El TC analizará la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo sobre la cuestión de confianza en una audiencia pública el 26 de enero | Foto: Andina / Referencial
El TC analizará la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo sobre la cuestión de confianza en una audiencia pública el 26 de enero | Foto: Andina / Referencial
Redacción EC

El (TC) analizará la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo sobre la cuestión de confianza en una audiencia pública el próximo .

“Ya los colegas tienen la propuesta de la resolución. El miércoles escuchamos a las partes y como ponente estoy dispuesto a entrar a la discusión el mismo jueves”, dijo el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña a RPP Televisión.

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Como se recuerda, el 22 de octubre del 2021, el Ejecutivo presentó ante el TC una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 31355, que interpreta la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Carta Magna.

El Gobierno, con este recurso, solicita que se declare la “inconstitucionalidad total” de la norma –aprobada en octubre de ese mismo año- por razones de forma y fondo.

Entre sus motivos, mencionan que la norma quiebra el principio de separación de poderes que incluye, en la Constitución, el concepto de equilibro y balance de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República.

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“La ley N° 31355 contraviene la interpretación constitucional sobre los alcances de la cuestión de confianza realizada por el Tribunal Constitucional”, destaca la demanda.

Sobre este punto, el Ejecutivo recuerda que el 28 de setiembre del 2018 el TC falló indicando que la cuestión de confianza “ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera”.

Adicionalmente, destacan que la interpretación que hace el Parlamento contraviene la Carta Magna porque realiza cambios a artículos constitucionales sin llevar a cabo el procedimiento de reforma correspondiente.

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