PPK: ¿por qué su acusación aún no llega a juicio y que investigaciones lo alcanzan?

El último fin de semana, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) quedó impedido de salir del país hasta diciembre del 2026 luego de su frustrado intento de viajar a Estados Unidos. La medida, en caso sea confirmada en segunda instancia, asegurará la presencia del también exministro en el Perú en un periodo en el que varios de sus procesos judiciales se acercan a etapas definitorias.

Sin embargo, el lento avance de estos procesos a nivel judicial no asegura que ese periodo sea suficiente para que estos lleguen a una decisión de fondo a nivel del Poder Judicial, sea con una futura sentencia o con el archivo de sus procesos. Incluso en el más avanzado de sus casos, el Poder Judicial aún no ha definido si PPK irá a juicio oral, etapa que todavía parece lejana.

A este panorama se suman los problemas de salud del exmandatario de 86 años, su avanzada edad y la duración de algunos años más que tendría un futuro juicio. Incluso en el supuesto de que llegue a ser condenado, recientes leyes dictadas por el Congreso harían que esa sentencia solo sea cumplida bajo arresto domiciliario. Aun así, los procesos judiciales siguen y seguirán en marcha, como ocurre con otros expresidentes o ex altos funcionarios.

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Según su defensa legal, el frustrado viaje de PPK a los Estados Unidos tenía como objetivo que pase por exámenes médicos relacionados a sus males al corazón. Sin embargo, la proximidad con una audiencia de impedimento de salida del país que ya tenía programada terminó siendo un factor clave para que un juzgado le imponga la prohibición.

Pedro Pablo Kuczynski afronta al menos una acusación penal y siete investigaciones fiscales, todas relacionadas a delitos de corrupción y lavado de dinero, según informó el Ministerio Público durante la audiencia de impedimento de salida del país del domingo. Esa medida se le impuso como parte de una de estas carpetas, que sigue en etapa de investigación. En diálogo con El Comercio, el abogado del expresidente, Julio Midolo, reafirmó que esa es la cifra de procesos que enfrenta su defendido.

Según la información recolectada por este Diario, el más avanzado es el llamado ‘Caso Westfield’. Allí, el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo especial Lava Jato, cerró su investigación y presentó su acusación contra el expresidente en mayo del 2023. Se le acusa de liderar una organización criminal que recibió más de US$12 millones de Odebrecht y de otras empresas, en consultorías y asesorías encubiertas por los proyectos Olmos, Interoceánica Sur, Rutas de Lima, entre otros. La defensa de PPK rechaza la acusación en todos sus extremos.

Desde entonces, el caso sigue en fase de control de acusación, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional. Es en esta etapa donde el Poder Judicial si se cumplen todos los requisitos y si hay un nivel de evidencia suficiente para que el caso se resuelva en un juicio oral. Dos años después, ello todavía no se define.

En mayo del 2023, el juez Chávez Tamariz acogió un pedido de la defensa de PPK para reabrir la investigación fiscal y retroceder el caso hacia esa fase, anulando así la acusación penal. Sin embargo, meses después, una sala superior revocó esa decisión y dispuso que la acusación fiscal siga en pie.

Luego, el magistrado programó el inicio de las audiencias de control de acusación para mayo del 2024, casi un año después de la presentación del requerimiento fiscal. Desde entonces, las audiencias se han desarrollado a ritmo de entre una y dos audiencias por semana. El requerimiento ya superó la etapa de observaciones de forma y ya se debatieron todos los pedidos de las defensas para que el caso sea desestimado.

De estas, solo prosperó el recurso de José Bernaola, exchofer de PPK, para que se archive su acusación. En tanto, el proceso sigue en sigue contra los otros acusados: el expresidente, su secretaria Gloria Kisic y el empresario chileno Gerardo Sepúlveda.

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En la audiencia del pasado 5 de mayo, el juez rechazó el pedido de sobreseimiento (archivo) de la acusación hecho por la defensa de PPK. Al sustentar su decisión, el magistrado consideró que en el requerimiento fiscal sí reunía indicios “suficientes” y “razonables” para que la culpabilidad o inocencia del expresidente se decida en un futuro juicio.

No obstante, la defensa de PPK también presentó otro recurso, conocido como excepción de improcedencia, con el mismo objetivo de archivar la acusación. Este ya se sustentó y se debatió durante el control de acusación: solo falta que el juez dicte su resolución. La semana pasada, el magistrado indicó que emitirá su decisión en la audiencia de este miércoles 11 de junio.

“Está pendiente que (el juez) resuelva las excepciones de improcedencia de acción por lavado de activos (…) ⁠Hay extremos, como el de la organización criminal, que probablemente se caigan. El chofer Bernaola, por ejemplo, fue excluido por el juez de control y la fiscalía ha apelado, será la sala quien resuelva finalmente ese extremo”, indicó a este Diario Julio Midolo, abogado de PPK.

En tanto, el fiscal José Domingo Pérez dijo a El Comercio que lo más probable es que el juez Chávez rechace también este recurso, con lo que el juzgamiento de PPK por estos hechos sería prácticamente inevitable.

“Usualmente, lo que ocurre es que cuando ya hay un rechazo al sobreseimiento, hay alta probabilidad que también (se rechace) la excepción de improcedencia”, declaró. “Si el juez resuelve rechazando la excepción, formalmente ya se puede hablar de que el señor Pedro Pablo Kuczynski va a ir a juicio”.

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Aun así, todavía faltaría que el juez admita qué pruebas serán usadas en el futuro juicio y que emite al auto de enjuiciamiento, la orden formal para que el proceso avance a la etapa de juzgamiento. Así, el abogado de PPK considera que “probablemente en unos seis meses más esta etapa (de control de acusación) concluya”.

El fiscal Pérez considera que, con base en cómo trabajó el mismo juez en el caso de Susana Villarán, la admisión de pruebas se podría resolver en solo dos audiencias. Con ello, consideró que el control de acusación podría acabar en pocos meses. Sin embargo, indicó que el juicio podría demorar más en caso las defensas apelan el auto de enjuiciamiento, tal como ocurrió en el proceso de la exalcaldesa.

“Una ley del Congreso habilita (a los acusados) a impugnar el auto de enjuiciamiento, con lo cual esto subiría a una sala (de apelaciones) y ahí sí se va a demorar un par de meses, como ocurrió en el caso de la señora Susana Villarán, para que recién sea devuelto y se pueda señalar a qué tribunal de juzgamiento iría el expediente (…) Es un mecanismo que tienen las defensas, está en la ley y lo pueden hacer valer”

En esa misma línea, en declaraciones adicionales a radio Exitosa, Julio Midolo comentó que “previsibleamente si no nos dan la razón a alguna de las defensas, apelaremos. Entonces, estos plazos se vuelven mucho más abultados” "No puede suceder que en este país tengamos procesos que duren más de una década y no se logre determinar la responsabilidad de una persona”, cuestionó.

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José Domingo Pérez indicó que estas demoras durante la etapa de control de acusación, que ya se vieron en casos de similar magnitud al de PPK, se deben a la sobrecarga de trabajo de los jueces de la Corte Superior Nacional. Estos magistrados, entre ellos Chávez Tamariz, conocen al mismo tiempo casos de organización criminal, corrupción, lavado de dinero, terrorismo.

“Los jueces ya no se dan abasto. Tienen carga del sistema anticorrupción, del sistema de crimen organizado, sistema de lavado, de los equipos especiales. Ya no tienen la capacidad humana para poder llevar a cabo más audiencias”, dijo. “Con el juez Chávez Tamariz antes eran dos sesiones a la semana (para el caso de PPK), pero ahora tiene la acusación del Caso ‘Cuellos Blancos’, con lo cual ya ha reducido el tiempo de disponibilidad de él para este caso”.

Solo Chávez Tamariz realiza actualmente, al mismo tiempo, controles de acusación en los casos de PPK, Cuellos Blancos del Puerto y del exministro César Villanueva, acusado de recibir dinero de Odebrecht. Y hasta hace poco también hacía lo mismo con el de Susana Villarán. Al mismo tiempo, tiene a su cargo otros casos complejos en fase de investigación, como el de Los Hijos de Dios, el Tren de Aragua, Los Dinámicos del Centro, entre otros.

El expresidente ya no tiene prohibiciones ligadas al Caso Westfield. Luego de cumplir tres años de arresto domiciliario por ese caso (2019-2022), Kuczynski pasó a un régimen de liberad con reglas de conducta, como no salir de Lima sin permiso judicial. El año pasado, una ley del Congreso le puso plazos similares a los de la prisión preventiva este régimen, por lo que sus restricciones como acusado vencieron en mayo pasado.

“Ya no tenemos ninguna capacidad nosotros para solicitar ninguna medida”, dijo Pérez. Así, PPK enfrentará lo que le resta de este proceso y un posible juicio bajo libertad, aunque restringido a no salir del Perú hasta diciembre del 2026, debido a una regla impuesta en otro proceso. “(Antes del nuevo impedimento) ⁠No tenía restricción vigente en ningún caso”, reafirma Julio Midolo.

El resto de investigaciones que alcanzan a Pedro Pablo Kuczynski se vinculan a su etapa como ministro de Alejandro Toledo o a sus posteriores campañas presidenciales.

El despacho de José Domingo Pérez tiene a su cargo, desde el 2018, otras de las investigaciones más antiguas de PPK: el caso Interoceánica Sur, en el extremo que involucra a los exintegrantes del gabinete toledista. Allí se le imputa el delito de colusión (corrupción) por supuestamente haberse concertado para favorecer a la constructora brasileña como miembro del Consejo Directivo de Proinvesión.

Este proceso se desarrolla en forma paralela al del expresidente Alejandro Toledo, quien ya fue condenado en primera instancia por hechos relacionados a Interoacénica Sur. “En el caso del Consejo Directivo, eso está todavía en trámite de investigación. En ese caso, el señor Pedro Pablo Kuczynski tiene la calidad de imputado, pero contra él no se ha solicitado ninguna medida”.

La investigación por este caso fue formalizada en junio del 2020, inicialmente con el plazo de 36 meses. Luego, el Poder Judicial accedió a ampliar el plazo de las indagaciones por 24 meses, con lo que las pesquisas deberán cerrase este año. Con ese plazo máximo y con PPK todavía en territorio peruano, el Ministerio Público debe decidir si lo acusa por estos hechos o si archiva el caso, al menos en lo referido a él.

El Cuarto Despacho del Equipo especial Lava Jato, dirigido por la fiscal Diana Canchihuamán, tiene otras dos investigaciones que alcanzan a Kuczynski por presuntos actos de corrupción a favor de Odebrecht vinculadas. Esas pesquisas están vinculadas a otros dos megaproyectos: Trasvase Olmos y la carretera IIRSA Norte.

La indagación del caso Trasvase Olmos se remonta al 2018, mientras que el de la IIRSA Norte se inició en el 2019. En ambos casos, la fiscalía formalizó la investigación por el plazo de tres años en el 2020. Por disposición de la Corte Superior Nacional, los plazos para las pesquisas luego se ampliaron hasta el 2025 y el 2026, respectivamente, plazos en los que el Ministerio Público también decidirá si presenta nuevas acusaciones contra el expresidente.

En el Equipo especial Lava Jato también tiene investigaciones preparatorias por el presunto aporte de Odebrecht a la campaña presidencial de PPK en el 2011 y sus vínculos con las empresas Techint-Tenaris-Ternium. Ambas carpetas se abrieron en el 2018. Finalmente, tiene una investigación preliminar desde el 2023 por el tramo 4 de la Interoceánica Sur.

Otro de los casos está a cargo de la Fiscalía Contra el Lavado de Activos, al no estar directamente involucrado con Odebrecht u otras constructoras brasileñas de la trama Lava Jato. Es la investigación por presuntos aportes de la constructora CASA a la campaña de PPK en el 2016. Este el proceso por el que se le impuso el impedimento de salida del país y el único por el que el exmandatario tiene restricciones.

En la audiencia del domingo se informó que esta investigación tiene plazo hasta julio del 2026. Luego, el fiscal Carlos Puma deberá decidir si acusa al economista por lavado de dinero. Desde la defensa de Kuczynski ya dan por hecho que ese será el destino del caso por parte del Ministerio Público. Sin embargo, también creen que un juicio por estos hechos podría tardar hasta cinco años en comenzar, mucho tiempo más que los 18 meses de impedimento de salida del país impuesto el último domingo.