Los argumentos del fiscal anticorrupción Hamilton Castro fueron determinantes para que el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, decidiera finalmente ordenar la captura y 18 meses de prisión preventiva para . Al ex presidente se le imputa haber recibido US$20 millones de Odebrecht para que esta empresa se adjudique los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.

Esos elementos que sustentan la posición fiscal se encuentran precisamente en el requerimiento de prisión preventiva presentado ante el juez, un documento de 24 páginas al que accedió El Comercio.

En este se estructura en base a la pretensión fiscal, los datos del imputado, antecedentes, fundamentos fácticos, fundamentos jurídicos e imputaciones personales, calificación jurídica de los hechos imputados, fundamentos jurídicos del requerimiento y los presupuestos materiales de la prisión preventiva.

► Lee el requerimiento de la fiscalía.

Conoce el documento con el que la fiscalía sustentó el pedido de prisión preventiva para Alejandro Toledo. (Archivo El Comercio)

—Puntos importantes—
1. La acusación destaca la declaración de Jorge Simoes Barata, titulada “Pago indebido al entonces presidente de la República del Perú Alejandro Toledo como resultado de la licitación de la carretera Interoceánica Sur - tramo 2 y tramo 3”. De acuerdo a la fiscalía, él ha confesado haber pagado sobornos a Toledo a través de empresas ‘offshore’ de Josef Maiman.

De acuerdo a ese testimonio, en la primera semana de noviembre, Toledo participó de una reunión en la suite presidencial del Hotel Marriot en Río de Janeiro (Brasil) con el mismo Jorge Simoes Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú; Josef Maiman, empresario peruano-israelí y amigo del ex presidente; y dos funcionarios de este último.

Fue ahí donde, de acuerdo a la imputación, se acordó que Toledo recibiría US$35 millones en caso Odebrecht gane la licitación y que el pago debería de hacerse a diversas empresas del grupo empresarial de Josef Maiman, mediante la celebración de contratos ficticios con la constructora brasileña. El soborno iba a ser pagado solo si el ex mandatario se encargaba de que los plazos no se posterguen y lograra que se modifiquen las cláusulas de las bases de la licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas. El primer punto no fue cumplido, por lo que Toledo solo habría recibido US$20 millones.

2. Según la fiscalía, una vez adjudicada la concesión en el 2005, los pagos se realizaron con transferencias a cuentas de empresas ‘offshore’ (Trailbridge Ltd., Warbyry and Co., y Merhav Overseas Limited) de Josef Maiman, presunto testaferro de Toledo, pues este sería el beneficiario final y real. Hubo 18 depósitos del 23 de junio del 2006 al 3 de junio del 2010. Incluso, cuando el líder de Perú Posible dejó de ser presidente, Barata fue convocado a la casa del ex presidente en La Molina para presionarlo a fin de que continúe con los pagos. A la fecha se ha podido identificar US$9’626.010 millones.

3. El movimiento migratorio de Jorge Simoes Barata, Alejandro Toledo y Avraham Dan On acredita que salieron y regresaron del Perú en los ismos días. Precisamente a fines del 2004, Dan On se presentó como intermediario con el ex representante de Odebrecht para ofrecer favorecer a esta empresa en la licitación. Incluso convocó posteriormente a Barata para sostener reuniones en palacio de Gobierno, este último ingresando “por la puerta lateral y sin registro”.

4. También hubo movidas legales que detectó la fiscalía y que permitieron un favorecimiento a la constructora brasileña. Una es la ley N° 28670, que el 2006 declaró de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos de inversión, entre ellos la Interoceánica. Asimismo, el Decreto Supremo N° 022-2005 del Ministerio de Economía en el 2005, con el que los tramos incluidos en concesión del proyecto fueron exceptuados de la aplicación de normas de Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), referidas a la frase de preinversión. En la audiencia de prisión preventiva, el juez Richard Concepción consideró que se trató de normas con “nombre propio” y para un “blindaje legal”.

5. El allanamiento a la casa de Toledo el 4 de febrero. La fiscalía sostiene que en la diligencia se incautó un directorio en el que figura Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú. “No solamente se hallaron documentos (tarjetas) que confirman su vinculación con la empresa Odebrecht […] sino también una tarjeta de Jacques Eshel, vicepresidente de una de las empresas del conglomerado Merhav de Josef Maiman, grupo al que precisamente pertenece una de las cuentas en las que la empresa Odebrecht depositó las comisiones ilícitas en favor del imputado Toledo Manrique”, dice el documento fiscal.

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