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Más de 34 años después de la matanza conocida como Las Gardenias, la justicia peruana busca llevar nuevamente al banquillo de los acusados al cabecilla terrorista Víctor Polay Campos, fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y a parte de su cúpula subversiva por el asesinato de ocho personas en un asentamiento humano en Tarapoto, San Martín, en mayo de 1989.
Más de 34 años después de la matanza conocida como Las Gardenias, la justicia peruana busca llevar nuevamente al banquillo de los acusados al cabecilla terrorista Víctor Polay Campos, fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y a parte de su cúpula subversiva por el asesinato de ocho personas en un asentamiento humano en Tarapoto, San Martín, en mayo de 1989.
Se trató de un crimen de odio contra personas LGTBI a quienes la organización consideraba “lacras sociales”, y se perpetró dos semanas después de que el grupo subversivo advirtiera de una “limpieza” social en la zona. Siete de los cuerpos fueron hallados por la Policía en el piso y desnudos, mientras que otro de ellos —que habría querido huir— fue encontrado 10 metros más allá. Recibieron cobardemente disparos en la cabeza y espalda.
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad formalizó la investigación preparatoria contra Polay y otros seis dirigentes a fines de agosto pasado, a quienes se le atribuye el delito de homicidio calificado y terrorismo, en agravio del Estado peruano.
Sin embargo, según pudo confirmar El Comercio, cuatro de los imputados que deben ahora responder ante la justicia se encuentran actualmente en Europa, en países como Francia y España, lo que les podría permitir evadir a la justicia al dificultar su permanencia en el proceso y, eventualmente, que se haga efectiva una sanción en caso de determinarse responsabilidad.
Se trata, por ejemplo, de Peter Cárdenas Schulte, ‘Alejandro’, considerado número dos se la cúpula terrorista y quien se desempeñó como cabecilla del destacamento de aniquilamiento de Lima Metropolitana.
Cárdenas cumplió una condena de 25 años de prisión por terrorismo y fue liberado de la Base Naval del Callao en 2015.
Al salir de la cárcel, Cárdenas expresó sus deseos de “hacer política”. Al año siguiente, en diciembre del 2016, salió del país rumbo a España, según su Certificado de Movimiento Migratorio, y desde entonces no ha vuelto a pisar el territorio nacional.
También se tiene el caso de María Lucero Cumpa Miranda, ‘Noemí’ y miembro del comité central del MRTA. Cumpa estuvo recluida en el penal Santa Mónica, en donde se recibió su declaración por este caso, pero en noviembre del 2021 salió el país rumbo a Francia, según su movimiento migratorio, y no ha retornado.
Además, Alberto Gálvez Olaechea, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del MRTA y sentenciado a 24 años de prisión por terrorismo, salió del Perú en marzo del año pasado con destino a España y, tras más de año y medio no ha retornado.
Según su reporte migratorio, entre los años 2016 y 2019, Gálvez registra cuatro viajes a Bolivia y Chile, pero siempre había retornado al Perú a las semanas siguientes. El mayor tiempo que había permanecido fuera del país había sido dos meses.
Otro de los procesados por el caso Las Gardenias, Lino Manrique Tuya, permanece fuera del país por más de 22 años. En abril del 2001 salió rumbo a Brasil; sin embargo, su destino final habría sido Europa. Según fuentes de El Comercio, permanecería actualmente en Francia.
“Es importante que se encuentre a los responsables tanto materiales como intelectuales de los que ordenaron la masacre contra estas personas que el único delito fue su orientación sexual. Es parte de los casos en los que, durante la década de los 80 y de los 90, se cometieron ese tipo de atrocidades contra grupos vulnerables, no solamente por orientación sexual, sino también por pertenencia a determinadas nacionalidades étnicas”, indicó a este Diario el exministro del Interior, Rubén Vargas.
Los que permanecen en el Perú
De todos los implicados en el Caso Las Gardenias, solo se tiene asegurada la presencia física de Víctor Polay Campos, el cabecilla del MRTA, quien permanece recluido en la Base Naval del Callao cumpliendo una pena hasta el 2026.
Para el penalista Andy Carrión, este proceso aseguraría que el sanguinario terrorista no salga de prisión tras cumplir su primera condena en enero 2026, siempre y cuando la justicia logre una sentencia en su contra por el Caso Las Gardenias antes de aquella fecha o, en su defecto, si logra que se acoja una prisión preventiva.
“Veo realmente complicado (que logre salir de prisión). Pero lo que tendría que hacer el Poder Judicial tampoco es demorarse tanto en llegar a una decisión, porque si se cumple la sentencia anterior ahí sí podría hacerlo. O sino en lo que emiten la sentencia, disponer algún tipo de prisión preventiva u otra orden (limitativa) que lo mantenga en la cárcel”, manifestó a El Comercio.
Carrión agregó que, al ser dos procesos diferentes, no se sumaría los más de 31 años que ya permanece recluido a su favor, sino que correría a partir de una eventual sentencia.
Desde la Procuraduría Antiterrorismo también se ha descartado que Polay vaya a salir de prisión con la demanda planteada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Polay todavía tiene pendiente cuentas con la justicia, tiene un proceso judicial abierto por el asesinato y masacre de Las Gardenias que se dio en los años 80 y que continuó con esa política de asesinatos hasta el 92. Va a tener que rendir cuentas de ello”, señaló el viernes el procurador Milko Ruiz.
Otro que permanece recluido es Miguel Rincón Rincón, dirigente del MRTA y quien cumple una pena igualmente en las instalaciones militares del Callao hasta noviembre del 2030. Además, Sistero García Torres, quien fuera jefe del batallón nororiental del MRTA, se encuentra en libertad declarando ante el despacho fiscal por este caso, según fuentes con conocimiento del caso.