“Todos los equipos especiales tienen que dejar de existir”: Los anuncios del fiscal de la Nación interino ante el Congreso

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció este lunes que propondrá ante la Junta de Fiscales Supremos la disolución de todos los equipos especiales que existen en el Ministerio Público, atribuyéndoles la responsabilidad de una supuesta “politización” y “persecución” en casos judiciales. No obstante, dijo que incluso si esto ocurre, quienes hoy los integran deberían seguir a cargo de sus casos.

En declaraciones a la prensa a su salida de una comisión del Congreso a la que asistió como invitado, Gálvez citó la entrevista que dio el último fin de semana a El Comercio para señalar que “la politización y, a veces, algunos criterios de persecución se han generado a través de los equipos especiales”.

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“Yo estoy proponiendo, y en su momento decidirá la Junta de Fiscales Supremos, si continúan o no los equipos especiales, porque tenemos a los coordinadores de las especialidades y, paralelamente, tenemos equipos especiales, que generan contradicción en el propio diseño del trabajo de la fiscalía”, indicó.

Consultado si se trata todos los equipos especiales o alguno en particular, el fiscal supremo replicó que se refiere a todos. “Todos los equipos especiales tienen, según lo que yo creo, que dejar de existir; pero eso dependerá si la Junta de Fiscales Supremos lo aprueba”, dijo.

Actualmente hay al menos cuatro equipos especiales dentro del Ministerio Público: Lava Jato, que ve casos de corrupción y lavado de dinero ligados a Odebrecht y otras constructoras peruanas y extranjeras; Cuellos Blancos del Puerto, que ve casos de la trama de presunta corrupción judicial de ese nombre; Especial contra la corrupción en el poder (Eficcop), que ve casos ligados a los gobiernos de Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte, y el que investiga las muertes y lesiones durante las protestas contra el gobierno del 2022 y 2023.

El primero fue creado durante la gestión de Pablo Sánchez como fiscal de la Nación. Se trata del más antiguo y como tal, es el que tiene sus casos más avanzados: algunos ya con sentencia, otros en juicio y otros con acusación.

El segundo de la lista fue creado durante la gestión de Zoraida Ávalos y los últimos dos, durante la de Patricia Benavides.

Ya con Delia Espinoza como titular del Ministerio Público, el Eficcop como equipo especial ya había perdido un nivel de autonomía al ser asimilado a la Fiscalía Anticorrupción, de forma similar a lo que hoy propone Tomás Gálvez. Según fuentes de El Comercio, la suspendida fiscal suprema confiaba más en los coordinadores de fiscales especializadas nombrados por ella que en los coordinadores de equipos especiales.

La decisión de disolver estos equipos especiales podría ser tomada autónomamente por Tomás Gálvez: cuando Delia Espinoza decidió asimilar el Eficcop a la Fiscalía Anticorrupción, lo hizo así.

Sin embargo, Gálvez asegura que su propuesta para que todos estos “dejen de existir” deberá ser tomada en conjunto con los otros fiscales supremos: Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena y Patricia Benavides.

Por otro lado, el fiscal de la Nación interino también ratificó que no removerá al fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, de los casos que tiene a su cargo, entre ellos el del juicio de Susana Villarán.

En esa línea, aseguró que, si los equipos especiales llegan a ser eliminados, los fiscales que los integran seguirán a cargo de sus respectivas investigaciones, procesos y/o juicios.

“Los fiscales van a seguir con sus casos, solo que ya no hay equipos especiales”, dijo.

“Sabemos que se ha iniciado un juicio oral a cargo del dr. José Domingo Pérez. Él tiene que continuar. Sacarlo en este momento significaría entorpecer el juicio oral y hasta podrían imputarme que quiero encubrir o blindar a la señora a la señora Susana Villarán”, expresó.

Gálvez también defendió su decisión de remover a los fiscales adjuntos que dejó la gestión de Delia Espinoza, quienes conocían las investigaciones de casos que involucraban a la presidenta Dina Boluarte, el ministro Juan José Santiváñez y otros altos funcionarios.

“Un fiscal de la nación maneja su despacho y con quién tiene que manejar, con gente de confianza y sobre todo con gente que manejen criterios razonables y que coincidan con los criterios del fiscal de la nación. Si yo soy el fiscal de la nación, no voy a trabajar con las personas que piensan exactamente distinto”, afirmó.

“Regular” la relación entre los convenios internacionales sobre DDHH y la Constitución

Antes de dar esas declaraciones, Tomás Gálvez se presentó ante la comisión parlamentaria que elabora una propuesta de reforma del sistema de justicia, que preside la congresista María del Carmen Alva.

El fiscal de la Nación interino llevó algunas propuestas a la sesión, que fue aprovechada por los legisladores para saludar su designación y criticar la gestión de Delia Espinoza, en particular respecto a las denuncias constitucionales e investigaciones contra congresistas.

Gálvez planteó a la comisión que establezca un mecanismo para “regular” la relación entre los convenios internacionales sobre Derechos Humanos y la Constitución, con el objetivo de que esta tenga prioridad en casos en que se genere una contradicción.

“Que se tome en cuenta cómo relacionamos directamente en la norma constitucional los casos en que puede haber una contradicción entre un convenio internacional sobre Derechos Humanos y la norma constitucional específica, debiendo, y esa es la propuesta del Ministerio Público o personal, dar prioridad a la norma constitucional”, planteó.

“Es justamente regular esa relación entre convenios internacionales y la norma constitucional referida a la administración de justicia“, exclamó.

Según Gálvez, ese debe ser el camino porque la norma constitucional “está contextualizada, se ha discutido, se ha debatido por nuestro Congreso y se ha tomado en cuenta todo nuestro ordenamiento jurídico”.

“Ese es un gran problema porque habrán podido ver que en muchos casos en se hace el control convencional (…) Dejan de lado la ley nacional, aplican el convenio, dejan de lado la norma constitucional, la norma legal nacional y se rigen por el contenido del convenio y eso, en muchos casos, ha generado conflictos, enfrentamientos entre instituciones”, agregó.

La “autonomía fiscal”

Gálvez también sostuvo que se debe dejar que el Ministerio Público haga una “auténtica reforma” a su ley orgánica, para que se “diseñe el ejercicio de una función fiscal adecuada” y se “redefina” la autonomía de los fiscales.

“Se ha exacerbado esa autonomía y se ha llevado a que el fiscal es autónomo en todo (…) En muchos casos, llegan fiscales que no son competentes, porque asistimos a una formación de nuestros abogados que no es la mejor (…) pero por cualquier razón ese abogado llega a conducir ese despacho fiscal, no está capacitado para ello y no le puedes orientar porque te dice en la función fiscal, interferencia en el despacho fiscal”, puntualizó.

“Peor aún, si llega un fiscal que no es honesto, la cuestión se agrava y no podemos decir nada, porque la autonomía fiscal se ha interpretado de una manera inadecuadamente", expresó.

Por eso, Gálvez sostuvo ante los congresistas que se debe “redefinir el ejercicio de la función fiscal y tienen que ser sistemas de ejercicio de la función fiscal, no despachos”.

"Esos sistemas tienen que estar integrados: desde fiscales supremos, fiscales superiores, fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales, en donde haya una dirección y un control por la propia cabeza, digamos, por un fiscal supremo”, añadió.

Gálvez negó que ello signifique darle demasiado poder a un fiscal supremo, sino que se deberían “hacer los protocolos y las directivas que obliguen a todos, incluido al supremo, de tal forma que él no puede hacer su voluntad, sino buscar que la función fiscal se ejerza debidamente, que no haya esos despachos, compartimentos estancos, que el fiscal hace lo que le da la gana y nadie le puede decir nada”.

Finalmente, planteó que se establezca la autonomía presupuestal del Ministerio Público para que su presupuesto sea equivalente al del Poder Judicial; y que reconozca las “potestades jurisdiccionales” a las rondas campesinas, de forma similar a las de las comunidades campesinas y nativas.

Congresistas critican trabajo de Delia Espinoza

En la ronda posterior de preguntas, los congresistas se mostraron cordiales con el fiscal de la Nación, le trasladaron pedidos e hicieron constantes críticas al trabajo de la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza.

Alejandro Muñante (Renovación Popular) pidió que se reactiven las fiscalías antiterrorismo y pidió sanciones para los fiscales que “deciden liberar” a delincuentes.

Patricia Juárez (Fuerza Popular) criticó la “proliferación de denuncias constitucionales” en la gestión de Delia Espinoza y la denuncia que esta presentó para declarar la ilegalidad del partido fujimorista. “Esto también pareciera que fuera una movida política y, lamentablemente, lo que se pretende es inhabilitarnos a quienes pertenecemos a este partido político”.

Lady Camones (APP), actual presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, criticó el alto número de congresistas con denuncias constitucionales del Ministerio Público: “son 105 congresistas de 130”, lo que llevaría a un “desgaste de la institucionalidad del Congreso”.

“Sabemos que hay de repente algunos colegas que pueden haber cometido presuntos delitos, pero si hablamos de 105. Solamente para citar un ejemplo, tenemos nosotros una investigación por congresistas que han realizado viajes al extranjero en cumplimiento de su función congresal”, cuestionó.

Camones, en particular, hizo referencia a una denuncia en la que ella mismo estaría involucrada y le pidió que algunas de estas sean revisadas nuevamente. “Sería bueno que usted ahora que está como fiscal de la nación pudiera, de repente revisar, estos casos. Acá nadie dice impunidad, blindaje, acá se habla de que se revisen los casos y si amerita presentar una denuncia constitucional que se haga (…) En mi caso me están denunciando por pertenecer a una organización criminal, porque aparentemente sería yo como presidenta de la subcomisión de acusaciones una operadora política”, dijo.

Luis Aragón (Acción Popular) apoyó la propuesta de Tomás Gálvez sobre las rondas campesinas e instó a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que acelere el trámite de las denuncias contra Delia Espinoza y se llegue hasta su inhabilitación.

Gálvez se comprometió a revisar algunos pedidos de los congresistas, como la reactivación de las fiscalías antiterrorismo, pero dijo que la mayoría de los dichos sobre que la fiscalía o la policía liberan delincuentes son fruto del enfrentamiento entre ambas instituciones.

En cuanto a la “proliferación” de denuncias constitucionales, dijo que sí le preocupa porque él mismo fue “objeto de diversas denuncias que no tenía ni pies ni cabezas” y sostuvo que tener 105 congresistas denunciados demuestra “una actuación excesiva del Ministerio Público”.

“Uno de los planteamientos que vamos a hacer a través de una circular y va a estar en la ley orgánica, es la modificación para que se establezcan parámetros concretos para el inicio de una investigación. No se puede abrir investigaciones a gusto o a la intuición del fiscal”.

Sobre el pedido para suspender a Fuerza Popular, se limitó a decir que este es “un caso que ya se ha planteado” y el que “va a resolver ya va a ser el Poder Judicial”. Desde la fiscalía, tengan la plena seguridad de que vamos a actuar con toda objetividad y prudencia, porque no se puede estar realizando actos que conduzcan a la confrontación, como ha estado sucediendo en los últimos tiempos”, acotó.