Vladimir Cerrón: La historia de una acusación que lleva esperando un año y ocho meses para ser vista

En enero del 2020, luego de concluir la investigación y encontrar elementos sobre la culpabilidad del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el fiscal anticorrupción de Junín, Luis Mera Palomino, formuló acusación en contra del también exgobernador de Junín y solicitó para él 5 años y 4 meses de condena, además del pago de una reparación civil de 4´056,614.84 soles de manera solidaria junto a los demás imputados. Un año y ocho meses después, este caso aún no es visto por un juez.

El documento, al que accedió El Comercio, fue dirigido al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción de Junín, que entonces y ahora, se encuentra a cargo de la jueza July Baldeón. Sin embargo, hasta este momento, la magistrada no había señalado fecha para el inicio del control de la acusación. Fue hasta que El Comercio investigó el retraso de este caso, que se nos informó que en las próximas horas se estaría señalando la fecha para empezar con este proceso.

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Baldeón Quispe, es la misma magistrada que en julio de este año, rechazó el pedido de prisión preventiva contra los implicados en la investigación por el caso “Los Dinámicos del Centro”.

El proceso, que lleva esperando un año y ocho meses, se vincula a un presunto delito de negociación incompatible y donde a Cerrón Rojas se le imputa haberse interesado directamente en el pago de una carta fianza por más de un millón de soles a favor de un consorcio.

¿Cuál es el caso?

Vladimir Cerrón Rojas es procesado junto a otras nueve personas que trabajaron en el Gobierno regional de Junín y particulares que participaron en el pago de una fianza al consorcio a cargo de la obra “Mejoramiento del circuito vial Chupaca – Sicaya – Vicso – Aco – Mito,+044Km. Provincia de Chupaca, Huancayo, Concepción - Junín”, valorizado en S/9′102,777.60.

“Se interesó de forma directa (autorización de pago mediante proveído de fecha 31 de enero del 2011) en provecho de un tercero (Consrocio Vial) por la operación (pago de adelanto directo) en la cual intervino por razón de su cargo (presidente del Gobierno Regional de Junín)”, se indica en la acusación.

En el documento, el fiscal explica que se emitieron los comprobantes de pagos 02819 y 02820 de fecha 31 de enero del 2011, mediante los cuales se entregó al Contratista la suma de S/1′820,555.52 por concepto de adelanto directo.

El consorcio, dijo el fiscal, solicitó el adelanto fuera de los plazos que establece la norma; mientras que la autoridad regional autorizó el desembolso del dinero, pese a que ello violaba la Ley de Contrataciones.

Incluso, remarcó el representante del Ministerio Público, el mismo día que se firmó el contrato el 15 de diciembre del 2010, se suscribió un compromiso de adelanto directo de dinero.

Por tanto, a razón del proveído del 31 de enero del 2011, dispuesto por Cerrón en su condición de gobernador de Junín se dispuso el pago, vulnerando así el Reglamento de Contrataciones, así como lo establecido en el Manual de Obligaciones y Funciones (MOF).

El dinero además fue desembolsado pese a que el coordinador de la obra elevó el informe indicando que se debía dejar sin efecto la solicitud de adelanto de la carta fianza pues el pedido no estaba dentro del plazo.

Expediente estuvo en el limbo

Sin embargo, la acusación quedó sin ser analizada desde que se presentó en enero del 2020, hasta la fecha. Es decir, un año y ocho meses. Si descontamos el período de la emergencia sanitaria dispuesta en el Poder Judicial -como todo en el Perú- que operó desde el 16 de marzo del 2020 hasta el reinicio de las actividades en el PJ, en octubre del 2020; entonces, la acusación contra Cerrón Rojas y otros, estuvo abandonado por un año y dos meses aproximadamente.

Este Diario trató de recoger la versión de la jueza Baldeón Quispe. No obstante, las respuestas fueron transmitidas a través de canales oficiales de la Corte Superior de Justicia de Junín.

Desde el despacho de la magistrada se indicó que “el expediente estuvo redistribuido en extinción de dominio, y que no había juez desde agosto del 2020”.

Agregaron que, recién el pasado 17 de agosto del 2021, el expediente fue remitido al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción de Junín, que despacha Baldeón, quien emitió una resolución avocándose al caso.

No obstante, la acusación del 2020, siempre estuvo dirigida al despacho de la jueza Baldeón y de cuyo expediente se encargaba su especialista legal, Astrid Ferruzzo Puente.

Ambas, han trabajado en el despacho del Quinto Juzgado tal como se muestra en otras resoluciones y disposiciones de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Junín.

Entonces, ¿Por qué el expediente fue enviado al área de extinción de dominio por más de un año y retornó luego al despacho de origen? Es una de la varias preguntas que se quería hacer a la magistrada, pero no fue posible.

Fuentes indicaron que “el despacho fiscal a cargo de esta investigación ha enviado diversos oficios solicitando al Poder Judicial la programación de la audiencia de control de acusación, sin embargo, aun no se programa la misma”.

Lo que sí se informó a El Comercio, es que por la tarde de hoy recién se estaría fijando la fecha para el inicio del control de la acusación respectiva.

El Comercio se contactó con Luis Miguel Mayhua, abogado de Cerrón, pero hasta el cierre de esta nota no recibe una respuesta

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