TC repone como fiscal supremo a Tomás Gálvez, implicado en el Caso Cuellos Blancos y precandidato presidencial: los motivos y el posible impacto

En un fallo conocido este lunes, pero que se votó a inicios de abril, el máximo intérprete de la Constitución anuló la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que destituyó a Tomas Gálvez como fiscal supremo. Como consecuencia, se ordenó su reposición en el mismo cargo.

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El retorno de Tomás Gálvez implica su reincorporación a la Junta de Fiscales Supremos junto a Delia Espinoza (hoy fiscal de la Nación), Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena.

Además, implicaría su renuncia como militante en el partido Peruanos Unidos ¡Somos Libres!, del que es presidente, fundador y precandidato presidencial: la ley establece que ser fiscal es incompatible con participar en política.

La decisión fue adoptada por mayoría de cuatro contra tres. Votaron a favor los tribunos Luz Pacheco (presidenta del TC), Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández (ponente de la sentencia). En la decisión, se indica que la JNJ puede volver a realizar un proceso disciplinario por estos hechos, pero corrigiendo los defectos advertidos por el tribunal.

La decisión del TC resuelve de forma definitiva un proceso de amparo iniciado por Tomás Gálvez en el 2021. En abril de ese año, la JNJ lo destituyó por unanimidad al considerar que incurrió en una falta muy grave vinculadas a la trama de presunta corrupción judicial conocida como ‘Cuellos Blancos del Puerto’ y a llamadas con el hoy prófugo exjuez César Hinostroza.

Durante su defensa en este proceso, Tomas Gálvez atribuyó un interés de querer removerlo a sectores políticos y al entonces expresidente Martín Vizcarra. Además, dijo que no se entendía por qué querían sacarlo, ya que él era “el fiscal supremo con mayor prestigio, creo que de la historia (...) soy el mejor fiscal de toda la historia del Perú”.

De acuerdo con esa resolución, el exfiscal incurrió en actos vinculados con la vulneración de la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial. Se le cuestionó por haber interferido en la función de la sala suprema que presidía César Hinostroza, a quien le solicitó que revisara el caso del rondero Segundo Nemecio Villalobos, lo que lindaría con el tráfico de influencias.

En cuanto a una llamada que hizo a Hinostroza Pariachi para que apoye al fiscal Walter Delgado en un juicio familiar, consideraron que hubo un “pedido con evidente connotación ilícita” y que estuvo orientado a influir en otro órgano judicial.

“El magistrado [Tomas Gálvez[ actuó con plena conciencia y voluntad, es bastante evidente y las pruebas son contundentes de cuál era la responsabilidad que tenía; interfiriendo abiertamente en la competencia de jueces y fiscales al margen de los procedimientos establecidos”, se sostuvo en la ponencia del JNJ que llevó a su destitución.

En octubre del 2021, el exfiscal inició un proceso de amparo judicial para anular su destitución, alegando que no hubo un debido proceso porque que se trato de un proceso disciplinario inmediato (sin investigación preliminar) y que la decisión no estuvo bien fundamentada.

El caso finalmente llegó al TC como instancia definitiva. En su análisis, el tribunal concluyó que si bien la JNJ tiene la potestad de sancionar y destituir a fiscales supremos y jueces supremos, hacerlo bajo la figura del “proceso disciplinario inmediato” es inconstitucional.

La controversia se genera porque esa figura no está contemplada en la Ley Orgánica del JNJ, en la que se establece que los procesos disciplinarios requieren una investigación disciplinaria, sino en el Reglamento de Proceso Disciplinarios de la JNJ. Esta es considerada una norma de menor rango a la Ley Orgánica.

Junto a ello, el TC también consideró que la JNJ tampoco fundamentó adecuadamente porque los hechos sancionados constituían una falta “muy grave” y merecedora de una destitución. La justificación de una necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia fue, para el tribunal, insuficiente.

“Este Tribunal Constitucional aprecia que la determinación de la intensidad de la sanción no tuvo como objeto adecuarse a la gravedad de la infracción y a la responsabilidad personal del actor, sino que tuvo como fin la satisfacción de fines impersonales, como el fortalecimiento de la confianza ciudadana en el sistema de justicia y el no legitimar conductas infractoras”, concluyeron.

“En ese sentido, se tiene entonces que la sanción de destitución en el presente caso es arbitraria, porque la sanción fue medida según valores y principios impersonales, antes que conforme a los hechos particulares generados por la conducta o desempeño funcional del recurrente”, añadieron.

Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, comentó que la resolución es clara en establecer la invalidez de los procesos disciplinarios inmediatos y considerarlos “un mecanismo arbitrario, porque estaría yendo contra el debido proceso”.

Con esto, remarcó, el tribunal está sentado un precedente que llevaría a que todas las decisiones de la JNJ derivadas de ese tipo de procesos sean revisadas o anuladas a futuro.

“Hay algo que no podemos negar: el proceso inmediato es una excepción que no está realmente prevista en la la Ley Orgánica de de la JNJ. El hecho de que el TC este ya esté diciendo que está más allá de la norma legal y de la Constitución va a hacer que todos lo los casos en los que se ha dado una sanción en proceso inmediato tengan que ser revisados a través de demandas de amparo“, dijo.

No obstante, cuestionó que el TC haya entrado a evaluar aspectos de fondo, como una falta de motivación para la sanción. “Esta parte me parece un poco jalada de los pelos”, comentó.

El penalista Andy Carrión coincidió en que la decisión “va a marcar un precedente” en cuanto a casos que vio la anterior conformación de la Junta Nacional de Justicia (2020-2024).

 “Ya hubo un pronunciamiento previo (para reponer al exjuez supremo Aldo Figueora por la misma razón). Entonces, se va marcando ya una línea interpretativa del TC que implicaría que todos aquellos casos que han seguido este tipo de procedimiento, tengan que indefectiblemente anularse”.

Para el abogado, la principal responsabilidad recae sobre la anterior JNJ, porque “hay exfuncionarios que fueron destituidos realmente por la gravedad de los hechos, solamente que al haber preferido este procedimiento inmediato ahora tendrían que restituidos”.

En el caso específico de Tomás Gálvez, consideró que a raíz de los hechos que se le atribuyeron, la anterior JNJ sí podría haber justificado una destitución sin tener que recurrir a un proceso inmediato que hoy es declarado inconstitucional. “Ha habido casos muy justificados de destituciones, pero el problema es cómo ha sido el procedimiento. Todo ese trabajo de institución (de la JNJ) se puede ir al tacho”, indicó.

Luego del estallido del Caso Cuellos Blancos y ante su destitución, Tomás Gálvez recurrió con mayor frecuencia a politizar su defensa, atribuyendo los procesos e investigaciones en su contra a un sector enemigo en el Ministerio Público, a la prensa y al expresidente Martín Vizcarra.

Además, se convirtió en un frecuente crítico -incluso cuando todavía era fiscal supremo-, de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato: específicamente del fiscal superior Rafael Vela y del hoy suspendido fiscal provincial José Domingo Pérez.

Tras su salida del Ministerio Público, se mantuvo en esa línea a través de entrevistas y ha sostenido que algunos casos actualmente en trámite en la institución, en particular los de presunto lavado de activos mediante aportes de campañas, no son delito. Además, ha sostenido que los fiscales supremos, grupo al que se reintegrará con esta decisión, no están a la altura del cargo.

“(Gálvez) se volvió, en un momento, demasiado mediático y político. Si uno revisa incluso los argumentos de su defensa ante la junta, habla de una situación donde medios de comunicación pagados o a favor de empresas vinculadas a Odebrecht, serían parte de esta necesidad de hacer investigaciones que no obtenga resultados. Es decir, da un contexto bien político mediático”.

También consideró que sus respuestas a los casos que lo vinculaban al exjuez César Hinostroza no fueron aceptables al menos desde el aspecto de “la idoneidad moral, ética y funcionarial para poder ejercer el cargo del fiscal supremo”. “Al hacer su defensa, él excedió a algunos de estos puntos”.

Andy Carrión añadió que Tomas Gálvez “ha sido muy ácido en sus críticas (hacia el propio Ministerio Público), porque luego de ser destituido desfiló en varios programas y ha despotricado contra todos. Obviamente, un fiscal o ex fiscal que haya se haya comportado de esa manera va a entrar un poco debilitado a la institución”.

Gálvez fue investigado por el Ministerio Público junto a César Hinostroza por delitos de organización criminal y corrupción, caso por el que incluso estuvo sometido a un impedimento de salida del país. Además, el año pasado había al menos una denuncia constitucional en su contra en trámite en el Congreso, pero hasta la fecha ninguna fue aprobada, por lo que nunca se levantó su inmunidad como fiscal supremo para poder procesarlo ni se le inhabilitó para ejercer cargos público.

En los años en que estuvo fuera del Ministerio Público, Tomás Gálvez se dedicó a trabajar como abogado, asumiendo la defensa de investigados como Alejandro Sánchez Sánchez, presunto integrante del ‘gabinete en la sombra’ de Pedro Castillo y dueño de la casa del jirón Sarratea, donde el expresidente sostenía reuniones ocultas.

Pero también incursionó en la política. El retornante fiscal supremo es el fundador, presidente y representante legal del partido Peruanos Unidos ¡Somos Libres!, una de las 43 agrupaciones inscritas para las elecciones del 2026, con la que anunció en distintas entrevistas su intención de postular a la presidencia.

Hasta antes de conocerse la decisión que lo reincorpora al Ministerio Público, Gálvez continuaba realizando actividades con su agrupación.

No obstante, los juristas consultados por El Comercio coincideron en que tendría que renunciar a su militancia y a sus aspiraciones presidenciales para reincorporarse como fiscal supremo, ya que la ley establece que esa función es incompatible con la participación política.

La otra opción, indicaron, es que decline de volver a asumir como fiscal supremo para seguir en carrera de cara al 2026. El Comercio contactó al fiscal Tomás Gálvez para consultarle sobre este tema y sobre lo que viene tras la orden del TC para restituirlo, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota.

Sin embargo, en declaraciones a RPP, Tomás Gálvez aseguró que las imputaciones que llevaron a su suspensión se demostraron como falsas y que ya no tiene “ninguna investigación penal por ello”. “Hice una llamada (a César Hinostroza) conforme a mis funciones”, aseguró.

Sobre su retorno al Ministerio Público, dijo que la decisión del TC todavía debe recorrer un procedimiento para que puede ejecutarse. “Tengo que ver todavía (lo que viene ahora), he estado ejerciendo mi profesión como abogado, estoy trabajando mis casos, tengo que reincorporarme a la función fiscal y empaparme de la problemática orgánica al interior del Ministerio Público”.

Si bien no se le preguntó sobre qué ocurriría con su partido y su postulación a la presidencia, dio a entender que su plan es retornar como fiscal supremo, lo que sería incompatible con una militancia política. “Ya veremos en qué momento nos reincorporamos, calculo que será entre unos 15 días o tres semanas”.

Para Gilmar Andía, Tomas Gálvez llegará para ser un actor opositor a la actual mayoría de la Junta de Fiscales Supremos y cuestionó cómo el accionar político que ha evidenciado en los últimos años podría influenciarlo.

“Va a ir en contra de lo que la fiscalía esté en este momento investigando, haciendo. Creo que viene ya influenciado por todo lo que le ha pasado, por su caso. Me preocupa un poco esa situación, porque académicamente, jurídicamente, el doctor Tomás Gálvez es bastante bueno; pero vamos a este otro lado que lo convirtió en un actor político. Al punto que incluso anunció candidatura".

Andy Carrión consideró que Gálvez apuntará a marcar un "reposicionamiento" en las divisiones dentro de la Jutna de Fiscales Supremos y que desde el Congreso podrían considerarlo un aliado, como ocurrió con Patricia Benavides o Pedro Chávarry. “Él va a generar, de una u otra manera, sismas internos, más aún por lo confrontacional que sí”. Incluso estimó que eventualmente buscará ser fiscal de la Nación, para lo que tendría que buscar el apoyo de al menos otros dos fiscales supremos.

“Él mismo va a tener que forjarse nuevas alianzas, va a tener que buscar alguna alianza con algunos de los fiscales supremos. Si no, no va a poder hacer nada. Lo que pasa con él es que conoce muy bien el funcionamiento de la de la propia Fiscalía de la Nación y de la Junta de Fiscales Supremos. Él ha estado muchos años ahí (antes de su destitución, fue fiscal supremo desde 2013)”.

Coincidentemente, en la misma entrevista a RPP, el todavía exfiscal arremetió contra los supremos Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, atribuyéndoles un accionar político y afirmando que “no deberían estar”. No obstante, no mencionó a Juan Carlos Villena y dijo que “tal vez la señora fiscal de la Nación (Delia Espinoza) entienda y podamos restablecer la eficacia y legitimidad del Ministerio Público”.

Por ahora, dependerá de Delia Espinoza decidir a qué fiscalía suprema es asignado. Incluso existe la posibilidad de enviarlo como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, una decisión que sería bastante sensible en un año electoral y por ser fundador y presidente de uno de los partidos en disputa.