"Este año hemos logrado cerrar otro acuerdo de colaboración eficaz que ya ha sido aprobado por el Poder Judicial", afirma procuradora Silvana Carrión (Foto: Grupo El Comercio)
"Este año hemos logrado cerrar otro acuerdo de colaboración eficaz que ya ha sido aprobado por el Poder Judicial", afirma procuradora Silvana Carrión (Foto: Grupo El Comercio)
Karem Barboza Quiroz

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La , , expresó su preocupación porque diversos políticos, investigados por presunto lavado de activos en el Caso Lava Jato, vienen participando en la campaña electoral y podrían usar su posible cargo político para eludir sus investigaciones por presunto financiamiento ilegal a sus campañas electorales pasadas.

En entrevista con El Comercio, la abogada del Estado también explicó los avances que ha tenido su despacho en el año que pasó. Al respecto, resaltó el cierre de cuatro colaboraciones eficaces, con la empresa Odebrecht y con tres personas naturales.

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A continuación, Carrión realiza un balance de su gestión y apunta a las investigaciones que tienen políticos que participan en la actual campaña electoral, pero que vienen siendo investigados por el presunto financiamiento ilícito a sus anteriores campañas electorales.

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¿Cuál es el avance del 2020 con respecto al 2019? ¿cuántos más hemos cobrado como Estado?

Se ha logrado embargar a diferentes procesados y empresas más de 180 millones de soles, solamente en 2020. Estamos hablando de embargos ya inscritos en registros públicos. Entonces, ha sido un avance importante porque en medio de la pandemia hemos conseguido este monto que resulta de 93 pedidos de medidas cautelares que se han presentado durante todo el año. Pese a la pandemia hemos avanzando en el aseguramiento de la reparación civil con 180 millones de soles, que sumados a lo que ya había logrado en la Procuraduría Ad Hoc hacen un total de más de 850 millones de soles en el acumulado.

¿Y sobre los acuerdos de colaboración y reparación civil?

Solamente en el 2020 se ha cobrado más de 24 millones de soles producto de sentencias de colaboraciones eficaces que provienen de la ejecución de la sentencia del caso , la ejecución de la sentencia de colaboración de Josef Maiman y la ejecución de sentencia del caso (José) Zaragozá. Estos 24 millones sumados a los del año 2019, hacen un monto de más de 104 millones de soles a favor del Estado Peruano.

¿Se ha logrado cerrar algún otro acuerdo?

Este año hemos logrado cerrar otro acuerdo de colaboración eficaz que ya ha sido aprobado por el Poder Judicial. La semana pasada ha cumplido con el pago de la primera cuota de acuerdo al cronograma.

¿Esta nueva colaboración de cuánto es el monto, de quién se trata y qué caso es?

No te puedo revelar el nombre del colaborador porque aún está bajo reserva. Sí te puedo comentar que el monto acordado en este caso es de 1 millón 250 mil dólares (de reparación civil); y que ya se realizó la primera parte del pago de esta reparación civil que suma cerca de 400 mil dólares, pero esto ya corresponderá al (conteo del) 2021.

¿Cuántas empresas comprometidas en este caso son ya colaboradores eficaces aprobados por el Poder Judicial y cuantos están en proceso de colaboración?

De los acuerdos corporativos el único que ha sido aprobado por el Poder Judicial es el caso Odebrecht. En trámite o en plena negociación tenemos dos empresas que ya hemos venido tratando los temas de reparación civil de manera preliminar.

Y hay una más, que nos acaban de convocar hace poco, donde vamos a comenzar todo el proceso de reuniones preliminares para la estimación del monto (de la reparación). Serían tres casos en los que la Procuraduría viene interviniendo y esperamos poder cerrar esos acuerdos en este primer trimestre para ser presentados ante el Poder Judicial.

A fines del año pasado se anunció el cobro a Odebrecht de la nueva cuota de la reparación se civil estipulado en la sentencia de colaboración ¿Nos puede aclarar de dónde provino ese dinero?

La cuota de 22 millones de soles. Ese dinero fue cobrado del “fideicomiso legal” creado por la Ley 30737 que regula las reparaciones civiles para empresas (…) Ese dinero que se retiene es el dinero que el Estado le debe pagar a la empresa por las concesiones aún vigentes, pues ellos continúan con los servicios de mantenimiento o concesiones y de acuerdo a los contratos el Estado debe hacer ciertos pagos. De esos pagos se retiene un porcentaje en este fideicomiso legal para el aseguramiento de la reparación civil y de las deudas tributarias de la empresa. Entonces, de ese fideicomiso legal, se ha hecho el cobro de la reparación civil de la cuota de los 22 millones de soles. Ahora, dentro del acuerdo de colaboración (con Odebrecht) como la fiscalía le dio el beneficio de la exoneración de esa ley (30737), ese fideicomiso (legal) se va a liquidar.

Por eso, la Procuraduría Ad Hoc negoció con la empresa la creación de un nuevo fideicomiso, un “fideicomiso contractual”, para asegurar el resto de la reparación civil, que va a ser administrado por Cofide. Pero para que entre en vigencia este fideicomiso hay determinadas condiciones que deben cumplirse de carácter técnico. La jueza, cuandode la empresa Odebrecht, aprobó este esquema con el fideicomiso contractual, pero dijo que las cuotas se pagarían del fideicomiso que se encuentre vigente a la fecha del pago. Y el que se encontraba vigente a la fecha del pago a diciembre del 2020, era el fideicomiso legal, es por eso que se cobró de ese fideicomiso.

¿Quién o qué entidad es el encargado de poner en vigencia el nuevo fideicomiso?

Esa constitución del “fideicomiso contractual” está a cargo de la Procuraduría ad Hoc, de la empresa Odebrecht y quien va ha administrar eso es Cofide (el fiduciario). Este fideicomiso ya fue elaborado y firmado por todos. Ya se ingresó a registros Públicos y creo que ya terminó de inscribirse en Registros Públicos; y luego, que se cumplan dos condiciones del fideicomiso contractual. Uno que está relacionado a fiscalía y otra a temas registrales. Ya está constituido a espera de entrar en vigencia, entonces deja de funcionar el “fideicomiso legal” y entra a funcionar el “fideicomiso contractual”. Los saldos que haya en el fideicomiso legal, porque hay saldos de las retenciones a los contratos de Odebrecht; van a ser transferidos a este fideicomiso contractual que, según el esquema de pagos, Cofide va a tener que cobrar y hacer que se pague a la cuenta de la reparación civil a favor del Estado.

Pero ¿Qué pasa si se acaba ese fideicomiso? ¿Cómo se le cobra a Odebrecht lo que resta de la reparación?

El fideicomiso es un instrumento de la garantía de pago de la reparación civil y está constituido a 15 años o lo que dure el acuerdo de colaboración. El acuerdo tiene un cronograma de 15 años y en el año 16 se pagan todos los intereses. Entonces, la vigencia de este fideicomiso contractual va a durar todo ese tiempo porque es el instrumento mediante el cual se va a recaudar el dinero con el cual se va a pagar la cuota de la reparación civil. El esquema del fideicomiso y el acuerdo de colaboración indican que, si con el dinero que se recaude en el fideicomiso contractual, por alguna razón, no se consiga recaudar la totalidad de la cuota del año que corresponde; en ese caso Odebrecht Brasil es quien entrega el dinero para completar o cubrir la cuota de la reparación civil del Estado Peruano, eso dice el acuerdo. Eso bajo sanción de que el acuerdo se revoque. El acuerdo de colaboración esta firmado también por la empresa matriz de Brasil.

¿Cuántas investigaciones hay en el Caso Lava Jato a la actualidad y qué expedientes son los últimos que se han abierto?

Nosotros, a la fecha, tenemos 111 casos bajo nuestro cargo. Pero en el año 2020 han ingresado 14 casos nuevos que nos han sido notificados por la fiscalía y que nos hemos apersonado. Dentro de estos casos están las investigaciones por el Hospital de Moquegua, Lomas de Ilo, la Carretera de Arequipa, la Carretera de Ayacucho, el caso de aporte de campaña del señor Guzmán, caso Gambeta, una rama del Proyecto Gasoducto relacionado al Gasoducto Andino del Sur que fue previo al Gasoducto Sur Peruano. Ahora, nosotros no tenemos todos los casos que maneja el Equipo Especial, por ejemplo, los casos contra el señor Ollanta Humala y la señora Keiko Fujimori, al ser más antiguos los está litigando la Procuraduría de Lavado de Activo.

¿Cuál es el estado de la investigación contra Julio Guzmán? ¿Ya declaró?

La investigación está a nivel preliminar, ). La fiscalía ha programado una serie de diligencias básicamente de las personas que han sido aportantes a la campaña. Entiendo que están recogiendo esa información antes de recibir la declaración completa del señor Julio Guzmán y también se ha ordenado que se haga una pericia contable; que es lo que normalmente se estila en estos casos para ver las cuentas del partido para ver cómo se ha desarrollado la contabilidad. Esta en pleno desarrollo la investigación.

¿Cómo ve la procuraduría el que partidos y políticos investigados por el caso Lava Lato, cuestionados por recibir presunto dinero ilícito a sus anteriores campañas electorales, vengan participando en las actuales elecciones?

¿Cómo vemos nosotros esos casos de lavado de activos? Primero con componentes parecidos, que se han comportado de manera parecida con todos estos casos. Y segundo, que efectivamente hay una línea de investigación bastante sólida, solvente, partiendo del punto de la ilicitud del dinero que han utilizado para estas campañas.

Ahora, hay algunos candidatos que, como usted menciona, a pesar de estar en alguna investigación penal vinculada a Lava Jato, conocemos que serán nuevamente candidatos en estas elecciones. Lo ideal, desde el punto de vista técnico, en realidad, es que cualquier persona, mientras no se demuestre que tenga una sentencia o que es culpable, es libre de participar en cualquier escenario político. Sin embargo, de la experiencia tenida en el último año, sobre todo, creo que lo ideal sería que la parte política y penal no se contamine, que siga su vía distinta, de tal manera que no se genera esta inestabilidad política por las investigaciones penales que tiene que enfrentar de todas maneras una persona que debe esclarecer los hechos.

Pero, ¿no le resulta preocupante o debería causar al menos preocupación que uno de estos políticos actualmente en carrera, investigado por lavado de activos, pueda ser electo presidente?

No, sin duda. Eso es un tema a nosotros sí nos preocupa. Por eso digo que hay un tema legal que obviamente hay que respetar, pero sí nos preocupa que la parte política o que la política se pueda utilizar como mecanismo para evitar las investigaciones penales o que finalmente, los candidatos puedan avanzar hasta determinados puestos importantes para nuestro país; y sin embargo, luego tengan que enfrentar consecuencias penales. A nosotros claro que nos preocupa, por eso digo que lo ideal sería que no se contamine ambos aspectos. Pero ahora tenemos que mirar cómo los candidatos, enfrentan estos aportes, cómo transparentan esta información.

Algunos candidatos investigados como Ollanta Humala y Keiko Fujimori, pero también en su momento la defensa de Susana Villarán decían que no podían ser investigados porque ellos no sabían que el dinero de Odebrecht y OAS, era ilícito...

No olvidemos que los dineros comprometidos en los aportes de campaña no son poco monto. Son cantidades importantes de dinero que, además, no se han canalizado por vía bancaria; sino que se han manejado de manera clandestina y oculta. Y a eso le sumas que los aportantes no tenían o no tienen cómo evidenciar que tenían ese dinero para aportar a la campaña y que otros niegan. O que tienes un millón de dólares que lo manejas a través de entregas físicas, maletas o loncheras u otro tipo de manera física, definitivamente eso.

Creo que cualquier persona más o menos conocedora de estos asuntos, sabe que para grandes cantidades de dinero, primero, se usa el sistema bancario. Segundo, que no se manejan de manera clandestina. Por tanto, habrá un tema de probanza cuando la fiscalía logre acreditar que había una sospecha, por lo menos, de que el dinero que recibieron era de procedencia ilícita, pues los montos podían hacer sospechar de un dinero que no viene por el conducto regular. Esto, es lo que en doctrina de algunos españoles se le denomina la “Ignorancia deliberada”. Es decir que, a propósito, no me fijo las cosas irregulares o incorrectas del camino por donde viene el dinero. Me pongo una venda para decir que no conozco sobre un determinado objetivo.

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