Unas horas antes de que concluya el plazo de la detención preliminar en contra de la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y tres ex altos funcionarios del gobierno castillista (Pedro Arroyo, Roger Gavidia y Luis Mesones Odar), el Ministerio Público presentó el lunes ante el Poder Judicial una solicitud de 36 meses de prisión preventiva para los referidos investigados.
En el documento, al que tuvo acceso El Comercio, el Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder incluyó a Marka Group, de propiedad de Goray Chong, en el organigrama de la red criminal presuntamente encabezada por el encarcelado expresidente Pedro Castillo Terrones.
Fuentes de este Diario indicaron que Marka Group y todas las firmas que están su holding forman parte de la investigación preparatoria.
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La empresaria- de acuerdo al organigrama- operó bajo el aval del exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado y de Salatiel Marrufo, ex jefe del Gabinete de Asesores de la referida institución. Precisamente, este último fue quien recibió S/5,4 millones en sobornos por parte de la ex gerente general de Marka Group.
A Goray- investigada por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada-se le acusa de haber copado el Fondo MiVivienda (FMV), la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), Sedapal y la Sunarp, entre otros. Los tres primeros entes están adscritos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).
Por ejemplo, la empresaria- según la declaración de Alvarado y del colaborador eficaz N°09-2023- tuvo influencia directa en la designación de Pedro Arroyo, Roger Gavidia y Gonzalo Arrieta en el directorio del FMV y de los integrantes de los comités de esa institución, con el objetivo de “direccionar” la aprobación de fideicomisos a favor cinco proyectos de vivienda social a favor de Marka Group por un valor de más de S/158 millones.
Arroyo y Gavidia han sido incluidos en la solicitud de prisión preventiva por el presunto delito de colusión agravada.
Mesones Odar, ex esposo de Goray, es el único de este grupo que se encuentra prófugo de la justicia desde el viernes 6 de julio, cuando se ejecutó la orden de detención preliminar.
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En comunicación con El Comercio, el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado explicó que la inclusión del holding Marka Group en la investigación significa que si Goray y otros de sus ejecutivos son encontrados culpables, la firma deberá asumir “en forma solidaria el pago de la reparación civil” que se les imponga.
Maldonado indicó que si Marka Group pretende seguir contratando con el Estado deberá seguir “la ruta” que aplicó Odebrecht y otras firmas del club de la construcción, en el sentido, de reconocer su responsabilidad, colaborar, comprometerse a aplicar una reingeniería y a aplicar políticas anticorrupción y pagar la reparación civil que acuerden con la procuraduría.
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De extorsionada a financista
De otro lado, fuentes de El Comercio indicaron que si bien Goray inicialmente fue una testigo clave para revelar la actuación de la red de corrupción de la administración castillista, hubo señales de alerta que llevaron a pedir una variación de su comparecencia con restricción a prisión preventiva.
Por ejemplo, no haber reconocido su verdadero rol en el control y copamiento del FMV, SBN, Sedapal y Sunarp, entre otros.
Y, además, la empresaria no le informó a la fiscalía que habría tramitado su residencia fiscal en Uruguay”, tampoco que habría gestionado una segunda nacionalidad en República Dominicana ni una “Golden visa” en Estados Unidos. En la ciudad norteamericana de Tampa, La Florida, residió durante los últimos meses.
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En sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación, en diciembre último, Goray refirió que fue “extorsionada” por altos funcionarios del gobierno castillista. No obstante, el Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder maneja la hipótesis de que ella “habría coordinado y operado en el financiamiento” la red criminal del exmandatario. Esto, por medio, de los pagos que le realizó a Marrufo.
El juez Raúl Justiniano Romero programó para este martes a las 4 p.m. la audiencia, a través de la cual evaluará los argumentos del Ministerio Público y de la defensa de cada una de las partes.
1. Mauricio Fernandini, periodista
Al ex conductor de “20 lucas” lo acusan de ser “cómplice primario” del presunto delito de colusión agravada. La fiscalía indica que habría sido el intermediario entre Goray y Salatiel Marrufo, ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, para que este último reciba el pago de coimas. Por esta tarea, habría recibido de la empresaria un “bono de éxito” de US$80 mil.
2. Pedro Arroyo Marquina, expresidente del Fondo MiVivienda
De acuerdo al Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder, el ex alto funcionario se la investiga por el presunto delito de colusión agravada. Esto porque habría “concertado” con Goray y Luis Mesones Odar, ex esposo de esta última, “para defraudar al Estado”, a través de la aprobación de cinco proyectos inmobiliarios a favor de Marka Group.
El Fondo MiVivienda, a pesar de que el referido holding no cumplió con los requisitos mínimos, liberó S/32’275,441 por concepto de avance de obra y S/2’791,669 por intereses.
Para el Ministerio Público, Arroyo Marquina “participó” en el copamiento del FMV. Por ejemplo, dispuso designar a José Forero Monroe como gerente general de la institución, con el objetivo “de viabilizar y direccionar los pronunciamientos favorables en los procesos de fideicomisos impulsados por la empresa Marka Group”, de propiedad de Goray Chong.
3. Roger Gavidia Johanson, ex director del Fondo MiVivienda
Al ex integrante del directorio del FMV, la fiscalía le imputa el presunto delito de colusión agravada. También por supuestamente hacer concertado con la ex gerente general de Marka Group “para defraudar al Estado”, por medio de darle la luz verde a cinco proyectos de vivienda social a favor del holding de Goray Chong.
4. Luis Mesones Odar, ex gerente general de Marka Group
Al también ex viceministro de Mype e Industria se le acusa de ser “cómplice primario” de colusión agravada. Mesones Odar, quien desde el viernes 6 de julio está en la clandestinidad, fue contratado, por medio de la empresa Saber Conmmunity SAC, como asesor externo de Arroyo Marquina en el FMV. Este proceso, de acuerdo a la procuraduría anticorrupción, fue “irregular”.
Esto porque Saber Conmmunity SAC es una firma “ajena al objeto de la contratación”, por lo que deducen que fue presuntamente favorecida con una asesoría por S/34.000.
Mesones Odar participó “activamente” en reuniones de la plana mayor del Fondo MiVivienda.
Los auditores internos del Fondo MiVivienda —de acuerdo a la defensa legal del Estado— han advertido que Mesones Odar “si mantenía presencia en sesiones del Comité de Riesgo asesorando al presidente del directorio del Fondo [Pedro Arroyo Marquina], no siendo registrada su participación física”.
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