Rafael Vela precisó que muchas solicitudes de colaboración eficaz se han producido ante la existencia de un requerimiento de una prisión preventiva. (Foto: Difusión)
Rafael Vela precisó que muchas solicitudes de colaboración eficaz se han producido ante la existencia de un requerimiento de una prisión preventiva. (Foto: Difusión)
Redacción EC

El fiscal superior , coordinador del equipo especial Lava Jato, reveló que actualmente ocho empresas están aspirando a iniciar un proceso de colaboración eficaz con el Ministerio Público.

Destacó, en ese sentido, la importancia de la Ley 37037 que permite la colaboración eficaz de personas jurídicas.

Además, aseguró que quienes se oponen a que las empresas se acojan a este régimen son quienes “temen” por la información que podría revelarse.

“En nuestro país no existía normatividad sobre la colaboración eficaz de personas jurídicas o empresas. Hoy tenemos ocho empresas aspirantes a esta figura. ¿Quiénes no quieren que se concreten estas colaboraciones? Los que temen la información que se revelaría", sostuvo durante su participación en una conferencia desarrollada por la Academia de la Magistratura (Amag) en Cajamarca.

En otro momento, Rafael Vela Barba indicó que menos del 10% de los investigados por el equipo especial Lava Jato están con mandato de prisión preventiva y precisó que muchas solicitudes de colaboración eficaz se han producido ante la existencia de un requerimiento de esta medida restrictiva, pero “no porque el equipo especial lo haya planificado o planteado así”.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura (Amag), el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, participó en la inauguración de una nueva sede de la Amag en Cajamarca acompañado de la presidenta de la Corte Superior de esa ciudad, Edith Alvarado Palacios. Esta permitirá acercar los servicios de formación y capacitación a los jueces, fiscales y personal jurisdiccional de la zona.

El extitular del Ministerio Público indicó que propondrá la exoneración de pago para el curso de ascenso a jueces y fiscales titulares.

“Si un juez o fiscal titular postula a un cargo superior en el sistema de justicia, debería ser el Estado quien asuma esa capacitación porque hablamos de mejorar los niveles de quienes administran justicia”, remarcó.

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