Vladimir Cerrón: Dinero incautado a líder de Perú Libre provendría del caso Los Dinámicos del Centro

El Poder Judicial ordenó este lunes la incautación de los S/ 850 mil que pagaron Vladimir Cerrón y otros tres sentenciados como reparación civil por una condena por corrupción relacionada al gobierno regional de Junín.

Esta medida había sido requerida por la Fiscalía Anticorrupción que investiga el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, bajo la sospecha de que el dinero habría provenido de las supuestas actividades ilícitas de esta presunta organización criminal. Para el Ministerio Público, el secretario general del Perú Libre sería el líder y se habría visto beneficiado en sus procesos judiciales con sus ganancias ilegales.

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Para aprobar el requerimiento fiscal, que había sido propuesto originalmente por la Procuraduría Anticorrupción, el juez Jorge Chávez Tamariz analizó las evidencias de la Fiscalía sobre el presunto origen ilícito del dinero.

También escuchó y valoró los argumentos de los abogados de Vladimir Cerrón y de los otros sentenciados que pagaron la reparación civil, quienes se opusieron a la incautación.

Luego de escuchar a ambas partes, el magistrado resolvió que “existen razones reveladoras para colegir” que los S/850 mil provendrían de actividades ilícitas y que se habría intentado ingresar “dinero de procedencia ilícita a las arcas del Estado a fin de dotar de legalidad actos ilícitos de corrupción en la Región Junín”.

¿Cuáles fueron los argumentos detrás de la decisión del juzgado? Estas con las claves de la resolución judicial a la que tuvo acceso El Comercio.

1 ¿Cómo se dieron los pagos?

En el 2019, el Poder Judicial ordenó a Vladimir Roy Cerrón, Henry López Cantorin, Carlos Mayta Valdez y Juan Carlos Sulca Yauyos pagaran S/ 850 mil como reparación civil tras condenarlos a 4 años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible.

Esta fue la sentencia que, además, inhabilitó al secretario general de Perú Libre de postular en la plancha presidencial junto con el ahora presidente Pedro Castillo y que todavía le impide ocupar cargos públicos.

La reparación civil de debía pagar de forma solidaria: entre los cuatro sentenciados. Fue así que los pagos se hicieron en 27 depósitos entre noviembre del 2020 y agosto del 2021.

Cinco personas depositaron el dinero: los sentenciados Vladimir Cerrón, Henry López, Carlos Mayta y Juan Carlos Sulca Yauyos, y Bertha Rojas, madre del líder de Perú Libre.

De hecho, Bertha Rojas fue la primera en depositar e hizo el pago individual más alto de todos: 284 mil soles el 16 de noviembre del 2020. En comparación, el segundo abono más alto fue el realizado en mayo del 2021 por Carlos Mayta: S/70 mil.

2. El presunto vínculo con Los Dinámicos del Centro

En el requerimiento, la fiscal anticorrupción Vanessa Díaz informó al juez que en su investigación a ‘Los Dinámicos del Centro’ se señala que Vladimir Cerrón “habría constituido y lideraría una organización criminal conformada por funcionarios y terceros que, en torno a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, habría tenido como proyecto criminal la percepción de dinero ilícito destinado al proyecto político de la organización política Perú Libre y su persona”.

Para la Fiscalía Anticorrupción, el dinero ilícito se habría obtenido mediante sobornos para entregar licencias de conducir y mediante la contratación direccionada de personas allegadas al partido, a quienes se cobraba parte de su remuneración. ¿Cuál sería el destino de este dinero según la tesis fiscal? En la resolución se recogen dos:

- La percepción de dinero ilícito destinado al proyecto político de la organización política “Perú Libre”, evidenciada en la campaña política. - La percepción de dinero ilícito destinado al presunto líder de la organización criminal, Vladimir Roy Cerrón Rojas; que (…) se evidenciaría con la exigencia a “los trabajadores contratados bajo la modalidad CAS de la DRTCJ (previo direccionamiento) los “aportes voluntarios” para solventar el pago de la reparación civil de S/ 850 000.

Mira la audiencia donde se debatió la incautación

Con esta base, la Fiscalía solicitó solicitó incautar la totalidad del monto depositado por concepto de reparación civil, debido a que “el dinero mediante el cual se habría realizado el pago constituiría ‘efectos’ del de los actos criminales seguidos” tanto en el caso de negociación incompatible por el que se sentenció a Vladimir Cerrón como en el caso ‘Dinámicos del Centro’.

3. “Cierto grado de sospecha”

A partir de la revisión de la evidencia brindada por la Fiscalía, el juez resolvió que “se determina cierto grado de sospecha en relación a la constitución de una Organización Criminal conformada y liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas dedicada a realizar acciones a fin de obtener una ventaja patrimonial” en beneficio del partido Perú Libre y del propio Cerrón, mediante el pago de la reparación civil.

Para sostener esta postulación, el juez cita el esquema de la presunta organización criminal establecido por la Fiscalía.

“Se tiene que la organización criminal habría tenido como objetivos principales la financiación de la campaña política del Partido Perú Libre, así como de solventar el pago de la reparación civil de S/850,000.00 impuesto solidariamente en la sentencia condenatoria de Vladimir Rey Cerrón Rojas”, añade el juez Chávez Tamariz.

4. La declaración del colaborador eficaz

El juez luego apunta que, efectivamente, se pudo verificar que Cerrón y los otros sentenciados cumplieron con realizar el pago de los S/850 mil. Sin embargo, recuerda que uno de los supuestos objetivos de ‘Los Dinámicos del Centro’ eran precisamente solventar ese pago. Esto según lo expuesto por la Fiscalía, pero, sobre todo, por lo declarado por el colaborador eficaz N° 04-2021.

¿Qué dijo este colaborador? Dentro de su descripción de las supuestas actividades ilícitas en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Junín, manifestó que se llegó a encargar diariamente una “relación de 30 a 35 personas, esto como parte de un compromiso (...), esto como consecuencia de que el Partido Perú Libre lograra pasar a segunda vuelta en las elecciones presidenciales del presente año, necesitándose para ello financiar parte de la campaña, así como los gastos que Vladimir Cerrón Rojas solicitaba a fin de solventar los pagos los abogados y procesos judiciales que tiene”.

“Es así que como encargado de la recolección de dinero en la DRTC/JUNÍN sede Huancayo fue designado Francisco Muedas Santana, en la sede Satipo se designó a Manuel Paccori Ludeña y en Chanchamayo Enrique Palomino Fierro, debiendo cada uno de ellos entregar el monto semanal de S/. 10,000 soles semanales (...), teniendo pleno conocimiento de la procedencia del dinero (trámite ilegal de licencias de conducir en Huancayo, Chanchamayo y Satipo)”,

En otro fragmento de la declaración, se señala que “era bien conocido por los altos mandos (...), quienes con conocimiento que en la DRTC/JUNÍN se venían emitiendo licencias de conducir a cambio de dádivas exigían a Francisco Muedas Santana, Marina Vásquez López, Manuel Paccori Ludeña, entreguen dinero para la campaña y para los gastos judiciales de Vladimir Cerrón Rojas”.

“Que, si exigieron aportes a todos los trabajadores contratados, aunque no seas del partido, era obligatorio para la permanencia en el puesto de trabajo, ya que, si no aportas te sacan del trabajo con algún pretexto, (...), la orden era depositar S/. 100 soles por cada trabajador”, agregó el colaborador, citado por el Ministerio Público en el requerimiento.

Tras evaluar estas declaraciones, el juez Chávez Tamariz indicó que “valora la argumentación realizada por el Ministerio Publico y la declaración del Colaborador Eficaz N.° 04-2021, a la luz de los actos de corroboración realizados”.

5. Los chats y la conversación entre Bellido y ‘Pinturita’

Los “actos de corroboración” citados por el juez se refieren en particular a dos comunicaciones. Una es la que tuvieron, en una llamada telefónica interceptada legalmente, el hoy prófugo Arturo Cárdenas ‘Pinturita’ y el congresista Guido Bellido. Ambos dirigentes de Perú Libres tuvieron esta conversación con fecha del 19 de noviembre del 2020:

Para la Fiscalía, en este diálogo “se logra visualizar que quien plantea la realización de la reunión que tendría como agenda el pago de los S/ 850,000.00 como concepto de reparación civil, es el propio líder de la organización criminal, Vladimir Roy Cerrón Rojas”. Por ello, sostienen que este “no contaba con los medios para pagar dicho monto, y que estaba procurando la forma de lograr la totalidad del monto de reparación civil, así se tiene”.

Sobre esta conversación, el juez concluye que “dicho elemento de convicción sugiere que el hoy prófugo de la justiciam Arturo Cárdenas Tovar (NIVEL II), enlace de la organización criminal, realizaba las coordinaciones con ‘’Guido’' a fin de realizar una reunión para coordinar el pago de los S/850 mil de la caución, los cuales debían de obtenerse mediante la recolección de S/35 mil en cada región”.

Otro acto de corroboración considerado en la resolución es la captura de un chat tomada del celular del investigado Alejandro Rojas Benites durante un allanamiento. Allí se ve un mensaje de Marina Vásquez López, también dirigente de Perú Libre e implicada en ‘Los Dinámicos del Centro’, a un grupo de WhatsApp del sindicato de trabajadores de la DRTC de Junín.

En el chat, Vásquez López pidió colaborar con el pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón y dio el número de la cuenta para hacer el depósito. Esta está a nombre de la hoy vicepresidenta Dina Boluarte y del abogado Braulio Grajeda, exviceministro del actual gobierno.

“Lo particular de esta imagen es que, precisamente fue enviado por la imputada Marina Asunción Vásquez López quien, en la organización criminal, cumple el rol de recabar el dinero producto de las actividades ilícitas”, sostuvo al respecto la Fiscalía, citada en la resolución.

“El Ministerio Público establece que el chat que reenvía esta “recaudación” para el pago de la reparación civil, no es un chat de carácter partidario, se trata del Chat del Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, lo que permite corroborar entonces que el dinero era solicitado a los beneficiados con las contrataciones de personal indebidamente direccionados por esta organización criminal”, agregan.

Para el juez Chávez Tamariz, las conversaciones y mensajes de Cárdenas Tovar y Vásquez López denotan su intención de obtener los S/ 850 mil “a fin de que Vladimir Roy Cerrón Rojas cumpla con pagar el monto total de la reparación civil sentenciada, todo ello conforme a los objetivos de la organización criminal que el colaborador eficaz N° 04-2021 había descrito previamente”.

“Esta Judicatura, debe apreciar estos actos de coordinación en conjunto con los actos ilícitos que la organización criminal venía realizando para el financiamiento de la campaña política de Perú Libre, sino también para el pago de la reparación civil de Vladimir Roy Cerrón Rojas que constituye uno de los objetivos de la referida organización delictiva”

El magistrado indica luego que es “razonable que las partes de una organización política realicen actos de recaudación para el pago de la reparación civil de su máximo dirigente”.

Sin embargo, agrega que se debe tener en cuenta que “los actos de recaudación realizados por Arturo Wilian Cárdenas Tovar y Marina Asunción Vásquez López escapan de su conducta neutral y transgreden el marco normativo, siendo que tales acciones corresponden recabar fondos provenientes de presuntos actos de corrupción como son el tráfico ilícito de permisos y licencias, así como el cobro de cupos por las designaciones como funcionarios públicos en las entidades públicas del Gobierno Regional de Junín”.

6. El rol de Bertha Rojas

La resolución también recoge la versión de la defensa de Vladimir Cerrón, para la cual los pagos tuvieron un origen ilícito que se intentó sustentar con documentos. Estos fueron copias de los estados de cuentas, contratos privados de préstamos y ahorros propios del sentenciado.

No obstante, el juez responde que la experiencia muestras que, para pagos de este tipo, las partes “deberían de acudir a una entidad financiera y no realizar contratos privados de préstamos a favor de terceros como es el presente caso”. Para el magistrado, esto “incluso refuerza la hipótesis fiscal, que dichos actos se llevaron a cabo mediante el desarrollo de la organización criminal de proteger al líder Vladimir Roy Cerrón Rojas”.

Allí entra a tallar el primer pago, hecho por Bertha Rojas a nombre su hijo Vladimir. La defensa de Cerrón presentó documentos para intentar establecer la regularidad de este pago. Sin embargo, el juez recordó que la señora “a la fecha tiene un proceso penal por el delito de lavado de activos”, en referencia a la investigación del presunto financiamiento ilícito de Perú Libre que lleva a cabo la Fiscalía de Lavado de Activos.

El juez añade que “conforme a lo informado a la Unidad de Información Financiera (UIF), la ciudadana Bertha Rojas López cumpliría el rol de “testaferro” respecto de las ganancias ilícitas generadas por sus hijos Vladimir Roy y Waldemar Cerrón Rojas”. Para esto, indica que la UIF habría tenido en cuenta esto:

1) El vehículo de propiedad de la mencionada investigada hallado en la diligencia de allanamiento, en cuyo interior encontraron una licencia de conducir a nombre de Vladimir Cerrón Rojas

2) Que la investigada Bertha Rojas López habría adquirido bienes por más de $ 197,000 entre los años 2010 al 2019, consistentes en un vehículo marca Honda; la compra de un terreno perteneciente a su hijo Fritz Cerrón luego de que Vladimir Cerrón asumiera el cargo de Gobernador Regional de Junín; y un departamento con depósito y cochera.

A criterio del juzgado, estos hechos “consolidan los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público referidos a que los depositantes actuaban como meros instrumentos para otorgar la ‘apariencia de legalidad’ a un dinero proveniente de presuntos actos de corrupción, a fin de proteger los intereses de la organización criminal y del presunto líder Vladimir Roy Cerrón Rojas”.

7. Los argumentos sobre los otros sentenciados

Pero el pago no solo fue hecho a nombre de Vladimir Cerrón, sea por él o por su madre. Dentro de los S/ 850 mil también están los depósitos de Henry López, Juan Carlos Sulca y Carlos Mayta, los otros tres sentenciados, cuyas defensas también alegan que sus pagos tuvieron origen legal.

Sobre López, el juez cuestionó que también haya recurrido a contratos privados para justificar la procedencia del dinero, de forma similar a lo hecho por Cerrón. “Estas conductas de recurrir a contratos privados por ambas partes procesadas nos indicarían que estamos ante conductas coordinadas y planificadas por parte de la organización criminal a fin de dotar de ‘’legalidad’' al dinero obtenido por medio de los presuntos actos ilícitos descritos”, consideró el magistrado.

Respecto a Sulca, este intentó acreditar los pagos con recibos por honorarios relacionados a su trabajo como consultor en una obra. En respuesta, el magistrado cuestionó que el sentenciado haya hecho el pago de forma fraccionada cuando los ingresos que tenía le permitían hacerlo con un solo depósito. “Sin desconocer que se hayan efectuado pagos por los servicios prestados por Sulca Yauyo, no necesariamente obedecen a que provengan de las sumas cobradas por su actividad profesional como lo ha referido de cara a la imputación existente”, expresó.

8. “Razones reveladoras”

A manera de conclusión, Chávez Tamariz indica que “existe peligro procesal fundado” de que ante la demora de la investigación del caso ‘Dinámicos del Centro’, el dinero de presunto origen ilícito tenga el efecto legal de servir para pagar la reparación civil, “cuando de los elementos de convicción obrantes y analizados se aprecia que existen razones reveladoras para colegir que dicho dinero proviene de actividades ilícitas y no de fuente directa”.

“Como lo ha referido el procurador público (…) se pretende, en referencia a ingresar dinero de procedencia ilícita a las arcas del Estado a fin de dotar de legalidad actos ilícitos de corrupción en la Región Junín, es ahí donde radica el peligro en caso no se tome una medida urgente como la requerida por el Ministerio Público”, consideró el juez.

Finalmente, expresó que la incautación del dinero es una medida idónea por ser la más adecuada para asegurar su resguardo y aseguramiento; es necesaria porque no hay otra que cumpla el mismo objetivo.

Además, halló “razonable limitar el pago de la reparación civil, en tanto se pretende lograr asegurar los efectos del delito antes mencionado en el marco de un proceso penal (derecho a la verdad y la seguridad pública), frente al derecho de propiedad que pueda ser limitado, debido a que no es de carácter absoluto y sobre todo porque como se ha demostrado el dinero depositado es un efecto del delito de corrupción de funcionarios que ha sido posibilitado desde un comportamiento holístico de la presunta organización criminal”.

9. Disposiciones

En la parte resolutiva del documento, Chávez Tamariz declaró fundada la medida cautelar de incautación sobre el pago de la referida reparación civil y ordenó que se proceda con ella. Indicó que la incautación será ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción que investiga el caso ‘Dinámicos del Centro’, la cual deberá informar sobre su cumplimiento.

Además, dispuso notificar de su decisión a la Procuraduría Anticorrupción y al Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios de Junín, el cual fue el que condenó en primera instancia a Vladimir Cerrón y dispuso el pago del dinero en cuestión.

10. Reacciones e impacto

Luego de conocerse la medida en su contra, Vladimir Cerrón usó su cuenta de Twitter para difundir mensajes de simpatizantes que criticaron esta decisión del juez y otras medidas del Poder Judicial en los casos que lo involucran.

Luego se refirió él mismo a lo ocurrido: “Incautaron la reparación civil que pagué, congelaron mis cuentas, estoy inhabilitado para laborar en el Estado, me despojaron del cargo, soy procesado por “terrorismo” y “corrupción”, hoy embargaron mi única casa en Huancayo, pero, ¡jamás embargarán mi convicción de victoria!”.

El abogado penalista Rafael Chanjan dijo a El Comercio que una incautación se dicta “siempre que estemos ante objetos o efectos que tiene origen delictivo o también respecto de determinados objetos o cosas que puedan servir de pruebas”. “Unos bienes, en este caso fondos dinerarios, que tiene origen ilícito, no pueden ser utilizados para pagar una reparación civil, que siempre tiene que hacerse con dinero lícito”, explicó.

Chanjan detalló que para que un juez dicte una medida este tipo, el nivel de evidencia y de sospecha debe ser mayor al de una sospecha simple pero no necesariamente tan alto como el de la sospecha grave requerida para una prisión preventiva. Sin embargo, agregó que si “a eso le sumas el hecho de que se han dictado medidas mucho más graves (en este caso, ya se dictó prisión preventiva para cinco investigados), donde se requiere mayor estándar probatorio”, la tesis de la Fiscalía se ve reforzada por la decisión del juez.

Adicionalmente, señaló que dentro del caso por el que se condenó a Vladimir Cerrrón en Junín y se le impuso la reparación civil, esta se tendrá como no cobrada y debería volver a pagarse con dinero que no tenga sospecha de origen ilícito.

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