Sada Goray: de presentarse como víctima de “extorsión” a detenida y ahora bajo prisión preventiva

Sada Angélica Goray Chong nació el 3 de noviembre del 1979 en Trujillo, La Libertad, la misma región donde décadas después iniciaría su primer proyecto de “vivienda social”. Allí también se graduó como administradora por la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) en el 2003 y conoció a su primer esposo, Luis Mesones, hoy prófugo de la justicia e investigado junto a ella.

Goray y Mesones, un personaje clave en esta historia, fueron socios fundadores y gerentes de Marka Group, un conglomerado empresarial que incursionó en el rubro inmobiliario.

En el 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la empresa impulsó su primer proyecto de lo que llama “vivienda social”: Siembras del Valle, en asociación con el Fondo MiVivienda (FMV). El lugar hoy luce abandonado.

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En los años siguientes, Sada Goray buscó impulsar nuevos proyectos de “vivienda social” con el FMV, pero ya no en La Libertad, sino en Lima y regiones como San Martín y Lambayeque. Así, constituyó empresas como Markagroup Sur SAC (febrero 2019), Inmobiliaria Nuevo Chiclayo SAC, Inmobiliaria Nuevo San Bartolo y Pradera de Cacatachi SAC (todas en agosto 2020), bajo la estela de Marka Group.

A inicios del 2021, la empresaria pidió al FMV que su conglomerado empresarial pueda otorgar créditos hipotecarios para la compra de “viviendas de interés social” en los proyectos que desarrollan a través de sus “empresas afiliadas”. Además, presentó el pedido para que el ente adscrito al Ministerio de Vivienda participe en el fideicomiso para unos de sus proyectos: el de Pradera Cacatachi, en San Martín.

La intención de Sada Goray no obtuvo respuesta favorable hasta que llegó el gobierno de Pedro Castillo en julio del 2021. De acuerdo con la imputación de la fiscalía, poco antes de que este asuma, la empresaria encargó a su amiga Pilar Tijero buscar a personas con conexión con el nuevo mandatario, por lo que esta trasladó el encargo a su primo, el periodista Mauricio Fernandini.

Fue así que, según el Ministerio Público, el periodista fue el intermediario para contactar al flamante ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, y a su jefe del gabinete de asesores, Salatiel Marrufo. Luego de una serie de reuniones, Sada Goray accedió a entregar dinero al asesor para que este gestione cambios en el directorio del FMV, colocando a nuevos directores elegidos por la empresaria para que favorezcan a sus proyectos.

Esto último ha sido admitido por la empresaria y Salatiel Marrufo. Sin embargo, sus versiones tienen discrepancias: Sada Goray aseguró que el monto pagado fue de 4 millones de soles, mientras que el exasesor, hoy colaborador eficaz, afirma que recibió en total S/ 5.4 millones.

Al margen de las cifras, luego de que se inició la presunta entrega de pagos comenzaron a darse cambios en el FMV. A fines de septiembre del 2021 y a recomendación del ministro Geiner Alvarado, fueron nombrados como nuevos directores Pedro Arroyo, Roger Gavidia y Gonzalo Arrieta. Además, de acuerdo con el Ministerio Público, Luis Mesones operó como asesor.

Fue así que, según la tesis fiscal, comenzó un presunto “copamiento” de entes estatales para favorecer a los intereses de Sada Goray. Este se extendió a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), también adscrita al MVCS, y a la Superintendencia Nacional de Registros Públicas (Sunarp), adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La tesis fiscal señala así los nombramientos de Cyntia Rudas Murga como titular de la SBN, de Jackeline Perales Olano como gerente, de Marina Subiria Franco y Héctor Chávez Arena como directores de Gestión Patrimonial, y de Flor Olivera Orellana como abogada de la Dirección de Gestión Patrimonial.

En cuanto a la Sunarp, se señalan los nombramientos de Luis Longaray como su titular, y de Cyntia Rudas Murga y Roger Gavidia como miembros del directorio. Adicionalmente, Luis Mesones fue viceministro en el Ministerio de la Producción y director de Sedapal; Roger Gavidia también fue superintendente de la SBN y presidente del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), otro ente adscrito al MVCS

Desde septiembre del 2022, el dominical Cuarto Poder empezó a publicar reportajes sobre presuntas irregularidades en torno a los proyectos de Marka Group y las designaciones en el FMV y la SBN. En paralelo, Salatiel Marrufo se veía involucrado en las investigaciones del caso Gabinete en la Sombra.

A mediados de octubre, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar de Salatiel Marrufo por ese caso y a fines de ese mes, le impuso prisión preventiva. Por esos días, el exasesor se sometió a un proceso de colaboración eficaz y reveló a la fiscalía su versión sobre los pagos de Sada Goray. Esto, sin embargo, no se conoció sino hasta varios meses después.

Fue así que a inicios de diciembre, Sada Goray se presentó ante los medios de comunicación con una confesión: había pagado S/ 4 millones a Salatiel Marrufo, con parte de ese dinero supuestamente destinado a Pedro Castillo. Sin embargo, en esa primera versión, se presentó también como víctima de una supuesta “extorsión” para que sus proyectos en el FMV puedan avanzar.

“Por miedo” dijo en una entrevista a El Comercio sobre al ser consultada sobre por qué accedió a los pagos. “Cada vez que a nosotros [los empresarios] nos piden un cupo, nos extorsionan, si no cedemos a la presión, sabemos que esto va a llegar sabe Dios hasta dónde [...] Te imaginas que venga alguien con tanto poder a pedirte dinero. Es el presidente de la República”.

“No faltará alguien que salga a decir que es un dicho de un dicho del señor Salatiel Marrufo. Pero para mí el señor Salatiel fue puesto por el presidente y él se tiene que hacer responsable, así como yo me hice responsable de mis actos y dejé la gerencia de la empresa. Ese dinero era una planilla para él y sus hermanos y para comprar congresistas”, agregó.

A los pocos días de esta declaraciones, la prensa también accedió a la declaración de Salatiel Marrufo como colaborador eficaz y el propio exasesor declaró sobre estos pagos ante la Comisión de Fiscalización el 7 de diciembre. Horas después, Pedro Castillo hizo su fallido golpe de Estado y terminó siendo destituido y preso para que se le proceso por el delito de rebelión.

En los meses siguientes, la fiscalía realizó distintos actos de investigación en torno a este caso, recogiendo para ello declaraciones de Sada Goray en el extranjero y nuevos testimonios del propio Salatiel Marrufo, que seguía en prisión preventiva.

Sin embargo, la tesis del Ministerio Público seguía favoreciendo la versión de la empresaria sobre el pago de 4 millones en lugar la del exasesor. En ese escenario se sumó otro colaborador eficaz, de clave 09-2022, quien daría una versión más alineada con la de Salatiel Marrufo y daría más luces sobre la influencia de Sada Goray en el FMV y otras entidades.

Así, a inicios de mayo del 2023, la fiscalía solicitó que se varíe la prisión preventiva de Salatiel Marrufo por una libertad con restricciones, medida que se concretó a fines de ese mismo mes. Además, se filtró en la prensa la declaración del periodista Mauricio Fernandini.

En las semanas siguientes, se irían conociendo nuevas revelaciones en torno a la presunta influencia de Sada Goray en el “copamiento” de entidades del estado, la historia de sus empresas y los distintos puestos que ocuparon Luis Mesones y sus otros allegados. El caso también comenzó a investigarse a nivel del Congreso, aún sin muchos resultados.

Distintos especialistas también criticaron que a Sada Goray, al menos hasta junio del 2023, no se le imputara ser parte de una organización criminal y tener facilidades para salir del país, a diferencia de otros investigados. En ese escenario, a inicios de julio, la defensa legal de la empresaria admitió que estaba dentro de un proceso de colaboración eficaz y se retractó su versión de la extorsión, aunque aún no admitía haber obtenido beneficios por los pagos que hizo.

Fuentes de El Comercio indicaron que esta declaración y otras actuaciones de Sada Goray, como el ocultamiento de información y declaraciones a la prensa, causaron incomodidad en la fiscalía. Días después, el 7 de julio, el Ministerio Público obtuvo una orden de detención preliminar contra la empresaria, en el mismo día en que había llegado a Lima para continuar con sus declaraciones y pasar por un control.

En las audiencias de prisión preventiva que siguieron, la fiscalía hizo suya la versión de los S/ 5.4 millones brindada por Salatiel Marrufo y le imputó el delito de colusión como parte de una organización criminal.

Se alegó que Sada Goray debía ser internada en un penal no solo por la evidencia que la involucraba con actos ilícitos. También por la posibilidad de que huya del país al tener residencias en el extranjero y de que influencie en las declaraciones de coinvestigados como Luis Mesones.

Finalmente, este jueves el juez Raúl Justiniano acogió el pedido de la fiscalía e impuso prisión preventiva contra Sada Goray por 30 meses. Si bien su defensa ha apelado y espera que una sala de apelaciones revierta la decisión, la empresaria que alguna vez se presentó como “extorsionada” fue internada este viernes en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

Pese a ello, según conoció El Comercio, el proceso de colaboración eficaz de Sada Goray aún no ha fracasado del todo. Existe la posibilidad de que siga el mismo camino de Salatiel Marrufo, quien salió de prisión preventiva luego de unos meses en medio de su proceso de colaboración. Esto siempre y cuando dé nueva información relevante a la fiscalía, esta la corrobore y el Poder Judicial haga lo propio y le otorgue su liberación.