Redacción EC

El fiscal supremo negó hoy ser ‘la carta’ del Gobierno para la Fiscalía de la Nación e indicó que su colega Pablo Sánchez cuenta con el respaldo del oficialismo. Según advirtió, existe un proyecto de ley en el que buscar modificar el proceso de elección en el Ministerio Público.

En el programa “Agenda Política”, Ramos Heredia explicó que esta iniciativa busca que el magistrado más antiguo sea electo fiscal de la Nación. Añadió que esto beneficia directamente a Sánchez, quien tiene más tiempo en la institución.

“Esta ley tendría nombre propio. El tema ha sido puesto en la mesa por sus amigos Rosa Mavila y Jorge Rimarachín. Esta iniciativa solo ha sido vista en la Comisión de Justicia, no en la de Constitución y ni siquiera tiene un dictamen, pero ya está lista para ser vista en el pleno”, manifestó.

Recordó que semanas atrás, el procurador anticorrupción , se pronunció a favor de Sánchez y que el ministro de Justicia, Daniel Figallo, indicó que se debe reconocer la antigüedad.

Ramos Heredia afirmó que si el Congreso de la República modifica el proceso de elección, se estaría dando un golpe al Ministerio Público, porque es una institución autónoma que tiene independencia. “Nosotros no podemos cambiar una votación en el Parlamento”, añadió.

El fiscal supremo, quien es primo de Nadine Heredia, aseguró que investigará a todos los funcionarios del Gobierno siempre que existan elementos.

INTERVENCIÓN EN ÁNCASH
De otro lado, anunció que enviará a 17 fiscales desde Lima a Áncash para que investiguen la situación del Ministerio Público de esa región, tras el asesinato del consejero regional Ezequiel Nolasco.

que tenga algún vínculo con el presidente regional César Álvarez e indicó que la destitución de cuatro fiscales que intervinieron ‘La Centralita’, donde supuestamente la autoridad ancashina dirigía los ataques contra sus opositores, fue porque no cumplieron con la orden del juez.

Añadió que el Poder Judicial no autorizó a los fiscales César Jiménez, Francisco Estrada, Miguel Vilca y Cristian Aceijas a intervenir ese local, sino otro.

Los magistrados, que allanaron  el 13 de julio del 2011 ‘La Centralita’, fueron separados del Ministerio Público días después de la intervención.