que está próximo a cumplir un año prófugo.